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Una triste victoria

La victoria del Partido Popular en las elecciones del 26-J es una victoria triste, porque es una victoria relativa. Lo es en la relación con los demás partidos, que han obtenido menos votos. Lo es en relación a las anteriores elecciones, porque tienen más votos y más diputados. Lo es en relación a las expectativas, que eran mucho más pesimistas. Sien embargo, es una victoria triste: 137 son muchos diputados, pero faltan 40 para llegar a la mayoría.

Hay que buscar apoyos para poder gobernar y el Partido Popular ha hecho muy pocos amigos en ellos últimos años, al haber tratado a todos los demás partidos con indiferencia, cuando no con desprecio. La base inicial para el diálogo es muy mala. Y no terminan ahí los obstáculos, porque apoyar al PP, sea por acción o por omisión, supone cargar en las propias espaldas, aunque sea mediante la relegación al olvido, con la crispación de tan larga trayectoria, con los recortes de tan injustos efectos y, sobre todo, con la corrupción tan opuesta a los mínimos principios de la ética.

Esta carga tan pesada la pueden soportar bien casi ocho millones de españoles, porque el voto es secreto y se mantiene oculto en lo más profundo del corazón, ni siquiera se enuncia en las encuestas, que son anónimas, como si produjera vergüenza interior. Pero apoyar a Rajoy en el Parlamento no sólo no es secreto, sino que se reviste de la máxima publicidad: hasta la televisión del gobierno lo retransmite en directo. Y ahí la carga es insoportable para veinte o treinta millones de españoles.

Puede ser una triste victoria, porque la negociación se presenta difícil. Hay que tomarse su tiempo. Y los espectadores tenemos que estar tranquilos. Veo más fácil poner de acuerdo a 213 procuradores que a 137 más cualquier suma hasta alcanzar mayoría. De modo que siempre quedará la posibilidad de un gobierno de concentración, que no tenga que cargar con la crispación, con los recortes y con la corrupción. Estemos atentos, aunque sea verano, y esperemos que cualquier persona valiente tome la iniciativa, después de la ronda Rajoy, que va para largo.

Marcelino Flórez

Esas cuestiones de Estado

Escuchar al presidente del gobierno del Partido Popular que determinado asunto es de interés general produce, como mínimo, rubor. Cuando alguien ha ejercido el poder como lo ha hecho Mariano Rajoy, con una práctica tan fuertemente clientelar, queda desautorizado para hablar de cuestiones de Estado.

Quien ha hecho una reforma laboral extrema sin reunirse una sola vez con sindicatos obreros y con asociaciones empresariales, sin comunicárselo a los partidos políticos más representativos, sin discutirlo siquiera en las Cortes, no puede hablar ahora de cuestiones de Estado.

Quien ha aprobado una ley de educación en solitario, sin escuchar a las organizaciones de la comunidad educativa, sin hablar una sola vez con los partidos de la oposición, pisoteando cualquier enmienda en sede parlamentaria, no puede hablar ahora de asuntos de interés general.

Quien ha hecho reformas del Código Penal y leyes merecedoras universalmente del calificativo de “mordaza”, relativas a derechos fundamentales, sin escuchar los avisos de personas e instituciones expertas por su pertenencia a la judicatura o a entidades reconocidas internacionalmente por la defensa de los derechos humanos, y lo ha hecho en solitario, no puede hablar ahora de cuestiones de Estado.

Más parece hipocresía ante unas próximas elecciones, que sinceridad del corazón. Rajoy, sus ministros y su partido carecen de autoridad moral para proponer ninguna cuestión de Estado en este momento. Es tan evidente la contradicción con la práctica, que la propuesta de un pacto por interés general, aunque se trate de terrorismo, no es creíble en quien ha gobernado como lo ha hecho y en quien no es capaz de reconocer que mintió atribuyendo a ETA un atentado del fundamentalismo islámico en Madrid, sabiendo que mentía, ante otras elecciones generales.

Por eso, tiene razón ‘Podemos’ y, sobre todo, Izquierda Unida al no firmar un pacto que carece de credibilidad moral a causa del pensamiento y de la práctica del partido gobernante.

Marcelino Flórez

Rajoy y la Memoria

Respondiendo a la pregunta de un periodista, Rajoy, muy ufano, presumió de que, aunque no había derogado la llamada Ley de Memoria Histórica, “la asignación presupuestaria ha sido cero” en sus cuatro años de gobierno. Asombra que en el año 2015 un presidente de un gobierno en la Unión Europea se jacte públicamente de no financiar a las asociaciones que rescatan de fosas comunes a personas desaparecidas por el régimen franquista y no pase nada. Porque aquí, lo que asombra es que no pase nada, que se pueda ofender a las víctimas desaparecidas en un crimen contra la humanidad impunemente.

Dejando a un lado lo que se conoce como sociología del franquismo, una causa esencial de esta aberrante situación es la confusión del concepto de memoria histórica. Casi universalmente, a derecha y a izquierda, entre los tertulianos como entre los académicos, se asocia la idea de memoria histórica con la reivindicación de la Segunda República o con los valores republicanos o con el antifranquismo. Cuando se abre una fosa, lo más que llegamos a escuchar a los familiares, a los activistas o a los periodistas es que al fin se puede enterrar dignamente a los muertos, aunque se añada que son unos muertos por la libertad y por la democracia. Si fuese eso de lo que trata la memoria histórica, si se tratase de una mera confrontación entre regímenes políticos, aunque uno sea democrático y el otro fascista, o si se tratase de un mero asunto familiar sobre el entierro digno, sería legítima la diferencia de opinión.

Pero no hablamos de eso. Es incomprensible que siga siendo hegemónico ese pensamiento, después de que Walter Benjamin pasara por el mundo y después de que, en España, Reyes Mate y otros filósofos hayan reflexionado hasta la saciedad acerca de eso que la mayoría sigue denominando memoria histórica. Por lo pronto, cuando Walter Benjamin reflexionó sobre este asunto, dejó a un lado el término memoria y utilizó otro mucho más preciso, rememoración, que hace referencia al acto voluntario de traer a la memoria algún elemento del pasado.

Tratando de explicarse la existencia del nazismo, Benjamin había descubierto que las víctimas venían siendo relegadas al olvido a lo largo de la historia; y que ese olvido había sido justificado por la filosofía, como si las víctimas fuesen, en palabras de Hegel, “florecillas al borde del camino”, que era legítimo pisar en nombre del progreso o de cualquier ideal de esos llamados eternos. Siguiendo ese razonamiento de los filósofos y la práctica de la humanidad a lo largo de la historia, el nazismo se dispuso a prescindir de todo lo que no fuera la raza aria. No era más que un paso adelante en la argumentación. Contra ese pensamiento se rebeló Benjamin y, caracterizándose a sí mismo como “el trapero de la historia”, se dispuso a rescatar lo que venía siendo olvidado, se dispuso a rememorar a las víctimas. Construyó así lo que su amigo Adorno denominó un nuevo imperativo categórico: el de reorientar el pensamiento y la acción para que Auschwitz no se pudiese repetir.  Y así fue como las víctimas, antes relegadas al olvido, pasaron a estar encima de la mesa.

El proceso fue muy largo, porque la guerra fría lo mantuvo congelado, pero finalmente fue sancionado por la ONU en el 61º Periodo de Sesiones del Consejo Económico y Social del año 2005, cuando se estableció “el derecho inalienable a la verdad”, como uno de los principios para la protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad: “Cada pueblo tiene un derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimiento sucedidos en el pasado en relación con la perpetuación de crímenes aberrantes y de las circunstancias y de los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones”.

Si en lugar de memoria histórica, hubiéramos enseñado a hablar de rememoración de las víctimas, cuando Rajoy chulease de actuar políticamente para mantener ocultas a las víctimas del franquismo, le podríamos acusar de tratar de encubrir un “delito contra la humanidad”, usando los términos que ha usado el Tribunal Supremo en España. ¿Conocerán esto los fiscales españoles?

Marcelino Flórez

La losa del senador Peñarrubia, del PP

Para mí, la herencia más injuriosa del Partido Popular es la negación de los crímenes del franquismo, mediante la ocultación de su existencia a través de la anulación de la financiación de las exhumaciones, corroborada esta negación con las palabras explícitas del senador Peñarrubia: “Ya no hay demanda de exhumaciones ni más fosas por descubrir, salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España”. Quien haya tenido oportunidad de ver y escuchar al senador en su intervención del día 8 de octubre de 2015, justificando la ausencia de presupuesto para exhumaciones y otras reparaciones de crímenes franquistas, no puede haber dejado de sentirse incómodo no sólo por las injuriosas palabras, sino por el tono y la gesticulación, que más parecía chulería y afectación, que sinceridad y veracidad.

Al tiempo que niega, el senador miente, porque no puede desconocer, ya que ha sido fijado en auto judicial, publicado y corroborado por la máxima autoridad, que existen 114.226 casos documentados de personas desaparecidas. ¡La cifra más alta en el mundo, salvo en Camboya! Del mismo modo que no puede desconocer, pues es noticia pública cotidiana, la aparición de restos de personas asesinadas y desaparecidas: en los últimos quince años han sido exhumadas 6.200 de esas personas. Y, como ha recordado Emilio Silva, esa cifra sólo representa el 5 por 100 de las víctimas que, según se estima, siguen desaparecidas.

Cuando el senador dice que ya no hay demanda de exhumaciones, ¿será que desconoce el continuo lamento de familias de las víctimas reclamando su búsqueda? Basta con que eche un vistazo a la página web de la ARMH: “No hay día que no recibamos algún contacto de alguien en relación con este tema”, acaba de decir Emilio Silva, su presidente.

No es necesario razonar más la mentira del senador, porque nos hallamos ante una evidencia. Lo que Peñarrubia quiere es ocultar la realidad, mantenerla sepultada, con los archivos cerrados y la tierra sobre los cadáveres. El negacionismo de Peñarrubia lo corrobora cada día su partido. El día 20 del mismo mes de octubre la diputada Rocío López ha dicho en sede parlamentaria: “Si quieren reabrir heridas, con nosotros no van a contar”. Usa la metáfora “heridas del pasado” para referirse a los crímenes franquistas y dice que eso no se toca.

Constatamos una vez más que en España sigue ocurriendo algo que ya no ocurre en ningún otro país del mundo: la ocultación y la negación de un crimen contra la humanidad. Es casi incomprensible que eso siga ocurriendo, pues el mismísimo Tribunal Supremo ha reconocido que los crímenes de la Dictadura son “delitos contra la humanidad”. Y eso no prescribe, por lo que debe ser investigado y su negación perseguida de oficio. ¿Acaso no existirá en España una fiscalía para cumplir esa misión?

Cuarenta años de un régimen criminal y otros cuarenta de ocultación y negacionismo son como una gran losa que pesa sobre los españoles. Esta es la fosa que el Partido Popular, su diputada y su senador, no quieren que se abra. “Si tiramos todos, ella caerá” y la Dictadura y sus negadores ocuparán el mismo y definitivo lugar en la historia, aquel en el que les sitúe la justicia y la verdad. Por eso, es urgente la creación de una Comisión de la Verdad, a la que nadie debe temer, salvo los delincuentes.

Marcelino Flórez

¿De qué se extrañan?

Asombra ver el grado de crispación que ha invadido al Partido Popular después de ganar las últimas elecciones, que les sitúa en el camino ya marcado por Miguel Ángel Aguilar: “de victoria en victoria hasta la derrota final”.

Asombra ver al ministro del Interior obedeciendo a la caverna mediática en busca de un delito inexistente, el del concejal Zapata, no sólo por tener garantizada la libertad de expresión, como ha sentenciado el Tribunal Supremo en el caso de Rafael Hernando de vilipendio a las víctimas del franquismo, sino porque en el asunto Zapata los lingüistas tienen fácil explicar al más ignorante tribunal los elementos de un mensaje, y eso dejando a un lado otro factor, como es la caducidad de los 140 caracteres máximos, que no va más allá de los primeros treinta minutos, a no ser que se trate de un trending topic, en cuyo caso puede acercarse a las 24 horas. ¿No tendrá otra cosa que hacer este ministro?

Asombra ver a Esperanza Aguirre escandalizada porque sus esbirros han actualizado un tuit de hace cuatro años, donde cree ver ideología racista en un concejal, elegido precisamente por ser antirracista, antifascista y antifalsario. Cree el ladrón que todos son de su condición.

Es asombrosa la intranquilidad de estos recientes vencedores de las elecciones. Llaman radical al PSOE porque no pacta con ellos. Pero ¿de qué se extrañan? ¿Han olvidado, acaso, los insultos acumulados contra los socialistas sin reparar en la verdad? Lo cierto es que el Partido Popular ha hecho muy pocos amigos desde que existe. Si le quedaba alguno, lo ha ido perdiendo con su actitud ante la corrupción. Y ahora ya solo tiene clientes. Pero los clientes se pierden cuando no se les puede satisfacer.

Entiendo, ahora, por qué resulta tan asombroso todo esto: han perdido más de la mitad del poder que tenían y eso significa la pérdida del 50 por 100 de los clientes. Mal se presentan las ventas del otoño.

Marcelino Flórez

6. El régimen autoritario del PP

Entendemos por régimen autoritario aquel que, sea en un sistema político constitucional o en una dictadura, ejerce un uso desmesurado de la autoridad, o sea, que abusa del poder. En una dictadura, donde el poder es monopolio de una persona o de un grupo, el autoritarismo es un elemento constitutivo, pero en democracia también puede existir. No hay mejor ejemplo que esta última legislatura del Partido Popular.

En el ámbito legislativo, hemos asistido a una imposición autoritaria de las normas, habitualmente mediante la forma de decreto, que la mayoría absoluta convertía en leyes con facilidad, después de haber hurtado el debate parlamentario. No ha existido ningún diálogo, ni se ha prestado la mínima atención a la opinión diferente. Así ha sido con la reforma laboral, por ejemplo, donde no se ha escuchado la opinión de las organizaciones sindicales, que representan a los principales afectados; o con la Ley Wert, en la que ni familias, ni alumnado, ni profesorado han sido llamados al diálogo a través de sus representantes legítimos. Con las otras fuerzas políticas, el desprecio ha sido absoluto, hasta el punto que la forma de ejercer el poder por la mayoría absoluta popular merece el calificativo de sectaria.

Cuando la sociedad organizada ejerció su derecho constitucional a la protesta, la respuesta populista fue la represión, sin reparar en los medios. Al principio, tuvimos que ver a policías de paisano, infiltrados entre los manifestantes para provocar conflictos, que justificasen la disolución violenta de la protesta. Al mismo tiempo, el gobierno recurrió a la fiscalía para criminalizar la protesta, llevando a juicio a decenas de sindicalistas, participantes en los piquetes de las huelgas, y a decenas de personas presentes en las marchas de protesta. Como las vías de la represión policial y de la represión judicial no eran suficientes para imponer su abusiva autoridad, pues los tribunales solían garantizar a posteriori las libertades, el gobierno procedió a cambiar las leyes, culminando con la que se ha llamado Ley Mordaza, donde el autoritarismo sobrepasa los límites de la Constitución, como ha dicho ya la ONU y tendrán que resolver en España los tribunales correspondientes.

El mayor problema que encuentra el autoritarismo en los sistemas democráticos es la división de poderes. Con el legislativo suele resolver más fácilmente los obstáculos, porque la mayoría parlamentaria posibilita o cambiar las normas o hacer un uso de las mismas que, en la práctica, impida el control del ejecutivo. Así ha ocurrido en esta legislatura. Es con el judicial con el que se presentan mayores problemas, dada la notable independencia de los jueces. Por acuerdo bipartidista, esto lo tienen parcialmente resuelto, al poder controlar ideológicamente la composición de los órganos superiores del poder judicial, pero ese control no alcanza a la totalidad de la judicatura. Ha sido en los casos particulares donde se ha puesto de manifiesto el autoritarismo extremo del Partido Popular y el ejemplo perfecto es el del juez Garzón, que sufrió un acoso, bien descrito en la prensa, que terminó con su condena y expulsión de la judicatura. Aún estamos pendientes, y personalmente estoy esperanzado, de que el Tribunal de Estrasburgo haga justicia con Garzón, lo que podría dejar más en evidencia, si cabe, el autoritarismo extremo del gobierno del Partido Popular.

El máximo de autoritarismo en un sistema político democrático se produce cuando se pretende imponer el totalitarismo. Aclaremos también este concepto, antes de razonarlo. Entiendo por totalitarismo el afán político por imponer un comportamiento único a la población, incluso en la vida más privada. En las dictaduras del siglo XX, tanto las de signo fascista, como las de signo comunista, el totalitarismo consistía en la sumisión plena al Estado, al que se identificaba con el pueblo. Mussolini escribía en 1932: “La concepción fascista del Estado lo abarca todo; fuera del Estado no puede existir y, menos aún valer, valores humanos o espirituales”.

Los sistema políticos confesionales son totalitarios, por definición. Es el caso de los sistemas políticos musulmanes actuales, donde rige la sharía o ley coránica y, por lo tanto, está excluído todo pensamiento (y toda persona) que no sea creyente, esto es, musulmán. Fue el caso también del nacional-catolicismo en España, mientras pudo mantenerse hegemónico, o sea, hasta el Concilio Vaticano II. Recuerdo perfectamente, siendo yo monaguillo, la lista que hacía el cura de mi pueblo de los que “cumplían con Pascua”. Los que no aparecían en la lista, estaban excluídos, como mi tío Julián, que había sido guardia de asalto, había pasado por la cárcel, seguía siendo republicano y tenía el valor de no “cumplir con Pascua”, mientras eso fue obligatorio. Era de los pocos del pueblo con ese valor. Yo no tuve el mismo valor unos días después del 20 de noviembre de 1975, cuando hube de asistir a la misa-funeral por Franco, para aliviar el temor de mi madre. En su descargo (y en el mío) diré que, justo dos meses antes, habían venido a buscarme los guardias a casa y estuvieron una mañana entera interrogándome sobre unas flechas dobladas a la entrada del pueblo y, de paso, sobre la Junta Democrática. Aquel día era el siguiente al 27 de septiembre, en que habían sido ejecutados los últimos cinco opositores a la Dictadura, ilegítimamente, como todos. Eso era el nacional-catolicismo, un ejemplo de totalitarismo.

El tema del aborto se inserta en esta categoría hoy mismo. Bajo el razonamiento sobre si el aborto es un derecho o no (independientemente de otras valoraciones que sobre el hecho de abortar hayan de hacerse), subyace determinado punto de partida en el pensamiento lógico. Si se parte de una creencia, para la cual es Dios quien da la vida y se interpreta que hace esa donación en el instante en que un espermatozoide fecunda a un óvulo, no hay aborto posible sin pecado o, como dicen los más osados, sin crimen. Este razonamiento sólo vale para los creyentes con esa interpretación de la norma. Ni siquiera estarían incluídos aquí todos los católicos: uno puede aceptar, por fe, no por ciencia, que la vida es un don de Dios (ese sería el dogma), pero puede interpretar, al mismo tiempo, que ese don se recibe cuando la persona nace o, al menos, como ha hecho la Iglesia católica en otros momentos, cuando el feto puede vivir autonomamente. Si un gobierno legisla sobre el aborto desde el criterio integrista católico, está ejerciendo un totalitarismo, porque excluye a toda la ciudadanía no creyente e, incluso, a los católicos con distinto criterio interpretativo del dogma. Aunque sea por razones de estrategia electoral, el Partido Popular está metido en este fango.

Para finalizar, recordamos que en los regímenes autoritarios suele proliferar la corrupción, de lo que en España tenemos buen ejemplo; suele utilizarse la estrategia de la crispación para desanimar a los opositores, de lo que sabemos mucho aquí; no se practica el consenso, como ocurre entre nosotros; se envalentonan las ideología dictatoriales, como comprobamos con el neofranquismo; o hay un control casi completo de los medios de comunicación, lo que ocurre también en España, donde el recambio casi simultáneo de los dos directores de los principales diarios escritos tiene mucho que ver con ello.

En conclusión, lo que acabo de relatar es lo que viene diciendo la gente bajo la forma de “democracia real ya” o “no nos representan” o con los mil razonamientos que científicos y publicistas hacen sobre la “democracia imperfecta” en este final del régimen de la Transición. El Partido Popular, con el ejercicio autoritario del poder, dentro del ya de por sí deficiente régimen del bipartidismo, característico de la Transición, ha llevado a una cima el desgaste de la Constitución de 1978 y eso no tiene marcha atrás, sino que exige cambio, reforma. Por eso, viene los malos augurios para quien se resiste a los cambios que trae el tiempo.

5. Propaganda

El Partido Popular intenta ocultar la realidad a través de la propaganda, para lo cual cuenta con muchos recursos propios y y con la ayuda incondicional de los dueños del capital, que disponen de un práctico monopolio mediático. Con una prensa levemente libre, ese añorado cuarto poder, no hubiera podido ocurrir todo lo que ha ocurrido en el régimen de la Transición.

La propaganda está diseñada por técnicos y no duda en recurrir a métodos goebbelianos de repetir una mentira innumerables veces hasta hacerla parecer una verdad. El ejemplo perfecto de esto fue la atribución del atentado del 11-M a ETA, mentira que nunca han reconocido públicamente los impulsores, ni siquiera después de una sentencia judicial, y que algunos clientes, entre los cuales se incluye alguna asociación de víctimas, siguen utilizando.

En el final de la anterior legislatura, cuando irrumpió la crisis económica, la propaganda se centró machaconamente en achacar la crisis a Zapatero. La “culpa” de Zapatero fue un martillo pilón, que horadó nuestros tímpanos hasta perforarlos. Tomado el poder, la “culpa” se transformó en “herencia de Zapatero” y el mantra le ha servido al PP durante años. Cuatro años después, sin embargo, y habiendo dicho que bastaba con cambiar a Zapatero por Rajoy para terminar con la crisis, el argumento se va desbaratando.

El nuevo mantra es el de la “recuperación económica” y a él se aferra como a un clavo ardiendo todo el partido. Desde hace unos meses, no hay argumentario que no se construya en torno a la “recuperación económica”. Aparentemente, hay datos que pueden avalarlo: la mejora del PIB o el incremento de los beneficios empresariales, aunque no se explique la determinación en ambos casos de las políticas del Banco Central Europeo. Pero no hacen falta explicaciones, porque la machacona repetición del eslogan no pretende trasmitir una noticia, que podría aumentar el optimismo de la población, sino que busca ocultar con esa noticia todo lo demás: el neofranquismo, la crispación, la corrupción, el clientelismo, el disenso; y busca, sobre todo, convencer de que el fin justifica los medios, de modo que hay que olvidarse del sufrimiento padecido. En esto consiste la propaganda, en ocultar la realidad.

El problema es que la recuperación no llega a la mayoría social: el paro sigue siendo el primer problema español para la opinión pública, la pequeña empresa sigue quebrando una tras otra, los desahucios continúan, los salarios han caído hasta convertir en pobres a las personas con contrato, las listas de espera en la sanidad siguen aumentando, la vida cotidiana, en fin, continúa aniquilada por la crisis. Y Zapatero ya no es suficiente para tapar las vergüenzas del gobierno. Veremos de lo que es capaz la propaganda en esta difícil situación.