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Cambiar la bandera de España

Se hace urgente cambiar la bandera de España. La que ahora existe ha sido privatizada y ya no sirve para representar a todos los españoles. No es la primera vez que ocurre, pero ésta es definitiva.

La bandera actual, rojigualda, tiene su origen en un Real Decreto de Carlos III del año 1795, que resolvía un concurso para determinar la enseña de la Marina. La guerra contra los franceses de 1808 popularizó aquellos colores, amarillo y rojo, y las Cortes de Cádiz los consagraron como símbolo nacional. A lo largo del siglo XIX, las tres franjas, rojas y amarilla, se usaron con diversos escudos. Ni siquiera la Primera República prescindió de ese diseño rojigualda, limitándose a quitar la corona real del escudo, aunque no sería hasta 1908 cuando un decreto ordenase que esa bandera se colocase en los edificios públicos los días de fiesta nacional.

Sólo la Segunda República cambió la bandera, sustituyendo la franja roja inferior por una morada, pero manteniendo el mismo escudo, sin corona real. Esa bandera, como sabemos, sólo duró ocho años.

La primera privatización de la bandera, que el siglo XIX había convertido en nacional, la hizo el franquismo, que se apropió de los colores rojos y amarillo, añadiendo un escudo con el águila imperial y otros signos del Imperio castellano del siglo XVI. Pocas dudas caben hoy de que esa bandera, la franquista, no representa a todos los españoles y, por lo tanto, no puede ser bandera de España. Lo cierto es que esa primera privatización de la rojigualda hizo un daño perdurable al símbolo, haciendo sospechosos para siempre aquellos colores.

El artículo 4 de la Constitución de 1978 consagró de nuevo los colores y sus medidas, a los que una ley de 1981 incorporó el “escudo de España”. Esta es la bandera que ha sido de nuevo privatizada y, por ello, ha dejado de ser bandera nacional.

Conservo muy vivo el recuerdo de la invasión de la pradera de Villalar por las huestes de Alianza Popular enarbolando banderas rojigualdas para tratar de tapar los colores morados o rojo carmesí de los pendones comuneros, que poblaban aquella pradera en 1977. Aquel año todavía las fuerzas del orden protegían los colores rojigualda y vapuleaban al color morado del pendón, como ocurriría esa tarde del 23 de abril.

El partido de los ministros de Franco nunca cejaría en su afán por privatizar la bandera, pero ha sido su heredero, el Partido Popular quien ha consumado la apropiación con motivo de la crisis catalana actual. En la exhibición de banderas con un sentido nacional-españolista, a la que estamos asistiendo, hay un responsable. Es cierto que algunos ciudadanos, pocos, han colocado los colores rojos y amarillo en sus balcones; incluso, ayer mismo, pude ver a un estudiante en Palencia, que se colocaba una enseña con esos colores en el hombro y pecho izquierdos durante una conferencia, en la que yo participaba, en la Universidad; pero quien ha hecho suyo el uso particular de los colores de la bandera de España ha sido el Partido Popular. En mi pueblo, he podido comprobar que lucían en el balcón de la casa del alcalde, que es de ese partido; y en Valladolid, he podido ver que ondeaban en los balcones del grupo municipal popular del Ayuntamiento. No sé si habrá habido orden en los argumentarios de esta época para hacerlo así, siendo conscientes de que esa bandera podía llegar a ocultar las vergüenzas de la corrupción, pero no hay duda de que ha habido consenso entre la derecha de oscuros orígenes y de negros presentes para apropiarse de la bandera.

La rojigualda ya no es, por lo tanto, la bandera de todos los españoles. Por eso, ya no puede seguir siendo la bandera de España. Y ahora ya no vale con que se prohíba su uso privado, como hizo la República con la palabra nación, ahora hay que cambiarla.

Marcelino Flórez

Y Miguel Ángel Blanco dejó de ser víctima

Una víctima es una persona que sufre un daño por efecto de acciones humanas moralmente execrables. La víctima tiene siempre dos cualidades inherentes, la inocencia y la universalidad, es decir, carece de culpa y podría haberle ocurrido a cualquiera ese daño.

Pero no todos los sufrimientos producen víctimas. El daño puede tener una causa y quien la padece merecer el calificativo de caído, de héroe o de mártir, pero no de víctima. Lo ha expresado muy bien la Conferencia Episcopal Española: “Las guerras tienen caídos en uno u otro bando. Las represiones políticas tienen víctimas, sean de uno u otro signo. Sólo las persecuciones religiosas tienen mártires …”.

Miguel Ángel Blanco fue una víctima de ETA el día 12 de julio de 1997 y lo fue hasta el día en que el Partido Popular le arrebató esa condición de universal inocencia, para convertirlo en un instrumento al servicio de su causa, pasando a ser un caído de su estrategia sobre el terrorismo etarra. Eso ocurrió en el mes de septiembre de ese mismo año, cuando el Partido Popular anatematizó a toda persona no perteneciente a su causa, con motivo del homenaje que ofreció a Miguel Ángel Blanco en la plaza de Las Ventas.

Desde ese día, 12 de septiembre, Miguel Ángel Blanco pasó a ser mitad héroe, mitad caído y también un poco mártir en las marchas que el Partido Popular, arropado en las asociaciones de víctimas a las que financiaba vigorosamente, comenzó a programar, especialmente cuando perdieron el gobierno y, sobre todo, siempre que parecía aproximarse el cese de la violencia terrorista. La hemeroteca está llena de ejemplos de esto.

El día 12 de julio de 2017 hemos asistido al último espectáculo de esta estrategia. Sólo que este 12 ya no es igual que diez años antes o viente años antes, con ETA activa y con Zapatero en el gobierno. La estrategia, esta vez, ha resultado ridícula, además de desenmascarar definitivamente a sus artífices: no rememoran a las víctimas, sino que sirven a otros intereses, algunos inconfesables, como nos van haciendo ver la policía y los jueces.

Todo lo que no es PP y su muleta ciudadana ha estado a punto de desmarcarse de la pantomima, aunque les faltó el valor en el último momento. Pero los insultos a Carmena, víctima de ETA, del franquismo y de la extrema derecha, sólo caben ser interpretados como injustos, aparte de inoportunos. Son esos insultos, agitados por los concejales populares madrileños y por la hermana de Miguel Ángel Blanco, los que cerrarán definitivamente el ciclo de la estrategia del PP con el terrorismo etarra. En adelante, la oposición ya se va a atrever a dejarlos solos.

Marcelino Flórez

Sentir vergüenza

La vergüenza es una emoción social. Uno se sonroja cuando cree que ha hecho algo malo o socialmente no admitido, pero solamente se sonroja ante los demás. Robar una manzana de un cesto repleto de ellas es difícil que cree muy mala conciencia en cualquier persona, pero ser sorprendido por el dueño o por cualquier vecino puede producir tanto sonrojo como el robo más valioso. Hay algunas personas, sin embargo, que no se sonrojan aunque sean sorprendidas en una sustracción de ese tipo o en una mucho mayor. Es la gente que ha desaprendido las normas de la civilización, una gente que está en proceso de deshumanización y que camina hacia una vida sin moral. Es la gente sin vergüenza.

Hasta hace un par de décadas, decir que uno era de derechas producía sonrojo en España. Por supuesto, sólo una escasa minoría se atrevía a decir entonces que era franquista. Tanto el número de gente que hasta presume de derechista, como el más escaso número de franquistas confesos ha aumentado recientemente. Este cambio civilizatorio se lo debemos al Partido Popular y a su entorno promotor, que comprende tanto a los poderes económicos, como a sus medios de comunicación de pensamiento (que no de información).

A pesar de este cambio, hay un buen número de personas que se sonrojaría si se llegase a saber que han votado a un partido de probada corrupción, de afirmado franquismo y que recoge el dinero de los pobres para traspasárselo a los ricos, con el agravante de absolver a Rajoy con ese voto. Es un voto que sólo se puede producir si es secreto, porque no puede soportar la emoción social de la vergüenza, algo así como robar una manzana.

Posiblemente, aquí se encuentre la razón por la que erraron todas las encuestas preelectorales e, incluso, el sondeo poselectoral de la televisión pública. Y esta es, desde luego, la razón por la que ningún partido se atreve a dar su voto al Partido Popular en las Cortes, porque allí el voto es público y está sometido a las emociones sociales. Tuvimos una prueba de esta tesis en el proceso de formación de las mesas parlamentarias, donde hasta diez votos secretos se adscribieron a los intereses del Partido Popular. En público, eso no puede ocurrir: causaría vergüenza.

Marcelino Flórez

Una triste victoria

La victoria del Partido Popular en las elecciones del 26-J es una victoria triste, porque es una victoria relativa. Lo es en la relación con los demás partidos, que han obtenido menos votos. Lo es en relación a las anteriores elecciones, porque tienen más votos y más diputados. Lo es en relación a las expectativas, que eran mucho más pesimistas. Sien embargo, es una victoria triste: 137 son muchos diputados, pero faltan 40 para llegar a la mayoría.

Hay que buscar apoyos para poder gobernar y el Partido Popular ha hecho muy pocos amigos en ellos últimos años, al haber tratado a todos los demás partidos con indiferencia, cuando no con desprecio. La base inicial para el diálogo es muy mala. Y no terminan ahí los obstáculos, porque apoyar al PP, sea por acción o por omisión, supone cargar en las propias espaldas, aunque sea mediante la relegación al olvido, con la crispación de tan larga trayectoria, con los recortes de tan injustos efectos y, sobre todo, con la corrupción tan opuesta a los mínimos principios de la ética.

Esta carga tan pesada la pueden soportar bien casi ocho millones de españoles, porque el voto es secreto y se mantiene oculto en lo más profundo del corazón, ni siquiera se enuncia en las encuestas, que son anónimas, como si produjera vergüenza interior. Pero apoyar a Rajoy en el Parlamento no sólo no es secreto, sino que se reviste de la máxima publicidad: hasta la televisión del gobierno lo retransmite en directo. Y ahí la carga es insoportable para veinte o treinta millones de españoles.

Puede ser una triste victoria, porque la negociación se presenta difícil. Hay que tomarse su tiempo. Y los espectadores tenemos que estar tranquilos. Veo más fácil poner de acuerdo a 213 procuradores que a 137 más cualquier suma hasta alcanzar mayoría. De modo que siempre quedará la posibilidad de un gobierno de concentración, que no tenga que cargar con la crispación, con los recortes y con la corrupción. Estemos atentos, aunque sea verano, y esperemos que cualquier persona valiente tome la iniciativa, después de la ronda Rajoy, que va para largo.

Marcelino Flórez

Esas cuestiones de Estado

Escuchar al presidente del gobierno del Partido Popular que determinado asunto es de interés general produce, como mínimo, rubor. Cuando alguien ha ejercido el poder como lo ha hecho Mariano Rajoy, con una práctica tan fuertemente clientelar, queda desautorizado para hablar de cuestiones de Estado.

Quien ha hecho una reforma laboral extrema sin reunirse una sola vez con sindicatos obreros y con asociaciones empresariales, sin comunicárselo a los partidos políticos más representativos, sin discutirlo siquiera en las Cortes, no puede hablar ahora de cuestiones de Estado.

Quien ha aprobado una ley de educación en solitario, sin escuchar a las organizaciones de la comunidad educativa, sin hablar una sola vez con los partidos de la oposición, pisoteando cualquier enmienda en sede parlamentaria, no puede hablar ahora de asuntos de interés general.

Quien ha hecho reformas del Código Penal y leyes merecedoras universalmente del calificativo de “mordaza”, relativas a derechos fundamentales, sin escuchar los avisos de personas e instituciones expertas por su pertenencia a la judicatura o a entidades reconocidas internacionalmente por la defensa de los derechos humanos, y lo ha hecho en solitario, no puede hablar ahora de cuestiones de Estado.

Más parece hipocresía ante unas próximas elecciones, que sinceridad del corazón. Rajoy, sus ministros y su partido carecen de autoridad moral para proponer ninguna cuestión de Estado en este momento. Es tan evidente la contradicción con la práctica, que la propuesta de un pacto por interés general, aunque se trate de terrorismo, no es creíble en quien ha gobernado como lo ha hecho y en quien no es capaz de reconocer que mintió atribuyendo a ETA un atentado del fundamentalismo islámico en Madrid, sabiendo que mentía, ante otras elecciones generales.

Por eso, tiene razón ‘Podemos’ y, sobre todo, Izquierda Unida al no firmar un pacto que carece de credibilidad moral a causa del pensamiento y de la práctica del partido gobernante.

Marcelino Flórez

Rajoy y la Memoria

Respondiendo a la pregunta de un periodista, Rajoy, muy ufano, presumió de que, aunque no había derogado la llamada Ley de Memoria Histórica, “la asignación presupuestaria ha sido cero” en sus cuatro años de gobierno. Asombra que en el año 2015 un presidente de un gobierno en la Unión Europea se jacte públicamente de no financiar a las asociaciones que rescatan de fosas comunes a personas desaparecidas por el régimen franquista y no pase nada. Porque aquí, lo que asombra es que no pase nada, que se pueda ofender a las víctimas desaparecidas en un crimen contra la humanidad impunemente.

Dejando a un lado lo que se conoce como sociología del franquismo, una causa esencial de esta aberrante situación es la confusión del concepto de memoria histórica. Casi universalmente, a derecha y a izquierda, entre los tertulianos como entre los académicos, se asocia la idea de memoria histórica con la reivindicación de la Segunda República o con los valores republicanos o con el antifranquismo. Cuando se abre una fosa, lo más que llegamos a escuchar a los familiares, a los activistas o a los periodistas es que al fin se puede enterrar dignamente a los muertos, aunque se añada que son unos muertos por la libertad y por la democracia. Si fuese eso de lo que trata la memoria histórica, si se tratase de una mera confrontación entre regímenes políticos, aunque uno sea democrático y el otro fascista, o si se tratase de un mero asunto familiar sobre el entierro digno, sería legítima la diferencia de opinión.

Pero no hablamos de eso. Es incomprensible que siga siendo hegemónico ese pensamiento, después de que Walter Benjamin pasara por el mundo y después de que, en España, Reyes Mate y otros filósofos hayan reflexionado hasta la saciedad acerca de eso que la mayoría sigue denominando memoria histórica. Por lo pronto, cuando Walter Benjamin reflexionó sobre este asunto, dejó a un lado el término memoria y utilizó otro mucho más preciso, rememoración, que hace referencia al acto voluntario de traer a la memoria algún elemento del pasado.

Tratando de explicarse la existencia del nazismo, Benjamin había descubierto que las víctimas venían siendo relegadas al olvido a lo largo de la historia; y que ese olvido había sido justificado por la filosofía, como si las víctimas fuesen, en palabras de Hegel, “florecillas al borde del camino”, que era legítimo pisar en nombre del progreso o de cualquier ideal de esos llamados eternos. Siguiendo ese razonamiento de los filósofos y la práctica de la humanidad a lo largo de la historia, el nazismo se dispuso a prescindir de todo lo que no fuera la raza aria. No era más que un paso adelante en la argumentación. Contra ese pensamiento se rebeló Benjamin y, caracterizándose a sí mismo como “el trapero de la historia”, se dispuso a rescatar lo que venía siendo olvidado, se dispuso a rememorar a las víctimas. Construyó así lo que su amigo Adorno denominó un nuevo imperativo categórico: el de reorientar el pensamiento y la acción para que Auschwitz no se pudiese repetir.  Y así fue como las víctimas, antes relegadas al olvido, pasaron a estar encima de la mesa.

El proceso fue muy largo, porque la guerra fría lo mantuvo congelado, pero finalmente fue sancionado por la ONU en el 61º Periodo de Sesiones del Consejo Económico y Social del año 2005, cuando se estableció “el derecho inalienable a la verdad”, como uno de los principios para la protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad: “Cada pueblo tiene un derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimiento sucedidos en el pasado en relación con la perpetuación de crímenes aberrantes y de las circunstancias y de los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones”.

Si en lugar de memoria histórica, hubiéramos enseñado a hablar de rememoración de las víctimas, cuando Rajoy chulease de actuar políticamente para mantener ocultas a las víctimas del franquismo, le podríamos acusar de tratar de encubrir un “delito contra la humanidad”, usando los términos que ha usado el Tribunal Supremo en España. ¿Conocerán esto los fiscales españoles?

Marcelino Flórez

La losa del senador Peñarrubia, del PP

Para mí, la herencia más injuriosa del Partido Popular es la negación de los crímenes del franquismo, mediante la ocultación de su existencia a través de la anulación de la financiación de las exhumaciones, corroborada esta negación con las palabras explícitas del senador Peñarrubia: “Ya no hay demanda de exhumaciones ni más fosas por descubrir, salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España”. Quien haya tenido oportunidad de ver y escuchar al senador en su intervención del día 8 de octubre de 2015, justificando la ausencia de presupuesto para exhumaciones y otras reparaciones de crímenes franquistas, no puede haber dejado de sentirse incómodo no sólo por las injuriosas palabras, sino por el tono y la gesticulación, que más parecía chulería y afectación, que sinceridad y veracidad.

Al tiempo que niega, el senador miente, porque no puede desconocer, ya que ha sido fijado en auto judicial, publicado y corroborado por la máxima autoridad, que existen 114.226 casos documentados de personas desaparecidas. ¡La cifra más alta en el mundo, salvo en Camboya! Del mismo modo que no puede desconocer, pues es noticia pública cotidiana, la aparición de restos de personas asesinadas y desaparecidas: en los últimos quince años han sido exhumadas 6.200 de esas personas. Y, como ha recordado Emilio Silva, esa cifra sólo representa el 5 por 100 de las víctimas que, según se estima, siguen desaparecidas.

Cuando el senador dice que ya no hay demanda de exhumaciones, ¿será que desconoce el continuo lamento de familias de las víctimas reclamando su búsqueda? Basta con que eche un vistazo a la página web de la ARMH: “No hay día que no recibamos algún contacto de alguien en relación con este tema”, acaba de decir Emilio Silva, su presidente.

No es necesario razonar más la mentira del senador, porque nos hallamos ante una evidencia. Lo que Peñarrubia quiere es ocultar la realidad, mantenerla sepultada, con los archivos cerrados y la tierra sobre los cadáveres. El negacionismo de Peñarrubia lo corrobora cada día su partido. El día 20 del mismo mes de octubre la diputada Rocío López ha dicho en sede parlamentaria: “Si quieren reabrir heridas, con nosotros no van a contar”. Usa la metáfora “heridas del pasado” para referirse a los crímenes franquistas y dice que eso no se toca.

Constatamos una vez más que en España sigue ocurriendo algo que ya no ocurre en ningún otro país del mundo: la ocultación y la negación de un crimen contra la humanidad. Es casi incomprensible que eso siga ocurriendo, pues el mismísimo Tribunal Supremo ha reconocido que los crímenes de la Dictadura son “delitos contra la humanidad”. Y eso no prescribe, por lo que debe ser investigado y su negación perseguida de oficio. ¿Acaso no existirá en España una fiscalía para cumplir esa misión?

Cuarenta años de un régimen criminal y otros cuarenta de ocultación y negacionismo son como una gran losa que pesa sobre los españoles. Esta es la fosa que el Partido Popular, su diputada y su senador, no quieren que se abra. “Si tiramos todos, ella caerá” y la Dictadura y sus negadores ocuparán el mismo y definitivo lugar en la historia, aquel en el que les sitúe la justicia y la verdad. Por eso, es urgente la creación de una Comisión de la Verdad, a la que nadie debe temer, salvo los delincuentes.

Marcelino Flórez