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Víctimas del franquismo y “estabilidad del orden democrático”

El empeño de las asociaciones de derechos humanos ha logrado hacer llegar a las Naciones Unidas la queja de las víctimas del franquismo por el olvido y el abandono en que se hallan a causa del mal gobierno y de la mala justicia españolas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha ido recabando información y, finalmente, ha elaborado dos importantes informes a cargo de Pablo de Greif y de Ariel Dulitzky, que han sido expuestos en la sesión del día 10 de septiembre de 2014.

Los dos informes son contundentes. Ordenan al gobierno español fijar medidas concretas para atender a las víctimas, en particular para ayudar a esclarecer la verdad y para buscar y desenterrar a las decenas de miles de personas asesinadas que aún permanecen ocultas, a parte de otras recomendaciones específicas, como la que hacen acerca del Valle de Los Caídos.

Valoremos lo que la mera existencia de estos informes significa. Primero, dan fin al tiempo del negacionismo y del olvido. Las palabras con las que el todavía diputado europeo del PP, Luis de Grandes, respondió a Gaspar Llamazares el día 26 de noviembre de 2003, diciendo que la propuesta de Izquierda Unida sobre las víctimas del franquismo olía a naftalina, han sido condenadas definitivamente y en sede internacional. Además, se ha terminado la discusión sobre la definición del franquismo: es un régimen responsable de un crimen contra la humanidad y punto. Esto ya lo dijo el Supremo en la sentencia absolutoria de Garzón, pero ahora lo han refrendado las Naciones Unidas. En la práctica, casi no es nada, porque todo sigue igual en España y los historiadores revisionistas siguen existiendo, pero, al mismo tiempo, es mucho, porque ya no es necesario seguir discutiendo con negacionistas y beneficiarios del régimen, pudiendo dedicarnos a otras cosas. (Todo esto lo había escrito yo en el libro que cito al margen de este blog y que regalo, pero una sola palabra del Supremo o de Naciones Unidas vale más que todos mis razonamientos).

La representante de España en Naciones Unidas, Ana María Menéndez, se ha defendido de lo expuesto en los informes con argumentos carentes de todo valor, porque esgrimen precisamente como defensa lo que los informes establecen como falta. Uno de los argumentos ha sido reclamar la amnistía postfranquista y particularmente la Ley de 1977 para afirmar que la sociedad española se reconcilió mediante la “renuncia a la justicia penal”, pero es justamente ese reconocimiento lo que el informe denuncia desde la perspectiva de la justicia universal. Hay otro argumento, en este caso de carácter político, carente igualmente de fuerza argumental: la reivindicación de “la consolidación de la democracia” como moneda de cambio aceptada por la sociedad española para olvidarse de la Dictadura. El problema es que este argumento político, válido durante el régimen de la Transición, ha caducado. Ya no vale, porque la espada de Damocles ya no pende sobre nuestras cabezas como en 1978, obligándonos a comulgar con ruedas de molino. Ni la Iglesia, con sus penas de infierno, ni el ejército, con sus pistolas, son una autoridad para lograr que la sociedad camine por la senda que marca el Partido Popular.

Lo verdaderamente cínico, sin embargo, ha sido el recurso a la Ley de Memoria Histórica, que ha utilizado Ana María Menéndez para justificar que España ha hecho algo en atención a las víctimas. No es el momento de analizar la Ley, tampoco de la amortización de la misma que ha hecho este gobierno, pero sí de proclamar la desvergüenza de un Partido Popular que combatió sin límites aquella Ley y prometió derogarla tan pronto como llegase al poder, al que vemos ahora invocar esa misma Ley para justificar su gestión al frente del gobierno del Estado. ¡Qué bueno es que “dios nos conserve la vista” y el recuerdo del pasado! Bendita sea la memoria que nos permite poder afirmar que el Partido Popular es un impostor y que no nos representa ante Naciones Unidas.

Aún le quedaba a este partido un recurso en las Cortes españolas para incrementar su oprobio, el recurso a la equidistancia de las víctimas, lo que Primo Levi, superviviente de Auschwitz, calificó de enfermedad moral. Y se lo hemos oído formular al mismísimo ministro de Justicia: “Este Gobierno nunca se sentirá tranquilo mientras exista una persona enterrada en una cuneta, da igual de qué bando sea en la guerra más incivil de las guerras que es la Guerra Civil, y sus familiares demanden su localización y entierro”. No, señor Gallardón, no hablamos de todas las víctimas. Sólo de las olvidadas, de las desaparecidas, de las que permanecen ocultas en fosas, de las no reparadas, de las que no han conocido la justicia. Esas sólo son unas, aunque sumen ciento cincuenta mil, son las víctimas del franquismo.

Cuando el relator especial de naciones Unidas, Pablo de Greif, se entrevistó con los ministros del gobierno, se sorprendió, según relata Natalia Junquera en El País, del argumentario que repetían uno tras otro: “O concluimos que ya estamos totalmente reconciliados, o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”. Dejemos aun lado la amenaza velada que esas palabras encierran, pero el argumento no sólo puede sorprender, sino que debe indignar.

Primero, las víctimas tienen todo el derecho a odiar a sus verdugos, incluso es conveniente que conserven ese odio para poder subsistir, como dice la psiquiatría. Lo que las víctimas no pueden hacer es cometer cualquier acto delictivo relacionado con ese odio. Pero ¿alguien puede nombrar un solo delito cometido por las víctimas del franquismo después de la muerte del dictador? Por el contrario, podemos enumerar decenas de actos, que en cualquier país democrático serían considerados delitos, realizados por los verdugos o sus seguidores. Cito de memoria: la profanación de las fosas de víctimas franquistas en Poyales del Hoyo, Ávila; los agravios del alcalde de Granada sobre la Tapia del Cementerio de San José; las bárbaras declaraciones del alcalde de Baralla, en Lugo; las ofensas directas emitidas por el coportavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando; el doble atentado contra el monumento memorialista que la ARMH-VA tiene levantado en los Montes Torozos. Salvo para fiscalía y tribunales españoles, estos actos y decenas de otros similares que se suceden en pueblos y ciudades de España, serían actos relacionados con “delitos contra la humanidad”, como razona el punto QUINTO de la Sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del tribunal Supremo, que absuelve a Baltasar Garzón de la denuncia por prevaricación.

No son, por lo tanto, las víctimas del franquismo, olvidadas y no reparadas, las que ponen en riesgo “la estabilidad del orden democrático”, sino el Partido Popular, que se resiste a aceptar los mandatos de Naciones Unidas y que ampara a sus militantes en las exhibiciones franquistas que se suceden a diario. Eso sí es un riesgo para el orden democrático.

Marcelino Flórez

El otro efecto llamada

En la primavera del año 2005 se sucedieron algunas llegadas masivas de inmigrantes africanos, con los que aprendimos algunas palabras poco usadas de la lengua castellana, como patera, cayuco o concertinas. Eran inmigrantes pobres y perseguidos del centro de África. El Partido Popular hizo campañas muy fuertes para acusar al gobierno de Zapatero de ser el responsable de aquella inmigración creciente y nos enseñó otra expresión castellana: “el efecto llamada”. La llamada era una regularización de inmigrantes “ilegales” que el gobierno había hecho para dar solución a un cúmulo de personas extranjeras, la mayoría latinoamericanas, que llevaban años viviendo en España “sin papeles” y, muchas de ellas, trabajando irregularmente. La inmensa mayoría de aquellas personas, por cierto, habían llegado a España durante el anterior gobierno del Partido Popular.

Cuando en la primera quincena del mes de agosto de 2014 la prensa llenó las portadas con imágenes y noticias de llegadas masivas de inmigrantes pobres en pateras o de las vallas de Melilla asaltadas a pesar de las concertinas, la culpa ya no podía ser de Zapatero. Ahora la culpa ha sido “el buen tiempo” o “el fin del ramadán”. Exactamente eso ha dicho el ministerio del Interior, que no se ha atrevido siquiera a citar la permisividad de los guardias marroquíes con la salida por las playas durante dos días, para no irritar al gobierno de aquel país.

El uso del concepto “efecto llamada” en 2005 se enmarcaba en la estrategia de la crispación, que fue la principal y casi exclusiva política del Partido Popular entre 2004 y 2011. (¡Cómo contrasta la actitud de todos los demás partidos políticos españoles en esta hora ante un problema tan enorme como es la emigración!). Además de servir a la crispación, sin embargo, el concepto de “efecto llamada” estuvo siempre acompañado de un componente racista, que también cultivó el Partido Popular, con exitosos resultados, de los que puede servir de ejemplo la obtención de la alcaldía de Badalona. SOS Racismo llevó al alcalde de esa ciudad a los tribunales, pero los tribunales le absolvieron en primera y en segunda instancia, a pesar de considerar “ofensivas y vejatorias” sus palabras, porque no habían provocado delitos concretos. Merecen citarse las palabras exactas de la Audiencia de Barcelona al confirmar la absolución: “ni el folleto ni las manifestaciones anteriores o posteriores de Xavier García Albiol constituyeron una incitación a realizar ningún acto, salvo votarlo en las siguientes elecciones”.

El “efecto llamada” en agosto de 2014 es el humanitarismo de la sociedad española, que atiende a los extranjeros con los servicios sociales. El gobierno ha llegado a perseguir acciones caritativas de la mismísima Iglesia católica para impedir esa “llamada”. Pero quien mejor lo ha expresado ha sido el alcalde de Vitoria al afirmar que “los marroquíes viven de los servicios sociales”. El alcalde reconoce que decir eso no es muy correcto, pero está tranquilo, porque, como ha afirmado, “nunca ha tenido tanto apoyo en la calle como en estas semanas”. Lejos de escuchar a SOS Racismo para que amoneste al alcalde, Javier Maroto, el Partido Popular se ha apresurado a darle un “respaldo absoluto”.

Actuando así, el Partido Popular impide nuevamente que se trate el asunto de la inmigración como un asunto de Estado. Lo saca de la vía política y lo sitúa en la esfera de la ética. En Badalona ya vimos lo que ocurrió: Albiol ganó las elecciones. Esperemos que en Vitoria el humanismo y la ética provoquen la reflexión de la ciudadanía y arrojen a Javier Maroto y al partido que le sustenta al basurero de la historia, que es el nicho merecido por los políticos que no respetan los valores esenciales de la humanidad.

Marcelino Flórez

Franquismo y Partido Popular

Si por algo son importantes los gestos y las actitudes de los líderes sociales, religiosos o políticos es porque constituyen modelos de comportamiento, que son seguidos por los grupos de pertenencia. Si un obispo o toda la Conferencia Episcopal, por ejemplo, hablan permanentemente de aborto o de divorcio, condenándolos, y nunca hablan de la corrupción económica o política, los seguidores estarán a gusto con su conciencia moral siempre que no aborten o se divorcien, sin tener ningún remordimiento por no pagar el IVA o, incluso, por robar a manos llenas cuando se presenta la ocasión. Los gestos y las actitudes de los líderes establecen criterios de moralidad. Esto vale, sobre todo, para las sentencias de los jueces, como hemos dicho repetidamente, pero es aplicable con mucha propiedad a los dirigentes políticos y sociales.

Hoy nos interesa el caso de los líderes políticos, concretamente el Partido Popular y los gestos y actitudes que han proliferado en los últimos meses relacionados con el franquismo, especialmente entre las jóvenes “generaciones”. El asunto ha adquirido tal importancia este verano, que ha merecido todo un reportaje en el diario El País del domingo 25 de agosto, además de muchas noticias y opiniones en la prensa que no forma parte de la caverna.

Los jóvenes valencianos o vallisoletanos que saludan al modo fascista pueden hacer eso porque tienen la autorización moral del partido. Y tienen esa autorización, porque el Partido Popular nunca ha condenado el franquismo ni en términos generales ni en términos concretos. No condenó la barbaridad del alcalde Poyales del Hoyo que profanó una fosa de víctimas del franquismo el pasado verano (ver: https://marcelinoflorez.wordpress.com/2011/08/05/la-profanacion-de-la-fosa/), ni ha condenado la bárbara y reafirmada locución del alcalde Baralla justificando los asesinatos de los golpistas de 1936 (ver: https://marcelinoflorez.wordpress.com/2013/08/06/del-valle-de-los-caidos-a-baralla/). De modo que los jóvenes franquistas del Partido Popular pueden levantar la mano impunemente, porque gozan de la autorización moral del partido; en este caso, avalada casi por los jueces supremos en su rocambolesco tratamiento del “caso Garzón”.

Nada de lo que está ocurriendo me produce extrañeza, sólo me crea indignación, porque es el resultado lógico de los fundamentos de un partido formado por ministros de Franco, que no ha renunciado a su origen y que ha fortalecido sus fundamentos ideológicos con el aval del voto popular. Este es el único argumento que le queda al partido, el voto popular. La proliferación de gestos y actitudes fascistas de las últimas semanas tiene, no obstante, una virtud: expone ante la opinión pública lo que de ordinario se mantiene oculto. Ocurre, sin embargo, que en esta ocasión la derecha española, aglutinada en el Partido Popular, no está pasando el mejor momento en su imagen pública. Por esta y por ninguna otra razón es por lo que la derecha ha notado, por primera vez desde la muerte de Franco, alguna intranquilidad con la apología del franquismo.

Pero estamos muy lejos del reconocimiento de que el franquismo constituye un crimen contra la humanidad, como ha razonado el propio Tribunal Supremo en la sentencia absolutoria de Garzón. Por lo pronto, el portavoz del Partido Popular en Valencia, un tal Maluenda, ha vuelto a calificar los gestos fascistas de actos de juventud, esa forma paternalista de avalar las travesuras de los retoños de papá, y ha introducido una pretendida equidistancia entre banderas pretéritas, la republicana y la franquista. Sólo que aquí la equidistancia no la admite nadie, salvo los que equiparan fascismo y democracia, como parece ser el caso del tal Maluenda. El problema es que éstos son los que nos gobiernan y su aval del franquismo sólo terminará cuando pierdan el único argumento que conservan, los votos, por lo que habrá que empezar a hablar con los vecinos, si vienen a casa a pedir sal un domingo.

Marcelino Flórez