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Nombres de las calles o Comisión de la Verdad

Casi todos los días después de las elecciones municipales hay alguna noticia de un pueblo o ciudad que dispone cambiar los nombres franquistas de sus calles. Bien está. Pero eso es una cosa insignificante ante el problema de derechos humanos con el que se relaciona. Para entender bien las cosas, es necesario precisar dos aspectos distintos que se suelen juntar bajo el equívoco concepto de memoria histórica.
La memoria es la facultad humana que recuerda y retiene el pasado. La actividad de la memoria tiene, entre otras, una función identitaria: hace posible tener conciencia de sí mismo y del grupo social de pertenencia. La sociología estudió esta función identitaria bajo el nombre de “memoria colectiva” (M. Halbwachs). La Escuela historiográfica de los Annales indagó también sobre ese campo de estudio, al que aplicó de forma imprecisa el nombre de “memoria histórica”, aunque también se usaron otras denominaciones, como “políticas de la memoria”, “lugares de la memoria” o “uso público de la historia”. Ese campo de estudio se ocupaba de los elementos del pasado que constituyen el patrimonio identitario de un “pueblo” o “nación”; uno de esos elementos son los nombres de las calles, que desde el siglo XIX buscaron reflejar grandes hazañas o personajes del Estado-Nación. Los franquistas, desde luego, llenaron calles y edificios con los nombres y estatuas de sus héroes. Ahora que el franquismo ha sido ya reconocido, en la norma y en sede judicial, como un crimen contra la humanidad, lo lógico es retirar de los espacios públicos los recuerdos de aquel crimen y de sus ejecutores. Está bien.
Pero cuando los dirigentes rememoraban el pasado de sus “pueblos”, siempre se olvidaban de las derrotas. No suele haber muchas calles que se llamen, por ejemplo, Pérdida de Cuba y Filipinas. De los vencidos y derrotados nunca se hablaba. Los antiguos, incluso, ordenaban olvidar las desgracias pasadas. Así fue como se relegó al olvido a vencidos y víctimas, hasta que Walter Benjamin, reflexionando sobre ese pasado selectivo para entender la llegada del nazismo, descubrió a las víctimas y las recuperó para el conocimiento del pasado. De esa manera, introdujo el fundamento de un nuevo derecho humano, el derecho a conocer la verdad, que ha sido recogido finalmente por las Naciones Unidas en el Conjunto de principios para la protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, que la Comisión de Derechos Humanos elaboró el año 2005.
Este segundo elemento, que suele ir oculto o inconsciente bajo el concepto de memoria histórica, es el que a mí me interesa, la rememoración de las víctimas. En lo que al franquismo se refiere, el cambio de nombres en las calles es una acción necesaria pero mínima, porque la tarea importante es forzar que se forme una Comisión de la Verdad, donde personalidades independientes y diversas establezcan la verdad de los crímenes franquistas y también, en capítulo aparte, los crímenes cometidos por los republicanos. Todas y cada una de las masacres en todos y cada uno de los pueblos de España tienen que ser conocidos, con las personas responsables de ordenar, ejecutar y colaborar para cometerlos. Habrá de establecerse también el calificativo que cada uno de esos crímenes merece y el recorrido jurídico, social y político que han seguido.
Establecida la verdad, primer acto reparador para las víctimas, habrán de seguirse los actos legislativos y judiciales que correspondan. Pero la verdad oficial dará fin a la ofensa a la dignidad de las víctimas, que aún hoy hemos de soportar a dirigentes e, incluso, a portavoces políticos; y en la escuela, por fin, se enseñará a la infancia y a la juventud el crimen contra la humanidad que recorrió a España durante buena parte del siglo XX. Esta es la tarea.

7.000 nombres en Valladolid

Nunca antes de ayer, 26 de noviembre, habíamos sabido que en Valladolid el franquismo reprimió a 7.000 nombres. Dos mil trescientos treinta y cuatro de ellos, al menos, fueron asesinados, la mayoría de los cuales permanecen desaparecidos en fosas comunes, muchas ni siquiera localizadas. Siete mil son muchos nombres en una provincia donde no hubo guerra y cuya población apenas sobrepasaba los trescientos mil habitantes. “Valladolid 1936. Todos los nombres” es el título del libro que nos lo cuenta.

Sigue habiendo mucha gente, familiares de víctimas entre ella, que continúa achacando la represión a los malos quereres. Ayer mismo, un señor del público, cuyos padre y abuelo habían sido condenados a treinta años aseguraba que eso era inexplicable, “porque no militaban en ningún partido ni sindicato”. Decía eso aun conociendo que fueron detenidos el día 19 de julio en la Casa del Pueblo junto a los otros cuatrocientos cuarenta y ocho socialistas de Valladolid, que serían juzgados en la Causa 102/1936. Pero Julio del Olmo, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, se encargó de aclarar ese aspecto junto a otro paralelo, el que se refiere a la responsabilidad en los crímenes.

La represión fue masiva, pero fue selectiva. Ningún historiador propiamente dicho discute hoy que se ordenó asesinar a los cargos políticos representativos y designados, o sea, alcaldes, concejales, gobernadores, delegados; a los dirigentes de sindicatos y partidos políticos; y, también, a sindicalistas y militantes políticos de la base, pero que se habían significado públicamente. Así se sembró el terror en toda la población, terror que un día tras otro comprobamos que persiste, como ayer mismo pudimos públicamente constatar.

Hasta ayer, sin embargo, no conocíamos sus nombres y no sabíamos que sumaban ¡siete mil!. Estamos ante un crimen contra la humanidad, que es modélico, y que, también en esto modélico, permanece impune.

La otra precisión que hizo Julio del Olmo se refiere a la responsabilidad en el crimen. Aún no tenemos todos los documentos probatorios, porque los archivos que los contienen permanecen cerrados, pero ya hay pruebas suficientes para asegurar que la represión estuvo ideada y ordenada por el alto mando militar que se rebeló contra la República. Nada fue improvisado y todo se rigió por los métodos colonialistas que conocían bien los militares rebeldes africanistas. En Valladolid, cada paso estuvo controlado por el ejército y desde Saliquet, el general golpista, hasta el último guardia civil del último pueblo de la provincia, nada se escapó a la cadena de mando. Las “cuadrillas” de falangistas, que ejecutaban las detenciones y se responsabilizaban de los “paseos”, estuvieron encuadradas en el mando militar desde los primeros días y siempre actuaron bajo la dirección de los cuarteles. Los archivos demuestran que, aunque los juicios fuesen una pantomima, las condenas a muerte respondían a un análisis minucioso de cada persona detenida. Si había contradicción en los informes, se requerían otros nuevos, hasta que la autoridad judicial militar dispusiera de datos precisos.

Nada, pues, de improvisación y nada de malos quereres. Las listas que los pistoleros de las camionetas de la muerte llevaban consigo no las confeccionaban ellos, sino la autoridad competente.

Hoy conocemos los nombres, uno a uno citado por orden alfabético en cada pueblo y en la capital vallisoletana. Se acabó la discusión sobre la enormidad del crimen, que permanece impune. En la presentación del libro, Gustavo Martín Garzo musitó para nuestros oídos el relato del crimen con palabras templadas y corazón cálido; y Manolo Sierra nos contó que la portada del libro resume la experiencia del conocimiento del crimen desde la casa familiar en su Babia natal. Julio del Olmo, coordinador del libro, explicó el método de investigación y las conclusiones: más de siete mil nombres, que siguen reclamando verdad, justicia y reparación. Cuatro mujeres, hijas de las víctimas, dieron testimonio del dolor.

Marcelino Flórez

Víctimas del franquismo y “estabilidad del orden democrático”

El empeño de las asociaciones de derechos humanos ha logrado hacer llegar a las Naciones Unidas la queja de las víctimas del franquismo por el olvido y el abandono en que se hallan a causa del mal gobierno y de la mala justicia españolas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha ido recabando información y, finalmente, ha elaborado dos importantes informes a cargo de Pablo de Greif y de Ariel Dulitzky, que han sido expuestos en la sesión del día 10 de septiembre de 2014.

Los dos informes son contundentes. Ordenan al gobierno español fijar medidas concretas para atender a las víctimas, en particular para ayudar a esclarecer la verdad y para buscar y desenterrar a las decenas de miles de personas asesinadas que aún permanecen ocultas, a parte de otras recomendaciones específicas, como la que hacen acerca del Valle de Los Caídos.

Valoremos lo que la mera existencia de estos informes significa. Primero, dan fin al tiempo del negacionismo y del olvido. Las palabras con las que el todavía diputado europeo del PP, Luis de Grandes, respondió a Gaspar Llamazares el día 26 de noviembre de 2003, diciendo que la propuesta de Izquierda Unida sobre las víctimas del franquismo olía a naftalina, han sido condenadas definitivamente y en sede internacional. Además, se ha terminado la discusión sobre la definición del franquismo: es un régimen responsable de un crimen contra la humanidad y punto. Esto ya lo dijo el Supremo en la sentencia absolutoria de Garzón, pero ahora lo han refrendado las Naciones Unidas. En la práctica, casi no es nada, porque todo sigue igual en España y los historiadores revisionistas siguen existiendo, pero, al mismo tiempo, es mucho, porque ya no es necesario seguir discutiendo con negacionistas y beneficiarios del régimen, pudiendo dedicarnos a otras cosas. (Todo esto lo había escrito yo en el libro que cito al margen de este blog y que regalo, pero una sola palabra del Supremo o de Naciones Unidas vale más que todos mis razonamientos).

La representante de España en Naciones Unidas, Ana María Menéndez, se ha defendido de lo expuesto en los informes con argumentos carentes de todo valor, porque esgrimen precisamente como defensa lo que los informes establecen como falta. Uno de los argumentos ha sido reclamar la amnistía postfranquista y particularmente la Ley de 1977 para afirmar que la sociedad española se reconcilió mediante la “renuncia a la justicia penal”, pero es justamente ese reconocimiento lo que el informe denuncia desde la perspectiva de la justicia universal. Hay otro argumento, en este caso de carácter político, carente igualmente de fuerza argumental: la reivindicación de “la consolidación de la democracia” como moneda de cambio aceptada por la sociedad española para olvidarse de la Dictadura. El problema es que este argumento político, válido durante el régimen de la Transición, ha caducado. Ya no vale, porque la espada de Damocles ya no pende sobre nuestras cabezas como en 1978, obligándonos a comulgar con ruedas de molino. Ni la Iglesia, con sus penas de infierno, ni el ejército, con sus pistolas, son una autoridad para lograr que la sociedad camine por la senda que marca el Partido Popular.

Lo verdaderamente cínico, sin embargo, ha sido el recurso a la Ley de Memoria Histórica, que ha utilizado Ana María Menéndez para justificar que España ha hecho algo en atención a las víctimas. No es el momento de analizar la Ley, tampoco de la amortización de la misma que ha hecho este gobierno, pero sí de proclamar la desvergüenza de un Partido Popular que combatió sin límites aquella Ley y prometió derogarla tan pronto como llegase al poder, al que vemos ahora invocar esa misma Ley para justificar su gestión al frente del gobierno del Estado. ¡Qué bueno es que “dios nos conserve la vista” y el recuerdo del pasado! Bendita sea la memoria que nos permite poder afirmar que el Partido Popular es un impostor y que no nos representa ante Naciones Unidas.

Aún le quedaba a este partido un recurso en las Cortes españolas para incrementar su oprobio, el recurso a la equidistancia de las víctimas, lo que Primo Levi, superviviente de Auschwitz, calificó de enfermedad moral. Y se lo hemos oído formular al mismísimo ministro de Justicia: “Este Gobierno nunca se sentirá tranquilo mientras exista una persona enterrada en una cuneta, da igual de qué bando sea en la guerra más incivil de las guerras que es la Guerra Civil, y sus familiares demanden su localización y entierro”. No, señor Gallardón, no hablamos de todas las víctimas. Sólo de las olvidadas, de las desaparecidas, de las que permanecen ocultas en fosas, de las no reparadas, de las que no han conocido la justicia. Esas sólo son unas, aunque sumen ciento cincuenta mil, son las víctimas del franquismo.

Cuando el relator especial de naciones Unidas, Pablo de Greif, se entrevistó con los ministros del gobierno, se sorprendió, según relata Natalia Junquera en El País, del argumentario que repetían uno tras otro: “O concluimos que ya estamos totalmente reconciliados, o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”. Dejemos aun lado la amenaza velada que esas palabras encierran, pero el argumento no sólo puede sorprender, sino que debe indignar.

Primero, las víctimas tienen todo el derecho a odiar a sus verdugos, incluso es conveniente que conserven ese odio para poder subsistir, como dice la psiquiatría. Lo que las víctimas no pueden hacer es cometer cualquier acto delictivo relacionado con ese odio. Pero ¿alguien puede nombrar un solo delito cometido por las víctimas del franquismo después de la muerte del dictador? Por el contrario, podemos enumerar decenas de actos, que en cualquier país democrático serían considerados delitos, realizados por los verdugos o sus seguidores. Cito de memoria: la profanación de las fosas de víctimas franquistas en Poyales del Hoyo, Ávila; los agravios del alcalde de Granada sobre la Tapia del Cementerio de San José; las bárbaras declaraciones del alcalde de Baralla, en Lugo; las ofensas directas emitidas por el coportavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando; el doble atentado contra el monumento memorialista que la ARMH-VA tiene levantado en los Montes Torozos. Salvo para fiscalía y tribunales españoles, estos actos y decenas de otros similares que se suceden en pueblos y ciudades de España, serían actos relacionados con “delitos contra la humanidad”, como razona el punto QUINTO de la Sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del tribunal Supremo, que absuelve a Baltasar Garzón de la denuncia por prevaricación.

No son, por lo tanto, las víctimas del franquismo, olvidadas y no reparadas, las que ponen en riesgo “la estabilidad del orden democrático”, sino el Partido Popular, que se resiste a aceptar los mandatos de Naciones Unidas y que ampara a sus militantes en las exhibiciones franquistas que se suceden a diario. Eso sí es un riesgo para el orden democrático.

Marcelino Flórez

ETA y el desarme

La entrega de armas por parte de ETA a la Comisión Internacional de Verificación el día 21 de febrero de 2014, analizada el primer día, no pasa de ser una mofa. (Después supimos que, además, era una entrega ficticia, muy parecida al documental de Jordi Évole). Es cierto que puede leerse como un signo “en la buena dirección”, según dijeron todos los representantes políticos que no tenían que satisfacer a auditorios específicos, pero es un signo insignificante para la ciudadanía. Sólo cabe leerlo con lógica, si se atiende al mundo interior de ETA: la propia estructura terrorista y el regenerado movimiento aberztale.

Dicen los mediadores internacionales que ETA necesita ir despacio para evitar escisiones internas, que rompan el proceso de disolución. Puede ser. Y ha dicho Pernando Barrena que mientras ETA da continuos pasos hacia el fin del “conflicto”, el gobierno no da signo alguno de tener interés en el desarme. Nada tengo que decir en lo que se refiere al mundo interior. Ellos sabrán lo que hacen y a qué objetivos sirve. Desde fuera y al día siguiente, la burla ha quedado probada y la Comisión Internacional perfectamente desautorizada.

Pero el signo de ETA y las palabras de Pernando Barrena tienen también un interlocutor externo: los gobiernos francés y español con sus ciudadanías. Lo han expresado también los mediadores, que se lamentan de la ausencia de este segundo interlocutor. No hay que ser muy perspicaz para comprender que lo que se está dilucidando es si el final de ETA ha de ser negociado o no.

Parece que las fuerzas políticas democráticas van comprendiendo que en el año 2006 terminó el plazo para un final negociado del terrorismo, si es que no estaba acabado antes. Lo más importante para cerrar ese final negociado no fue, sin embargo, la bomba de Barajas, sino la irrupción de las víctimas en el espacio social.

Hasta el asesinato de Francisco Tomás y Valiente el día 14 de febrero de 1996, las víctimas del terrorismo habían permanecido ocultas, pero ese día los estudiantes madrileños salieron a la calle con las manos pintadas de blanco en señal de solidaridad con la última víctima inocente. Al año siguiente, con motivo del asesinato televisado del joven concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, fue toda la sociedad española la que manifestó la solidaridad con la víctima. Desde entonces, las víctimas han estado siempre con nosotros y ya no pueden desaparecer. Es una batalla ganada para los derechos humanos.

La derecha política entendió el significado de las víctimas merced a las víctimas de ETA. La izquierda política lo ha ido comprendiendo también, en este caso merced a las víctimas del franquismo. Aunque hay gente, tanto en la derecha como en la izquierda, que no termina de asumir que todas las víctimas son inocentes y universales, o sea, que son patrimonio de la humanidad (no en vano a estos delitos se les califica como delitos contra la humanidad).

Por eso, con las víctimas sobre la mesa, esto es, rememoradas, y observando lo ocurrido con el olvido de las víctimas del franquismo, no cabe ningún final negociado para los crímenes de ETA contra la humanidad, sino exclusivamente verdad, justicia y reparación. Esto no tiene vuelta atrás.

Sólo algunos sectores del mundo de los victimarios se resisten ya a reconocer el derecho incondicional de las víctimas. Es lo que observamos en la burla del “desarme por entregas” del día 21, como lo calificó Cayo Lara. Lo vemos también en el tortuoso camino que se está haciendo recorrer a las víctimas del franquismo.

Marcelino Flórez

Historia y Memoria, de Álvarez Junco

 

Esperaba como agua de mayo el libro duodécimo de la nueva Historia de España que coordina Josep Fontana en la editorial Crítica y que había sido encomendado a José Álvarez Junco. Este libro número 12 tenía el título inicial de ‘Historia y Memoria’, pero acaba de aparecer con el título de ‘Las historias de España’, una denominación imprecisa donde las haya.

 

 

La ambigüedad del título la ejemplifica el antes autor y ahora coordinador de la obra en el prólogo de forma explícita. Además de razonar qué entiende y qué se ha entendido por ‘España’, donde concluye que es “ese territorio y grupo humano conocido hoy como ‘españoles’” (XVII), José Álvarez Junco se deshace en circunloquios sobre el significado o contenido de la otra parte del título, explicando que no trata de historia ni de historiografía, sino de la “función que esos relatos cumplen al servicio de la construcción de una identidad colectiva” (XVI) o de “visiones del pasado” (XVII) o de “la evolución de los grandes temas debatidos” (XXIII). En vano buscará el lector una conceptualización más precisa, nada se sale de la ambigüedad.

 

 

En el proyecto inicial de la obra, por otra parte, cuyo primer título apareció en 2007, el tomo 12 estaba asignado a José Álvarez Junco; en el proyecto definitivo son cuatro los autores, es decir, ha habido un cambio completo de planes. En otra ocasión entraremos en el análisis de lo que trata cada uno de ellos, bástenos hoy constatar que estamos ante un asunto de teoría o de filosofía de la historia de lo que el libro no da razón, a pesar de que los sorpresivos cambios ocurridos lo pongan de manifiesto.

 

 

Nos hallamos ante una concreción de la polémica que viene afectando a los historiadores desde que irrumpió en la vida pública el movimiento social memorialista. La rememoración benjaminiana, que ha transformado la visión política de las víctimas, ha hecho lo mismo con la historiografía, pero los historiadores siguen sin tomar conciencia y este libro es una constatación. Dedica ocho líneas, de las 911 páginas más XXVII del prólogo, a esta cuestión y lo resuelve así: “Otro tipo de polémicas han sido las desatadas en torno a la llamada “memoria histórica”,o tratamiento historiográfico -y judicial- de la represión política bajo el franquismo. Son debates políticos, aunque se disfracen de históricos y adopten a veces terminología científica; pero su legitimidad es, por otra parte, indiscutible” (436). ¿Les parecerá poco y poco historiográfico a los autores del libro que hayamos pasado, por ejemplo, en Valladolid de tener contabilizadas menos de mil víctimas del franquismo a tener los nombres de siete mil? Y, sobre todo, ¿les parecerá poco que la Guerra Civil haya pasado de ser definida como Alzamiento Nacional o como una catástrofe colectiva a serlo como un crimen contra la humanidad?

 

 

Se ve que no han leído estas palabras que Reyes Mate escribió en 2006: “Desde el momento que el pasado no es cosa exclusiva de la ciencia histórica, sino también de la recordación, la memoria puede abrir expedientes que la historia da por archivados”. Esos expedientes se abren porque la memoria introduce saberes antes ocultos o desconocidos y así viene ocurriendo con lo que se conocía acerca del final de la República, de la Guerra Civil y del Franquismo, periodos sobre los que no cesan de aparecer libros que transforman esencialmente los conocimientos que teníamos hace muy pocos años.

 

 

Tienen en su descargo los autores de este libro la advertencia que hacen largamente en el prólogo de “no mencionar autores vivos, ni entrar en obras ni debates posteriores a 1975” (XX). Pero, entonces, ¿para qué se ha hecho este libro, para confrontar las identidades mitológicas que construye la historiografía nacionalista española con las que ofrecen las historiografías nacionalistas periféricas?

 

 

En fin, como lo he tratado detalladamente en mi librito, que enlazo en la columna izquierda de este blog, repito que se lo regalo en versión digital a quien me lo pida. Más no puedo hacer para contribuir a romper con esta deficiencia de la historiografía española.

 

 

Marcelino Flórez

 

 

Argentina, la ONU, la Memoria y el Franquismo

Cuando en el año 2006 Entrepueblos organizó unas jornadas con el título de La Memoria contra la Impunidad en el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid (con ausencia clamorosa del profesorado de la propia Universidad, que no tuvo a bien acudir a escuchar a expertos en el tema de la talla de Reyes Mate o Francisco Espinosa, eso a pesar de que la inauguración de las jornadas coincidió con la declaración de tregua por parte de ETA, asunto tan directamente relacionado con el título de las jornadas), pudimos tomar conciencia ya de que la Memoria había llegado para quedarse. Esa  conciencia nos ha permitido ir encontrando explicación al sinuoso discurrir de la vida política española en los últimos quince años a  este respecto. Cada vez entendemos mejor la intranquilidad que recorrió al partido único de la derecha española el día que Emilio Silva desenterró a su abuelo junto a los otros doce de Priaranza, era el mes de octubre del año 2000; entendemos también la hiperbólica irritación que le causaba a este partido la tramitación de la conocida como Ley de Memoria Histórica; y entendemos el acoso mediático y jurídico que emprendió contra Garzón a raíz de su Auto de 16 de octubre de 2008.

Lograron terminar con la carrera judicial de Garzón en España, provisionalmente y por otro asunto, pero la autoridad del juez salió reforzada por su planteamiento de fondo en el Auto sobre las víctimas del franquismo, porque, si bien las víctimas quedaban jurídicamente desamparadas, como hizo notar inmediatamente Amnistía Internacional, la condena moral del franquismo resultó definitiva, al reconocer la sentencia absolutoria de Garzón que la Dictadura era responsable de Crímenes contra la Humanidad (“QUINTO.- Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”. -Sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo-). La memoria de las víctimas obtenía aquí, de forma callada y apenas percibida por la mayoría de la población, una victoria frente a los victimarios.

Y la madeja ha continuado desenrollándose. Primero fue la jueza argentina María Servini de Cubria, que aceptó la demanda de dos familiares de personas desaparecidas, en el marco de la justicia universal, a la que se han ido sumando un sinnúmero de querellas y querellantes. Los últimos pasos de esta causa han llevado a la solicitud de detención de algunos conocidos torturadores del tardofranquismo, donde la fiscalía española continúa poniendo obstáculos, que no son sino coces contra el aguijón.

Coincidiendo con estos hechos, han llegado a España los observadores de la ONU para comprobar la situación de las personas desaparecidas, lo que habían solicitado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y otras asociaciones de Derechos Humanos en el año 2002. En este caso, ya no es que las víctimas se hagan visibles, pues ya lo eran desde hace unos años, es que la visibilidad llega al centro nuclear de los Derechos Humanos. Puede que judicialmente no se avance mucho, pero moralmente se recorre todo el camino: las víctimas del franquismo son universalmente visibles y la impunidad de sus asesinos queda atestiguada. Ya no cabe el negacionismo en este final del recorrido.

Aquí, precisamente, se abre una nueva senda, una senda interior, la senda que afecta a los restos del franquismo dentro de España. Lo de menos es que esos restos se encuentren en los nombres de algunas calles, en los monolitos del algún altozano o, incluso, en las pulseras de algunos mozalbetes y de otros ancianos; lo importante es que esa senda es poderosa, porque está amparada  por el partido único de la derecha española, que, además, gobierna.

Si la autoridad de este gobierno está mermada en el mundo por los catastróficos resultados sobre la población de su gestión, con aumento del desempleo, reducción de los salarios, quiebra de las pequeñas empresas, desmantelamiento de los servicios sociales; si esa merma de autoridad se agudiza por estar enfangado el partido en unos asuntos de corrupción, que son la primera pregunta de cualquier corresponsal extranjero y para la que no encuentra más respuesta que excusas y mentiras; si eso es así, la rememoración de las víctimas del franquismo añade a este gobierno un peso insuperable. O deja de proponerse como continuador del franquismo y condena de una maldita vez, sin equívocos, a la Dictadura y pone los medios para reparar la injusticia, como le acaba de proponer el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU al concluir su visita a España, o no puede quitarse la losa de encima.

Marcelino Flórez