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Los “expertos” ante la Comisión de la Verdad

El País del domingo 2 de septiembre de 2018 presentaba un pequeño reportaje de Ignacio Zafra, que recogía la opinión de cuatro historiadores acerca de la iniciativa de Pedro Sánchez de crear una Comisión de la Verdad sobre el franquismo. Paul Preston decía que ya es tarde para crear esa Comisión, porque los verdugos ya no pueden pedir perdón a las víctimas; Santos Juliá decía que eso tiene sentido “cuando los testigos de los sucedido están vivos” y que aquí ya se conoce casi todo; Moradiellos decía que “no va a sentar una verdad oficial”; y José Álvarez Junco añadía que está en contra de esa verdad oficial.

Otro historiador, Julián Casanova, replicaba en su muro de Facebook el día 3 de septiembre una entrevista que le hizo Infolibre y tampoco se mostraba partidario de una Comisión de la Verdad, en este caso por extemporánea. Reconocía, sin embargo, lo siguiente: “Hay que sacar toda la verdad histórica, toda la información, pero no soy partidario de una comisión ad hoc”.

Nos faltaba Antonio Elorza, que pontificó finalmente el día 5 de septiembre, también en El País. Decía que la “verdad histórica” ya está establecida en cuanto a las responsabilidades. Faltaría una nimiedad: el resarcimiento de las víctimas. Y terminaba manifestando sus dudas sobre si los líderes políticos herederos de las ideologías presentes en la Guerra asumirían los crímenes. Citaba, incluso, tres de esos crímenes, sólo tres: García Oliver y su amparo de la FAI; los comunistas en Paracuellos; y el PNV con Santoña.

Finalmente, Álvaro Soto, el día 6, escribía otro artículo en el que no veía con agrado una Comisión de la Verdad, después de tanto tiempo y porque “ya tenemos ‘verdades’ históricas rigurosas y reconocidas”. Pero su artículo se titulaba “Contra el olvido”. ¿En qué quedamos?

Vaya por delante mi desprecio sin paliativos a estas opiniones por una primera razón: casi ninguna demuestra saber lo que es una Comisión de la Verdad y todas desconocen el papel y el significado de las víctimas. Además, confunden una Comisión de la Verdad con una tesis doctoral. Y, en el fondo, lo que se manifiesta es la preocupación por que una Comisión de la Verdad ponga sobre la mesa su papel historiográfico, su autoridad en tanto que historiadores “oficiales”. Estos historiadores pueden ser “expertos” en historia, pero no lo son en comisiones de la verdad . Su palabra, por lo tanto, no vale más que la de cualquier otra persona; y el valor de esa palabra dependerá de la sabiduría que demuestren. En este caso, poca.

Las asociaciones de víctimas del franquismo, sin embargo, y las asociaciones de defensa de los derechos humanos llevan varios años reclamando la creación de una Comisión de la Verdad. ¿Qué quieren estas asociaciones? Desde luego, no quieren otro libro de historia, ni siquiera otro libro para combatir a negacionistas y revisionistas, cosa que siempre hace falta.

Quieren conocer todos los nombres de las víctimas, las circunstancias de su muerte, los autores de la misma, quién dio la orden, quién la ejecutó, si fue el gobierno, si el ejército, si unos paramilitares, si cuadrillas de bandoleros, si se ajustaba al derecho nacional e internacional vigente.

Quieren localizar todas y cada una de las fosas (las del campo republicano y las del campo franquista; eso sí, sin mezclarlas, cada una en su departamento), sacar los huesos, identificarlos, entregarlos a los familiares o a las asociaciones de defensa de los derechos humanos. Y esto en público, no como mero “honor de los muertos” en la privacidad familiar.

Quieren conocer si, además de matarlos, los torturaron, si les robaron sus bienes, si les obligaron a trabajar como esclavos; quién los contrataba para esos trabajos; quién se adueñó de sus bienes.

Quieren saber si esos crímenes han conocido ya alguna reparación.

Quieren conocer la verdad, que lleva oculta más de ochenta años. Una comisión “contra el olvido” precisamente.

Y cuando conozcan la verdad, reclamarán justicia y reparación, claro. Pondrán en manos de los jueces la información. Y si los jueces no hacen nada, como ahora, pedirán reparación al gobierno. Pedirán una ley que dignifique a las víctimas, que las diferencie de los asesinos, que las honre. Una ley que condene la apología del crimen y que expulse de la sociedad a los apologetas, que limpie los escenarios de contertulios solidarios con los asesinos, lo sean por mala fe o por ignorancia.

No necesitamos un nuevo libro de historia, por eso no necesitamos una comisión de historiadores. Por cierto, el Pacto de Santoña podrá merecer el juicio político que se desee, pero no es responsable de ningún tipo de crímenes contra la humanidad, por lo que no forma parte de los objetivos de estudio de una Comisión de la Verdad.

Tampoco necesitamos recuperar la Segunda República o, como dicen algunos, la “memoria democrática”, por eso tampoco necesitamos una comisión de republicanos. A este respecto, sí queremos conocer la responsabilidad de García Oliver, pero no en abstracto, sino ante asesinatos concretos, con todas sus circunstancias; como también queremos saber el papel de Carrillo en Paracuellos, que éste ocultó hasta en sus memorias póstumas, pero no se busca un análisis e interpretación del anarquismo y del comunismo durante la República. De eso sí van hablando los historiadores y tendrán que hacerlo, quizá, los “herederos políticos”, pero no es tarea de ninguna Comisión de la Verdad.

Sólo necesitamos conocer la verdad oculta: los nombres de las víctimas, los de sus asesinos, el lugar del ocultamiento del cadáver, todo lo que se ocultó hace cuarenta años, a pesar de la Constitución. Para eso necesitamos una Comisión de la Verdad.

Después vendrán otras cosas por añadidura: nuevos libros de historia, que interpelarán a los “expertos”; nueva imagen de la política republicana, que redefinirá los rostros de unos y de otros; nueva imagen del franquismo, que hará posible culminar la Transición, ahora ya sin espadones y sin los otros poderes fácticos con sus diversos aliados, que nos subyugaron desde 1975 hasta aquí.

Marcelino Flórez

Memoria de qué

En España se ha instalado el concepto de memoria histórica, por lo que parece, para quedarse. Este verano de 2018 unos socialistas segovianos han creado una asociación memorialista con la denominación ARMH. Pero esas siglas ya tienen dueño, la asociación creada por Santiago Macías y Emilio Silva en el año 2000, y el dueño ha hecho saber a los socialistas segovianos que no pueden utilizar esas siglas con sentido partidista. Los socialistas segovianos tendrán que rectificar, pero el inductor de la nueva asociación, un médico mallorquín asentado en la provincia segoviana al jubilarse, asegura que las palabras “memoria histórica” figurarán en todo caso en su asociación, porque esa denominación no es patrimonio de nadie. El caso me recuerda la anécdota que contaba Francisco Espinosa en uno de sus libros sobre el editor periodístico que le invitaba a introducir la palabra memoria en los titulares, porque cotiza al alza.

Estoy releyendo estos días veraniegos el libro de Rafael Escudero Alday, Memoria histórica y democracia en España, y constato una vez más la mala elección que el movimiento memorialista hizo cuando adoptó la expresión “memoria histórica”. Reconoce este autor que esa expresión significa, al menos, dos cosas: una, la idea de rememorar a las víctimas olvidadas; y otra, la idea de recuperar los valores de la Segunda República. En verdad, son dos cosas bien diferentes y con misiones también diferentes. La una busca activar la justicia transicional; la otra piensa en fortalecer a un grupo ciudadano afín a una política defensora de los derechos humanos o, en términos más generales, a una ciudadanía progresista.

Recuerdo también el conflicto que se generó en los comienzos del movimiento memorialista por la relación entre los conceptos de memoria y de historia. Esta relación afectó a dos vertientes del pensamiento. Algunos historiadores redujeron el concepto de memoria histórica al sentido primigenio de la idea, tal como la formuló Pierre Nora, quien, a su vez, lo tomó de la sociología, donde Halbwachs había establecido el concepto de memoria colectiva. Para la sociología, memoria colectiva significaba la imagen que una sociedad se hace de sí misma con referencia en su pasado o memoria transmitida. Esta imagen contribuye de forma determinante a construir la identidad de las sociedades humanas o, como se decía a principios del siglo XX, la identidad de los “pueblos”.

Como el movimiento memorialista se sirvió mucho de los recuerdos de las personas vivas, lo que a partir de Ronald Frasser se conocía como “historia oral”, otro grupo de historiadores reaccionó despreciando esa historia oral y reivindicando la historia académica. Asombra hoy ver el grado de corporativismo de este grupo de historiadores, que reclamaba la titularidad del oficio frente a los intrusos o “aficionados” del movimiento memorialista. Casi nadie deja de reconocer ahora que las fuentes orales son una fuente más para la reconstrucción del relato histórico, eso sí, debidamente tratadas, como ha de hacerse, por otra parte, con todo tipo de fuentes. La confusión aquí se produjo al identificar el término memoria con las “memorias”, biografías, autobiografías o recuerdos que las personas tienen de sus vivencias pasadas.

Sería bueno, por lo tanto, reservar el nombre adecuado para cada cosa, aunque ésta sea ya una batalla perdida:

Historia, para la ciencia o saber construido sobre el pasado. Una de sus fuentes puede ser la memoria oral, pero el relato histórico se construye con fuentes diversas.

Memoria colectiva, para la imagen de su pasado que una sociedad determinada tiene, con la que afianza una identidad. Esta memoria e identidad cambian con el tiempo y su estudio evolutivo admitiría el concepto de memoria histórica, como hacía la Escuela de los Anales y, en particular, Pierre Nora en Les Lieux de Mémoire.

En este espacio se inserta ese deseo de algunos memorialistas por recuperar los “valores de la República”. Por cierto, esos “valores” son diferentes para anarquistas, comunistas, socialistas y simples republicanos. Ahí lo dejo.

Y memoria de las víctimas, para el recuerdo consciente de los crímenes pasados y no reparados. Aquí no se pueden mezclar churras con merinas: ni víctimas con victimarios, ni víctimas con identidades políticas. Cada cosa, en su departamento.

Este es el campo donde se inserta la justicia transicional, según el proceso que va del recuerdo a la verdad y termina en la justicia y en la reparación, porque, como escribía Rainer Huhle, “si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, de culpas enormes, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”.

El movimiento memorialista ha conseguido en España que la rememoración de las víctimas del franquismo ocupe un lugar destacado en la agenda política. Falta ahora que se establezca la verdad y eso pide a gritos la creación de una Comisión de la Verdad. Esperamos que el recién nombrado Director General de Memoria Histórica, Fernando Martínez López, que es historiador y sabe de lo que se trata aquí, no nos defraude en esto, porque ya está tardando en crear esa Comisión de la Verdad, principal elemento para desarrollar la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y dictadura. Establecida la verdad, caerá como fruta madura la justicia reparadora y se completará la transición de la dictadura a la democracia.

Marcelino Flórez

Reforma de la Ley de Amnistía o Comisión de la Verdad

Unidos Podemos y los nacionalistas no han logrado que el Congreso aprobase una modificación de la Ley de Amnistía de 1977, por la que se pretendía exceptuar de aquella ley a los delitos de lesa humanidad. Esta modificación no debería ser necesaria, si se leyese adecuadamente la Constitución, de acuerdo con los tratados internacionales firmados por España, que ya exceptúan esos delitos de lesa humanidad en cualquier ley de amnistía. Pero la lectura que el Tribunal Supremo y el Constitucional vienen haciendo de la ley desoye los mandatos de los tratados internacionales, por lo que la proposición de Unidos Podemos y de los nacionalistas es necesaria para alcanzar la justicia que se merecen las víctimas y la condena que se merecen sus asesinos.

Dos tipos de argumentos se han esgrimido para oponerse a la modificación. Las derechas han recuperado los razonamientos que Marcelino Camacho, Xabier Arzallus y todas las fuerzas de oposición aportaron en 1977 para aprobar la Ley de Amnistía, a la que sólo se opuso Alianza Popular y la extrema derecha. Se pretendía con aquella ley sacar de las cárceles franquistas a quienes aún permanecían en ellas, que eran las personas acusadas de delitos de violencia política, la gente de ETA, del FRAP o de los GRAPO. Es verdad que los comunistas y los nacionalistas vascos usaron también el argumento de la “reconciliación nacional”, en una clara referencia a olvidar la Guerra de España y todas sus consecuencias, “una reconciliación, escribiría Bartolomé Clavero en su autobiografía familiar, El árbol y la raíz, que sólo bastante más tarde advertí que entrañaba la consagración de la impunidad de los vencedores y el despojo de los vencidos”. Así fue. Y eso es innegable. Pero los tiempos han cambiado, el conocimiento de la realidad ha cambiado y las demandas de hoy no son las mismas que las de 1977. Recurrir al “espíritu de la Transición” es un anacronismo en 2018.

El PSOE ha utilizado otro argumento, que es menos espectacular, pero más consistente: “la inseguridad jurídica”. No sé bien a qué se refiere, porque no lo ha explicitado, pero es muy posible que el PSOE esté pensando en la responsabilidad económica por los bienes sustraídos por el franquismo. De ese botín que se apropiaron los vencedores, Bartolomé Clavero aseguraba que “en el ámbito patrimonial, no por supuesto en el penal, la responsabilidad puede alcanzar a los descendientes de genocidas” y, añado yo, al Estado y a las empresas. ¿Será ésta la inseguridad jurídica que han aducido los socialistas para oponerse a la reforma de la ley? Estas precauciones ya las tomaron en la mal llamada Ley de Memoria Histórica, por lo que ahí puede estar la clave de este asunto.

En las redes, todo son improperios contra el PSOE, bien merecidos, por cierto. Pero hay otra crítica política que debe hacerse: cuando se desea que triunfe una propuesta, es necesario negociar su contenido con quien convenga; y es un error pretender hacerse la foto propagandística, dejando que sea derrotada la propuesta. Alguien tendrá esa responsabilidad, sin duda. ¿Por qué no se buscan vías de consenso, como puede ser en este caso el impulso parlamentario de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la Guerra de España? Al menos obtendríamos un relato consensuado y definitivo. “Y si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”, como escribió Rainer Huhle. El país no parece estar maduro para buscar la justicia, pero debería estarlo para buscar la verdad.

Marcelino Flórez

El alcalde de Pajares de la Laguna, un espejo del Partido Popular

Estos días está siendo noticia el alcalde de Pajares de la Laguna, un pueblo salmantino de la comarca de La Armuña. Se llama Juan Antonio Benito de Dios y es noticia porque el Senado ha puesto en conocimiento de la fiscalía una carta que este señor ha enviado a esa institución, plagada de gravísimos insultos.

El origen del conflicto es un escrito que el senador valenciano Carles Mullet ha hecho llegar a más de 2.000 municipios, que aún conservan nombres franquistas en sus callejeros, recordándoles que han de cumplir la conocida como Ley de Memoria Histórica. En Pajares de la Laguna he visto que se conservan dos de esos nombres, Calvo Sotelo y Salas Pombo, este último un falangista nacido en Cataluña, que, entre otras cosas, fue Gobernador Civil de Salamanca y, desaparecido Franco, fue uno de los pocos diputados en Cortes que votó en contra de la Ley para la Reforma Política, con la que se originó el paso a la democracia, o sea, un miembro de lo que entonces llamábamos el “búnquer”.

El escrito que envía el alcalde al Senado es asombroso por la ignorancia que destila, que sobrepasa con mucho a las descalificaciones y groserías que dice sobre el Presidente del Senado, sobre el senador Mullet, sobre Zapatero y sobre la “ley de memoria histórica”. Me resisto a reproducir los insultos e invito a quienes no los conozcan y los deseen conocer que recurran a internet. De lo que yo quiero hablar no es de lo que dice este alcalde, sino de lo que justifica que este alcalde pueda decir lo que dice.

Por empezar por lo más sencillo, los insultos a Zapatero se explican porque no hacen más que reproducir los mismos insultos que el Partido Popular repitió hasta la saciedad en sus últimos meses de gobierno y que alcanzaron su cima cuando Mariano Rajoy le insultó en sede parlamentaria, llamándole “tonto solemne”. Era la época de la crispación y “de aquellos polvos, estos lodos”; mucho más, cuando los que ahora gobiernan son los que antes insultaban.

En lo que se refiere al desprecio de la “ley de memoria histórica”, está igualmente autorizado por su partido, que en boca de Rafael Hernando o de Esperanza Aguirre hemos escuchado tantas veces, pero, sobre todo, hemos escuchado a Mariano Rajoy, cuando presumía en una entrevista televisiva de no dar un céntimo para el desarrollo de la referida ley en todos sus años de gobierno. Hay un agravante, en este caso, que justifica aún más los improperios que emite el alcalde de Pajares de la Laguna. Este agravante son los jueces, que no han admitido las querellas presentadas contra alguno de esos personajes públicos por insultar a las víctimas del franquismo, amparadas por esa misma ley. Y, como nos recordó hace ya algunos años el investigador y defensor de derechos humanos, Rainer Huhle, “en un estado moderno de derecho, y pese a muchos deseos de tener otros mecanismos tal vez más humanos (como criterio de moralidad), el castigo judicial es el recurso más válido que tiene la sociedad para declarar lo que considera justo e injusto”. Con los jueces hemos topado y, de ahí, la chulería de este alcalde.

Utiliza el alcalde la palabra comunista como denuncia contra el senador Mullet, exactamente igual que lo hizo el franquismo durante toda su historia y que sus herederos políticos no han sabido abandonar. Pero lo que sonroja y preocupa es que este alcalde, que, además, es maestro y director de un colegio público, achaque a los comunistas la provocación de la Guerra Civil. Esto, además de una falsedad histórica que no necesita ninguna defensa argumental, debería de ser considerado un delito de lesa humanidad por la pretensión de querer ocultar el crimen contra la humanidad que fue el franquismo.

Por estas y por muchas más razones, la carta del alcalde de Pajares de la Laguna, del Partido Popular, exige no sólo la intervención de la fiscalía, sino que de una vez los parlamentarios democráticos de España se pongan a la tarea de llevar adelante una Comisión de la Verdad, de la que surja una ley que dé fin a estas humillaciones que seguimos sufriendo las personas solidarias con las víctimas del franquismo. Es verdad que vamos avanzando. El escándalo que ha provocado el acto que comentamos está ya lejos de las justificaciones que tuvimos que soportar ante hechos protagonizados por otros alcaldes, como el de Poyales del Hoyo o el de Baralla. También la ley de “memoria histórica” que está preparando el gobierno del Partido Popular de Castilla y León, producto del diálogo social, es otro avance. Pero estos delitos no se pueden aguantar más y tenemos derecho a gritar: ¡Ya basta!

Marcelino Flórez

Patria, de Aramburu

1. El perdón

Fernando Aramburu nos cuenta en Patria la historia de dos familias, que son amigas íntimas en un pueblo pequeño, próximo a San Sebastián. Son de distinta condición social; una, empresaria pequeña y pudiente; la otra, obrera no cualificada. Pero tienen elementos comunes identitarios, la vecindad, la lengua vasca. Un hecho externo romperá su amistad: el empresario es señalado por ETA, primero, y es asesinado, después. No volvieron a hablarse, hasta que finalmente vuelven a abrazarse, después de solicitar y obtener el perdón.

Ese argumento está preñado de significados laterales: ETA, sus apoyos y sus métodos; la idiosincrasia vasca popular; el factor clerical en el conflicto; y, sobre todo, el pensamiento que rodea al final del terrorismo: ¿olvido o memoria?, equidistancia de las víctimas, responsabilidades, verdad, justicia, perdón, reconciliación.

El autor ha dicho que el “tema” de la novela es el perdón. Comencemos por ahí.

Bittori, la protagonista principal de la novela, casada con el Txato, el asesinado, busca incansable que Joxe Mari, miembro del comando asesino e hijo de la familia amiga, le solicite el perdón. La novela termina con el abrazo de Bittori y Miren, la esposa del otro matrimonio y madre del etarra (lo que la convertiría en una abertxale), como anuncio de la reconciliación en Euskadi a través del perdón.

La novela de Fernando Aramburu es una novela excelente. Así lo reconoce unánimemente la crítica. Y no es más que eso, una novela. No tiene contaminación alguna con el ensayo, ni con la historia, ni con cualquier ciencia. Es una pura descripción de la realidad y ese es uno de sus principales méritos. A mí me ha gustado mucho.

Disiento del autor, sin embargo, sobre el “tema” de la novela. Creo que no es el perdón, sino lo que subyace en la perfecta y realista descripción de una parte muy representativa de la sociedad vasca en la época de sumisión al terrorismo etarra. No le corresponde, por otra parte, al autor definir el tema, sino a los lectores, que, sin duda, encontrarán hilos conductores diferentes. Esto no quiere decir que al autor no le interese el asunto del perdón. Creo que es lo que más le interesa, eso sí.

Dejemos, pues, el “tema” para otra ocasión y vayamos al perdón. Hay un concepto muy próximo, casi idéntico entre los católicos, que es el de reconciliación. Pero es preciso establecer una diferencia esencial: el perdón sólo puede solicitarse y ofrecerse entre personas individuales, nadie puede perdonar por otra, mientras que la reconciliación puede atender a conflictos más generales. Por ejemplo, se puede llegar a acuerdos entre Estados, entre clases sociales, entre grupos vecinales, que restauren la convivencia rota, sin necesidad de pedir o de ofrecer perdón.

Si el problema de la sociedad vasca fuese la solicitud y la concesión de perdón, las cartas intercambiadas entre Bittori y Joxe Mari serían la solución. De hecho, el autor así lo interpreta cuando opta por abrir la puerta a la esperanza con el abrazo entre Bittori y Miren, que quiere simbolizar la reconciliación de la sociedad vasca.

Pero si el problema de la sociedad vasca fuese la ruptura de la convivencia entre las víctimas y las pocas gentes que se solidarizaron con ellas, por una parte, y sus asesinos junto a las enormes masas que, por convicción o por temor, les acompañaron, por otra, no parece que una acción individual entre una víctima y un asesino (o entre cada una de las víctimas y cada uno de los asesinos) pueda ser capaz de restaurar la convivencia social.

Los encuentros entre víctimas y victimarios son símbolos positivos, sí, y ayudan en la tarea de restauración de la convivencia entre iguales y diferentes, pero no resuelven el problema. Mientras los responsables del crimen y cuantos, por voluntad o por fuerza, les acompañaron, en los distintos grados de responsabilidad, no reconozcan su participación y se sometan al veredicto de la justicia y de la verdad histórica, la convivencia no podrá ser restaurada. Luis Pérez Aguirre, un uruguayo que fue víctima de torturas, advertía de los peligros de la reconciliación en su vertiente social: “Y hay que medir los riesgos desde diferentes perspectivas, decía. Ante todo, habrá que poner los medios para superar el círculo vicioso de las revanchas, de los desquites y las venganzas por propia mano. Pero nunca a costa de incorporar a la comunidad al enemigo no arrepentido, con su odio y con su injusticia, prescindiendo de un análisis serio y profundo de sus propósitos. Sería como meter al lobo en medio del rebaño de corderos”.

Para mí, este es el “tema” de la novela y el hondo problema, que tardará en resolverse, en Euskadi.

(Trataremos estas cosas en el Club de Lectura de La Aldea)

Marcelino Flórez

Carrero, en la guerra cultural de la memoria

Los tuits de Casandra y su tratamiento jurídico y político forman parte de una de las batallas culturales más importantes que tienen lugar en España, la batalla de la memoria de las víctimas. Esta batalla tiene dos escenarios distintos, el franquismo y ETA, que tienen contextos diferentes y, en el caso de algunos combatientes, son escenarios antagónicos. En el asunto que nos ocupa, precisamente, confluyen los dos escenarios. Quizá por eso el revuelo está siendo mayor.

Si uno lee los tuits de Casandra le podrá parecer, como me ocurre a mí, que son altamente inofensivos, incluso respecto al propio Carrero, algo que también ha manifestado una de sus familiares. Los jueces de la Audiencia Nacional, sin embargo, han encontrado un delito de odio o desprecio “a las víctimas” en las bromas sobre Carrero. Analicémoslo.

Carrero no es una víctima

Hay que comenzar por el concepto de víctima, que se refiere a aquella persona o grupo que sufre un daño por efecto de acciones humanas moralmente execrables. La víctima siempre reúne dos cualidades, la inocencia y la universalidad. Inocencia significa que la persona dañada no está implicada en el hecho, no es responsable, sino que “pasaba por allí”. Ni todo el que sufre, ni todos los muertos son víctimas. En un enfrentamiento entre dos ejércitos, por ejemplo, los muertos en buena lid son caídos o bajas, pero no víctimas. Si esos muertos protagonizan un acto sublime de inmolación, pueden convertirse en héroes o mártires, que es el significado etimológico del vocablo latino victima, pero no en víctimas. Sólo los civiles desarmados, que estaban en su casa o en el campo y les tiraron una bomba encima, son víctimas en medio de una guerra. La otra cualidad, la universalidad, delimita aún más la condición de víctima. Significa que el daño le puede sufrir cualquiera, todo el mundo, independientemente de su pensamiento, de su cultura, de su específica imagen. Los muertos de Estocolmo el día 6 de abril de 2017 podíamos haber sido cualquier humano de cualquier parte de la tierra.

Carrero Blanco no reúne ninguna de esas dos cualidades: el Presidente de un Gobierno de un régimen responsable de crímenes contra la humanidad puede ser cualquier cosa, menos inocente. Y ninguna otra persona en el mundo podía sentir temor de recibir el daño que a él iba dirigido, por lo que carece enteramente de universalidad. Yo mismo, por ejemplo, aquel 20 de diciembre de 1973 tuve miedo, pero de la policía franquista, no de ETA. Calificar de víctima a Carrero Blanco más que un abuso semántico, es una extralimitación, se mire como se mire. Si Carrero no es víctima, mal pueden ofender a las víctimas las ofensas a Carrero.

El asesinato de Carrero no es un acto terrorista

No todos los actos violentos merecen ser calificados de terroristas. Entre otras cosas, esa calificación depende en gran medida del contexto. Es tradición antiquísima de la humanidad la justificación de la rebelión contra el tirano, como razonaban, ya en nuestro contexto cultural, los filósofos medievales y modernos, y como fue recogido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, y como se universalizó en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. La rebelión armada contra la Dictadura franquista era violenta, pero no puede calificarse de terrorista, la practicase ETA, el FRAP o quienquiera que fuese. Por esa razón, la inmensa mayoría de la sociedad española organizada y opuesta a la Dictadura se solidarizó con los presos de ETA condenados en el Proceso de Burgos de 1972, como también lo hicieron todos los Estados democráticos de Europa y del mundo o como lo hizo, incluso, el Estado Vaticano.

Es cierto que no existe aún un acuerdo internacional para definir el terrorismo, pero las formas de uso de ese concepto, por ejemplo las que recoge la Real Academia Española, incluyen siempre la violencia que busca infundir terror a la población indiscriminadamente, añadiendo a veces la finalidad política que se pretende con ese sojuzgamiento de las poblaciones mediante el miedo. Pues bien, el asesinato de Carrero Blanco buscaba su eliminación, pero de ahí no se derivaba un terror indiscriminado para la sociedad española. Por lo tanto, ni desde el punto de vista de la legitimidad de la rebelión contra el tirano, ni desde el punto de vista estratégico de la violencia política, el asesinato de Carrero Blanco puede calificarse de acto terrorista.

El uso político de las víctimas

¿Cómo es posible que algún juez español y una inmensidad de tertulianos se refieran a la condena de Casandra como algo relacionado con las víctimas del terrorismo? Es precisamente la batalla cultural en torno a la memoria de las víctimas la que nos explica el embrollo en el que algunos navegan.

Durante mucho tiempo en todas partes del mundo las víctimas estuvieron relegadas al olvido. Las víctimas de ETA sufrieron ese mismo olvido entre 1977 y 1996. La primera vez que la sociedad española reaccionó, salvo la loable actividad que venía desarrollando Gesto por la Paz, fue con motivo del asesinato de Francisco Tomás y Valiente el 14 de febrero de 1996, que sacó a una multitud de estudiantes madrileños a la calle con las manos pintadas de blanco, manifestando así la inocencia de la víctima y la solidaridad con ella. La reacción se multiplicó y se generalizó con motivo del asesinato del joven concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, el día 12 de julio de 1997. Nunca más estuvieron ya solas y olvidadas las víctimas del terrorismo etarra.

Sin embargo, dos meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el 10 de septiembre, se celebró un homenaje a su persona en la Plaza de Las Ventas de Madrid; el acto era unitario, pero el Partido Popular cayó en la tentación de monopolizarlo a su favor. A partir de ahí, el uso político de las víctimas de ETA por el Partido Popular ha sido una constante. Ese uso espurio subió un peldaño con motivo del atentado de Atocha del 11 de marzo de 2004 y mantuvo una actividad frenética durante la primera legislatura de Zapatero, con manifestaciones constantes y descalificaciones tan fuera de tono, que le llevaron a Rajoy a insultar al Presidente del Gobierno durante el debate del Estado de la Nación de 2005 acusándole de “traicionar a los muertos” o, durante el debate que precedió a las lecciones de febrero de 2008, de haber “agredido e insultado a las víctimas del terrorismo”. En este camino el Partido Popular estuvo acompañado por algunas asociaciones de víctimas, a las que financiaba generosamente. El resultado, además de generar una insoportable crispación, puso en peligro la universalidad de las víctimas del terrorismo, que sólo lograron mantener su dignidad gracias a la madurez de la sociedad civil organizada.

La batalla cultural en torno a la memoria se complicó más cuando otras víctimas, que llevaban decenas de años ocultas en cunetas al borde de los caminos, salieron a la luz. El día que Emilio Silva y Santiago Macías sacaron de la fosa a Los Trece de Priaranza, las víctimas del franquismo iniciaron un proceso imparable, cuyo resultado ha sido la imposible negación de la enormidad del crimen contra la humanidad que fue el franquismo, como ha dejado escrito el propio Tribunal Supremo.

El gran combate con la memoria de las víctimas del franquismo se produjo a lo largo del año 2006, al que el gobierno socialista designó como Año de la Memoria y que terminó produciendo la conocida como Ley de Memoria Histórica. Centenares de artículos periodísticos son testigos de la virulencia que adquirió esta guerra cultural ese año y que se prolongó durante el año 2008 con motivo del acoso a Garzón”, al aceptar este juez una demanda presentada por víctimas del franquismo. La lucha sigue encarnizada y quien mejor la representa es el Jefe del Gobierno cuando presume de no entregar ni un solo euro de los presupuestos para la “memoria histórica”.

En este contexto cultural hay que situar la sentencias y el debate sobre los tuits de Casandra. Debate y sentencia que no tardarán en ser considerados epígonos de la lucha contra el memorialismo, pues la cultura de la memoria ha llegado para quedarse y va ganando: el uso espurio de las víctimas de ETA está conociendo ya el repudio de las poblaciones y los afanes por ocultar los crímenes del franquismo no resisten al testimonio de las fosas. Del mismo modo que las ridículas sentencias sobre los guiñoles de “Alka-ETA”, el asunto en torno a Casandra y Carrero pasará a formar parte de la comedia española, no de la tragedia de las víctimas, sean de ETA o del franquismo.

Marcelino Flórez

Contra la impunidad

La 61ª SEMINCI ha presentado la película de Iñaki Arteta, Contra la impunidad. Es un alegato a favor de la memoria de las víctimas de ETA y, en particular, contra el olvido de las 324 víctimas que no han recibido justicia. El documental está construído en base al testimonio de algunas de esas víctimas, de periodos muy distintos, que abarcan desde el franquismo hasta los últimos tiempos de actividad de ETA. Los testimonios muestran el dolor y la rabia de las familias de las personas asesinadas por ETA, así como las dificultades para preservar la memoria de los inocentes. Acompañan a esos testimonios las opiniones de especialistas del periodismo y de la judicatura, que reconocen la impunidad que afecta esos 324 asesinatos. Se hace notar también la indiferencia, cuando no el desprecio, con los que fueron acogidos los crímenes durante mucho tiempo por una parte grande de la sociedad.

La línea argumental no admite ningún reparo, en el estado actual de la reflexión política y moral sobre el significado de las víctimas. Y es difícil que nadie, salvo los autores de los crímenes y sus cómplices, pueda estar en desacuerdo con que el terrorismo etarra deba ser calificado jurídicamente como un crimen contra la humanidad.

Sin embargo, la película me ha dejado insatisfecho. Reflexionando sobre ello, no encuentro más explicación que el uso que se hace de las víctimas al servicio de una ideología particular. No es sólo porque se haga referencia exclusivamente a “concejales del Partido Popular”, cuando se habla de los objetivos civiles y políticos de ETA, sino por el tono de todo el relato y por la actitud de las asociaciones de víctimas que testimonian.

Para entender esta insatisfacción, he tenido que retrotraerme al asesinato de Miguel Ángel Blanco del 12 de julio de 1997. Era la segunda vez que la multitud salía a la calle en España para rechazar el crimen. La primera vez había sido un poco antes, cuando los estudiantes madrileños salieron con las manos pintadas de blanco, después del asesinato de don Francisco Tomás y Valiente el 14 de febrero de 1996. En Euskadi, los testimonios, antes casi individuales de Gesto por la Paz, comenzaron también entonces a llenar pueblos y plazas. Pero esta segunda vez el Partido Popular cayó en la tentación de utilizar a su favor la movilización de solidaridad con la víctima. Fue en el ostentoso homenaje que se tributó unos meses después en Madrid y esa práctica ya no desapareció nunca de la vida política española, especialmente cuando el Partido Popular estuvo en la oposición, alcanzando cotas de crispación inaceptables durante la tregua de ETA del año 2006.

Este uso político de las víctimas exige que hagamos una diferenciación entre la memoria o la justicia que se debe a las víctimas, la que poseen por sí mismas, y la memoria o la justicia que procede de las víctimas, la que ellas ejercen. Las víctimas poseen el testimonio, pero no les corresponde ejercer la justicia. Esa es tarea de la judicatura. Tampoco son una autoridad moral. Es más, como dice Primo Levi, refiriéndose a Auschwitz, muchas veces los supervivientes fueron los peores, sin que eso les prive de su carácter de víctimas, de haber sufrido la violencia. Incluso, dicen los psiquiatras, es conveniente que las víctimas no se desliguen pronto del odio y deseo de venganza, para que no viertan contra sí mismas los sentimientos de agresión.

En la película de Iñaki Arteta se detecta la rabia que conservan las víctimas. Eso está muy bien y no resta ningún valor a su testimonio: nos trasmiten y entendemos perfectamente que siguen sufriendo impunidad. Pero en la película subyace también la usurpación de la universalidad de las víctimas, la apropiación del dolor y del testimonio al servicio de una ideología política particular. Es el mal que nació en 1997 y que aún no está descontaminado. Por eso, salí insatisfecho de la película. La dirección y el guión son conscientes de esa parcialidad y, para paliarlo, introducen una referencia comparativa con la impunidad que padecen las víctimas del franquismo, referencia que resulta insuficiente para reparar el lastre que traslucen las asociaciones participantes, absolutamente atadas a una ideología y a un partido particular. Esa atadura priva a la película y a los testimonios de la universalidad objetiva que se merecerían.

La película pone de manifiesto también las dificultades de la sociedad vasca para superar los efectos múltiples y profundos que acarreó el terrorismo. Uno de los mayores problemas es construir una historia que recoja el sufrimiento de las víctimas, que durante tanto tiempo fue ocultado y que ahora se intenta echar de nuevo al olvido mediante la trampa inmoral de la equidistancia de las víctimas. Creo yo que eso sólo podrá hacerlo una Comisión de la Verdad, autónoma y técnicamente irreprochable, capaz de detectar y situar en cada espacio a las diversas víctimas y victimarios, sin buscar equidistancias y sin usurpar el sufrimiento al servicio de intereses particulares.

Marcelino Flórez