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Carrero, en la guerra cultural de la memoria

Los tuits de Casandra y su tratamiento jurídico y político forman parte de una de las batallas culturales más importantes que tienen lugar en España, la batalla de la memoria de las víctimas. Esta batalla tiene dos escenarios distintos, el franquismo y ETA, que tienen contextos diferentes y, en el caso de algunos combatientes, son escenarios antagónicos. En el asunto que nos ocupa, precisamente, confluyen los dos escenarios. Quizá por eso el revuelo está siendo mayor.

Si uno lee los tuits de Casandra le podrá parecer, como me ocurre a mí, que son altamente inofensivos, incluso respecto al propio Carrero, algo que también ha manifestado una de sus familiares. Los jueces de la Audiencia Nacional, sin embargo, han encontrado un delito de odio o desprecio “a las víctimas” en las bromas sobre Carrero. Analicémoslo.

Carrero no es una víctima

Hay que comenzar por el concepto de víctima, que se refiere a aquella persona o grupo que sufre un daño por efecto de acciones humanas moralmente execrables. La víctima siempre reúne dos cualidades, la inocencia y la universalidad. Inocencia significa que la persona dañada no está implicada en el hecho, no es responsable, sino que “pasaba por allí”. Ni todo el que sufre, ni todos los muertos son víctimas. En un enfrentamiento entre dos ejércitos, por ejemplo, los muertos en buena lid son caídos o bajas, pero no víctimas. Si esos muertos protagonizan un acto sublime de inmolación, pueden convertirse en héroes o mártires, que es el significado etimológico del vocablo latino victima, pero no en víctimas. Sólo los civiles desarmados, que estaban en su casa o en el campo y les tiraron una bomba encima, son víctimas en medio de una guerra. La otra cualidad, la universalidad, delimita aún más la condición de víctima. Significa que el daño le puede sufrir cualquiera, todo el mundo, independientemente de su pensamiento, de su cultura, de su específica imagen. Los muertos de Estocolmo el día 6 de abril de 2017 podíamos haber sido cualquier humano de cualquier parte de la tierra.

Carrero Blanco no reúne ninguna de esas dos cualidades: el Presidente de un Gobierno de un régimen responsable de crímenes contra la humanidad puede ser cualquier cosa, menos inocente. Y ninguna otra persona en el mundo podía sentir temor de recibir el daño que a él iba dirigido, por lo que carece enteramente de universalidad. Yo mismo, por ejemplo, aquel 20 de diciembre de 1973 tuve miedo, pero de la policía franquista, no de ETA. Calificar de víctima a Carrero Blanco más que un abuso semántico, es una extralimitación, se mire como se mire. Si Carrero no es víctima, mal pueden ofender a las víctimas las ofensas a Carrero.

El asesinato de Carrero no es un acto terrorista

No todos los actos violentos merecen ser calificados de terroristas. Entre otras cosas, esa calificación depende en gran medida del contexto. Es tradición antiquísima de la humanidad la justificación de la rebelión contra el tirano, como razonaban, ya en nuestro contexto cultural, los filósofos medievales y modernos, y como fue recogido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, y como se universalizó en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. La rebelión armada contra la Dictadura franquista era violenta, pero no puede calificarse de terrorista, la practicase ETA, el FRAP o quienquiera que fuese. Por esa razón, la inmensa mayoría de la sociedad española organizada y opuesta a la Dictadura se solidarizó con los presos de ETA condenados en el Proceso de Burgos de 1972, como también lo hicieron todos los Estados democráticos de Europa y del mundo o como lo hizo, incluso, el Estado Vaticano.

Es cierto que no existe aún un acuerdo internacional para definir el terrorismo, pero las formas de uso de ese concepto, por ejemplo las que recoge la Real Academia Española, incluyen siempre la violencia que busca infundir terror a la población indiscriminadamente, añadiendo a veces la finalidad política que se pretende con ese sojuzgamiento de las poblaciones mediante el miedo. Pues bien, el asesinato de Carrero Blanco buscaba su eliminación, pero de ahí no se derivaba un terror indiscriminado para la sociedad española. Por lo tanto, ni desde el punto de vista de la legitimidad de la rebelión contra el tirano, ni desde el punto de vista estratégico de la violencia política, el asesinato de Carrero Blanco puede calificarse de acto terrorista.

El uso político de las víctimas

¿Cómo es posible que algún juez español y una inmensidad de tertulianos se refieran a la condena de Casandra como algo relacionado con las víctimas del terrorismo? Es precisamente la batalla cultural en torno a la memoria de las víctimas la que nos explica el embrollo en el que algunos navegan.

Durante mucho tiempo en todas partes del mundo las víctimas estuvieron relegadas al olvido. Las víctimas de ETA sufrieron ese mismo olvido entre 1977 y 1996. La primera vez que la sociedad española reaccionó, salvo la loable actividad que venía desarrollando Gesto por la Paz, fue con motivo del asesinato de Francisco Tomás y Valiente el 14 de febrero de 1996, que sacó a una multitud de estudiantes madrileños a la calle con las manos pintadas de blanco, manifestando así la inocencia de la víctima y la solidaridad con ella. La reacción se multiplicó y se generalizó con motivo del asesinato del joven concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, el día 12 de julio de 1997. Nunca más estuvieron ya solas y olvidadas las víctimas del terrorismo etarra.

Sin embargo, dos meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el 10 de septiembre, se celebró un homenaje a su persona en la Plaza de Las Ventas de Madrid; el acto era unitario, pero el Partido Popular cayó en la tentación de monopolizarlo a su favor. A partir de ahí, el uso político de las víctimas de ETA por el Partido Popular ha sido una constante. Ese uso espurio subió un peldaño con motivo del atentado de Atocha del 11 de marzo de 2004 y mantuvo una actividad frenética durante la primera legislatura de Zapatero, con manifestaciones constantes y descalificaciones tan fuera de tono, que le llevaron a Rajoy a insultar al Presidente del Gobierno durante el debate del Estado de la Nación de 2005 acusándole de “traicionar a los muertos” o, durante el debate que precedió a las lecciones de febrero de 2008, de haber “agredido e insultado a las víctimas del terrorismo”. En este camino el Partido Popular estuvo acompañado por algunas asociaciones de víctimas, a las que financiaba generosamente. El resultado, además de generar una insoportable crispación, puso en peligro la universalidad de las víctimas del terrorismo, que sólo lograron mantener su dignidad gracias a la madurez de la sociedad civil organizada.

La batalla cultural en torno a la memoria se complicó más cuando otras víctimas, que llevaban decenas de años ocultas en cunetas al borde de los caminos, salieron a la luz. El día que Emilio Silva y Santiago Macías sacaron de la fosa a Los Trece de Priaranza, las víctimas del franquismo iniciaron un proceso imparable, cuyo resultado ha sido la imposible negación de la enormidad del crimen contra la humanidad que fue el franquismo, como ha dejado escrito el propio Tribunal Supremo.

El gran combate con la memoria de las víctimas del franquismo se produjo a lo largo del año 2006, al que el gobierno socialista designó como Año de la Memoria y que terminó produciendo la conocida como Ley de Memoria Histórica. Centenares de artículos periodísticos son testigos de la virulencia que adquirió esta guerra cultural ese año y que se prolongó durante el año 2008 con motivo del acoso a Garzón”, al aceptar este juez una demanda presentada por víctimas del franquismo. La lucha sigue encarnizada y quien mejor la representa es el Jefe del Gobierno cuando presume de no entregar ni un solo euro de los presupuestos para la “memoria histórica”.

En este contexto cultural hay que situar la sentencias y el debate sobre los tuits de Casandra. Debate y sentencia que no tardarán en ser considerados epígonos de la lucha contra el memorialismo, pues la cultura de la memoria ha llegado para quedarse y va ganando: el uso espurio de las víctimas de ETA está conociendo ya el repudio de las poblaciones y los afanes por ocultar los crímenes del franquismo no resisten al testimonio de las fosas. Del mismo modo que las ridículas sentencias sobre los guiñoles de “Alka-ETA”, el asunto en torno a Casandra y Carrero pasará a formar parte de la comedia española, no de la tragedia de las víctimas, sean de ETA o del franquismo.

Marcelino Flórez

Contra la impunidad

La 61ª SEMINCI ha presentado la película de Iñaki Arteta, Contra la impunidad. Es un alegato a favor de la memoria de las víctimas de ETA y, en particular, contra el olvido de las 324 víctimas que no han recibido justicia. El documental está construído en base al testimonio de algunas de esas víctimas, de periodos muy distintos, que abarcan desde el franquismo hasta los últimos tiempos de actividad de ETA. Los testimonios muestran el dolor y la rabia de las familias de las personas asesinadas por ETA, así como las dificultades para preservar la memoria de los inocentes. Acompañan a esos testimonios las opiniones de especialistas del periodismo y de la judicatura, que reconocen la impunidad que afecta esos 324 asesinatos. Se hace notar también la indiferencia, cuando no el desprecio, con los que fueron acogidos los crímenes durante mucho tiempo por una parte grande de la sociedad.

La línea argumental no admite ningún reparo, en el estado actual de la reflexión política y moral sobre el significado de las víctimas. Y es difícil que nadie, salvo los autores de los crímenes y sus cómplices, pueda estar en desacuerdo con que el terrorismo etarra deba ser calificado jurídicamente como un crimen contra la humanidad.

Sin embargo, la película me ha dejado insatisfecho. Reflexionando sobre ello, no encuentro más explicación que el uso que se hace de las víctimas al servicio de una ideología particular. No es sólo porque se haga referencia exclusivamente a “concejales del Partido Popular”, cuando se habla de los objetivos civiles y políticos de ETA, sino por el tono de todo el relato y por la actitud de las asociaciones de víctimas que testimonian.

Para entender esta insatisfacción, he tenido que retrotraerme al asesinato de Miguel Ángel Blanco del 12 de julio de 1997. Era la segunda vez que la multitud salía a la calle en España para rechazar el crimen. La primera vez había sido un poco antes, cuando los estudiantes madrileños salieron con las manos pintadas de blanco, después del asesinato de don Francisco Tomás y Valiente el 14 de febrero de 1996. En Euskadi, los testimonios, antes casi individuales de Gesto por la Paz, comenzaron también entonces a llenar pueblos y plazas. Pero esta segunda vez el Partido Popular cayó en la tentación de utilizar a su favor la movilización de solidaridad con la víctima. Fue en el ostentoso homenaje que se tributó unos meses después en Madrid y esa práctica ya no desapareció nunca de la vida política española, especialmente cuando el Partido Popular estuvo en la oposición, alcanzando cotas de crispación inaceptables durante la tregua de ETA del año 2006.

Este uso político de las víctimas exige que hagamos una diferenciación entre la memoria o la justicia que se debe a las víctimas, la que poseen por sí mismas, y la memoria o la justicia que procede de las víctimas, la que ellas ejercen. Las víctimas poseen el testimonio, pero no les corresponde ejercer la justicia. Esa es tarea de la judicatura. Tampoco son una autoridad moral. Es más, como dice Primo Levi, refiriéndose a Auschwitz, muchas veces los supervivientes fueron los peores, sin que eso les prive de su carácter de víctimas, de haber sufrido la violencia. Incluso, dicen los psiquiatras, es conveniente que las víctimas no se desliguen pronto del odio y deseo de venganza, para que no viertan contra sí mismas los sentimientos de agresión.

En la película de Iñaki Arteta se detecta la rabia que conservan las víctimas. Eso está muy bien y no resta ningún valor a su testimonio: nos trasmiten y entendemos perfectamente que siguen sufriendo impunidad. Pero en la película subyace también la usurpación de la universalidad de las víctimas, la apropiación del dolor y del testimonio al servicio de una ideología política particular. Es el mal que nació en 1997 y que aún no está descontaminado. Por eso, salí insatisfecho de la película. La dirección y el guión son conscientes de esa parcialidad y, para paliarlo, introducen una referencia comparativa con la impunidad que padecen las víctimas del franquismo, referencia que resulta insuficiente para reparar el lastre que traslucen las asociaciones participantes, absolutamente atadas a una ideología y a un partido particular. Esa atadura priva a la película y a los testimonios de la universalidad objetiva que se merecerían.

La película pone de manifiesto también las dificultades de la sociedad vasca para superar los efectos múltiples y profundos que acarreó el terrorismo. Uno de los mayores problemas es construir una historia que recoja el sufrimiento de las víctimas, que durante tanto tiempo fue ocultado y que ahora se intenta echar de nuevo al olvido mediante la trampa inmoral de la equidistancia de las víctimas. Creo yo que eso sólo podrá hacerlo una Comisión de la Verdad, autónoma y técnicamente irreprochable, capaz de detectar y situar en cada espacio a las diversas víctimas y victimarios, sin buscar equidistancias y sin usurpar el sufrimiento al servicio de intereses particulares.

Marcelino Flórez

Ochenta años después

La derrota del franquismo está siendo muy lenta. No obstante, las celebraciones en este octogésimo aniversario van quedando relegadas a la extrema derecha, con Intereconomía de protagonista, además de otras opiniones erráticas de la todavía legal Fundación Francisco Franco o alguno de sus miembros, que encuentran acomodo en las páginas de ABC, y aparte de algunas parroquias católicas, que siguen acogiendo el acontecimiento sin avergonzarse. Para la gente normal, la fecha del 18 de julio no pasa de ser un mal recuerdo.

La historiografía también ha dado pasos definitivos. Atrás ha quedado la justificación del Alzamiento Nacional con la falacia de la revolución comunista o de la Cruzada con la hipérbole de la persecución religiosa. En la sociedad, el golpe de Estado también va perdiendo las justificaciones, a pesar del esfuerzo permanente que realiza la Iglesia católica con su martirologio y a pesar de los negacionistas, encabezados por Stanley G. Payne, que se retrotraen a la Revolución de 1934 o la proclamación de la República para encontrar justificación del golpe de Estado.

La interpretación de la equidistancia, sin embargo, aquella del “todos fuimos culpables” de Vidarte o de “no fue posible la paz” de Gil Robles, que terminaba calificando a la Guerra como una catástrofe colectiva inevitable, que había que olvidar, esa interpretación tarda más en caer. A veces reverdece, incluso, y uno puede encontrar autorizados artículos de opinión en El País cargados de expresiones como “contienda fratricida”, “cataclismo colectivo”, “deplorable catástrofe de atrocidades homicidas” y otras varias, así dichas, sin más precisión, que conducen inevitablemente a la arcaica catástrofe colectiva que nos invitaba a olvidar.

Pero esta tesis de la equidistancia ya no cuaja, como lo hizo durante el régimen de la Transición, porque ahora existen las fosas abiertas y, paso a paso, van apareciendo todos los nombres y sus esqueletos. “Aquello” ya no se puede ocultar. Por si quedaban dudas para algunos, el Tribunal Supremo calificó los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad. Lo hizo en el razonamiento QUINTO de la sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal, por la que absolvía al juez Garzón del delito de prevaricación, con estas palabras: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”. Como razonaba Antonio Elorza en El País el 1 de noviembre de 2008, “de los crímenes nazis a Karadzic, una calificación (jurídica) adecuada de los crímenes vale más que una cascada de libros”.

Pese a quien pese, esta es la novedad del octogésimo aniversario. De modo que para la ciencia histórica, el golpe de Estado del 17 de julio de 1936 fue un acto “fuera de toda legalidad”, que atentó “contra la forma de gobierno”, proyectando y ejecutando un “crimen contra la humanidad”, según está demostrado historiográficamente y aseverado por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo. Fin del debate interpretativo.

La sociedad, sin embargo, camina más lenta y el franquismo perdura. Pero el camino para remediarlo no es la ocurrencia que acaba de tener el abogado Eduardo Ranz con la aquiescencia de Zapatero, de emprender una iniciativa legislativa popular para mejorar algunos aspectos de la conocida como Ley de Memoria Histórica. El movimiento memorialista, sin necesidad de personalismos anacrónicos, hace ya mucho tiempo que viene buscando el acuerdo de los partidos con representación parlamentaria para crear un Comisión de la Verdad, que asiente con todo rigor la verdad histórica ya conocida y que oriente a los poderes públicos acerca de la legislación deseable, como han hecho todas las comisiones de la verdad en los países que sufrieron dictaduras criminales. Esta es la tarea en el octogésimo aniversario del crimen.

Marcelino Flórez

Otegui decepciona

Abandonar la violencia política ya no es suficiente. La entrevista de Jordi Évole a Otegui puso de manifiesto que los antaño partidarios de la lucha armada tienen aún un largo camino que recorrer.

Otegui no ha abandonado el lenguaje eufemístico ni la división del mundo entre “nosotros” y “ellos”, sin que sepamos nunca muy bien quiénes son unos y otros. Bueno, “ellos” parece que se refiere el Estado español, ese ente abstracto que, como un fantasma, domina las tinieblas y oprime a las poblaciones. Pero ¿quiénes somos “nosostros”? Unas veces parece que es ETA, otras veces la izquierda independentista en bloque, pudiera ser también el país vasco o Iparralde. No está claro.

Cuando el eufemismo parece que va a quebrar, como ocurre con la denominación de la lucha, si ha de ser lucha armada o terrorismo, se deja a un lado. Otegui aceptaría llamar terrorismo a la actividad de ETA, pues es imposible no admitir que causaba terror en toda la población, pero entonces añade que el debate semántico no conduce nada. Prefiere no entrar ahí, donde debe advertir algún peligro.

Acepta Otegui que se ha causado un daño, que la acción de ETA tuvo un carácter terrorista, pero inmediatamente reclama el olvido. Aquello es el pasado y no sirve de nada seguir hablando de ello. Jordi Évole, que no dejaba pasar una, le dijo que ese era el mismo argumento que usa el Partido Popular para evitar hablar del franquismo. Y Otegui se sintió pillado en su argumentación.

¿Qué es el olvido y cuál es su peligro? No es el olvido de las armas, de los métodos, no es el olvido de una forma perversa de gobernar o de organizarse. El mal es el olvido de las víctimas. Estas siguen clamando desde el vacío que han dejado y que ya no se puede llenar. Y es su presencia la que lucha contra la impunidad de los asesinos y la que recuerda que aquello no puede repetirse.

Otegui no ha dado este paso, por eso se veía obligado a hacer tantos circunloquios cada vez que Évole le reclamaba la condena del crimen. Sigue sin ser capaz. Y el último reducto al que se acoge es la equidistancia entre las víctimas. Él o “ellos” no hablan de víctimas, prefieren el eufemismo de “daño causado”, porque este concepto facilita más el recurso a la equidistancia: “la tragedia que ha vivido el país, en una parte y en otra”, como dijo al principio de la entrevista. Hablar de víctimas remite al otro lado, a los victimarios, mientras que “daño”, “tragedia”, “sufrimiento” es ambiguo y caben todos en él, también el asesino que muere en acto de servicio o su familia y, mucho más, si es, a su vez, víctima de otro crimen, como es el caso de la tortura.

Estas son las carencias de Otegui y del fin de la lucha armada: la reclamación del olvido y el recurso a la equidistancia de las víctimas. No sé si esos recursos le serán útiles en la competición electoral, pero carecen de valor para el pensamiento sobre crímenes políticos en la fase que ya ha alcanzado ese pensamiento. Por eso, me decepcionó la excelente entrevista a Otegui.

Marcelino Flórez

Alka-ETA: el uso político de las víctimas

El ridículo y bochornoso espectáculo que ha organizado el poder político y mediático madrileño en torno a unos guiñoles terminará desinflándose pronto, a pesar de los jueces afines. Hay, sin embargo, actitudes que vienen de antiguo y perdurarán algún tiempo. El mejor ejemplo de esas actitudes es el ministro del Interior en funciones, cuya credulidad en imágenes y milagros le conduce a confundir un cartel de unos pocos centímetros en manos de una marioneta con una pancarta de exaltación del terrorismo. Esta credulidad con tan altas dosis de ignorancia oculta, no obstante, otra intención: combatir al gobierno municipal en Madrid, desacreditar al PSOE y, en definitiva, procurar que no se forme un gobierno en España. Esa es la tarea cuya difusión se encarga a los medios de la extrema derecha en la capital, que son casi todos. Por eso, la anécdota, aunque transitoria, no es insignificante y merece ser combatida.

Pero lo que tiene mayor gravedad es el instrumento que el ministro crédulo utiliza para conseguir sus fines políticos: las víctimas del terrorismo. A este uso perverso se ha sumado enseguida la AVT, cuyo descrédito ya no tiene límites. La actitud repetida de la AVT demuestra fehacientemente el mal uso del “deber de memoria de las víctimas”, recomendado por las Naciones Unidas. Cuando hablamos de deber de memoria nos referimos a la memoria que se debe a las víctimas por su inocencia, pero no nos referimos a la memoria que procede de las víctimas.

La memoria que se debe a las víctimas es universal y lo merecen las víctimas, hayan sido cual hayan sido sus creencias, su pensamiento, sus quehaceres. No hay víctimas inocentes de un lado o de otro, aunque es imprescindible diferenciar los espacios de cada víctima. Por ejemplo, un victimario puede, a su vez, haber sido víctima de otro crimen. Es el caso de los etarras torturados o asesinados, pero estas víctimas han de ser tratadas en un negociado distinto de aquel que corresponde a las personas asesinadas por los etarras. Evitar la equidistancia de las víctimas, como pretenden los asesinos y sus simpatizantes, es un principio moral prioritario, pues lo contrario conduce siempre a garantizar la impunidad para el crimen. Cada una, en su negociado.

Lo otro es la memoria que procede de las víctimas. Aquí no cabe hablar de inocencia, ni de derechos humanos. Primo Levi repetía insistentemente que los salvados eran muchas veces los peores, aunque eso no les quitaba un ápice de su condición de víctimas. Además, el pensamiento de las víctimas y de las asociaciones de víctimas es diverso, no universal; sus sentimientos y deseos, no por legítimos, han de ser éticos, como ocurre, por ejemplo, con el deseo de venganza. Por eso, el uso político de la inocencia y universalidad de las víctimas es otra perversión moral, del mismo calibre que el uso de la equidistancia entre los asesinos y sus víctimas.

El día que logremos diferenciar el genitivo hablativo (la memoria de las víctimas: la que se debe a las víctimas, la que está en su interior) del genitivo posesivo (la memoria de las víctimas: la que poseen las víctimas o sus asociaciones, el pensamiento particular) habremos dado un paso más en la defensa de los derechos humanos y en la denuncia de la inmoralidad de los utilizadores de la inocencia de las víctimas en provecho propio. El ministro crédulo y la AVT forman parte del grupo de la inmoralidad.

Marcelino Flórez

 

Primo Levi y la Comisión de la Verdad

La editorial Península acaba de publicar una recopilación de testimonios de Primo Levi, algunos de ellos escritos en colaboración con Leonardo de Benedetti, otro deportado, con el título de Así fue Auschwitz. Quien haya leído la trilogía de Levi sobre el holocausto, simbolizado en Auschwitz, comprobará con este nuevo libro que la reconstrucción del crimen no está acabada.

Uno de los escritos recogidos se titula “Aniversario” y conmemora el décimo aniversario de la liberación del campo por el Ejército Rojo. Es, por lo tanto, de 1955. Se lamenta aquí Primo Levi de que sea el olvido del crimen lo que impera en Italia, además de la acusación de victimistas o de morbosos, cuando no de mendaces o impúdicos, que alguna gente hace a las víctimas que osan recordar. (¡Cómo me recuerda esto a Rafael Hernando!).

Y el silencio se impone, razona Levi, por la mala conciencia de mucha gente, que trata siempre de “desviar la discusión” cuando aparece el crimen sobre la mesa, trayendo “a colación las armas nucleares, los bombardeos indiscriminados, el proceso de Núremberg y los problemáticos campos de trabajo soviéticos”. (¿Observan ustedes que esta argumentación no ha perdido ninguna actualidad?) Sigue diciendo nuestra víctima de Auschwitz que no le importa cuando quien así actúa es un nazi o un fascista, porque “es natural”, pero que le hiere mucho cuando el silencio culpable alcanza a los intelectuales o a las propias víctimas.

También comprende, no obstante, este silencio culposo, que nace de la vergüenza que el crimen produce en toda la humanidad, la cual no puede sentirse ajena a aquellos hechos, porque es la propia Europa la que engendró Auschwitz: “vivíamos en ese siglo en que la ciencia se vio doblegada, y dio a luz las leyes raciales y las cámaras de gas. ¿Quién puede decirse convencido de ser impune a la infección?”. (Primo Levi no lo sabía entonces, pero Wallter Benjamin había dejado escrita, antes de suicidarse unos pocos años atrás, la explicación racional de esa responsabilidad europea.)

El autor, denunciada la mala conciencia, reclama con vehemencia la palabra, que se diga, que se conozca la verdad. Eso sí, sin “agavillar a víctimas y asesinos”, esa equidistancia que hoy con tanta insistencia escuchamos. En otros escritos posteriores Primo Levi calificaría esta posición ideológica de la equidistancia como “perversión moral”, porque la identificación de las víctimas con sus verdugos tiene como finalidad garantizar la impunidad de los asesinos, mientras perdura sin reparación la injusticia de las víctimas.

En esta segunda transición que estamos, todos, protagonizando, me ilusionaría escuchar en la voz de los líderes políticos democráticos esa misma recomendación de Primo Levi: el compromiso expreso de crear una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo tan pronto como se formen las nuevas Cortes. Eso sí que daría fin al franquismo, integrándolo en la conciencia colectiva, con víctimas y con asesinos en sus correspondientes capítulos. Y aquí, la palabra o el silencio sí que dividen las opciones de la nueva transición. Sigo escuchando con toda atención.

Marcelino Flórez

Rajoy y la Memoria

Respondiendo a la pregunta de un periodista, Rajoy, muy ufano, presumió de que, aunque no había derogado la llamada Ley de Memoria Histórica, “la asignación presupuestaria ha sido cero” en sus cuatro años de gobierno. Asombra que en el año 2015 un presidente de un gobierno en la Unión Europea se jacte públicamente de no financiar a las asociaciones que rescatan de fosas comunes a personas desaparecidas por el régimen franquista y no pase nada. Porque aquí, lo que asombra es que no pase nada, que se pueda ofender a las víctimas desaparecidas en un crimen contra la humanidad impunemente.

Dejando a un lado lo que se conoce como sociología del franquismo, una causa esencial de esta aberrante situación es la confusión del concepto de memoria histórica. Casi universalmente, a derecha y a izquierda, entre los tertulianos como entre los académicos, se asocia la idea de memoria histórica con la reivindicación de la Segunda República o con los valores republicanos o con el antifranquismo. Cuando se abre una fosa, lo más que llegamos a escuchar a los familiares, a los activistas o a los periodistas es que al fin se puede enterrar dignamente a los muertos, aunque se añada que son unos muertos por la libertad y por la democracia. Si fuese eso de lo que trata la memoria histórica, si se tratase de una mera confrontación entre regímenes políticos, aunque uno sea democrático y el otro fascista, o si se tratase de un mero asunto familiar sobre el entierro digno, sería legítima la diferencia de opinión.

Pero no hablamos de eso. Es incomprensible que siga siendo hegemónico ese pensamiento, después de que Walter Benjamin pasara por el mundo y después de que, en España, Reyes Mate y otros filósofos hayan reflexionado hasta la saciedad acerca de eso que la mayoría sigue denominando memoria histórica. Por lo pronto, cuando Walter Benjamin reflexionó sobre este asunto, dejó a un lado el término memoria y utilizó otro mucho más preciso, rememoración, que hace referencia al acto voluntario de traer a la memoria algún elemento del pasado.

Tratando de explicarse la existencia del nazismo, Benjamin había descubierto que las víctimas venían siendo relegadas al olvido a lo largo de la historia; y que ese olvido había sido justificado por la filosofía, como si las víctimas fuesen, en palabras de Hegel, “florecillas al borde del camino”, que era legítimo pisar en nombre del progreso o de cualquier ideal de esos llamados eternos. Siguiendo ese razonamiento de los filósofos y la práctica de la humanidad a lo largo de la historia, el nazismo se dispuso a prescindir de todo lo que no fuera la raza aria. No era más que un paso adelante en la argumentación. Contra ese pensamiento se rebeló Benjamin y, caracterizándose a sí mismo como “el trapero de la historia”, se dispuso a rescatar lo que venía siendo olvidado, se dispuso a rememorar a las víctimas. Construyó así lo que su amigo Adorno denominó un nuevo imperativo categórico: el de reorientar el pensamiento y la acción para que Auschwitz no se pudiese repetir.  Y así fue como las víctimas, antes relegadas al olvido, pasaron a estar encima de la mesa.

El proceso fue muy largo, porque la guerra fría lo mantuvo congelado, pero finalmente fue sancionado por la ONU en el 61º Periodo de Sesiones del Consejo Económico y Social del año 2005, cuando se estableció “el derecho inalienable a la verdad”, como uno de los principios para la protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad: “Cada pueblo tiene un derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimiento sucedidos en el pasado en relación con la perpetuación de crímenes aberrantes y de las circunstancias y de los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones”.

Si en lugar de memoria histórica, hubiéramos enseñado a hablar de rememoración de las víctimas, cuando Rajoy chulease de actuar políticamente para mantener ocultas a las víctimas del franquismo, le podríamos acusar de tratar de encubrir un “delito contra la humanidad”, usando los términos que ha usado el Tribunal Supremo en España. ¿Conocerán esto los fiscales españoles?

Marcelino Flórez