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Argentina, la ONU, la Memoria y el Franquismo

Cuando en el año 2006 Entrepueblos organizó unas jornadas con el título de La Memoria contra la Impunidad en el Centro Buendía de la Universidad de Valladolid (con ausencia clamorosa del profesorado de la propia Universidad, que no tuvo a bien acudir a escuchar a expertos en el tema de la talla de Reyes Mate o Francisco Espinosa, eso a pesar de que la inauguración de las jornadas coincidió con la declaración de tregua por parte de ETA, asunto tan directamente relacionado con el título de las jornadas), pudimos tomar conciencia ya de que la Memoria había llegado para quedarse. Esa  conciencia nos ha permitido ir encontrando explicación al sinuoso discurrir de la vida política española en los últimos quince años a  este respecto. Cada vez entendemos mejor la intranquilidad que recorrió al partido único de la derecha española el día que Emilio Silva desenterró a su abuelo junto a los otros doce de Priaranza, era el mes de octubre del año 2000; entendemos también la hiperbólica irritación que le causaba a este partido la tramitación de la conocida como Ley de Memoria Histórica; y entendemos el acoso mediático y jurídico que emprendió contra Garzón a raíz de su Auto de 16 de octubre de 2008.

Lograron terminar con la carrera judicial de Garzón en España, provisionalmente y por otro asunto, pero la autoridad del juez salió reforzada por su planteamiento de fondo en el Auto sobre las víctimas del franquismo, porque, si bien las víctimas quedaban jurídicamente desamparadas, como hizo notar inmediatamente Amnistía Internacional, la condena moral del franquismo resultó definitiva, al reconocer la sentencia absolutoria de Garzón que la Dictadura era responsable de Crímenes contra la Humanidad (“QUINTO.- Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”. -Sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo-). La memoria de las víctimas obtenía aquí, de forma callada y apenas percibida por la mayoría de la población, una victoria frente a los victimarios.

Y la madeja ha continuado desenrollándose. Primero fue la jueza argentina María Servini de Cubria, que aceptó la demanda de dos familiares de personas desaparecidas, en el marco de la justicia universal, a la que se han ido sumando un sinnúmero de querellas y querellantes. Los últimos pasos de esta causa han llevado a la solicitud de detención de algunos conocidos torturadores del tardofranquismo, donde la fiscalía española continúa poniendo obstáculos, que no son sino coces contra el aguijón.

Coincidiendo con estos hechos, han llegado a España los observadores de la ONU para comprobar la situación de las personas desaparecidas, lo que habían solicitado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y otras asociaciones de Derechos Humanos en el año 2002. En este caso, ya no es que las víctimas se hagan visibles, pues ya lo eran desde hace unos años, es que la visibilidad llega al centro nuclear de los Derechos Humanos. Puede que judicialmente no se avance mucho, pero moralmente se recorre todo el camino: las víctimas del franquismo son universalmente visibles y la impunidad de sus asesinos queda atestiguada. Ya no cabe el negacionismo en este final del recorrido.

Aquí, precisamente, se abre una nueva senda, una senda interior, la senda que afecta a los restos del franquismo dentro de España. Lo de menos es que esos restos se encuentren en los nombres de algunas calles, en los monolitos del algún altozano o, incluso, en las pulseras de algunos mozalbetes y de otros ancianos; lo importante es que esa senda es poderosa, porque está amparada  por el partido único de la derecha española, que, además, gobierna.

Si la autoridad de este gobierno está mermada en el mundo por los catastróficos resultados sobre la población de su gestión, con aumento del desempleo, reducción de los salarios, quiebra de las pequeñas empresas, desmantelamiento de los servicios sociales; si esa merma de autoridad se agudiza por estar enfangado el partido en unos asuntos de corrupción, que son la primera pregunta de cualquier corresponsal extranjero y para la que no encuentra más respuesta que excusas y mentiras; si eso es así, la rememoración de las víctimas del franquismo añade a este gobierno un peso insuperable. O deja de proponerse como continuador del franquismo y condena de una maldita vez, sin equívocos, a la Dictadura y pone los medios para reparar la injusticia, como le acaba de proponer el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU al concluir su visita a España, o no puede quitarse la losa de encima.

Marcelino Flórez

 

Cuidado con los historiadores

El revisionismo se ha instalado finalmente en la Academia y comienza a dar sus frutos. Por el momento, la mejor síntesis de ese revisionismo la ha dirigido Fernando del Rey Reguillo y la ha editado Tecnos con el título de Palabras como puños (2011). La intención del libro estuvo clara desde su origen, que fueron sendos proyectos de investigación de 2005 y 2009, según explica el director en la introducción. Estos “jóvenes historiadores”, como les titula Manuel Cruz en la reseña que hizo para El País el 16 de abril de 2011, habían observado que “los estudios sobre los años treinta nunca se han desarrollado por completo al margen de la politización”(página 34), mucho más cuando “las trifulcas sectarias relacionadas con la memoria histórica han supuesto una auténtica involución intelectual al dar alas, a diestra y siniestra, a polemistas de tres al cuarto que –con la implicación de más de un historiador- no se han privado de lanzar a los cuatro vientos sus tesis maniqueas, contribuyendo a fijar interpretaciones históricas muy discutibles, cuando no a todas luces aberrantes” (35). De modo que se lanzaron a reparar el entuerto, construyendo, por fin, “una aproximación fría, distanciada y académica de los años treinta” (35).

Al comenzar a leer el libro, no lograba salir de mi asombro, primero, por la intención manifiestamente ideológica (y utilizo esta palabra en el sentido del elemental materialismo histórico, es decir, como sinónimo de falseamiento de la realidad) con la que está todo él construido. Busca un solo objetivo: justificar el golpe de Estado por el violento clima dialéctico que le precede, las palabras como puños. Es cierto que apenas encontramos palabras que se disparen como puños, sobre todo, si de católicos, monárquicos o falangistas se trata (por ejemplo, a Onésimo Redondo, que es una de las figuras que mejor encarna el lenguaje violento del fascismo español, casi ni se le nombra; y, desde luego, no se le hace hablar nunca a no ser para certificar que era católico y no fascista). Por el contrario, todo el libro está plagado de juicios de valor sobre los partidos republicanos, juicios que manifiestan la postura ideológica de los autores, pero no añaden nada al conocimiento hasta ahora existente. Estos juicios persiguen  siempre culpabilizar a la izquierda del golpe de Estado del 18 de julio y, por lo tanto, de la Guerra Civil. Así, Hugo García concluye su trabajo sobre los comunistas con estas palabras: “en suma, está claro que su ambigüedad frente a la violencia política y sus reiterados llamamientos a sus bases para que se mantuvieran vigilantes frente a un posible golpe contribuyeron a acelerar la escalada de desconfianza que desembocó en el 18 de julio” (155). Vemos que son culpables si no es por acción, por omisión, como en la Ley de Responsabilidades Políticas.

Fernando del Rey hace un retrato demoledor de los socialistas, que se entregan al anticlericalismo, a pesar de que “la jerarquía mantuvo la mano tendida en pos de la concordia durante muchos meses” (180); que gestionan la violencia mediante el uso de las masas (“En todos los enfrentamientos, los socialistas solían movilizar a muchas personas –hombres, mujeres e incluso niños-, que plasmaban su descontento escudadas en la fuerza de la muchedumbre”, 188) o de pistolas, horcas y garrotes indistintamente (“Desde escopetas de caza, claro está, hasta las armas blancas, los garrotes, las estacas, las piedras y, por supuesto, los puños. Cualquier vía sirvió a aquella guerra sorda cotidiana …”, 190); que justifican las muertes de clérigos o de guardias civiles, derivando hacia las víctimas la responsabilidad de las mismas, como en “sucesos tan terribles como los de Castilblanco, saldados con el asesinato de cuatro guardias civiles en condiciones espantosas…” ,192. (No dice una sola palabra sobre los hechos que precedieron a ese linchamiento.); que llegan a preparar y ejecutar la revolución de 1934, con un argumento tan débil como calificar de “fascista” a Gil Robles (“El retrato del católico tradicionalista Gil Robles como “fascista” o “totalitario”, por muy autoritarias que puedan considerarse algunas de sus manifestaciones, no deja de ser una percepción exagerada –cuando no interesada- tanto de los observadores del momento como de los historiadores que se limitan a repetir la imagen en nuestros días”, 200); y que, después de octubre, sólo les queda “un espíritu de venganza” (223), con lo que “las huelgas paralizaron el mundo del trabajo con una intensidad desconocida. Y, sobre todo, la violencia, el anticlericalismo y el desorden se extendían a velocidad de vértigo generando una escalada de enfrentamientos sangrientos que importantes segmentos de la ciudadanía conceptuaron como insufribles” (225). Y, aunque los argumentos no van sustentados con datos objetivos, tenemos que concluir, casi sin aliento: ¡Cómo no iba a haber una guerra civil!

Si hablan de los católicos, por el contrario, se deshacen en halagos y elogios de su prudencia, de manera que sus palabras, más que puños, son caricias. Incluso, cuando Gil Robles entregó dinero para organizar el golpe de Estado, lo hizo con mala conciencia, o sea, sin querer y forzado por las circunstancias; o, si las JAP le saludaban brazo en alto, no era porque fuesen asumiendo formas e ideas fascistas, sino para competir con los clientes de monárquicos y falangistas. Estos últimos no pasan de ser “un recién llegado”, apenas responsables de lo que vaya a ocurrir, aunque, eso sí, con una función histórica muy importante, no con la mera tarea de aniquilar al movimiento obrero que les asignan historiadores (tan insignificantes, parece deducirse) como Francisco Espinosa, Julián Casanova o Francisco Moreno Gómez, “desde una metodología próxima al más elemental materialismo histórico” (480, nota 1).

No sé si esto será “una aproximación fría, distanciada y académica de los años treinta”, pero de lo que no me cabe duda es que no lo haría mejor la Causa General y, desde luego, supera ideológicamente a los publicistas que han recreado reiteradamente aquel documento. Eso sí, este trabajo, igual que ocurre con el Diccionario Biográfico de la Real Academia de Gonzalo Anes (obsérvese que Fernando del Rey, al referirse a Gil Robles en el texto que hemos citado, utiliza el mismo matiz que Luis Suárez en la biografía de Franco: autoritario frente a totalitario), ha sido financiado por el Ministerio de Educación.