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La Guerra Civil en color … sepia

El 25 de octubre se ha estrenado, en la 61ª SEMINCI, el documental titulado España en dos trincheras. La Guerra Civil en color, de Francesc Escribano y Luis Carrizo. El estreno es una opción personal del director del festival, que así lo manifestó en la presentación de la película, y forma parte de una sección autónoma, dentro de Tiempo de Historia, para conmemorar el 80º aniversario de la Guerra Civil. El acontecimiento tiene todos los visos de ser una ocurrencia, por si pudiera tener algún valor mediático, ya que el documental no tiene más interés que la tarea técnica de poner en color imágenes de blanco y negro. No va más allá su justificación para exhibirse aquí.

Sin embargo, esta aparente banalidad presenta otros motivos para el análisis, pues el documental tiene dos relatos paralelos: por una parte, las imágenes coloreadas, que reconstruyen los frentes de guerra y su evolución; y, por otra, una voz en off que va explicando las imágenes y la Guerra Civil en su conjunto.

Dejo a un lado las imágenes, o sea, el documental, donde la asesoría de Antony Beevor ha sido eficaz para la reconstrucción de los frentes desde el punto de vista militar, y me fijaré exclusivamente en el relato oral. Todo el conjunto, no obstante, está construído buscando la equidistancia entre las partes enfrentadas, como ya expresa el título y como confesó Francesc Escribano en la presentación de la película: igual de asesinos, igual de responsables, una catástrofe colectiva. Como ya hemos criticado hasta la saciedad la trampa de la equidistancia, me limito ahora a aplicarle la calificación que de la misma hizo Primo Levi: “una enfermedad moral”. Y a otra cosa.

El relato oral conserva todos los “mitos del 18 de julio”, como si hubiese sido escrito en pleno franquismo o de la mano del revisionismo actual más fervoroso. Esto podría parecer normal hace diez o quince años, pero después de la aparición de En el combate por la historia, coordinado por Ángel Viñas (2012) y de Los mitos del 18 de julio, coordinado por Francisco Sánchez Pérez (2013), ya no es tan normal. Veamos algún ejemplo.

Conserva, en primer lugar, el mito del asesinato de Calvo Sotelo, entendido como desencadenante del golpe de Estado, cuando, como es sabido, el golpe venía organizándose desde el 9 de marzo de forma sistemática y la fecha de su ejecución estaba tomada antes e independientemente de ese asesinato, concretamente desde el 1 de julio, cuando Goicoechea negoció con los fascistas italianos el contrato de compra de armas, que firmó Pedro Saínz Rodríguez.

Da a entender, además, que ese mismo asesinato es el que hace que Franco se decida a actuar. Este es el mito más cultivado por el franquismo, pero hoy sabemos que eran otros los problemas de Franco para tomar la decisión del comienzo del golpe. El primero de ellos era la dificultad de comunicación con Mola, El Director, una vez que el gobierno dispersó a los golpistas. Un segundo problema era la forma de trasladarse a territorio marroquí desde Canarias. Para resolver este problema, los monárquicos alfonsinos asumieron la tarea de contratar un avión en Inglaterra. Fue el Dragon Rapide, que el 11 de julio aterrizaba en Burdeos, camino de Las Palmas, haciendo otra parada en Portugal. Desde el día 12 el avión estaba disponible y no era esa, evidentemente, la razón por la que Franco le dice a Mola “geografía poco extensa”, expresando así que no había llegado el momento. Su tercer problema era el general Balmes, mando en jefe de las islas y no adherido a la conspiración. Ese problema se resolvió el día 16 con el “accidente” que costó la vida al general, sin duda el primer asesinato de los golpistas, como ha demostrado sobradamente Ángel Viñas. Nada de esto lo escucharán en la película, donde sólo está presente el mito de Calvo Sotelo.

Más insólita, si cabe, es la presencia del mito del oro de Moscú. De eso ya no hablan ni los revisionistas, pues va quedando reservado a la ignorancia. Pero en el documental se escucha que Negrín, siendo ministro de Hacienda, gestionó el traslado del oro del Banco de España a Moscú. Este tema está tan diseccionado en la historiografía, que es innecesario decir nada, a no ser que queramos contribuir a aliviar un poco esa ignorancia. Recordemos que Negrín lo que hizo desde su ministerio fue proteger el oro del Banco de España, trasladándolo a Cartagena. Una buena parte de ese oro, eso sí, terminó en la URSS, porque se utilizó para pagar las armas del único país que se las vendía a la República española. ¡Qué diferente es esto de lo que escuchamos en el documental!

Pero el mito más peligroso, el más falaz y el más persistente es el de la inevitabilidad de la Guerra. Esta viene a ser algo así como el resultado del cainismo de los españoles, que venían enfrentados desde el comienzo del siglo y agudizaron su enfrentamiento durante la República, culminando con las violencias de la primavera de 1936. Este mito está inyectado en vena y es más difícil de combatir, porque es cierto que en la primavera del Frente Popular hubo mucha violencia, aunque es preciso colocar cada cosa en su departamento, lo que ya es posible después de las últimas investigaciones, especialmente de los trabajos de Eduardo González Calleja.

Así, sabemos que la trama civil del golpe, dirigida por los monárquicos alfonsinos y ejecutada por los falangistas, asumió la misión de crear un estado de necesidad, que justificase la intervención militar. Para ello, construyeron, primero, la leyenda de la revolución comunista que se preparaba, de la cual ya desveló E. H. Southworth todos los pormenores y falsedades. Pero, sobre todo, organizaron una compañía de pistoleros con la tarea de ganar la calle al movimiento obrero y asesinar a sus dirigentes, cosa que ejecutaron al pie de la letra (el asesinato de Calvo Sotelo se sitúa en esa lógica, como respuesta al asesinato anterior del teniente Castillo). Mientras la Primera Línea de Falange cumplía su misión asesina, Calvo Sotelo y Gil Robles vociferaban en Las Cortes los crímenes de la calle, sin diferenciar violencia común, violencia social y violencia organizada por ellos mismos. La prensa derechista se encargaba de trasladar la tensión a la calle y así se creaba el ambiente propicio para justificar un golpe de Estado.

Hoy disponemos de las investigaciones y de la historiografía que demuestran este relato, por eso no se justifica que un documental como La Guerra Civil en color se sirva de colorear testimonios para continuar justificando a los únicos responsables del enorme crimen contra la humanidad, como lo ha denominado el propio Tribunal Supremo , que fueron los ejecutores del golpe de Estado. Y se justifica menos que estos contravalores se exhiban en un certamen que nació y creció con el fin de defender los valores que fundamentan los Derechos Humanos.

Marcelino Flórez

Ochenta años después

La derrota del franquismo está siendo muy lenta. No obstante, las celebraciones en este octogésimo aniversario van quedando relegadas a la extrema derecha, con Intereconomía de protagonista, además de otras opiniones erráticas de la todavía legal Fundación Francisco Franco o alguno de sus miembros, que encuentran acomodo en las páginas de ABC, y aparte de algunas parroquias católicas, que siguen acogiendo el acontecimiento sin avergonzarse. Para la gente normal, la fecha del 18 de julio no pasa de ser un mal recuerdo.

La historiografía también ha dado pasos definitivos. Atrás ha quedado la justificación del Alzamiento Nacional con la falacia de la revolución comunista o de la Cruzada con la hipérbole de la persecución religiosa. En la sociedad, el golpe de Estado también va perdiendo las justificaciones, a pesar del esfuerzo permanente que realiza la Iglesia católica con su martirologio y a pesar de los negacionistas, encabezados por Stanley G. Payne, que se retrotraen a la Revolución de 1934 o la proclamación de la República para encontrar justificación del golpe de Estado.

La interpretación de la equidistancia, sin embargo, aquella del “todos fuimos culpables” de Vidarte o de “no fue posible la paz” de Gil Robles, que terminaba calificando a la Guerra como una catástrofe colectiva inevitable, que había que olvidar, esa interpretación tarda más en caer. A veces reverdece, incluso, y uno puede encontrar autorizados artículos de opinión en El País cargados de expresiones como “contienda fratricida”, “cataclismo colectivo”, “deplorable catástrofe de atrocidades homicidas” y otras varias, así dichas, sin más precisión, que conducen inevitablemente a la arcaica catástrofe colectiva que nos invitaba a olvidar.

Pero esta tesis de la equidistancia ya no cuaja, como lo hizo durante el régimen de la Transición, porque ahora existen las fosas abiertas y, paso a paso, van apareciendo todos los nombres y sus esqueletos. “Aquello” ya no se puede ocultar. Por si quedaban dudas para algunos, el Tribunal Supremo calificó los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad. Lo hizo en el razonamiento QUINTO de la sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal, por la que absolvía al juez Garzón del delito de prevaricación, con estas palabras: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”. Como razonaba Antonio Elorza en El País el 1 de noviembre de 2008, “de los crímenes nazis a Karadzic, una calificación (jurídica) adecuada de los crímenes vale más que una cascada de libros”.

Pese a quien pese, esta es la novedad del octogésimo aniversario. De modo que para la ciencia histórica, el golpe de Estado del 17 de julio de 1936 fue un acto “fuera de toda legalidad”, que atentó “contra la forma de gobierno”, proyectando y ejecutando un “crimen contra la humanidad”, según está demostrado historiográficamente y aseverado por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo. Fin del debate interpretativo.

La sociedad, sin embargo, camina más lenta y el franquismo perdura. Pero el camino para remediarlo no es la ocurrencia que acaba de tener el abogado Eduardo Ranz con la aquiescencia de Zapatero, de emprender una iniciativa legislativa popular para mejorar algunos aspectos de la conocida como Ley de Memoria Histórica. El movimiento memorialista, sin necesidad de personalismos anacrónicos, hace ya mucho tiempo que viene buscando el acuerdo de los partidos con representación parlamentaria para crear un Comisión de la Verdad, que asiente con todo rigor la verdad histórica ya conocida y que oriente a los poderes públicos acerca de la legislación deseable, como han hecho todas las comisiones de la verdad en los países que sufrieron dictaduras criminales. Esta es la tarea en el octogésimo aniversario del crimen.

Marcelino Flórez

La Guerra Civil de Pérez Reverte

-Comentario de texto-

Comienza el escrito de Pérez Reverte, que comentamos, con una referencia a las “causas políticas” de la Guerra, que el autor atribuye al atraso histórico de España y lo argumenta así: el atraso histórico provocaba continuos conflictos, que la República no lograba resolver; estos conflictos eran atendidos siguiendo vías violentas y con modelos extranjeros, fascismo y comunismo, que hacían una verdadera preparación para la guerra; la sociedad terminó polarizada igualmente en dos líneas, derecha (burguesía, terratenientes y militares) e izquierda (obreros y campesinos). El ejército, que venía estando descontento por asuntos internos, se levantó para imponer una dictadura con la que dar fin a los conflictos. El golpe de Estado fracasó a causa de la resistencia de la izquierda, por lo que se originó una guerra de “tres sangrientos años”, en la que toda la sociedad, de grado o por fuerza, se adscribió a uno de los bandos.

Iniciada la guerra, se siguieron muchas “atrocidades” a causa de los “rencores acumulados”. Estas atrocidades se distribuyen con una equidad milimétrica en los dos bandos: si el avance rebelde se acompaña de terribles represalias, como en Badajoz, lo que provoca la salida de refugiados, que son perseguidos y ametrallados, como en Málaga, también en zona republicana “clérigos, falangistas y monárquicos” son asesinados, aprovechando el descontrol del poder. Tienen, incluso, símbolos equiparables: García Lorca en Granada y Muñoz Seca en Paracuellos. La diferencia podría ser que las “atrocidades” republicanas no eran dirigidas desde el mando.

Hay una referencia salteada a batallas épicas: Madrid, el Jarama, Santa María de la Cabeza, el Alcázar de Toledo, Guadalajara, guerra en el mar, Guernica, Brunete, Belchite, Teruel, el Ebro. En todas ellas se luchó “con mucha tenacidad y valor por ambas partes”. Ese carácter épico atrajo a los corresponsales de la prensa extranjera y la Guerra de España se internacionalizó: los países fascistas apoyaron a Franco y la Rusia soviética apoyó a la República (“confiando en que una victoria republicana acabaría convirtiendo a España en un país comunista”).

El libro termina, en medio de cierto descontrol cronológico, con estos relatos: después del Ebro, comenzó la dispersión republicana en barcos al exilio, tuvo lugar la sublevación de Casado, se retiró el gobierno a Barcelona y a Gerona, cayó Cataluña y empezó el exilio francés, ejemplificado en Machado. Todo, en ese orden.

La Guerra terminó con victoria franquista y con represión: 400.000 vencidos fueron a la cárcel. La Dictadura duró 40 años. España participó en la Segunda Guerra Mundial con la División Azul y con los Resistentes. Siguió un pequeño periodo de guerrilla de los maquis. Y todo terminó finalmente con el “retorno a la democracia”, por “decisión personal” del rey Juan Carlos.

Ideas princiaples

Aunque probablemente haya una sola intención, en el escrito podemos destacar varias ideas: el conflicto social como causa de la Guerra; la equidistancia de las “atrocidades”; las hazañas bélicas, también equivalentes; la victoria con represión; y el “retorno a la democracia por decisión personal” del rey. Y aún podríamos detectar alguna idea secundaria, como es la asignación de una influencia comunista al gobierno republicano.

Explicaciones

El autor, en su participación en la propaganda difusora del escrito, ha afirmado que no es un libro de historia. Estamos de acuerdo. Se trata de 30 medias páginas, con letra muy grande, que apenas nombran hechos históricos. Todo, sin cronología, que es un dato ineludible en cualquier relato histórico.

Es un escrito de opinión política y moral sobre un hecho histórico relevante, la Guerra Civil Española. Encajaría perfectamente en lo que viene denominándose “memoria histórica”, entendiendo por ello la rememoración consciente del pasado. Lo que se desea en este caso es construir un pensamiento sobre la Guerra Civil, que, haciendo ver su carácter trágico por mortífero y espantoso, ayude a no repetir aquella tragedia, como se dice expresamente en el prólogo.

Ocurre que, para conseguir sus nobles propósitos, el autor nos da una clase de historia, donde nos dice que en España hubo una guerra, porque había muchos conflictos sociales, en la que por igual unos se mataron con otros, en noble y valerosa lid; vencieron unos, que continuaron la represión, hasta que un bondadoso rey, Juan Carlos, restauró la democracia. Aquí no ha pasado nada y todos somos hermanos.

Dejemos a un lado la restauración de la democracia y la monarquía, que no tienen por dónde cogerse, pero que sólo ocupa 17 líneas y 129 palabras del escrito; olvidémonos también de otros mitos que aparecen lateralmente, como es el del comunismo; hagamos una leve referencia a las causas de la Guerra; y centrémonos en lo nuclear, las “atrocidades”.

Respecto a las causas de la Guerra, el autor se adscribe al revisionismo vigente, que reproduce la justificación inicial que construyó el franquismo. Cuando los militares rebeldes iniciaron la Guerra Civil, anunciándolo mediante un golpe de Estado el 18 de julio o en la tarde del día 17 en Marruecos, para la que ya tenían preparados aviones y barcos italianos con los que trasladar tropas a la Península, y siguiéndolo con los asesinatos de militares fieles a su juramento constitucional, necesitaron justificar esa acción, un crimen desde cualquier punto de vista que se quiera observar. La justificación fue no que iniciaban una guerra, sino que trataban de parar la guerra iniciada por los republicanos: todos los asesinados o encarcelados desde el primer día los fueron por “rebelión” o por “adhesión a la rebelión”. Está tan claro en la historiografía actual, que no dedico una palabra más a su demostración. Pérez Reverte tenía que haber leído, como mínimo, Los mitos del 18 de julio, que ya llevaba publicado dos años, cuando publicó el libelo que comentamos.

Me centraré, pues, en lo nuclear del libelo: las “atrocidades” de la Guerra Civil fueron iguales en los dos bandos. Esta tesis de la equidistancia se repite insistentemente, todo el relato reitera que hay dos fuerzas equivalentes, con episodios bélicos paralelos (a Santa María de la Cabeza se opone el Alcázar), defendidos con “mucha tenecidad y valor por ambas partes”; si los republicanos tienen un Lorca, los franquistas tienen un Muñoz Seca; a unos les ayudan los fascistas, a otros los comunistas; pero, sobre todo, las “atrocidades”: en las 17 líneas del capítulo 6 repite tres veces la idea (“estallaron en los dos bandos”, “donde tuviesen el control uno u otro”, “en los dos lados se sucedieron”) y lo repite cada vez que cita cualquier episodio criminal.

No es más que la actualización de una tesis que el autor viene repitiendo desde hace años, quizá desde que apareció el movimiento memorialista: “Cualquiera que haya leído historia de España sabe que aquí todos hemos sido igual de hijos de puta, TODOS”, había dicho ya en 2010.

La equidistancia de las víctimas es un asunto bien conocido en la literatura memorialista. Primo Levi, una víctima de los nazis en Auschwitz, calificó a esta tesis de enfermedad moral, porque sólo busca identificar a víctimas con verdugos, garantizando así la impunidad de los asesinos. En este sentido, el libelo de Pérez Reverte es un ejemplo perfecto.

Aparte de la perversión moral que esta tesis central sustenta, hoy sabemos que la relación de los crímenes de cada uno de los dos bandos no resiste la mínima comparación, ni merece, por lo tanto, el mismo calificativo: no fueron iguales en las cifras; es más, en media España sólo existen asesinatos franquistas, porque allí no hubo guerra, sino represión; únicamente hay desaparecidos entre los republicanos; víctimas olvidadas sólo son unas, los otros muertos, sean víctimas o verdugos, lucen sus nombres en calles y hasta en las portadas de las iglesias; proyecto de exterminio sólo está en las Instrucciones de Mola y en los Bandos de guerra, pero no en decreto alguno del gobierno legítimo; las víctimas republicanas no han sido nunca reparadas no ya con la justicia, sino, ni siquiera, con la verdad, y sus verdugos no han sido juzgados y condenados jamás, mientras que los crímenes en el lado republicano fueron juzgados por el propio gobierno desde 1937 y, desde luego, fueron juzgados y reparados, aunque fuese ilegítimamente, por los franquistas. En el lado republicano hubo crímenes de guerra, ciertamente; en el lado franquista hubo un largo y duradero crimen contra la humanidad, que aún sigue vigente. La diferencia no puede ser más grande.

En conclusión, el escrito de Pérez Reverte es un libelo de moralina barata, propio de algunas tertulias radiofónicas o televisivas, en el que brilla por su ausencia la historiografía reciente. Sólo tiene una intención: mantener en el olvido a las víctimas del franquismo para continuar garantizando la impunidad de los victimarios. Este libelo podría haber pasado desapercibido en los años setenta del siglo pasado, cuando dominaba la ideología de la equidistancia bajo el paraguas de la reconciliación nacional, pero la investigación histórica posterior a esas fechas lo convierte en un anacronismo reaccionario, no más.

Marcelino Flórez

La responsabilidad de Pemán

Las hijas e hijo de José María Pemán han anunciado una demanda contra la concejal de IU en el Ayuntamiento de Jerez, Ana Fernández, por referirse a su padre como “fascista, misógino y asesino” durante el debate sobre la retirada de un busto de aquel escritor en el teatro Villamarta, busto que había colocado el Partido Popular un año antes. El anuncio ha levantado una polvareda con las reacciones. ¿Cuál es la razón?

Está tan instalada la justificación del franquismo en nuestra sociedad, que una buena parte de ella considera este escándalo de las hijas e hijo de Pemán, seguramente sincero, como una cosa normal y hasta evidente. Dice la familia que pretende restaurar “el honor y la dignidad, tan gravemente mancillados”. Pero, para que exista falta contra el honor, lo que ha dicho la concejala tiene que ser falso y, por lo tanto, ser un insulto o una calumnia, según el caso. No sé si Pemán era misógino, estando su casa, como estaba, tan llena de mujeres. Lo que sí sé es que era fascista, como manifiestan reiteradamente sus escritos y sus declaraciones. Fue, además, miembro del Consejo Nacional de FET y de las JONS, lo que, sin duda, requiere un buen grado de fascismo. Parece que por ahí no hay insulto, ni ataque a la dignidad, ni falta a la verdad.

La clave del conflicto está en el término “asesino”. Yo no sé si Pemán mató a alguien alguna vez con alevosía y premeditación. Parece que se dedicó más a las arengas, en las que, entre otras cosas, decía: “ La idea de turno o juego político, ha sido sustituida para siempre, por la idea de exterminio y expulsión”. Palabras fuertes y no exentas de responsabilidad en aquellos turbios días de guerra. Sí sé, en cambio, que José María Pemán ocupó cargos de responsabilidad en las instituciones franquistas y que dictó normas que condujeron a la muerte premeditada de muchas personas. En concreto, Pemán fue nombrado por Franco “ministro” en la primera Junta Técnica del Estado, encargándole la “cartera” de Comisión de Cultura y Enseñanza. Desde ese cargo dictó las instrucciones del 7 de diciembre de 1936 a los vocales de las Comisiones Depuradoras del personal docente. Esta norma organizó definitivamente la depuración del magisterio, profesorado de institutos y de universidad, tanto en centro públicos como privados. El resultado de esa depuración en la provincia de Valladolid, por ejemplo, que María Jesús Izquierdo acaba de publicar (“Pizarras vacías”) se resume así: 225 docentes represaliados en la provincia; de ellos, 4 exiliados y 63 con represión física; de éstos, 18 asesinados extrajudicialmente, 4 fusilados, 37 encarcelados, 2 muertos en la cárcel, 1 tal vez suicidado, 1 desaparecido. Alguna criminalidad sí debió resultar de aquella normativa, según parece.

“Lo que ocurre en España -escribía Gabriel Jackson en El País el 3 de noviembre de 2008-, una parte importante del problema es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud”.

Eso decía Jackson en 2008 y sigue siendo así, pero hay alguna novedad. Aunque la sociedad española no ha asumido la criminalidad del franquismo, la historiografía viene certificando ésta, nombre a nombre, desde los últimos quince años; y, lo que es más importante, los jueces han calificado finalmente al franquismo como responsable de crímenes contra la humanidad. Lo ha escrito el Tribunal Supremo en el razonamiento quinto de la sentencia 102/2012, por la que absuelve a Garzón de la denuncia por prevaricación: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”.

Para que la sociedad española asuma definitivamente la realidad de aquella dictadura, nacida de aquella guerra, provocada conscientemente por un grupo de generales con apoyos civiles e internacionales, es preciso que Las Cortes que nazcan de las próximas elecciones creen una Comisión de la Verdad, que establezca las conclusiones universal y científicamente consensuadas, de manera que se pueda emprender un camino de normalización de la vida política en España.

Marcelino Flórez

 

Franquismo y Verdad histórica

El 10 de diciembre de 2014 se votó en el Senado la Moción que el PNV había presentado un mes antes, donde se pedía atender al informe del relator de Naciones Unidas, Pablo de Greiff, que reclama la búsqueda de la verdad en lo relativo a los crímenes del franquismo. La moción solicitaba también reconocer y amparar a las asociaciones de víctimas, dotar presupuestariamente la conocida como Ley de Memoria Histórica, hacer un censo de simbología franquista aún perviviente y abrir los archivos de las cárceles de la Dictadura.

El Partido Popular, en solitario, votó contra la Moción y encargó al senador Muñoz-Alonso Ledo explicar el voto. Es muy difícil explicar un voto que se resiste a condenar el franquismo, por eso la explicación se basó en excusas y aspectos laterales: que si se rechazaba por las enmiendas introducidas, que si no se habían acercado a ellos para llegar a acuerdos, que si no es obligatoria la resolución de Naciones Unidas. Excusas, no razones.

De la intervención parece deducirse que podía haber habido acuerdo en lo relativo a dotar de presupuestos la Ley de Memoria Histórica y a realizar el censo de simbología franquista. Un acuerdo éste poco creíble, pues ahí están las asociaciones memorialistas que tiene que proceder a exhumar los restos humanos de las fosas comunes con sus propios recursos o con los que proceden de la solidaridad internacional; o ahí está la ciudad de Valladolid con su conocido alcalde, al que una sentencia ha obligado a retirar símbolos y nombres franquistas, pero continúa sin cumplir no sólo la ley, sino la misma sentencia. Poco creíble, pues.

El meollo de la intervención del senador populista, sin embargo, estaba en los desacuerdos: “Nosotros no hemos hecho una comisión de la verdad, y con todo el alma les digo que ni falta que nos hace”. A continuación razonaba que en las democracias no existe verdad oficial y que eso es cosa de los historiadores, los cuales van desvelando la verdad a medida que la descubren. Este aspecto tiene cierta dosis de razón, pero si realmente estuviese diciendo lo que expresa, ¿por qué siguen sin abrir el acceso de los archivos a los historiadores? Esta concesión del partido populista no se corresponde con su actuación real, por lo que, aunque el senador no desease mentir, lo que dice no puede ser creído.

Hay otro matiz en este asunto de la Comisión de la Verdad (aparte de que no está garantizado que el saber histórico alcanzado esté presente en las enseñanzas oficiales primarias y secundarias, ni en los medios de comunicación, con lo que realmente la población española sigue sin conocer la verdad histórica sobre el franquismo). El matiz es que no estamos hablando de verdad histórica frente a verdad política, sino que estamos hablando de verdad jurídica y ese es otro cantar.

No sólo es necesaria una Comisión de la Verdad para que la población española disponga del saber histórico científicamente consensuado y pueda conocer que la Guerra Civil fue originada por un golpe de Estado ilegal e ilegítimo, que dio lugar a la Dictadura franquista, régimen responsable de un enorme crimen contra la humanidad, sino que el conocimiento social de esta verdad histórica tiene consecuencias jurídicas.

Como escribió Rainer Huhle a propósito de las Comisiones de la Verdad latinoamericanas, “si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”. Que estamos ante unos crímenes atroces no sólo lo ha dicho la Historia, sino también los jueces. El razonamiento QUINTO de la sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, en la que se absuelve a Garzón de la denuncia por prevaricación, dice: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”.

El señor Muñoz-Alonso debería saber, como le ha recordado la ONU, que los delitos contra la humanidad son imprescriptibles y que están reclamando justicia, no sólo para certificar la moralidad pública y para evitar la impunidad, sino para reparar a las víctimas. Así que no sólo necesitamos una Comisión de la Verdad, también se requiere Justicia. Ambas cosas llegarán, no lo duden.

Marcelino Flórez

 

7.000 nombres en Valladolid

Nunca antes de ayer, 26 de noviembre, habíamos sabido que en Valladolid el franquismo reprimió a 7.000 nombres. Dos mil trescientos treinta y cuatro de ellos, al menos, fueron asesinados, la mayoría de los cuales permanecen desaparecidos en fosas comunes, muchas ni siquiera localizadas. Siete mil son muchos nombres en una provincia donde no hubo guerra y cuya población apenas sobrepasaba los trescientos mil habitantes. “Valladolid 1936. Todos los nombres” es el título del libro que nos lo cuenta.

Sigue habiendo mucha gente, familiares de víctimas entre ella, que continúa achacando la represión a los malos quereres. Ayer mismo, un señor del público, cuyos padre y abuelo habían sido condenados a treinta años aseguraba que eso era inexplicable, “porque no militaban en ningún partido ni sindicato”. Decía eso aun conociendo que fueron detenidos el día 19 de julio en la Casa del Pueblo junto a los otros cuatrocientos cuarenta y ocho socialistas de Valladolid, que serían juzgados en la Causa 102/1936. Pero Julio del Olmo, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, se encargó de aclarar ese aspecto junto a otro paralelo, el que se refiere a la responsabilidad en los crímenes.

La represión fue masiva, pero fue selectiva. Ningún historiador propiamente dicho discute hoy que se ordenó asesinar a los cargos políticos representativos y designados, o sea, alcaldes, concejales, gobernadores, delegados; a los dirigentes de sindicatos y partidos políticos; y, también, a sindicalistas y militantes políticos de la base, pero que se habían significado públicamente. Así se sembró el terror en toda la población, terror que un día tras otro comprobamos que persiste, como ayer mismo pudimos públicamente constatar.

Hasta ayer, sin embargo, no conocíamos sus nombres y no sabíamos que sumaban ¡siete mil!. Estamos ante un crimen contra la humanidad, que es modélico, y que, también en esto modélico, permanece impune.

La otra precisión que hizo Julio del Olmo se refiere a la responsabilidad en el crimen. Aún no tenemos todos los documentos probatorios, porque los archivos que los contienen permanecen cerrados, pero ya hay pruebas suficientes para asegurar que la represión estuvo ideada y ordenada por el alto mando militar que se rebeló contra la República. Nada fue improvisado y todo se rigió por los métodos colonialistas que conocían bien los militares rebeldes africanistas. En Valladolid, cada paso estuvo controlado por el ejército y desde Saliquet, el general golpista, hasta el último guardia civil del último pueblo de la provincia, nada se escapó a la cadena de mando. Las “cuadrillas” de falangistas, que ejecutaban las detenciones y se responsabilizaban de los “paseos”, estuvieron encuadradas en el mando militar desde los primeros días y siempre actuaron bajo la dirección de los cuarteles. Los archivos demuestran que, aunque los juicios fuesen una pantomima, las condenas a muerte respondían a un análisis minucioso de cada persona detenida. Si había contradicción en los informes, se requerían otros nuevos, hasta que la autoridad judicial militar dispusiera de datos precisos.

Nada, pues, de improvisación y nada de malos quereres. Las listas que los pistoleros de las camionetas de la muerte llevaban consigo no las confeccionaban ellos, sino la autoridad competente.

Hoy conocemos los nombres, uno a uno citado por orden alfabético en cada pueblo y en la capital vallisoletana. Se acabó la discusión sobre la enormidad del crimen, que permanece impune. En la presentación del libro, Gustavo Martín Garzo musitó para nuestros oídos el relato del crimen con palabras templadas y corazón cálido; y Manolo Sierra nos contó que la portada del libro resume la experiencia del conocimiento del crimen desde la casa familiar en su Babia natal. Julio del Olmo, coordinador del libro, explicó el método de investigación y las conclusiones: más de siete mil nombres, que siguen reclamando verdad, justicia y reparación. Cuatro mujeres, hijas de las víctimas, dieron testimonio del dolor.

Marcelino Flórez

Víctimas del franquismo y “estabilidad del orden democrático”

El empeño de las asociaciones de derechos humanos ha logrado hacer llegar a las Naciones Unidas la queja de las víctimas del franquismo por el olvido y el abandono en que se hallan a causa del mal gobierno y de la mala justicia españolas. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha ido recabando información y, finalmente, ha elaborado dos importantes informes a cargo de Pablo de Greif y de Ariel Dulitzky, que han sido expuestos en la sesión del día 10 de septiembre de 2014.

Los dos informes son contundentes. Ordenan al gobierno español fijar medidas concretas para atender a las víctimas, en particular para ayudar a esclarecer la verdad y para buscar y desenterrar a las decenas de miles de personas asesinadas que aún permanecen ocultas, a parte de otras recomendaciones específicas, como la que hacen acerca del Valle de Los Caídos.

Valoremos lo que la mera existencia de estos informes significa. Primero, dan fin al tiempo del negacionismo y del olvido. Las palabras con las que el todavía diputado europeo del PP, Luis de Grandes, respondió a Gaspar Llamazares el día 26 de noviembre de 2003, diciendo que la propuesta de Izquierda Unida sobre las víctimas del franquismo olía a naftalina, han sido condenadas definitivamente y en sede internacional. Además, se ha terminado la discusión sobre la definición del franquismo: es un régimen responsable de un crimen contra la humanidad y punto. Esto ya lo dijo el Supremo en la sentencia absolutoria de Garzón, pero ahora lo han refrendado las Naciones Unidas. En la práctica, casi no es nada, porque todo sigue igual en España y los historiadores revisionistas siguen existiendo, pero, al mismo tiempo, es mucho, porque ya no es necesario seguir discutiendo con negacionistas y beneficiarios del régimen, pudiendo dedicarnos a otras cosas. (Todo esto lo había escrito yo en el libro que cito al margen de este blog y que regalo, pero una sola palabra del Supremo o de Naciones Unidas vale más que todos mis razonamientos).

La representante de España en Naciones Unidas, Ana María Menéndez, se ha defendido de lo expuesto en los informes con argumentos carentes de todo valor, porque esgrimen precisamente como defensa lo que los informes establecen como falta. Uno de los argumentos ha sido reclamar la amnistía postfranquista y particularmente la Ley de 1977 para afirmar que la sociedad española se reconcilió mediante la “renuncia a la justicia penal”, pero es justamente ese reconocimiento lo que el informe denuncia desde la perspectiva de la justicia universal. Hay otro argumento, en este caso de carácter político, carente igualmente de fuerza argumental: la reivindicación de “la consolidación de la democracia” como moneda de cambio aceptada por la sociedad española para olvidarse de la Dictadura. El problema es que este argumento político, válido durante el régimen de la Transición, ha caducado. Ya no vale, porque la espada de Damocles ya no pende sobre nuestras cabezas como en 1978, obligándonos a comulgar con ruedas de molino. Ni la Iglesia, con sus penas de infierno, ni el ejército, con sus pistolas, son una autoridad para lograr que la sociedad camine por la senda que marca el Partido Popular.

Lo verdaderamente cínico, sin embargo, ha sido el recurso a la Ley de Memoria Histórica, que ha utilizado Ana María Menéndez para justificar que España ha hecho algo en atención a las víctimas. No es el momento de analizar la Ley, tampoco de la amortización de la misma que ha hecho este gobierno, pero sí de proclamar la desvergüenza de un Partido Popular que combatió sin límites aquella Ley y prometió derogarla tan pronto como llegase al poder, al que vemos ahora invocar esa misma Ley para justificar su gestión al frente del gobierno del Estado. ¡Qué bueno es que “dios nos conserve la vista” y el recuerdo del pasado! Bendita sea la memoria que nos permite poder afirmar que el Partido Popular es un impostor y que no nos representa ante Naciones Unidas.

Aún le quedaba a este partido un recurso en las Cortes españolas para incrementar su oprobio, el recurso a la equidistancia de las víctimas, lo que Primo Levi, superviviente de Auschwitz, calificó de enfermedad moral. Y se lo hemos oído formular al mismísimo ministro de Justicia: “Este Gobierno nunca se sentirá tranquilo mientras exista una persona enterrada en una cuneta, da igual de qué bando sea en la guerra más incivil de las guerras que es la Guerra Civil, y sus familiares demanden su localización y entierro”. No, señor Gallardón, no hablamos de todas las víctimas. Sólo de las olvidadas, de las desaparecidas, de las que permanecen ocultas en fosas, de las no reparadas, de las que no han conocido la justicia. Esas sólo son unas, aunque sumen ciento cincuenta mil, son las víctimas del franquismo.

Cuando el relator especial de naciones Unidas, Pablo de Greif, se entrevistó con los ministros del gobierno, se sorprendió, según relata Natalia Junquera en El País, del argumentario que repetían uno tras otro: “O concluimos que ya estamos totalmente reconciliados, o la única alternativa es el resurgir de odios subyacentes, lo cual implicaría un riesgo demasiado alto”. Dejemos aun lado la amenaza velada que esas palabras encierran, pero el argumento no sólo puede sorprender, sino que debe indignar.

Primero, las víctimas tienen todo el derecho a odiar a sus verdugos, incluso es conveniente que conserven ese odio para poder subsistir, como dice la psiquiatría. Lo que las víctimas no pueden hacer es cometer cualquier acto delictivo relacionado con ese odio. Pero ¿alguien puede nombrar un solo delito cometido por las víctimas del franquismo después de la muerte del dictador? Por el contrario, podemos enumerar decenas de actos, que en cualquier país democrático serían considerados delitos, realizados por los verdugos o sus seguidores. Cito de memoria: la profanación de las fosas de víctimas franquistas en Poyales del Hoyo, Ávila; los agravios del alcalde de Granada sobre la Tapia del Cementerio de San José; las bárbaras declaraciones del alcalde de Baralla, en Lugo; las ofensas directas emitidas por el coportavoz del Partido Popular en el Congreso, Rafael Hernando; el doble atentado contra el monumento memorialista que la ARMH-VA tiene levantado en los Montes Torozos. Salvo para fiscalía y tribunales españoles, estos actos y decenas de otros similares que se suceden en pueblos y ciudades de España, serían actos relacionados con “delitos contra la humanidad”, como razona el punto QUINTO de la Sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal del tribunal Supremo, que absuelve a Baltasar Garzón de la denuncia por prevaricación.

No son, por lo tanto, las víctimas del franquismo, olvidadas y no reparadas, las que ponen en riesgo “la estabilidad del orden democrático”, sino el Partido Popular, que se resiste a aceptar los mandatos de Naciones Unidas y que ampara a sus militantes en las exhibiciones franquistas que se suceden a diario. Eso sí es un riesgo para el orden democrático.

Marcelino Flórez