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6. El régimen autoritario del PP

Entendemos por régimen autoritario aquel que, sea en un sistema político constitucional o en una dictadura, ejerce un uso desmesurado de la autoridad, o sea, que abusa del poder. En una dictadura, donde el poder es monopolio de una persona o de un grupo, el autoritarismo es un elemento constitutivo, pero en democracia también puede existir. No hay mejor ejemplo que esta última legislatura del Partido Popular.

En el ámbito legislativo, hemos asistido a una imposición autoritaria de las normas, habitualmente mediante la forma de decreto, que la mayoría absoluta convertía en leyes con facilidad, después de haber hurtado el debate parlamentario. No ha existido ningún diálogo, ni se ha prestado la mínima atención a la opinión diferente. Así ha sido con la reforma laboral, por ejemplo, donde no se ha escuchado la opinión de las organizaciones sindicales, que representan a los principales afectados; o con la Ley Wert, en la que ni familias, ni alumnado, ni profesorado han sido llamados al diálogo a través de sus representantes legítimos. Con las otras fuerzas políticas, el desprecio ha sido absoluto, hasta el punto que la forma de ejercer el poder por la mayoría absoluta popular merece el calificativo de sectaria.

Cuando la sociedad organizada ejerció su derecho constitucional a la protesta, la respuesta populista fue la represión, sin reparar en los medios. Al principio, tuvimos que ver a policías de paisano, infiltrados entre los manifestantes para provocar conflictos, que justificasen la disolución violenta de la protesta. Al mismo tiempo, el gobierno recurrió a la fiscalía para criminalizar la protesta, llevando a juicio a decenas de sindicalistas, participantes en los piquetes de las huelgas, y a decenas de personas presentes en las marchas de protesta. Como las vías de la represión policial y de la represión judicial no eran suficientes para imponer su abusiva autoridad, pues los tribunales solían garantizar a posteriori las libertades, el gobierno procedió a cambiar las leyes, culminando con la que se ha llamado Ley Mordaza, donde el autoritarismo sobrepasa los límites de la Constitución, como ha dicho ya la ONU y tendrán que resolver en España los tribunales correspondientes.

El mayor problema que encuentra el autoritarismo en los sistemas democráticos es la división de poderes. Con el legislativo suele resolver más fácilmente los obstáculos, porque la mayoría parlamentaria posibilita o cambiar las normas o hacer un uso de las mismas que, en la práctica, impida el control del ejecutivo. Así ha ocurrido en esta legislatura. Es con el judicial con el que se presentan mayores problemas, dada la notable independencia de los jueces. Por acuerdo bipartidista, esto lo tienen parcialmente resuelto, al poder controlar ideológicamente la composición de los órganos superiores del poder judicial, pero ese control no alcanza a la totalidad de la judicatura. Ha sido en los casos particulares donde se ha puesto de manifiesto el autoritarismo extremo del Partido Popular y el ejemplo perfecto es el del juez Garzón, que sufrió un acoso, bien descrito en la prensa, que terminó con su condena y expulsión de la judicatura. Aún estamos pendientes, y personalmente estoy esperanzado, de que el Tribunal de Estrasburgo haga justicia con Garzón, lo que podría dejar más en evidencia, si cabe, el autoritarismo extremo del gobierno del Partido Popular.

El máximo de autoritarismo en un sistema político democrático se produce cuando se pretende imponer el totalitarismo. Aclaremos también este concepto, antes de razonarlo. Entiendo por totalitarismo el afán político por imponer un comportamiento único a la población, incluso en la vida más privada. En las dictaduras del siglo XX, tanto las de signo fascista, como las de signo comunista, el totalitarismo consistía en la sumisión plena al Estado, al que se identificaba con el pueblo. Mussolini escribía en 1932: “La concepción fascista del Estado lo abarca todo; fuera del Estado no puede existir y, menos aún valer, valores humanos o espirituales”.

Los sistema políticos confesionales son totalitarios, por definición. Es el caso de los sistemas políticos musulmanes actuales, donde rige la sharía o ley coránica y, por lo tanto, está excluído todo pensamiento (y toda persona) que no sea creyente, esto es, musulmán. Fue el caso también del nacional-catolicismo en España, mientras pudo mantenerse hegemónico, o sea, hasta el Concilio Vaticano II. Recuerdo perfectamente, siendo yo monaguillo, la lista que hacía el cura de mi pueblo de los que “cumplían con Pascua”. Los que no aparecían en la lista, estaban excluídos, como mi tío Julián, que había sido guardia de asalto, había pasado por la cárcel, seguía siendo republicano y tenía el valor de no “cumplir con Pascua”, mientras eso fue obligatorio. Era de los pocos del pueblo con ese valor. Yo no tuve el mismo valor unos días después del 20 de noviembre de 1975, cuando hube de asistir a la misa-funeral por Franco, para aliviar el temor de mi madre. En su descargo (y en el mío) diré que, justo dos meses antes, habían venido a buscarme los guardias a casa y estuvieron una mañana entera interrogándome sobre unas flechas dobladas a la entrada del pueblo y, de paso, sobre la Junta Democrática. Aquel día era el siguiente al 27 de septiembre, en que habían sido ejecutados los últimos cinco opositores a la Dictadura, ilegítimamente, como todos. Eso era el nacional-catolicismo, un ejemplo de totalitarismo.

El tema del aborto se inserta en esta categoría hoy mismo. Bajo el razonamiento sobre si el aborto es un derecho o no (independientemente de otras valoraciones que sobre el hecho de abortar hayan de hacerse), subyace determinado punto de partida en el pensamiento lógico. Si se parte de una creencia, para la cual es Dios quien da la vida y se interpreta que hace esa donación en el instante en que un espermatozoide fecunda a un óvulo, no hay aborto posible sin pecado o, como dicen los más osados, sin crimen. Este razonamiento sólo vale para los creyentes con esa interpretación de la norma. Ni siquiera estarían incluídos aquí todos los católicos: uno puede aceptar, por fe, no por ciencia, que la vida es un don de Dios (ese sería el dogma), pero puede interpretar, al mismo tiempo, que ese don se recibe cuando la persona nace o, al menos, como ha hecho la Iglesia católica en otros momentos, cuando el feto puede vivir autonomamente. Si un gobierno legisla sobre el aborto desde el criterio integrista católico, está ejerciendo un totalitarismo, porque excluye a toda la ciudadanía no creyente e, incluso, a los católicos con distinto criterio interpretativo del dogma. Aunque sea por razones de estrategia electoral, el Partido Popular está metido en este fango.

Para finalizar, recordamos que en los regímenes autoritarios suele proliferar la corrupción, de lo que en España tenemos buen ejemplo; suele utilizarse la estrategia de la crispación para desanimar a los opositores, de lo que sabemos mucho aquí; no se practica el consenso, como ocurre entre nosotros; se envalentonan las ideología dictatoriales, como comprobamos con el neofranquismo; o hay un control casi completo de los medios de comunicación, lo que ocurre también en España, donde el recambio casi simultáneo de los dos directores de los principales diarios escritos tiene mucho que ver con ello.

En conclusión, lo que acabo de relatar es lo que viene diciendo la gente bajo la forma de “democracia real ya” o “no nos representan” o con los mil razonamientos que científicos y publicistas hacen sobre la “democracia imperfecta” en este final del régimen de la Transición. El Partido Popular, con el ejercicio autoritario del poder, dentro del ya de por sí deficiente régimen del bipartidismo, característico de la Transición, ha llevado a una cima el desgaste de la Constitución de 1978 y eso no tiene marcha atrás, sino que exige cambio, reforma. Por eso, viene los malos augurios para quien se resiste a los cambios que trae el tiempo.

El Partido Popular en el final del Régimen de la Transición

Más que analizar al Partido popular y tratar de conocer mejor las razones de su decadencia, lo que no me interesa nada, tengo interés en ayudar a no olvidar lo que ha sido y lo que es el Partido Popular, para que lo podamos explicar cada vez que sea oportuno. Lo he repetido hasta la saciedad en este blog, a propósito de su cotidiana actuación: Delendus est PP, La ilegitimidad del PP, Como si el PP no existiera; o he insistido en aspectos particulares de su actuar: el franquismo, la crispación, la corrupción. Ahora, cuando el ciclo electoral iniciado parece anunciar el final de la hegemonía del PP, quiero recordar lo tantas veces repetido y destacar que podemos estar en vías de una nueva transición, en este caso el final de dos etapas históricas sucesivas y continuadoras: la Dictadura franquista y el régimen político de la Transición.

Es verdad que aún no se ha socializado suficientemente, pero la ciencia histórica ya ha consensuado el significado de la Dictadura franquista: fue un sistema político que entra en la categoría de los crímenes contra la humanidad. Sus efectos no han sido reparados, pero están creadas las bases para poder hacerlo. Respecto a la Transición, se va estableciendo la tesis de que una característica dominante ha sido el monopolio bipartidista del poder, determinado por la ley electoral, que ha logrado estrangular los buenos efectos democráticos que auguraba la Constitución de 1978. El mayor daño del bipartidismo ha sido la institucionalización de la corrupción, como elemento del régimen político, y el abuso del poder, que en manos del Partido Popular ha dado lugar a un régimen autoritario.

Los dos partidos que se han turnado en el poder tienen parecida responsabilidad en la perversión del régimen de la Transición; también le toca su parte de responsabilidad a los nacionalismos, más a los catalanes que a los vascos; y la misma Izquierda Unida está afectada, tanto en lo que se refiere a la corrupción, como en el modelo poco democrático de partido. Sin embargo, la suma de varios elementos de la vida política confieren al Partido Popular un protagonismo inigualable a la hora de caracterizar la desnaturalización del sistema constitucional de 1978. El resultado de la quiebra de ese sistema ha sido la conformación de una democracia de muy baja calidad, con algunas características bien definidas: neofranquismo, crispación, desprecio de los valores humanistas, corrupción, clientelismo, disenso y propaganda.

Las dos veces que el Partido Popular ha gobernado con mayoría absoluta ha exhibido un autoritarismo extremo, que en esta última etapa ha alcanzado cotas desconocidas. Si, como parece, la gente se ha hartado de autoritarismo, la derrota del PP podría ser definitiva. Analizaremos por capítulos estos elementos y concluiremos con la descripción del régimen autoritario popular.

Marcelino Flórez

Mayoría silenciosa

El mantra de esta legislatura para conjurar las movilizaciones sociales es la mayoría silenciosa. La Vicepresidenta acaba de conjurar la enorme cadena humana catalana con esa cantinela y es que, efectivamente, eran más los catalanes que no unieron sus manos a la cadena. Lo que no sabemos es si se quedaron en casa o tenían otras cosas que hacer, si estaban hospitalizados o de viaje, y tampoco sabemos lo que pensaban. La Vicepresidenta se los apunta a su causa y a callar.

Antes de la Vicepresidenta ya había recurrido al mantra el Ministro del Interior para desviar la atención de las grandes mareas sectoriales que recorren España cada pocos días y de las grandes manifestaciones unitarias del año 2012. Pero, sobre todo, había utilizado ese recurso la lideresa madrileña con motivo de la última marcha a Madrid de los mineros de España. En este caso, Esperanza Aguirre hizo gala de toda su malicia, mofándose de los manifestantes, e hizo gala de una soberbia y chulería sólo alcance del enorme poder que ella misma y su partido disfrutaban y disfrutan.

Además del desprecio a la ciudadanía que se manifiesta (el ministro peor valorado del gobierno ha calificado las manifestaciones de la enseñanza como “fiestas de cumpleaños”, escolares se entiende), además de la exhibición de poder y del mensaje de que ese poder se usa según el libre albedrío de quien lo ostenta, el mantra de la mayoría silenciosa dispone de un argumento irrebatible: donde mejor se constata quién representa a esa mayoría silenciosa es en el voto. Y es aquí donde hay que callar. Cuando la lideresa se rio abiertamente de los mineros españoles, argumentó que para conseguir un solo concejal en Madrid se necesitaban diez veces más de votos que los que sumaban todos los manifestantes pro mineros en aquellos momentos. Ni los enérgicos trabajadores de la mina tuvieron una palabra para responder a esa bien ganada soberbia.

Hay que escoger, por lo tanto, entre el voto o la humillación o la revolución. Como por la revolución hace mucho que no estamos, sólo nos queda la humillación, después de haber renunciado al voto, facilitando esa mayoría absoluta que ahora se nos restriega por el rostro con el mantra de la mayoría silenciosa. Recuerdo las elucubraciones de mucha gente simpatizante de las movilizaciones del 15-M acerca del voto y recuerdo mi incapacidad para hacer comprender el error en el que se navegaba. Ahora, demasiado tarde, la realidad viene en mi auxilio y espero que aquella gente logre ver lo que yo no supe explicar.

En el caso de Cataluña, sin embargo, hay una trampa. Es casi seguro que el Partido Popular perderá, si no todos, la mayoría de los ya escasos votos con que allí cuenta, pues la derecha tiene otros partidos, catalanistas y no, donde poner su confianza y su voto. Pero en el resto de España es más difícil, no sólo porque la derecha no tiene a dónde ir, si le privan de su partido único, sino porque el anticatalanismo tiene muchos adeptos. Podría darse la paradoja de que el Partido Popular, al tiempo que desgaja irremediablemente a Cataluña del resto de España, recuperase intención de voto entre los nacionalistas españoles. Por eso, tenemos que ser constantes para recordar el autoritarismo con el que nos gobiernan y su instrumento propagandístico, del que forma parte el mantra de la mayoría silenciosa, un eslogan que ni Goebbels habría imaginado en sus mejores tiempos.

Marcelino Flórez

 

El sistema autoritario se reafirma

El gobierno del Partido Popular continúa construyendo un sistema político autoritario en España. No importa que los tribunales vayan, poco a poco, desautorizando sus actuaciones policiales o las insólitas desamortizaciones de los bienes sociales públicos, porque el gobierno dispone de un instrumento extraordinario y lo usa de forma consciente: la mayoría absoluta parlamentaria. Lo acaba de certificar su portavoz en Las Cortes, Alfonso Alonso.

Después de utilizar el decreto-ley como un instrumento para evitar el debate legislativo, ahora ha puesto en práctica el desmantelamiento de la otra función constitucional que le corresponde al legislativo, el control del gobierno. Recodemos que el presidente del gobierno sólo acudió al Parlamento (para dar cuenta de un asunto de corrupción que le atañe directamente y que avergüenza, incluso, a algunos votantes del partido) después de haber recibido la amenaza de una moción de censura. ¡Y lo hizo el día 1 de agosto, día universal de las vacaciones! Esto no es más que el inicio de la destrucción de la función de control del ejecutivo que, comenzando por el propio presidente de Las Cortes, está aplicando el gobierno por medio de un uso no constitucional de la mayoría parlamentaria. La oposición se verá obligada a recurrir por vía jurídica esas malas prácticas, pero cuando los jueces les den la razón, el autoritarismo habrá obtenido ya el éxito buscado, que en este momento es la ocultación de los delitos de corrupción que presuntamente afectan al partido que sustenta al gobierno.

El poder ejecutivo actúa en la misma dirección autoritaria. Uno de los últimos ejemplos fue la publicación de los datos del paro del mes de agosto. Este dato, que forma parte del patrimonio público común y que corresponde la función pública de las instituciones difundir, fue privatizado por el Partido Popular y lo dio a conocer su Secretaria General. Es uno de los últimos ejemplos de la apropiación indebida del patrimonio común y del uso clientelar del poder, después de que hubiese chuleado de lo mismo el ministro Montoro con datos privados relativos a los actores cinematográficos o a la prensa libre; y la ministra de Trabajo, difundiendo datos privadísimos sobre regulación del empleo en un sindicato. Las personas que han actuado así continúan en sus puestos.

Conservábamos alguna esperanza con el poder judicial, a pesar de las intromisiones que habíamos conocido, pero la sostenida presencia de Francisco Pérez de los Cobos en la presidencia del Tribunal Constitucional nos arrebata la última esperanza. El control de los máximos órganos del poder judicial deja todo el poder en manos del autoritarismo. Por eso, hay que dar la razón a la juventud que grita en las calles “lo llaman democracia y no lo es”.

Perfecciona este sistema autoritario la utilización de la propaganda como sustituto de la información. Y en esto comienzan a dar sus frutos las concesiones de medios informativos a la propia clientela que hizo, sobre todo, el gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid. Acabamos de saber, además, que continúa subvencionándose a esos medios a través de la contratación de anuncios, como ha hecho la ministra de Sanidad con la reciente campaña sobre violencia de género. Como ya sabía Goebbels y han practicado todos los dictadores, una mentira repetida muchas veces llega a parecer una verdad. Los halagos que la prensa cautiva proporciona diariamente, aun siendo tan empalagosos como son, sirven para justificar la mala conciencia de los votantes autoritarios. (Debemos observar que estos votantes no son unos “tontos de los cojones”, como dijo uno de los alcaldes más votados de todas las épocas; “salvo algunos casos”, añadiría yo, parafraseando al presidente del gobierno).

Así se cierra el círculo del autoritarismo, que tiene su base en el voto democrático: son los votantes los que lo sostienen. Ellos lo saben y ya ni se avergüenzan de pregonarlo a todos los vientos: recordad a Camps en Valencia, absuelto en todas las instancias con los votos populares.

Estamos, pues, en un sistema autoritario, que sólo puede combatirse con los votos (aparte de la ley). Eso no justifica nada, pero debería servir para facilitar la reacción de los partidos democráticos, que, de paso, tendrían que aprender a analizar correctamente la realidad, a dotar de coherencia a sus ideas con su práctica y a generar la confianza de los electores. Privar del voto al Partido Popular por medio de la crítica es la primera tarea. La segunda, más difícil, es generar la confianza de los electores y, para ello, además de coherencia demostrada, hacen falta propuestas creíbles.

Marcelino Flórez

 

Crispación

Otra de las cosas que hemos observado en este año eterno de gobierno del Partido Popular es que la crispación sigue presente, pero que no es cosa de dos. Los populares en el poder abusan (véase a Montoro con el uso político de datos confidenciales de Hacienda), ofenden (repárese en el presidente del gobierno en la respuesta al jefe de la oposición durante el debate del estado de la Nación) y humillan (pregunten a sindicatos, a promotores de iniciativas legislativas o de mareas ciudadanas), a pesar de que la heterogénea oposición hace crítica de ideas o de acciones, esquivando tanto el insulto, como el tono apocalíptico.

La infame turba de la caverna mediática continúa con sus hiperbólicos insultos, aunque no obtengan respuesta. Si uno lee El País o los digitales Público o El Diario, hallará mucha crítica, pero poco lenguaje ofensivo o soez. Puede constatarse lo mismo en el programa de humor del Gran Wyoming, el Intermedio, donde el lenguaje exaltado, ofensivo o crispado está siempre en boca de la ultraderecha mediática o política, hasta el punto de que el humor del referido programa se limita con frecuencia a reproducir palabras de esa turba cavernaria, que de por sí mueven a la risa (mientras siga sin producir miedo).

La crispación, o sea, el insulto, el verbalismo agresivo, la hipérbole desmedida y constante, cumple, sin embargo una función primordial: es el alimento para mantener la identidad de las bases del Partido Popular, esos cinco millones ultraderechistas que le dieron origen y que forman su estructura básica. Lo compruebo cada día que voy al gimnasio. Hay un barrio en Valladolid que se llama COVARESA, acrónimo de Constructores Vallisoletanos Reunidos en Sociedad Anónima. En la linde de ese barrio con Las Villas de Paula López, Los Castaños y Parque Alameda se ha construido sobre suelo público un Centro Deportivo y de Ocio, que gestiona una empresa privada. Acude mucha gente, sobre todo de los barrios colindantes, aunque también llegan de toda la ciudad y de poblaciones próximas. COVARESA es un barrio cerrado, sin suelo público, sin viviendas sociales, donde vive una población que vota masivamente al Partido Popular. Estuve una vez de interventor en la mesa electoral y me llevé un susto enorme y eso que fue cuando ganó Zapatero en 2004. Contrasta este barrio con Parque Alameda, cuyo suelo se repartió enteramente entre cooperativas y viviendas públicas sociales, lleno de servicios comunes, de calles con soportales privados de uso público y de vida en general. Aquí el voto se reparte mucho y el Partido Popular sólo gana algunas veces y por estrecho margen. Los de este barrio también vamos al gimnasio, que tenemos a pocos minutos de casa. Cada día tengo que escuchar conversaciones de afiliados o simpatizantes del Partido Popular, que no se recatan en hablar a voz en grito, con insultos variados y sin respeto y, por supuesto, sin vergüenza alguna ante la gente desconocida que anda a su lado. El otro día hablaban de la patria y la democracia, parafraseando al general que inició ese tema, y también de Bárcenas. No salía de mi asombro escuchando no ya las barbaridades patrióticas, sino los insultos que ofrecían a cualquiera que no pensase como ellos. Debían de ser de COVARESA y pensarían que todas las personas son como sus vecinos o quizá pensaban que todas vemos esos canales de televisión donde presentadores y tertulianos echan espuma por la boca al referirse a socialistas, sindicalistas y manifestantes, tan heterogéneos, pero identificados por la infame turba de nocturnas aves bajo el concepto de socialistas. Si ellos supieran…

Aunque la lógica política no debería ir por ese camino, la derecha en el poder ha huído del diálogo y ha seguido manteniendo la crispación para alimentar a esas bases. Y lo está consiguiendo. La adhesión de la militancia estructural del Partido Popular sigue sin quebrarse después de la que está cayendo. Dicen las encuestas que la intención de voto ha descendido un poco, pero no baja del veinticinco o treinta por ciento. Es lo mismo que la Italia de Berlusconi.

Y esto significa que nos hallamos ante un grave problema político, porque con esta derecha no se puede hacer camino. A su ilegitimidad de origen, el franquismo, une su ilegitimidad de ejercicio, la crispación, el insulto, la clausura de todo consenso. Sus militantes han perdido la vergüenza y se expresan en público con los mismos modales que sus jefes, sean parlamentarios o tertulianos. La crispación forma parte del método para la construcción del régimen autoritario y debe ser rechazada frontalmente.

Marcelino Flórez

Estado de la Nación: el Régimen y la reforma constitucional

Como hemos explicado en otra ocasión (http://dictadura-o-regimen-autoritario/), vivimos en un Régimen autoritario. El debate sobre el estado de la Nación ha permitido constatarlo una vez más. El presidente ha sustituido la narración del estado de la Nación por la propaganda, para tener contenta y aunada a su clientela. Según él, su gran capacidad de gestión ha evitado el rescate económico de España y, gracias a la reforma laboral (seis millones de parados) y a los recortes (aniquilación de la sanidad, la educación y la dependencia), España ha sacado “la cabeza del agua”.

El estado real, una Nación parada, desahuciada, despojada de los derechos sociales conquistados, desarticulada territorialmente y emponzoñada de corrupción, ha sido relegado al olvido. Con la ayuda mediática, Rajoy recobrará el liderazgo interno, algo resquebrajado por su apartamiento de la gente, acentuado éste a raíz de los 22 millones aparecidos en Suiza; y eso a pesar de que tuvo la mala suerte de que los autores de su discurso le hicieran citar a un fascista francés de origen argelino, Loui Hubert Gonzalve Lyauty, para justificar la necesidad y urgencia de sus impopulares y, por el momento, ineficaces y perjudiciales reformas. Auguro corta vida a esta imagen recuperada entre la propia clientela.

Otro elemento constitutivo del Régimen, el bipartidismo, ha sido visualizado en el debate como elemento decadente. No sólo es que la ciudadanía se vaya desligando de ese elemento, es que han sido los pequeños partidos lo que han hecho la oposición al gobierno (hay que nombrar al representante de Compromìs-EQUO, Joan Baldoví) y han reclamado unánimemente un cambio de la ley electoral, en la que se fundamenta el bipartidismo. Los socialistas han terminado uniéndose a este reclamo.

Ha habido en el debate otra novedad, que muestra la quiebra del Régimen autoritario: uno de los partidos del sistema, el PSOE, ha expresado públicamente que se ha roto el consenso de 1977, como algunos venimos sosteniendo desde hace tiempo (http://ruptura-del-consenso/).

Es tan clara la conciencia de final de ciclo, que el mismo Rajoy ha tenido que admitir, con la boca pequeña y el ojo izquierdo desorbitado, que se puede pensar en algún cambio constitucional. Para mí, esta concesión es la mayor novedad del debate, porque pone de manifiesto que la sociedad en su conjunto ha comprendido que el periodo iniciado con la muerte de Franco ha terminado.

Y tengo que reconocer finalmente una coincidencia con las palabras de Rajoy: que la sociedad no está madura para acometer la imprescindible reforma constitucional. Hay dos elementos muy desestabilizadores, uno es la propia crisis económica; el otro, la quiebra institucional que está afectando a la monarquía, a la judicatura, a la “política” y a las administraciones del Estado. Sobre todo, hay inmadurez en la representación política: una derecha aglutinada en un partido sin legitimidad (http://la-ilegitimidad-del-pp/) y donde la UPyD ofrece más dudas que esperanzas; el PSOE, sin terminar de resolver el desorden interno y sin desligarse de la imagen del pasado; y, sobre todo, una izquierda multiforme, desarticulada y alejadísima de poder ofrecer un mínimo programa de confluencia. Esta confluencia, si no son capaces de construirla los que vienen del pasado (¡qué poco adecuados aparentar ser  los principales portavoces parlamentarios de esta legislatura!), tendrán que lograrla los que empujan en el presente, aunque está tardando en diferenciarse el trigo de la paja.

Marcelino Flórez