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El alcalde de Pajares de la Laguna, un espejo del Partido Popular

Estos días está siendo noticia el alcalde de Pajares de la Laguna, un pueblo salmantino de la comarca de La Armuña. Se llama Juan Antonio Benito de Dios y es noticia porque el Senado ha puesto en conocimiento de la fiscalía una carta que este señor ha enviado a esa institución, plagada de gravísimos insultos.

El origen del conflicto es un escrito que el senador valenciano Carles Mullet ha hecho llegar a más de 2.000 municipios, que aún conservan nombres franquistas en sus callejeros, recordándoles que han de cumplir la conocida como Ley de Memoria Histórica. En Pajares de la Laguna he visto que se conservan dos de esos nombres, Calvo Sotelo y Salas Pombo, este último un falangista nacido en Cataluña, que, entre otras cosas, fue Gobernador Civil de Salamanca y, desaparecido Franco, fue uno de los pocos diputados en Cortes que votó en contra de la Ley para la Reforma Política, con la que se originó el paso a la democracia, o sea, un miembro de lo que entonces llamábamos el “búnquer”.

El escrito que envía el alcalde al Senado es asombroso por la ignorancia que destila, que sobrepasa con mucho a las descalificaciones y groserías que dice sobre el Presidente del Senado, sobre el senador Mullet, sobre Zapatero y sobre la “ley de memoria histórica”. Me resisto a reproducir los insultos e invito a quienes no los conozcan y los deseen conocer que recurran a internet. De lo que yo quiero hablar no es de lo que dice este alcalde, sino de lo que justifica que este alcalde pueda decir lo que dice.

Por empezar por lo más sencillo, los insultos a Zapatero se explican porque no hacen más que reproducir los mismos insultos que el Partido Popular repitió hasta la saciedad en sus últimos meses de gobierno y que alcanzaron su cima cuando Mariano Rajoy le insultó en sede parlamentaria, llamándole “tonto solemne”. Era la época de la crispación y “de aquellos polvos, estos lodos”; mucho más, cuando los que ahora gobiernan son los que antes insultaban.

En lo que se refiere al desprecio de la “ley de memoria histórica”, está igualmente autorizado por su partido, que en boca de Rafael Hernando o de Esperanza Aguirre hemos escuchado tantas veces, pero, sobre todo, hemos escuchado a Mariano Rajoy, cuando presumía en una entrevista televisiva de no dar un céntimo para el desarrollo de la referida ley en todos sus años de gobierno. Hay un agravante, en este caso, que justifica aún más los improperios que emite el alcalde de Pajares de la Laguna. Este agravante son los jueces, que no han admitido las querellas presentadas contra alguno de esos personajes públicos por insultar a las víctimas del franquismo, amparadas por esa misma ley. Y, como nos recordó hace ya algunos años el investigador y defensor de derechos humanos, Rainer Huhle, “en un estado moderno de derecho, y pese a muchos deseos de tener otros mecanismos tal vez más humanos (como criterio de moralidad), el castigo judicial es el recurso más válido que tiene la sociedad para declarar lo que considera justo e injusto”. Con los jueces hemos topado y, de ahí, la chulería de este alcalde.

Utiliza el alcalde la palabra comunista como denuncia contra el senador Mullet, exactamente igual que lo hizo el franquismo durante toda su historia y que sus herederos políticos no han sabido abandonar. Pero lo que sonroja y preocupa es que este alcalde, que, además, es maestro y director de un colegio público, achaque a los comunistas la provocación de la Guerra Civil. Esto, además de una falsedad histórica que no necesita ninguna defensa argumental, debería de ser considerado un delito de lesa humanidad por la pretensión de querer ocultar el crimen contra la humanidad que fue el franquismo.

Por estas y por muchas más razones, la carta del alcalde de Pajares de la Laguna, del Partido Popular, exige no sólo la intervención de la fiscalía, sino que de una vez los parlamentarios democráticos de España se pongan a la tarea de llevar adelante una Comisión de la Verdad, de la que surja una ley que dé fin a estas humillaciones que seguimos sufriendo las personas solidarias con las víctimas del franquismo. Es verdad que vamos avanzando. El escándalo que ha provocado el acto que comentamos está ya lejos de las justificaciones que tuvimos que soportar ante hechos protagonizados por otros alcaldes, como el de Poyales del Hoyo o el de Baralla. También la ley de “memoria histórica” que está preparando el gobierno del Partido Popular de Castilla y León, producto del diálogo social, es otro avance. Pero estos delitos no se pueden aguantar más y tenemos derecho a gritar: ¡Ya basta!

Marcelino Flórez

Pero ¿qué está pasando?

Un día de estos y a propósito de las declaraciones en la Audiencia Nacional sobre el caso Gürtel, Pepa Bueno se hacía esa pregunta en la Cadena SER: ¿qué está pasando? Expresaba así su sorpresa y su desaliento ante la parálisis de la sociedad española con la corrupción. Realmente, es asombroso que un partido político tan señalado por responsabilidades en la corrupción siga gobernando España.

No podemos esperar una dimisión de las personas responsables. Eso tenía que haber ocurrido hace muchos años. Tampoco podemos esperar nada del partido, cuyo único afán desde el principio ha sido negar la corrupción y obstaculizar su investigación, de lo que hay un símbolo indeleble: la destrucción de los discos duros. Lo triste es que tampoco podemos esperar nada de los votantes del Partido Popular. Más de cinco millones permanecen fieles a ese voto, no esperéis verlos salir en manifestación diciendo que se sienten engañados. En esa parte de la sociedad española no cabe ninguna esperanza.

Pero el asombro toma otra dimensión cuando recapacitamos y observamos que ese partido gobierna en minoría. ¿Quién lo mantiene en el poder y por qué lo mantiene en el poder? El principal apoyo y el único imprescindible es el de ‘Ciudadanos’, un partido que, paradójicamente, se presenta como abanderado contra la corrupción. Manchado, quizá no esté aunque sólo sea por falta de tiempo, pero este joven partido comparte la tesis expresada por Montoro: eso de la corrupción es una nimiedad moral, lo que importa es la estabilidad política. Y, por ahora, ‘Ciudadanos’ prioriza la estabilidad política, el gobierno del PP, frente a la corrupción. Nada que hacer por ahí tampoco, salvo algunos juegos florales. Las otras formaciones políticas, como las de identidad canaria o el PNV, vienen prefiriendo cualquier plato de lentejas a cambio del apoyo al gobierno. Y en eso siguen.

Queda la izquierda. ¿Por qué no derriba la izquierda al PP? Hay razones, las valoremos como las valoremos. Primero está el procès, un elemento que impide al PSOE ir de la mano de los nacionalistas catalanes a ninguna parte, no sólo porque esos nacionalistas venían pidiendo el voto condicionado al referéndum, sino porque, viendo lo que estamos viendo, no son de fiar. De la gente del procès no se puede esperar ninguna solidaridad, porque prima lo sagrado, la independencia, aunque sea desde Bruselas. Otro camino cerrado.

Cabría la posibilidad de terminar con Rajoy mediante una alianza del PSOE y ‘Podemos’, aunque habría que garantizar la abstención, al menos, de ‘Ciudadanos’ o el voto incondicionado de todo el resto del parlamento. Pero esa alianza es imposible también, no sólo porque ‘Podemos’ sigue insultando al PSOE siempre que tiene ocasión, fórmula poco eficaz para intentar hacer pactos, sino porque el PSOE no se fía de ‘Podemos’. Y no se fía con toda la razón de su parte, a causa de lo que me gusta llamar el efecto cal viva, aquel famoso discurso de Pablo Iglesias y aquella votación del 2 de marzo de 2016, de lo que ‘Podemos’ sigue sin hacer autocrítica, cuando no lo reivindica con todas sus fuerzas o desarrolla estrategias de idéntico sentido, como fue aquella moción de censura. Otro camino sin salida.

La sociedad española está paralizada ante la corrupción, aunque sienta una vergüenza insoportable, porque la situación política es paralizadora. Se necesitaría una catarsis general, catarsis de los partidos con purificación incluída de las personas que los dirigen. Y no parece que eso vaya a ocurrir, por lo que sólo nos queda el desaliento. Sin embargo, deberían hacérselo mirar, al menos los que sean capaces de anteponer una mínima ética a todo el peso de la inmundicia, para que la política no esté tan lejos de la sociedad.

Marcelino Flórez

La nieve y la semilla de la crispación

La nieve del día 6 y los atascos durante horas en las autopistas de peaje hubieran podido ser tolerados, si no existieran antecedentes, pero hay un pasado. En 2009 hubo otra nevada, que paralizó el centro de la Península. Rajoy, entonces en la oposición, se desgañitó exigiendo la dimisión de la Ministra de Fomento. Los medios de comunicación, casi todos afines, ampliaron su griterío. Era el tiempo de la crispación, el tiempo de llamar al Presidente del Gobierno “tonto solemne” en sede parlamentaria, el tiempo de decir, sin sentir vergüenza, “dejad que se caiga España, que nosotros la levantaremos”. El insulto era la norma; la exageración, el método; y todo estaba permitido para derribar al gobierno.

Cuando la nieve del día de Reyes colapsó las autopistas, no hacía falta saber que Zoilo estaba, con cara descompuesta, viendo a su Sevilla perder ante el Betis o que un tal Serrano dirigía el operativo de la DGT desde “el despacho de su casa”, también en Sevilla, para enojarse profundamente. Cuando centenares de coches quedaron atrapados durante una larga noche de Reyes, fue suficiente con recordar al Rajoy de la crispación para entenderlo todo. El video del Presiente del partido Popular insultando a Magdalena Alvarez, que El Rastreador de eldiario.es divulgó, fue un argumento suficiente para constatar que España no tiene gobierno, que su no-presidente es un provocador y que una cuadrilla de inútiles con algún chulo de barrio tiene secuestrado al país. Mientras tanto, su muleta parlamentaria se atreve a decir que hay que esperar a que den explicaciones. Inaguantable.

Marcelino Flórez

Cambiar la bandera de España

Se hace urgente cambiar la bandera de España. La que ahora existe ha sido privatizada y ya no sirve para representar a todos los españoles. No es la primera vez que ocurre, pero ésta es definitiva.

La bandera actual, rojigualda, tiene su origen en un Real Decreto de Carlos III del año 1795, que resolvía un concurso para determinar la enseña de la Marina. La guerra contra los franceses de 1808 popularizó aquellos colores, amarillo y rojo, y las Cortes de Cádiz los consagraron como símbolo nacional. A lo largo del siglo XIX, las tres franjas, rojas y amarilla, se usaron con diversos escudos. Ni siquiera la Primera República prescindió de ese diseño rojigualda, limitándose a quitar la corona real del escudo, aunque no sería hasta 1908 cuando un decreto ordenase que esa bandera se colocase en los edificios públicos los días de fiesta nacional.

Sólo la Segunda República cambió la bandera, sustituyendo la franja roja inferior por una morada, pero manteniendo el mismo escudo, sin corona real. Esa bandera, como sabemos, sólo duró ocho años.

La primera privatización de la bandera, que el siglo XIX había convertido en nacional, la hizo el franquismo, que se apropió de los colores rojos y amarillo, añadiendo un escudo con el águila imperial y otros signos del Imperio castellano del siglo XVI. Pocas dudas caben hoy de que esa bandera, la franquista, no representa a todos los españoles y, por lo tanto, no puede ser bandera de España. Lo cierto es que esa primera privatización de la rojigualda hizo un daño perdurable al símbolo, haciendo sospechosos para siempre aquellos colores.

El artículo 4 de la Constitución de 1978 consagró de nuevo los colores y sus medidas, a los que una ley de 1981 incorporó el “escudo de España”. Esta es la bandera que ha sido de nuevo privatizada y, por ello, ha dejado de ser bandera nacional.

Conservo muy vivo el recuerdo de la invasión de la pradera de Villalar por las huestes de Alianza Popular enarbolando banderas rojigualdas para tratar de tapar los colores morados o rojo carmesí de los pendones comuneros, que poblaban aquella pradera en 1977. Aquel año todavía las fuerzas del orden protegían los colores rojigualda y vapuleaban al color morado del pendón, como ocurriría esa tarde del 23 de abril.

El partido de los ministros de Franco nunca cejaría en su afán por privatizar la bandera, pero ha sido su heredero, el Partido Popular quien ha consumado la apropiación con motivo de la crisis catalana actual. En la exhibición de banderas con un sentido nacional-españolista, a la que estamos asistiendo, hay un responsable. Es cierto que algunos ciudadanos, pocos, han colocado los colores rojos y amarillo en sus balcones; incluso, ayer mismo, pude ver a un estudiante en Palencia, que se colocaba una enseña con esos colores en el hombro y pecho izquierdos durante una conferencia, en la que yo participaba, en la Universidad; pero quien ha hecho suyo el uso particular de los colores de la bandera de España ha sido el Partido Popular. En mi pueblo, he podido comprobar que lucían en el balcón de la casa del alcalde, que es de ese partido; y en Valladolid, he podido ver que ondeaban en los balcones del grupo municipal popular del Ayuntamiento. No sé si habrá habido orden en los argumentarios de esta época para hacerlo así, siendo conscientes de que esa bandera podía llegar a ocultar las vergüenzas de la corrupción, pero no hay duda de que ha habido consenso entre la derecha de oscuros orígenes y de negros presentes para apropiarse de la bandera.

La rojigualda ya no es, por lo tanto, la bandera de todos los españoles. Por eso, ya no puede seguir siendo la bandera de España. Y ahora ya no vale con que se prohíba su uso privado, como hizo la República con la palabra nación, ahora hay que cambiarla.

Marcelino Flórez

Y Miguel Ángel Blanco dejó de ser víctima

Una víctima es una persona que sufre un daño por efecto de acciones humanas moralmente execrables. La víctima tiene siempre dos cualidades inherentes, la inocencia y la universalidad, es decir, carece de culpa y podría haberle ocurrido a cualquiera ese daño.

Pero no todos los sufrimientos producen víctimas. El daño puede tener una causa y quien la padece merecer el calificativo de caído, de héroe o de mártir, pero no de víctima. Lo ha expresado muy bien la Conferencia Episcopal Española: “Las guerras tienen caídos en uno u otro bando. Las represiones políticas tienen víctimas, sean de uno u otro signo. Sólo las persecuciones religiosas tienen mártires …”.

Miguel Ángel Blanco fue una víctima de ETA el día 12 de julio de 1997 y lo fue hasta el día en que el Partido Popular le arrebató esa condición de universal inocencia, para convertirlo en un instrumento al servicio de su causa, pasando a ser un caído de su estrategia sobre el terrorismo etarra. Eso ocurrió en el mes de septiembre de ese mismo año, cuando el Partido Popular anatematizó a toda persona no perteneciente a su causa, con motivo del homenaje que ofreció a Miguel Ángel Blanco en la plaza de Las Ventas.

Desde ese día, 12 de septiembre, Miguel Ángel Blanco pasó a ser mitad héroe, mitad caído y también un poco mártir en las marchas que el Partido Popular, arropado en las asociaciones de víctimas a las que financiaba vigorosamente, comenzó a programar, especialmente cuando perdieron el gobierno y, sobre todo, siempre que parecía aproximarse el cese de la violencia terrorista. La hemeroteca está llena de ejemplos de esto.

El día 12 de julio de 2017 hemos asistido al último espectáculo de esta estrategia. Sólo que este 12 ya no es igual que diez años antes o viente años antes, con ETA activa y con Zapatero en el gobierno. La estrategia, esta vez, ha resultado ridícula, además de desenmascarar definitivamente a sus artífices: no rememoran a las víctimas, sino que sirven a otros intereses, algunos inconfesables, como nos van haciendo ver la policía y los jueces.

Todo lo que no es PP y su muleta ciudadana ha estado a punto de desmarcarse de la pantomima, aunque les faltó el valor en el último momento. Pero los insultos a Carmena, víctima de ETA, del franquismo y de la extrema derecha, sólo caben ser interpretados como injustos, aparte de inoportunos. Son esos insultos, agitados por los concejales populares madrileños y por la hermana de Miguel Ángel Blanco, los que cerrarán definitivamente el ciclo de la estrategia del PP con el terrorismo etarra. En adelante, la oposición ya se va a atrever a dejarlos solos.

Marcelino Flórez

Sentir vergüenza

La vergüenza es una emoción social. Uno se sonroja cuando cree que ha hecho algo malo o socialmente no admitido, pero solamente se sonroja ante los demás. Robar una manzana de un cesto repleto de ellas es difícil que cree muy mala conciencia en cualquier persona, pero ser sorprendido por el dueño o por cualquier vecino puede producir tanto sonrojo como el robo más valioso. Hay algunas personas, sin embargo, que no se sonrojan aunque sean sorprendidas en una sustracción de ese tipo o en una mucho mayor. Es la gente que ha desaprendido las normas de la civilización, una gente que está en proceso de deshumanización y que camina hacia una vida sin moral. Es la gente sin vergüenza.

Hasta hace un par de décadas, decir que uno era de derechas producía sonrojo en España. Por supuesto, sólo una escasa minoría se atrevía a decir entonces que era franquista. Tanto el número de gente que hasta presume de derechista, como el más escaso número de franquistas confesos ha aumentado recientemente. Este cambio civilizatorio se lo debemos al Partido Popular y a su entorno promotor, que comprende tanto a los poderes económicos, como a sus medios de comunicación de pensamiento (que no de información).

A pesar de este cambio, hay un buen número de personas que se sonrojaría si se llegase a saber que han votado a un partido de probada corrupción, de afirmado franquismo y que recoge el dinero de los pobres para traspasárselo a los ricos, con el agravante de absolver a Rajoy con ese voto. Es un voto que sólo se puede producir si es secreto, porque no puede soportar la emoción social de la vergüenza, algo así como robar una manzana.

Posiblemente, aquí se encuentre la razón por la que erraron todas las encuestas preelectorales e, incluso, el sondeo poselectoral de la televisión pública. Y esta es, desde luego, la razón por la que ningún partido se atreve a dar su voto al Partido Popular en las Cortes, porque allí el voto es público y está sometido a las emociones sociales. Tuvimos una prueba de esta tesis en el proceso de formación de las mesas parlamentarias, donde hasta diez votos secretos se adscribieron a los intereses del Partido Popular. En público, eso no puede ocurrir: causaría vergüenza.

Marcelino Flórez

Una triste victoria

La victoria del Partido Popular en las elecciones del 26-J es una victoria triste, porque es una victoria relativa. Lo es en la relación con los demás partidos, que han obtenido menos votos. Lo es en relación a las anteriores elecciones, porque tienen más votos y más diputados. Lo es en relación a las expectativas, que eran mucho más pesimistas. Sien embargo, es una victoria triste: 137 son muchos diputados, pero faltan 40 para llegar a la mayoría.

Hay que buscar apoyos para poder gobernar y el Partido Popular ha hecho muy pocos amigos en ellos últimos años, al haber tratado a todos los demás partidos con indiferencia, cuando no con desprecio. La base inicial para el diálogo es muy mala. Y no terminan ahí los obstáculos, porque apoyar al PP, sea por acción o por omisión, supone cargar en las propias espaldas, aunque sea mediante la relegación al olvido, con la crispación de tan larga trayectoria, con los recortes de tan injustos efectos y, sobre todo, con la corrupción tan opuesta a los mínimos principios de la ética.

Esta carga tan pesada la pueden soportar bien casi ocho millones de españoles, porque el voto es secreto y se mantiene oculto en lo más profundo del corazón, ni siquiera se enuncia en las encuestas, que son anónimas, como si produjera vergüenza interior. Pero apoyar a Rajoy en el Parlamento no sólo no es secreto, sino que se reviste de la máxima publicidad: hasta la televisión del gobierno lo retransmite en directo. Y ahí la carga es insoportable para veinte o treinta millones de españoles.

Puede ser una triste victoria, porque la negociación se presenta difícil. Hay que tomarse su tiempo. Y los espectadores tenemos que estar tranquilos. Veo más fácil poner de acuerdo a 213 procuradores que a 137 más cualquier suma hasta alcanzar mayoría. De modo que siempre quedará la posibilidad de un gobierno de concentración, que no tenga que cargar con la crispación, con los recortes y con la corrupción. Estemos atentos, aunque sea verano, y esperemos que cualquier persona valiente tome la iniciativa, después de la ronda Rajoy, que va para largo.

Marcelino Flórez