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¿Víctimas, demonios o héroes?

I.

En la mesa redonda con “presos políticos del franquismo”, que organizó el Ateneo Jesús Pereda el día 5 de noviembre de 2018, se puso de manifiesto un conflicto ideológico, aunque allí sólo se esbozó. Uno de los presos, Carles Vallejo, rechazó la denominación de víctima y reclamó ser denominado represaliado. Eso mismo ha pasado y está pasando en Argentina, en Chile, en Perú, en Colombia, en todos los países que han vivido un grave conflicto interno. Desde el punto de vista psicológico, la palabra víctima tiene una carga peyorativa y algunas personas prefieren otras denominaciones: afectado, damnificado, sobreviviente. De esa manera, no se sienten estigmatizados o, como dijo Cancho, cosificados. En cambio, desde la perspectiva de los Derechos Humanos se reclama la palabra víctima, siempre unida a las de verdad, justicia y reparación.

Hace unos años hubo un interesante debate sobre el concepto de víctima, al publicar Juan Gelman un artículo en El País con el título de Elogio de la culpa, que recibió varias respuestas. Gelman reclamaba allí para su hijo la condición de luchador y rechazaba la de inocencia, que suele ir asociada a la idea de víctima. En Argentina, como en España, muchas víctimas de la dictadura o sus familiares gritan a los cuatro vientos que no habían hecho nada, que no militaban en ninguna parte, para evidenciar así la injusticia del daño sufrido. Porque -dicen los dictadores- si no eran inocentes, si acaso fueran militantes, “algo habrán hecho” y su muerte estará justificada. Por eso Gelman se rebela: su hijo no era inocente, era un luchador por la justicia y, sin embargo, fue una víctima de la dictadura argentina, un detenido-desaparecido. (Sus restos aparecerían en 2012, mezclados con cemento y arena en el río Luján).

Hay dos razonamientos perversos que los victimarios exhiben siempre para justificar su crimen. Unos usan la teoría de los dos demonios, otros la equidistancia entre los muertos de un lado y del otro en cualquier conflicto interno. Si los asesinados eran rebeldes, militantes, demonios, está justificada su muerte, dicen los primeros. En el segundo razonamiento, se admite el crimen, pero como “los otros” también cometieron crímenes, son iguales y hay que olvidarlo; es la doctrina de la equidistancia de las víctimas, donde todos son víctimas y todos verdugos. Primo Levi calificó estos razonamientos de “perversión moral”, porque logran al mismo tiempo conseguir la impunidad para los asesinos y evitar la reparación para las víctimas.

Las víctimas son inocentes y los victimarios no tienen excusa, pero la inocencia no procede de la bondad de las personas asesinadas, torturadas o encarceladas, sino de la perversidad del crimen. También lo dejó dicho Primo Levi: muchas veces los supervivientes de Auschwitz fueron los peores, los más egoístas, los insolidarios; y eso no les restaba ninguna parte de su carácter de víctimas inocentes, ni siquiera los Sonderkomandos estaban excluídos de la condición de víctimas.

Esa cualidad de inocencia que tienen todas las víctimas les hace ser universales: cualquiera de nosotros podíamos ser la víctima. Por eso, a esos crímenes se les denomina crímenes contra la humanidad y son imprescriptibles.

Entiendo que las víctimas que han sobrevivido al terror, especialmente a un Estado terrorista, puedan sentirse alguna vez incómodas, pero eso no les convierte en demonios ni les iguala a sus asesinos. Son víctimas y merecen recuperar la memoria, construir la verdad, alcanzar la justicia y ser reparadas; es decir, merecen recuperar lo que ocultaron siempre sus victimarios.

II.

Pero la incomodidad de Carles Vallejo no provenía de la teoría de los dos demonios, ni de la inmoralidad de la doctrina de la equidistancia entre víctimas y verdugos. Él reclamó ser denominado represaliado, que tiene un matiz distinto de sobreviente o de afectado o damnificado. Se reclamaba represaliado para reclamar su militancia, como hacía Juan Gelman para sí y para su hijo asesinado.

Para situar el conflicto ideológico que rebeló Carles Vallejo hay que fijarse en la diferencia entre las ideas de memoria democrática y rememoración de las víctimas. La idea de memoria democrática hace referencia a la voluntad de recordar la República, derrotada por el franquismo. Una cuestión política. Mientras que rememoración de las víctimas se refiere a la voluntad de poner sobre la mesa a las víctimas del franquismo, a todas las víctimas: las asesinadas, incluídas las ajusticiadas después de los ilegítimos juicios sumarísimos; los niños robados; y los torturados y los detenidos por la dictadura. Esas son las víctimas que fueron echadas al olvido y que, con mucho esfuerzo, los militantes del memorialismo y los familiares van rememorando, poniendo nombres y abriendo fosas comunes. Una cuestión de derechos humanos.

No es lo mismo recordar a la República, que rememorar a las víctimas olvidadas. Recordar a la República forma parte de la memoria identitaria y, por eso, hay muchas identidades: socialistas, comunistas, anarquistas, republicanos diversos. En este caso, se tiende a recordar a los muertos como héroes por la libertad, por la justicia social. Esta es la razón también de que se hayan multiplicado las asociaciones memorialistas, queriendo cada identidad tener su propia asociación. Por eso, es tan difícil la unidad del memorialismo. Sobre eso precisamente versaba la pregunta que yo hice a los “presos del franquismo”.

Rememorar a las víctimas, sacarlas del olvido en el que las sepultaron los asesinos no admite diversidades, porque todas las víctimas son inocentes y universales. Da lo mismo un dirigente, que un afiliado de base, que un mero simpatizante, que un indiferente. Todos fueron asesinados por el mismo motivo, por no ser de “ellos”, de los militares golpistas y de sus apoyos ideológicos y sociales. Y recordemos que los primeros asesinados fueron todos militares, comenzando por el primer estorbo, el general Balmes.

Esta es la memoria benjaminiana, la que intranquiliza, la que construye un nuevo paradigma político, ese que T.W. Adorno, el filósofo amigo de Benjamin, formuló así: “Hitler ha impuesto a los hombres un nuevo imperativo categórico para su actual estado de ausencia de libertad: el de reorientar su pensamiento y su acción de modo que Auschwitz no se repita, que no vuelva a ocurrir nada semejante”. Como demuestra Nicolás Sartorius en su último libro sobre el uso del lenguaje, hay que empezar por las palabras para no ser esclavos de la posverdad, o sea, de la mentira. Ni demonios, ni héroes, víctimas de una dictadura.

Marcelino Flórez

Marcos Ana y los presos políticos

La Fundación Jesús Pereda, de las Comisiones Obreras de Castilla y León, ha presentado en Valladolid la exposición en homenaje a Marcos Ana, que se titula “Marcos Ana, hacia mis libres años”. Con ese motivo, organizó el día 5 de noviembre una mesa redonda sobre “Presos políticos en el franquismo”, en la que participaron Willy Meyer, Carles Vallejo y José Luis Cancho, coordinados por Gonzalo Franco Blanco.

Más importante que las palabras que han dicho los miembros de la mesa, es el testimonio que representan. Escuchar a Carles Vallejo decir que sabía que apoyar la creación de comisiones obreras en SEAT era causa segura para terminar en la cárcel en dos o tres años, después de pasar unos días en comisaría, días que no tenían límite si había estado de excepción; escuchar eso, digo, emociona. Más aún, sabiendo que así se cumplía.

Willy Meyer nos contó que la cárcel era una liberación, después de pasar por comisaría. Allí terminaban las torturas y allí había un amplio espacio de acogida, los numerosos presos políticos, la mayoría del partido, como se decía entonces, o de las Comisiones Obreras. La cárcel era, además, un aula universitaria, donde cada persona experta enseñaba sus saberes.

Cancho leyó unas letras suyas y otras de algún amigo, que le habían enviado para la ocasión. Corroboró el testimonio de acogida en la cárcel, donde el alumno coincidió con su profesor de lingüística, Carlos Castro, y donde se aprendía marxismo con los más expertos o sindicalismo con el mismísimo Camacho. Afirmó también el espacio de libertad que allí se ganaba, donde uno no tenía ya que ocultar su pensamiento y podía decir con tranquilidad que era comunista. Pero su testimonio sobrecogió por dos detalles: el primero, que no había vuelto a pisar la Cárcel Nueva, donde estuvo encerrado, y que desde hace varios lustros es el Centro Cívico, en el que ahora se hallaba. Y esto a pesar de que su familia vive muy cerca. Me recordó a György Konrád, que escribía: “Resulta desagradable que los testigos salgan de repente de las fosas comunes”, para expresar así su desazón al contar que era uno de los solo siete niños, entre los doscientos niños judíos de su pueblo, que lograron sobrevivir al nazismo; y me recordaba a Amèry, a Antelme, a Primo Levi, a Jorge Semprún, que tardaron años en volver al lugar de la opresión o que no fueron capaces de seguir viviendo con su testimonio. El otro detalle es la caída por la ventana de la comisaría de la calle Felipe II. No puede recordar si se tiró o le tiraron, sólo recuerda los largos días de hospital y la pierna quebrada para siempre y necesitada de un zapato sobrealzado.

Esta mesa de presos del franquismo ha puesto de manifiesto que es necesario prodigar el testimonio, ahora que aún es posible. Hacen falta más charlas y difundir la noticia, para que no seamos cuatro gatos y todos de la casa, como ayer.

Casi al margen de la actividad, hubo otro detalle, para mí del máximo interés, sobre la forma de nombrar a los presos del franquismo. Yo dije víctimas; Carles rechazó esa denominación y reclamó la de represaliados. Pero eso se merece otro artículo, más ahora que Nicolás Sartorius acaba de recordarnos con su último libro la importancia de las palabras para designar lo que se pretende.

Marcelino Flórez

Los “expertos” ante la Comisión de la Verdad

El País del domingo 2 de septiembre de 2018 presentaba un pequeño reportaje de Ignacio Zafra, que recogía la opinión de cuatro historiadores acerca de la iniciativa de Pedro Sánchez de crear una Comisión de la Verdad sobre el franquismo. Paul Preston decía que ya es tarde para crear esa Comisión, porque los verdugos ya no pueden pedir perdón a las víctimas; Santos Juliá decía que eso tiene sentido “cuando los testigos de los sucedido están vivos” y que aquí ya se conoce casi todo; Moradiellos decía que “no va a sentar una verdad oficial”; y José Álvarez Junco añadía que está en contra de esa verdad oficial.

Otro historiador, Julián Casanova, replicaba en su muro de Facebook el día 3 de septiembre una entrevista que le hizo Infolibre y tampoco se mostraba partidario de una Comisión de la Verdad, en este caso por extemporánea. Reconocía, sin embargo, lo siguiente: “Hay que sacar toda la verdad histórica, toda la información, pero no soy partidario de una comisión ad hoc”.

Nos faltaba Antonio Elorza, que pontificó finalmente el día 5 de septiembre, también en El País. Decía que la “verdad histórica” ya está establecida en cuanto a las responsabilidades. Faltaría una nimiedad: el resarcimiento de las víctimas. Y terminaba manifestando sus dudas sobre si los líderes políticos herederos de las ideologías presentes en la Guerra asumirían los crímenes. Citaba, incluso, tres de esos crímenes, sólo tres: García Oliver y su amparo de la FAI; los comunistas en Paracuellos; y el PNV con Santoña.

Finalmente, Álvaro Soto, el día 6, escribía otro artículo en el que no veía con agrado una Comisión de la Verdad, después de tanto tiempo y porque “ya tenemos ‘verdades’ históricas rigurosas y reconocidas”. Pero su artículo se titulaba “Contra el olvido”. ¿En qué quedamos?

Vaya por delante mi desprecio sin paliativos a estas opiniones por una primera razón: casi ninguna demuestra saber lo que es una Comisión de la Verdad y todas desconocen el papel y el significado de las víctimas. Además, confunden una Comisión de la Verdad con una tesis doctoral. Y, en el fondo, lo que se manifiesta es la preocupación por que una Comisión de la Verdad ponga sobre la mesa su papel historiográfico, su autoridad en tanto que historiadores “oficiales”. Estos historiadores pueden ser “expertos” en historia, pero no lo son en comisiones de la verdad . Su palabra, por lo tanto, no vale más que la de cualquier otra persona; y el valor de esa palabra dependerá de la sabiduría que demuestren. En este caso, poca.

Las asociaciones de víctimas del franquismo, sin embargo, y las asociaciones de defensa de los derechos humanos llevan varios años reclamando la creación de una Comisión de la Verdad. ¿Qué quieren estas asociaciones? Desde luego, no quieren otro libro de historia, ni siquiera otro libro para combatir a negacionistas y revisionistas, cosa que siempre hace falta.

Quieren conocer todos los nombres de las víctimas, las circunstancias de su muerte, los autores de la misma, quién dio la orden, quién la ejecutó, si fue el gobierno, si el ejército, si unos paramilitares, si cuadrillas de bandoleros, si se ajustaba al derecho nacional e internacional vigente.

Quieren localizar todas y cada una de las fosas (las del campo republicano y las del campo franquista; eso sí, sin mezclarlas, cada una en su departamento), sacar los huesos, identificarlos, entregarlos a los familiares o a las asociaciones de defensa de los derechos humanos. Y esto en público, no como mero “honor de los muertos” en la privacidad familiar.

Quieren conocer si, además de matarlos, los torturaron, si les robaron sus bienes, si les obligaron a trabajar como esclavos; quién los contrataba para esos trabajos; quién se adueñó de sus bienes.

Quieren saber si esos crímenes han conocido ya alguna reparación.

Quieren conocer la verdad, que lleva oculta más de ochenta años. Una comisión “contra el olvido” precisamente.

Y cuando conozcan la verdad, reclamarán justicia y reparación, claro. Pondrán en manos de los jueces la información. Y si los jueces no hacen nada, como ahora, pedirán reparación al gobierno. Pedirán una ley que dignifique a las víctimas, que las diferencie de los asesinos, que las honre. Una ley que condene la apología del crimen y que expulse de la sociedad a los apologetas, que limpie los escenarios de contertulios solidarios con los asesinos, lo sean por mala fe o por ignorancia.

No necesitamos un nuevo libro de historia, por eso no necesitamos una comisión de historiadores. Por cierto, el Pacto de Santoña podrá merecer el juicio político que se desee, pero no es responsable de ningún tipo de crímenes contra la humanidad, por lo que no forma parte de los objetivos de estudio de una Comisión de la Verdad.

Tampoco necesitamos recuperar la Segunda República o, como dicen algunos, la “memoria democrática”, por eso tampoco necesitamos una comisión de republicanos. A este respecto, sí queremos conocer la responsabilidad de García Oliver, pero no en abstracto, sino ante asesinatos concretos, con todas sus circunstancias; como también queremos saber el papel de Carrillo en Paracuellos, que éste ocultó hasta en sus memorias póstumas, pero no se busca un análisis e interpretación del anarquismo y del comunismo durante la República. De eso sí van hablando los historiadores y tendrán que hacerlo, quizá, los “herederos políticos”, pero no es tarea de ninguna Comisión de la Verdad.

Sólo necesitamos conocer la verdad oculta: los nombres de las víctimas, los de sus asesinos, el lugar del ocultamiento del cadáver, todo lo que se ocultó hace cuarenta años, a pesar de la Constitución. Para eso necesitamos una Comisión de la Verdad.

Después vendrán otras cosas por añadidura: nuevos libros de historia, que interpelarán a los “expertos”; nueva imagen de la política republicana, que redefinirá los rostros de unos y de otros; nueva imagen del franquismo, que hará posible culminar la Transición, ahora ya sin espadones y sin los otros poderes fácticos con sus diversos aliados, que nos subyugaron desde 1975 hasta aquí.

Marcelino Flórez

Memoria de qué

En España se ha instalado el concepto de memoria histórica, por lo que parece, para quedarse. Este verano de 2018 unos socialistas segovianos han creado una asociación memorialista con la denominación ARMH. Pero esas siglas ya tienen dueño, la asociación creada por Santiago Macías y Emilio Silva en el año 2000, y el dueño ha hecho saber a los socialistas segovianos que no pueden utilizar esas siglas con sentido partidista. Los socialistas segovianos tendrán que rectificar, pero el inductor de la nueva asociación, un médico mallorquín asentado en la provincia segoviana al jubilarse, asegura que las palabras “memoria histórica” figurarán en todo caso en su asociación, porque esa denominación no es patrimonio de nadie. El caso me recuerda la anécdota que contaba Francisco Espinosa en uno de sus libros sobre el editor periodístico que le invitaba a introducir la palabra memoria en los titulares, porque cotiza al alza.

Estoy releyendo estos días veraniegos el libro de Rafael Escudero Alday, Memoria histórica y democracia en España, y constato una vez más la mala elección que el movimiento memorialista hizo cuando adoptó la expresión “memoria histórica”. Reconoce este autor que esa expresión significa, al menos, dos cosas: una, la idea de rememorar a las víctimas olvidadas; y otra, la idea de recuperar los valores de la Segunda República. En verdad, son dos cosas bien diferentes y con misiones también diferentes. La una busca activar la justicia transicional; la otra piensa en fortalecer a un grupo ciudadano afín a una política defensora de los derechos humanos o, en términos más generales, a una ciudadanía progresista.

Recuerdo también el conflicto que se generó en los comienzos del movimiento memorialista por la relación entre los conceptos de memoria y de historia. Esta relación afectó a dos vertientes del pensamiento. Algunos historiadores redujeron el concepto de memoria histórica al sentido primigenio de la idea, tal como la formuló Pierre Nora, quien, a su vez, lo tomó de la sociología, donde Halbwachs había establecido el concepto de memoria colectiva. Para la sociología, memoria colectiva significaba la imagen que una sociedad se hace de sí misma con referencia en su pasado o memoria transmitida. Esta imagen contribuye de forma determinante a construir la identidad de las sociedades humanas o, como se decía a principios del siglo XX, la identidad de los “pueblos”.

Como el movimiento memorialista se sirvió mucho de los recuerdos de las personas vivas, lo que a partir de Ronald Frasser se conocía como “historia oral”, otro grupo de historiadores reaccionó despreciando esa historia oral y reivindicando la historia académica. Asombra hoy ver el grado de corporativismo de este grupo de historiadores, que reclamaba la titularidad del oficio frente a los intrusos o “aficionados” del movimiento memorialista. Casi nadie deja de reconocer ahora que las fuentes orales son una fuente más para la reconstrucción del relato histórico, eso sí, debidamente tratadas, como ha de hacerse, por otra parte, con todo tipo de fuentes. La confusión aquí se produjo al identificar el término memoria con las “memorias”, biografías, autobiografías o recuerdos que las personas tienen de sus vivencias pasadas.

Sería bueno, por lo tanto, reservar el nombre adecuado para cada cosa, aunque ésta sea ya una batalla perdida:

Historia, para la ciencia o saber construido sobre el pasado. Una de sus fuentes puede ser la memoria oral, pero el relato histórico se construye con fuentes diversas.

Memoria colectiva, para la imagen de su pasado que una sociedad determinada tiene, con la que afianza una identidad. Esta memoria e identidad cambian con el tiempo y su estudio evolutivo admitiría el concepto de memoria histórica, como hacía la Escuela de los Anales y, en particular, Pierre Nora en Les Lieux de Mémoire.

En este espacio se inserta ese deseo de algunos memorialistas por recuperar los “valores de la República”. Por cierto, esos “valores” son diferentes para anarquistas, comunistas, socialistas y simples republicanos. Ahí lo dejo.

Y memoria de las víctimas, para el recuerdo consciente de los crímenes pasados y no reparados. Aquí no se pueden mezclar churras con merinas: ni víctimas con victimarios, ni víctimas con identidades políticas. Cada cosa, en su departamento.

Este es el campo donde se inserta la justicia transicional, según el proceso que va del recuerdo a la verdad y termina en la justicia y en la reparación, porque, como escribía Rainer Huhle, “si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, de culpas enormes, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”.

El movimiento memorialista ha conseguido en España que la rememoración de las víctimas del franquismo ocupe un lugar destacado en la agenda política. Falta ahora que se establezca la verdad y eso pide a gritos la creación de una Comisión de la Verdad. Esperamos que el recién nombrado Director General de Memoria Histórica, Fernando Martínez López, que es historiador y sabe de lo que se trata aquí, no nos defraude en esto, porque ya está tardando en crear esa Comisión de la Verdad, principal elemento para desarrollar la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y dictadura. Establecida la verdad, caerá como fruta madura la justicia reparadora y se completará la transición de la dictadura a la democracia.

Marcelino Flórez

Reforma de la Ley de Amnistía o Comisión de la Verdad

Unidos Podemos y los nacionalistas no han logrado que el Congreso aprobase una modificación de la Ley de Amnistía de 1977, por la que se pretendía exceptuar de aquella ley a los delitos de lesa humanidad. Esta modificación no debería ser necesaria, si se leyese adecuadamente la Constitución, de acuerdo con los tratados internacionales firmados por España, que ya exceptúan esos delitos de lesa humanidad en cualquier ley de amnistía. Pero la lectura que el Tribunal Supremo y el Constitucional vienen haciendo de la ley desoye los mandatos de los tratados internacionales, por lo que la proposición de Unidos Podemos y de los nacionalistas es necesaria para alcanzar la justicia que se merecen las víctimas y la condena que se merecen sus asesinos.

Dos tipos de argumentos se han esgrimido para oponerse a la modificación. Las derechas han recuperado los razonamientos que Marcelino Camacho, Xabier Arzallus y todas las fuerzas de oposición aportaron en 1977 para aprobar la Ley de Amnistía, a la que sólo se opuso Alianza Popular y la extrema derecha. Se pretendía con aquella ley sacar de las cárceles franquistas a quienes aún permanecían en ellas, que eran las personas acusadas de delitos de violencia política, la gente de ETA, del FRAP o de los GRAPO. Es verdad que los comunistas y los nacionalistas vascos usaron también el argumento de la “reconciliación nacional”, en una clara referencia a olvidar la Guerra de España y todas sus consecuencias, “una reconciliación, escribiría Bartolomé Clavero en su autobiografía familiar, El árbol y la raíz, que sólo bastante más tarde advertí que entrañaba la consagración de la impunidad de los vencedores y el despojo de los vencidos”. Así fue. Y eso es innegable. Pero los tiempos han cambiado, el conocimiento de la realidad ha cambiado y las demandas de hoy no son las mismas que las de 1977. Recurrir al “espíritu de la Transición” es un anacronismo en 2018.

El PSOE ha utilizado otro argumento, que es menos espectacular, pero más consistente: “la inseguridad jurídica”. No sé bien a qué se refiere, porque no lo ha explicitado, pero es muy posible que el PSOE esté pensando en la responsabilidad económica por los bienes sustraídos por el franquismo. De ese botín que se apropiaron los vencedores, Bartolomé Clavero aseguraba que “en el ámbito patrimonial, no por supuesto en el penal, la responsabilidad puede alcanzar a los descendientes de genocidas” y, añado yo, al Estado y a las empresas. ¿Será ésta la inseguridad jurídica que han aducido los socialistas para oponerse a la reforma de la ley? Estas precauciones ya las tomaron en la mal llamada Ley de Memoria Histórica, por lo que ahí puede estar la clave de este asunto.

En las redes, todo son improperios contra el PSOE, bien merecidos, por cierto. Pero hay otra crítica política que debe hacerse: cuando se desea que triunfe una propuesta, es necesario negociar su contenido con quien convenga; y es un error pretender hacerse la foto propagandística, dejando que sea derrotada la propuesta. Alguien tendrá esa responsabilidad, sin duda. ¿Por qué no se buscan vías de consenso, como puede ser en este caso el impulso parlamentario de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la Guerra de España? Al menos obtendríamos un relato consensuado y definitivo. “Y si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”, como escribió Rainer Huhle. El país no parece estar maduro para buscar la justicia, pero debería estarlo para buscar la verdad.

Marcelino Flórez

El alcalde de Pajares de la Laguna, un espejo del Partido Popular

Estos días está siendo noticia el alcalde de Pajares de la Laguna, un pueblo salmantino de la comarca de La Armuña. Se llama Juan Antonio Benito de Dios y es noticia porque el Senado ha puesto en conocimiento de la fiscalía una carta que este señor ha enviado a esa institución, plagada de gravísimos insultos.

El origen del conflicto es un escrito que el senador valenciano Carles Mullet ha hecho llegar a más de 2.000 municipios, que aún conservan nombres franquistas en sus callejeros, recordándoles que han de cumplir la conocida como Ley de Memoria Histórica. En Pajares de la Laguna he visto que se conservan dos de esos nombres, Calvo Sotelo y Salas Pombo, este último un falangista nacido en Cataluña, que, entre otras cosas, fue Gobernador Civil de Salamanca y, desaparecido Franco, fue uno de los pocos diputados en Cortes que votó en contra de la Ley para la Reforma Política, con la que se originó el paso a la democracia, o sea, un miembro de lo que entonces llamábamos el “búnquer”.

El escrito que envía el alcalde al Senado es asombroso por la ignorancia que destila, que sobrepasa con mucho a las descalificaciones y groserías que dice sobre el Presidente del Senado, sobre el senador Mullet, sobre Zapatero y sobre la “ley de memoria histórica”. Me resisto a reproducir los insultos e invito a quienes no los conozcan y los deseen conocer que recurran a internet. De lo que yo quiero hablar no es de lo que dice este alcalde, sino de lo que justifica que este alcalde pueda decir lo que dice.

Por empezar por lo más sencillo, los insultos a Zapatero se explican porque no hacen más que reproducir los mismos insultos que el Partido Popular repitió hasta la saciedad en sus últimos meses de gobierno y que alcanzaron su cima cuando Mariano Rajoy le insultó en sede parlamentaria, llamándole “tonto solemne”. Era la época de la crispación y “de aquellos polvos, estos lodos”; mucho más, cuando los que ahora gobiernan son los que antes insultaban.

En lo que se refiere al desprecio de la “ley de memoria histórica”, está igualmente autorizado por su partido, que en boca de Rafael Hernando o de Esperanza Aguirre hemos escuchado tantas veces, pero, sobre todo, hemos escuchado a Mariano Rajoy, cuando presumía en una entrevista televisiva de no dar un céntimo para el desarrollo de la referida ley en todos sus años de gobierno. Hay un agravante, en este caso, que justifica aún más los improperios que emite el alcalde de Pajares de la Laguna. Este agravante son los jueces, que no han admitido las querellas presentadas contra alguno de esos personajes públicos por insultar a las víctimas del franquismo, amparadas por esa misma ley. Y, como nos recordó hace ya algunos años el investigador y defensor de derechos humanos, Rainer Huhle, “en un estado moderno de derecho, y pese a muchos deseos de tener otros mecanismos tal vez más humanos (como criterio de moralidad), el castigo judicial es el recurso más válido que tiene la sociedad para declarar lo que considera justo e injusto”. Con los jueces hemos topado y, de ahí, la chulería de este alcalde.

Utiliza el alcalde la palabra comunista como denuncia contra el senador Mullet, exactamente igual que lo hizo el franquismo durante toda su historia y que sus herederos políticos no han sabido abandonar. Pero lo que sonroja y preocupa es que este alcalde, que, además, es maestro y director de un colegio público, achaque a los comunistas la provocación de la Guerra Civil. Esto, además de una falsedad histórica que no necesita ninguna defensa argumental, debería de ser considerado un delito de lesa humanidad por la pretensión de querer ocultar el crimen contra la humanidad que fue el franquismo.

Por estas y por muchas más razones, la carta del alcalde de Pajares de la Laguna, del Partido Popular, exige no sólo la intervención de la fiscalía, sino que de una vez los parlamentarios democráticos de España se pongan a la tarea de llevar adelante una Comisión de la Verdad, de la que surja una ley que dé fin a estas humillaciones que seguimos sufriendo las personas solidarias con las víctimas del franquismo. Es verdad que vamos avanzando. El escándalo que ha provocado el acto que comentamos está ya lejos de las justificaciones que tuvimos que soportar ante hechos protagonizados por otros alcaldes, como el de Poyales del Hoyo o el de Baralla. También la ley de “memoria histórica” que está preparando el gobierno del Partido Popular de Castilla y León, producto del diálogo social, es otro avance. Pero estos delitos no se pueden aguantar más y tenemos derecho a gritar: ¡Ya basta!

Marcelino Flórez

Patria, de Aramburu

1. El perdón

Fernando Aramburu nos cuenta en Patria la historia de dos familias, que son amigas íntimas en un pueblo pequeño, próximo a San Sebastián. Son de distinta condición social; una, empresaria pequeña y pudiente; la otra, obrera no cualificada. Pero tienen elementos comunes identitarios, la vecindad, la lengua vasca. Un hecho externo romperá su amistad: el empresario es señalado por ETA, primero, y es asesinado, después. No volvieron a hablarse, hasta que finalmente vuelven a abrazarse, después de solicitar y obtener el perdón.

Ese argumento está preñado de significados laterales: ETA, sus apoyos y sus métodos; la idiosincrasia vasca popular; el factor clerical en el conflicto; y, sobre todo, el pensamiento que rodea al final del terrorismo: ¿olvido o memoria?, equidistancia de las víctimas, responsabilidades, verdad, justicia, perdón, reconciliación.

El autor ha dicho que el “tema” de la novela es el perdón. Comencemos por ahí.

Bittori, la protagonista principal de la novela, casada con el Txato, el asesinado, busca incansable que Joxe Mari, miembro del comando asesino e hijo de la familia amiga, le solicite el perdón. La novela termina con el abrazo de Bittori y Miren, la esposa del otro matrimonio y madre del etarra (lo que la convertiría en una abertxale), como anuncio de la reconciliación en Euskadi a través del perdón.

La novela de Fernando Aramburu es una novela excelente. Así lo reconoce unánimemente la crítica. Y no es más que eso, una novela. No tiene contaminación alguna con el ensayo, ni con la historia, ni con cualquier ciencia. Es una pura descripción de la realidad y ese es uno de sus principales méritos. A mí me ha gustado mucho.

Disiento del autor, sin embargo, sobre el “tema” de la novela. Creo que no es el perdón, sino lo que subyace en la perfecta y realista descripción de una parte muy representativa de la sociedad vasca en la época de sumisión al terrorismo etarra. No le corresponde, por otra parte, al autor definir el tema, sino a los lectores, que, sin duda, encontrarán hilos conductores diferentes. Esto no quiere decir que al autor no le interese el asunto del perdón. Creo que es lo que más le interesa, eso sí.

Dejemos, pues, el “tema” para otra ocasión y vayamos al perdón. Hay un concepto muy próximo, casi idéntico entre los católicos, que es el de reconciliación. Pero es preciso establecer una diferencia esencial: el perdón sólo puede solicitarse y ofrecerse entre personas individuales, nadie puede perdonar por otra, mientras que la reconciliación puede atender a conflictos más generales. Por ejemplo, se puede llegar a acuerdos entre Estados, entre clases sociales, entre grupos vecinales, que restauren la convivencia rota, sin necesidad de pedir o de ofrecer perdón.

Si el problema de la sociedad vasca fuese la solicitud y la concesión de perdón, las cartas intercambiadas entre Bittori y Joxe Mari serían la solución. De hecho, el autor así lo interpreta cuando opta por abrir la puerta a la esperanza con el abrazo entre Bittori y Miren, que quiere simbolizar la reconciliación de la sociedad vasca.

Pero si el problema de la sociedad vasca fuese la ruptura de la convivencia entre las víctimas y las pocas gentes que se solidarizaron con ellas, por una parte, y sus asesinos junto a las enormes masas que, por convicción o por temor, les acompañaron, por otra, no parece que una acción individual entre una víctima y un asesino (o entre cada una de las víctimas y cada uno de los asesinos) pueda ser capaz de restaurar la convivencia social.

Los encuentros entre víctimas y victimarios son símbolos positivos, sí, y ayudan en la tarea de restauración de la convivencia entre iguales y diferentes, pero no resuelven el problema. Mientras los responsables del crimen y cuantos, por voluntad o por fuerza, les acompañaron, en los distintos grados de responsabilidad, no reconozcan su participación y se sometan al veredicto de la justicia y de la verdad histórica, la convivencia no podrá ser restaurada. Luis Pérez Aguirre, un uruguayo que fue víctima de torturas, advertía de los peligros de la reconciliación en su vertiente social: “Y hay que medir los riesgos desde diferentes perspectivas, decía. Ante todo, habrá que poner los medios para superar el círculo vicioso de las revanchas, de los desquites y las venganzas por propia mano. Pero nunca a costa de incorporar a la comunidad al enemigo no arrepentido, con su odio y con su injusticia, prescindiendo de un análisis serio y profundo de sus propósitos. Sería como meter al lobo en medio del rebaño de corderos”.

Para mí, este es el “tema” de la novela y el hondo problema, que tardará en resolverse, en Euskadi.

(Trataremos estas cosas en el Club de Lectura de La Aldea)

Marcelino Flórez