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23-F, entre la realidad y la conjetura

No hay tarea más importante para un historiador que saber diferenciar entre las opiniones y los hechos. Como dijo el célebre periodista y parlamentario británico, C.P. Scott, “los hechos son sagrados, la opinión es libre”. Nada lo ilustra mejor que lo que se mueve en torno al 23-F, entonces y ahora.

Aquel día de 1981 hubo un golpe de Estado militar, detrás del cual se demostró en sede judicial que había tres tramas diferentes y débilmente hilvanadas, la que encabezaba Milans del Bosch, la que encarnaba Tejero y la que personificaba Armada, el auténtico coordinador del golpe. Tejero asaltó el Congreso al mando de un grupo de guardias civiles y secuestró a los procuradores durante 18 horas; Milans sacó los carros de combate a la calle y atemorizó a los valencianos con un bando de guerra, casi calcado del que hizo Mola en 1936; y Armada se ofreció para formar un gobierno provisional, lo que no gustó a Tejero y significó la primera quiebra del golpe. Antes ya había comenzado a fallar, cuando, uno tras otro, los generales fueron comprobando que el rey no encabezaba el “golpe de timón”, como les había asegurado Armada. Milans obedeció finalmente y retiró los carros de combate de las calles valencianas, la Acorazada no salió a la calle en Madrid y todos los generales se fueron a dormir o terminaron en las salas de banderas, dependiendo de su grado de implicación en el asunto. Estos son los hechos básicos y nada que pueda conocerse en el futuro podrá alterarlos sustancialmente.

La explicación del golpe tampoco se ve rodeada de mucha diatriba historiográfica. El mayor peso explicativo está en la permanencia del ejército franquista, que apenas había sufrido cambios desde la muerte del dictador. Por eso, el “ruido de sables” era una constante en todos aquellos años, aumentando ese ruido en circunstancias concretas, como pudo ser la legalización del PCE o la virulencia del terrorismo, especialmente del terrorismo etarra por su relación con el nacionalismo periférico, otro de los diablos para los militares franquistas. Este factor militar, junto a la inestabilidad del gobierno de UCD, que terminó con la dimisión de Suárez y, muy pronto, con la propia desintegración del partido, explica perfectamente lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981, pudiéndose documentar cada uno de los pasos seguidos. Por cierto, esas mismas características del ejército, que hicieron viable un golpe de Estado, explican su fracaso, al aceptar disciplinadamente los generales con mando en tropa las órdenes de su comandante supremo, el rey de España. Cuando éste ordenó devolver las tropas a los cuarteles, así se hizo sin rechistar. El golpe había fracasado.

Ocurre, sin embargo, que, como resultado objetivo del fracaso del golpe de Estado, mejoró la imagen social del rey Juan Carlos, que hasta ese momento no había podido desembarazarse de la pesada carga de su nombramiento inicial por parte de Franco. Esto no constituyó ningún problema durante mucho tiempo para la sociedad española. Es más, esa imagen positiva del rey, en lugar de entorpecer, probablemente contribuyó a la estabilidad política que recorrió los siguientes veinticinco años, entre 1982 y 2007, con el bipartidismo turnándose en el poder.

La estabilidad política comenzó a turbarse con la llegada de la crisis financiera a España desde el año 2008. Será entonces cuando comience a hablarse despectivamente del “régimen del 78” y cuando aparezca en escena el republicanismo, insignificante hasta aquel momento. El nuevo giro político dio paso también al desarrollo de las conjeturas sobre el 23-F, particularmente sobre la tarea desempeñada por el rey en la organización del golpe de Estado. Estas conjeturas tenían sólidos fundamentos, pues todos los condenados por el golpe de Estado argumentaron en su defensa que creían obedecer a los deseos del rey, como así les había asegurado Armada. Además, éste había sido el instructor del príncipe, continuaba teniendo mucho ascendiente y relación con el rey y, sin duda, le había hablado más de una vez de la oportunidad de crear un gobierno técnico, presidido por él mismo y con la participación de todas las fuerzas políticas del Parlamento. De esto había hablado Armada a todo el mundo, incluyendo a los socialistas, en una reunión bien documentada, que se celebró en Lérida. Por cierto, lo que no conocemos es el informe que Mújica elevó a Felipe González de aquella reunión, cuya “desclasificación” seguramente arrojaría más luces que cualquier otro papel oficial. Era, por otra parte, de todos conocida la animadversión a la que había llegado el rey con respecto a Suárez. A pesar de que los hechos son tozudos, no fue difícil dar verosimilitud a la conjetura, más aún cuando el reino de las posverdad se instaló en el mundo y cuando determinadas circunstancias crearon un clima propicio para la expansión de posverdades, o sea, de bulos.

Dos elementos hay que añadir para entender la expansión y el triunfo de la conjetura en un amplio espacio de la sociedad. El primero, la adopción del republicanismo por parte de Izquierda Unida. El segundo y mucho más importante, la falta de ejemplaridad de la vida del rey, especialmente después de los sucesos de Bostwana.

No existe una fecha exacta en la que se instituyese el uso de la bandera republicana el seno de Izquierda Unida, aunque esa bandera fue haciéndose, poco a poco, numerosa en las manifestaciones celebradas en torno a la crisis económica desde 2008. Sí conocemos, en cambio, la fecha en la que Anguita elevó una propuesta sobre republicanismo al Comité Federal del PCE, fue en abril de 2008 y lo recogía el diario El País el día 22 de ese mes. Anguita proponía entonces al PCE que debía refundarse Izquierda Unida, cuya presencia en Las Cortes había quedado reducida a dos parlamentarios, uno de ellos del partido hermano en Cataluña. La refundación, según la propuesta de Anguita, debía contener dos notas esenciales, el federalismo y el republicanismo. Ese mes de abril comenzó la búsqueda de la Tercera República y en ese contexto comenzó a hablarse de los “puntos oscuros” que rodeaban al 23-F, el más oscuro de los cuales era la postura del rey ante el golpe. Ahora esa bandera se ha convertido también en un objetivo prioritario para Unidas Podemos. Dejo a un lado el análisis acerca de la utilidad y la eficacia de esa estrategia política aquí y ahora, pero no me privaré de enunciar lo que estos días de febrero de 2021 hemos podido comprobar en la prensa, la tozudez de la conjetura y la banalidad de los hechos, cuando se trata de defender una postura política.

El otro elemento explicativo del triunfo de la conjetura es la difusión de la vida desordenada del rey Juan Carlos. El 13 de abril de 2012 el rey se cayó y se rompió una cadera, después de abatir a un elefante en Boswana. Esa caída y ese elefante dejaron ver a Corina, su amante, y dejaron ver la distancia con la reina Sofía. De nada sirvió el “me he equivocado, no volverá a ocurrir”; apareció el caso Nóos, con la familia real de protagonista; comenzaron a conocerse las comisiones cobradas, las cuentas ocultas, los impuestos no pagados. En fin, el 2 de junio de 2014 el rey tuvo que abdicar. Ante esta realidad, cualquier sospecha sobre su comportamiento durante el 23-F se hizo verosímil.

En este contexto y con el procès sin resolver, tuvo lugar la celebración del cuadragésimo aniversario del 23-F. El objetivo del gobierno era rememorar aquel acontecimiento para dulcificar en lo posible el deterioro de la imagen de la monarquía. Bien se lo podían haber ahorrado, pues en estos manejos suele ser peor el remedio que la enfermedad, como así terminará siendo. Otros caminos son lo que debieran emprenderse, pero eso no obsta para que denunciemos con la misma energía la utilización del 23-F por parte de los creyentes en conspiraciones, guiados por conjeturas.

Marcelino Flórez

Un error es un error

La salida por la puerta de atrás del ex-rey, cuyos deméritos son evidentes, está provocando una polémica entre partidos, que tiene mucho de artificial. Más que hablar de monarquía o de república, los interesados en esa polémica están interesados en otras cuestiones de interés propio, sea con vistas a unas próximas elecciones, sea como recurso para decir algo a los propios seguidores. En cualquier caso, es un asunto lateral y no me interesa.

Va habiendo, sin embargo, cada vez más gente que pone el acento en lo que a mí me parece lo importante. El otro día lo decía López Bulla en su blog, también lo argumentaba Elisa Beni en eldiario.es: la confrontación entre monarquía y república no es un asunto del momento. Primero, porque distrae de lo importante -la pandemia, la recuperación económica, la reforma fiscal- y esa distracción, diga lo que diga Gaspar Llamazares, es negativa. Pero, sobre todo, no es un asunto del momento, porque si se planteara ahora un referéndum sobre la monarquía, lo perderían los republicanos y debilitarían definitivamente a la izquierda. Es evidente que la totalidad de los partidos políticos, salvo los independentistas y Unidas Podemos, apoyarían en este momento el statu quo mediante la abstención, como mínimo, y la opción monárquica resultaría vencedora. Convendría recordar lo que ocurrió con el referéndum sobre la salida de España de la OTAN, que lo perdimos cuando parecía imposible que así fuera. Ahora sería mucho más probable la derrota. Por eso, plantear este debate alegra a las derechas, que sólo tienen cosas que ganar con el asunto.

La monarquía caerá, porque es un anacronismo y algún día habrá que hacer un referéndum sobre la jefatura del Estado, pero ahora es el momento de otra cosa. Se podría aprovechar esta circunstancia de deterioro monárquico para hacer la ley que regule la actuación de la Casa Real. Es muy difícil que algún partido se opusiese hoy a garantizar por ley la transparencia de toda actuación de la realeza. El momento también es propicio para establecer reglamentariamente los límites en el poder del rey. El más significativo de esos poderes y el de mayores reminiscencias franquistas es la jefatura de las fuerzas armadas, pero una ley puede precisar que esa jefatura, como todos los demás poderes, se ejerce de acuerdo con las instrucciones emitidas por el gobierno. Una leve precisión reglamentaria de este tipo haría imposible que se plantease un nuevo 23-F, tanto en lo que se refiere a su génesis golpista, como a su resolución regia, que tantos beneficios populistas reportó a Juan Carlos. Nos vendrían muy bien estas precisiones en estos tiempos en que se enarbolan tanto las banderas del Estado en balcones y mascarillas. Como nos vendría muy bien precisar los límites de la inviolabilidad de los actos del rey. Y, lo más importante, no sería difícil lograr amplias mayorías parlamentarias para conseguir esa ley. Seguramente, sería VOX el único en quedar fuera, aunque, tal vez, se viese acompañado por otros nacionalistas.

Por estas y otras razones, plantear un referéndum es un error de bulto. Qué bien lo ha visto Yolanda Díaz, sin duda la ministra de la coalición que mejor ejerce su oficio. También lo ha sabido ver Pedro Sánchez. Otros han desvariado, como viene siendo habitual, quizá porque ven próximas unas elecciones o simplemente por oportunismo infantil, con el efecto indudable de seguir cavando escalones hacia la irrelevancia. Más pronto o más tarde, el PSOE presentará una propuesta de ley sobre la organización de la Casa Real y para él serán todas las ganancias, porque los que se han arrancado con la propuesta de un referéndum han perdido ya ante cualquier otra salida, además de alejar sine die el ansiado referéndum. Un error de bulto.

Marcelino Flórez

La monarquía

Me dice mi amigo Juanjo, no sé si porque está aburrido y echa de menos las discusiones de los martes en La Toscana, que escriba algo sobre la monarquía. Si no fuese por el coronavirus, sería tema de conversación política principal estos días. Y no por la actitud del rey ante la pandemia, sino por los oscuros negocios del rey emérito. De hecho, comienzan a abundar las páginas de opinión, así que me atreveré con la mía, aunque me temo que lo que yo escriba no va a ser del gusto de mi amigo.

Planteado en términos abstractos, descontextualizados, la monarquía es indefendible en un país moderno, es un residuo del pasado, que ha caminado al lado de las fuerzas conservadoras de todos los tiempos y no está acorde con los valores del Estado de derecho, especialmente con el principio de soberanía. Por ahí, no habría nada que discutir, la monarquía es un arcaísmo y punto.

Pero no es eso de lo que hay que tratar, sino de la monarquía realmente existente aquí y ahora. Y esto hay que tenerlo muy claro. La monarquía vigente no es la que instituyó Franco, tampoco es la monarquía histórica. Es la que instituyó la Constitución de 1978. Cierto que se instituyó en la persona de Juan Carlos, que había sido designado rey heredero por Franco y que aunó la legitimidad histórica, al cederle su padre los derechos al trono. Pero Juan Carlos I fue rey, porque lo estableció la Constitución y lo refrendó el pueblo español, se hagan las salvedades que se quieran hacer acerca de la Transición pactada. De ahí hay que partir.

En la izquierda, de natural republicano, siempre ha sido una cuestión pendiente o aplazada la cuestión monárquica actual, hasta que hace no muchos años Anguita la puso sobre el tapete e IU la tomó como bandera, haciendo de la lucha por la III República el tema prioritario. No ocurrió lo mismo con Podemos, quien, sin negar nunca su preferencia republicana, rechazó habitualmente el debate: “Es un debate que no está abierto y está por darse”, respondía en marzo de 2015 Sergio Pascual a las preguntas de los periodistas. Y poco antes de las elecciones de ese mismo año Pablo Iglesias respondía a un estudiante que abrir el debate y la confrontación entre monarquía y república es lo que le gustaría a la derecha, que llevaría todas las de ganar en ese caso.

La coalición con IU comenzó a establecer variantes en la postura de Podemos, no aplaudiendo al rey en la apertura de las Cortes del 17 de noviembre de 2016 y, desde entonces, agudizando las críticas a la monarquía hasta culminar en la actitud mantenida en el 40 Aniversario de la Constitución, cuando los diputados de Unidas Podemos no aplaudieron el discurso del rey y exhibieron símbolos republicanos, además de pronunciar duras palabras contra la monarquía. Esta es la razón por la que resultó tan contradictorio, catorce meses más tarde, el aplauso del pasado 3 de febrero de 2020 con motivo de la apertura de la legislatura de coalición.

Últimamente el CIS no pregunta o no publica la opinión de los españoles sobre la monarquía. Las encuestas que circulan muestran una leve ventaja de la opción monárquica, cuando no un empate técnico. Y es que las cosas están cambiando muy deprisa. No sólo hay un salto generacional, donde mayoría creciente de jóvenes opta claramente por la república, sino que los asuntos de corrupción y otros escándalos en los que se ha visto envuelto el rey emérito deterioran evidentemente la imagen de la institución. Como ha escrito Antonio Elorza en El País el 19 de marzo de 2020, eso es “algo que no solo concierne a los grupos que aprovechan el tema para reivindicar la República, sino ante todo al conjunto de los ciudadanos”. Y es que la monarquía, a falta de las legitimidades tradicionales, que nacían de la teocracia o de la fuerza para imponer una dinastía, necesita legitimarse cada día con su comportamiento y demostrar su utilidad.

Esta es la situación por la que, en mi opinión, va a ser inevitable que, más pronto o más tarde, haya de ser consultada la población sobre la forma de Estado que desea. Es un tema de difícil solución, porque afecta a la reforma constitucional y no existen por el momento los consensos necesarios para ello. Por lo pronto, hay que dejar que pase la pandemia. Después, ya se verá.

Mi posición sigue siendo la de dejar en manos del movimiento social la reivindicación de la república y no llevarlo al programa de los partidos de la izquierda. Primero, porque no me parece una cuestión relevante desde el punto de vista de la transformación social. A diferencia de otras épocas, el cambio de forma en la jefatura del Estado no incluye hoy cambios políticos significativos y cambios sociales relevantes. Hay un problema añadido, hacer hincapié en el cambio de jefatura distrae de tratar de las cosas importantes, por ejemplo, en este momento, empujar para conseguir la Renta Básica de Ciudadanía. Sin olvidar que sigue vigente la cuestión táctica que preocupaba al Podemos del origen: introducir ese debate sería la tabla de salvación de la derecha, que encontraría ahí su espacio natural.

Sí considero, por el contrario, importante llevar al debate político las funciones y competencias que deberían corresponder a la jefatura del Estado, fuese ésta monárquica o republicana. Desde luego, no me gustan nada los modelos presidencialistas y, por lo tanto, no me gusta lo mucho que de eso conserva la monarquía española actual. Yo estoy por que esa figura sea lo más parecido a un sello o a una bandera, es decir, algo meramente simbólico, sin apenas poderes. Y, por supuesto, una figura ejemplar en todos los aspectos de la vida pública y privada. A esta tarea, ya ahora y cuando llegue el momento definitivo, sí podría dedicarse algún esfuerzo, sin dejar de seguir definiéndose como republicanos en sus estatutos los partidos de la izquierda. Así lo veo.

Marcelino Flórez

El aplauso del 3 de febrero

Que un ministro del gobierno de España aplauda una intervención del Rey en el Parlamento no debería ser una cosa extraña, como tampoco lo debería ser un saludo diplomático y cortés a la persona real o a la familia real. ¿Por qué, entonces, ha sido noticia el aplauso de los ministros y ministras de Unidas Podemos? La hemeroteca se ha encargado de responder a la pregunta.

El día 27 de junio de 2014 escribí un artículo en mi blog, titulado “¿Qué república y qué rememoración?”. Reflexionaba allí sobre dos cosas, una más bien técnica, el confuso significado y mal uso del concepto “memoria histórica”; y otra esencialmente política, la reivindicación de la república por parte de Izquierda Unida. No sé en qué momento exacto la reivindicación de la república pasó a ser punto principal de la agenda política de Izquierda Unida, pero sí recuerdo quién fue el inductor, Julio Aguita. Fue en el tránsito del siglo XX al XXI y, desde entonces, IU no ha exhibido otra bandera que la tricolor. Hasta tal punto ese apartado del programa era importante, que el líder de IU, Alberto Garzón, siempre se ha referido a la persona del Rey en términos de “ciudadano Felipe”, es decir, desposeyéndole de la realeza. Por eso, aplaudir al Rey el día 3 de febrero de 2020 con motivo de la inauguración del periodo legislativo se ha convertido en noticia. Tanto es así, que me siento tentado a interpretar el rostro sonriente de Felipe VI como un agradecimiento al “súbdito Alberto”. A eso ha conducido el inmaduro error del veterano Anguita.

Lo de Podemos y Pablo Iglesias, mejor lo dejamos a un lado y no volvemos a escuchar las palabras, acordes con su talante incendiario, que un año antes pronunció para explicar por qué no había aplaudido al Rey en ese mismo acto. Y de las excusas que estoy escuchando, entre otras, a Irene Montero sólo quiero hacer oídos sordos.

Defendía yo en mi artículo del 27 de junio de 2014 que era un error incorporar a la agenda política la lucha por la forma de Estado republicana frente a la monárquica. No es que fuese un error por razones ideológicas. Desde ese punto de vista, no lo es en absoluto. Es más, la única lógica en nuestros días es la de no ser monárquico, forma política vieja y desautorizada. Es un error no ideológico, pero sí político. Y lo es por dos razones: la primera, porque no es una preocupación social relevante en España; más aún, a pesar de los dislates protagonizados por la familia real en los últimos tiempos, sigue siendo muy probable que la fórmula monárquica resultase vencedora en un hipotético referéndum. Y la segunda razón y más importante, es un error porque ese asunto secundario sólo sirve para distraernos de lo principal. Lo acaba de confirmar, sin querer, la ministra de Igualdad y así lo recoge la página web de Moncloa: “la titular de Igualdad ha insistido en que es republicana pero que “si para subir el Salario Mínimo Interprofesional” o aprobar leyes que protejan las “libertades sexuales”, si tienen que aplaudir al jefe del Estado lo van a hacer”. Queda claro cuál es lo importante.

Los errores muchas veces acarrean otros efectos negativos. En el día de hoy, la defensa del republicanismo ha quedado en manos de los partidos independentistas y eso significa, para los partidarios de la república, que ésta se ve diferida sine die. Por otra parte, la improvisación con la que se introdujo este asunto en la agenda política aporta una importante confusión: ¿qué república vamos a reivindicar, la que querían los anarquistas, la deseada por los comunistas, la que les gustaba a los socialistas de Largo Caballero o la de los de Prieto o la de los de Besteiro, la que amaba Azaña, la que gestionó Martínez Barrio o la que presidió Alcalá Zamora? ¿O vamos a pensar en algo nuevo? Hay tantas repúblicas que haber jugado, como se ha jugado con ello, es un error de efectos imprevistos, pero todos negativos.

A lo mejor tenemos suerte y el aplauso sirve para rectificar. Por lo pronto, Izquierda Unida no participa en la Plataforma Consulta Popular Estatal Monarquía o República, que hará esa consulta sobre la forma de Estado el próximo 9 de mayo, aunque anima a su afiliación a participar en la votación. En realidad, es una Plataforma casi anónima, pues si bien Mundo Obrero nos dijo que se habían reunido 70 personas, representando a más de 100 organizaciones, en la página web oficial no hay manera de conocer los nombres de esas organizaciones.

Declararse republicano está bien y no pasa nada, pero la lucha por la república es mejor dejársela al movimiento social, que no necesita ejercer la cortesía parlamentaria, ni practicar la diplomacia. Si existe voluntad de gobernar, es obligatorio cuidar las agendas. Ya lo había dicho alguna gente de la izquierda, pero casualmente no figuran ahora en el panel de Unidas Podemos.

Marcelino Flórez

Monarquía y bipartidismo

 

Que la cosa no consiste sólo en decidir entre Monarquía y República lo acaba de decir el mismísimo Anguita, que el día 2 de junio (había escrito ayer) acudió a la plaza de las Tendillas en Córdoba, “porque tenía que estar allí”, pero dejó claro que de lo que hay que hablar es de qué República se quiere y calificó de “pintorescas” las manifestaciones de ese día. Porque sólo faltaba que decidiésemos una forma de Estado republicana con los mismos trastos que tenemos y, para postre, nos eligiesen de presidente, por ejemplo, a José María Aznar. Sacar la bandera tricolor a la calle está muy bien para reforzar identidades, pero de lo que se trata es de conseguir una mayoría social para un cambio estructural y ahí es donde ha de situarse la estrategia.
En la construcción de esa mayoría social, la primera tarea es aglutinar a la izquierda en torno a un programa común, programa que ha de dar cabida a la pluralidad de esa izquierda social. La unión podría, quizá, llegar a gobernar mediante pactos. El más lógico de esos pactos sería con la socialdemocracia, por lo que la estrategia no puede perder de vista nunca esta circunstancia.
Pero el cambio estructural requiere más cosas, entre otras, una reforma sustancial de la Constitución. Ese sería el segundo paso en cualquier hoja de ruta. Para cambiar la Constitución se requiere una mayoría superior a la que es necesaria para gobernar. Y aquí es preciso el consenso de toda la nueva derecha que se está construyendo. Si esa nueva derecha llegase a ser republicana, la nueva Constitución también lo podría ser. En todo caso, en el juego de cartas que requeriría cualquier consenso, la forma republicana de Estado estaría encima de la mesa. Parece que la izquierda optaría claramente por esa fórmula, el problema es lo que deseen las otras fuerzas políticas.
¿Y la población, qué desea la población? Apresuradamente, hemos gritado en la calle que queremos un referéndum. ¿Qué ocurriría si hubiese ahora un referéndum? Lo más probable es que ganase la opción de la Monarquía. Entonces, una deseable reforma de la Constitución no podría ni plantear esta cuestión. Bien está, por lo tanto, que nos hayamos desahogado en las plazas con vivas a la República, pero más nos vale que no haya referéndum.
Después de que Anguita ordenara hace ya varios años desempolvar la bandera republicana, ésta se ha convertido en insignia de la izquierda. Eso también está bien, porque la lógica sólo tiene un camino. Pero hacer de la forma de Estado el tema prioritario (un amigo de feisbuc ha propuesto ya que convirtamos las elecciones municipales en un plebiscito, como aquel añorado 14 de abril de 1931) me parece un error estratégico. Cuanto antes dejemos de pedir un referéndum y de insistir en el debate sobre la Monarquía, mejor. Ese debate ahora sólo está sirviendo para afianzar el bipartidismo y fortalecer a la derecha política.
Vayamos, pues, a lo esencial: aglutinar a una mayoría social en un programa político común, abierto, realista, abarcador de la diferencia. Si el programa y el método resultan acertados, no es imposible que un amplio espectro ideológico pueda apoyarlo. No conviene alejar a nadie de ese apoyo por insistir en cuestiones secundarias.
Elaboremos un proyecto de reforma de la Constitución, donde quede fijada la garantía para los derechos humanos (salud, educación, servicios sociales, renta básica, pensiones, vivienda), donde se garantice el recurso a la consulta pública mediante referéndum de todo lo importante, donde se cambien los fundamentos de la ley electoral (el distrito provincial), donde se combata la corrupción, donde se proteja el uso y la titularidad de los bienes públicos, donde la orden de cuidar la naturaleza preserve la vida de las generaciones jóvenes y futuras, donde se ejecute el aconfecionalismo, donde se decida la forma de Estado. Y si la población decidiese Monarquía, tengamos a punto una propuesta para perfilar sus poderes, que no sólo no son los de una Monarquía absoluta, sino tampoco los de la Monarquía de la Transición. Aquí podemos precisar, ¿por qué no?, que la sucesión sea refrendada siempre por el pueblo, no por el Parlamento. Es lo lógico.
No conviene, sin embargo, distraerse de lo principal y perder el tiempo en asuntos identitarios con cada vez más limitada influencia en la vida real, además de no formar parte de las preocupaciones de la gente, como reiteran las encuestas. El problema no es Felipe VI, sino el Partido Popular o, si queréis por seguir personalizándolo, Rajoy. Ese problema se llama recortes sociales, recortes de las libertades, retroceso cultural, decadencia en suma. Hacia ahí es hacia donde debe dirigirse el combate. Creo que hemos caído en una trampa importante con esto de las banderas y de la Monarquía. Veremos en las próximas encuestas si ya lo ha rentabilizado el enemigo.
Marcelino Flórez

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