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Ochenta años después

La derrota del franquismo está siendo muy lenta. No obstante, las celebraciones en este octogésimo aniversario van quedando relegadas a la extrema derecha, con Intereconomía de protagonista, además de otras opiniones erráticas de la todavía legal Fundación Francisco Franco o alguno de sus miembros, que encuentran acomodo en las páginas de ABC, y aparte de algunas parroquias católicas, que siguen acogiendo el acontecimiento sin avergonzarse. Para la gente normal, la fecha del 18 de julio no pasa de ser un mal recuerdo.

La historiografía también ha dado pasos definitivos. Atrás ha quedado la justificación del Alzamiento Nacional con la falacia de la revolución comunista o de la Cruzada con la hipérbole de la persecución religiosa. En la sociedad, el golpe de Estado también va perdiendo las justificaciones, a pesar del esfuerzo permanente que realiza la Iglesia católica con su martirologio y a pesar de los negacionistas, encabezados por Stanley G. Payne, que se retrotraen a la Revolución de 1934 o la proclamación de la República para encontrar justificación del golpe de Estado.

La interpretación de la equidistancia, sin embargo, aquella del “todos fuimos culpables” de Vidarte o de “no fue posible la paz” de Gil Robles, que terminaba calificando a la Guerra como una catástrofe colectiva inevitable, que había que olvidar, esa interpretación tarda más en caer. A veces reverdece, incluso, y uno puede encontrar autorizados artículos de opinión en El País cargados de expresiones como “contienda fratricida”, “cataclismo colectivo”, “deplorable catástrofe de atrocidades homicidas” y otras varias, así dichas, sin más precisión, que conducen inevitablemente a la arcaica catástrofe colectiva que nos invitaba a olvidar.

Pero esta tesis de la equidistancia ya no cuaja, como lo hizo durante el régimen de la Transición, porque ahora existen las fosas abiertas y, paso a paso, van apareciendo todos los nombres y sus esqueletos. “Aquello” ya no se puede ocultar. Por si quedaban dudas para algunos, el Tribunal Supremo calificó los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad. Lo hizo en el razonamiento QUINTO de la sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal, por la que absolvía al juez Garzón del delito de prevaricación, con estas palabras: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”. Como razonaba Antonio Elorza en El País el 1 de noviembre de 2008, “de los crímenes nazis a Karadzic, una calificación (jurídica) adecuada de los crímenes vale más que una cascada de libros”.

Pese a quien pese, esta es la novedad del octogésimo aniversario. De modo que para la ciencia histórica, el golpe de Estado del 17 de julio de 1936 fue un acto “fuera de toda legalidad”, que atentó “contra la forma de gobierno”, proyectando y ejecutando un “crimen contra la humanidad”, según está demostrado historiográficamente y aseverado por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo. Fin del debate interpretativo.

La sociedad, sin embargo, camina más lenta y el franquismo perdura. Pero el camino para remediarlo no es la ocurrencia que acaba de tener el abogado Eduardo Ranz con la aquiescencia de Zapatero, de emprender una iniciativa legislativa popular para mejorar algunos aspectos de la conocida como Ley de Memoria Histórica. El movimiento memorialista, sin necesidad de personalismos anacrónicos, hace ya mucho tiempo que viene buscando el acuerdo de los partidos con representación parlamentaria para crear un Comisión de la Verdad, que asiente con todo rigor la verdad histórica ya conocida y que oriente a los poderes públicos acerca de la legislación deseable, como han hecho todas las comisiones de la verdad en los países que sufrieron dictaduras criminales. Esta es la tarea en el octogésimo aniversario del crimen.

Marcelino Flórez

‘El abrazo’, de Genovés

Desde el día 7 de enero cuelga en Las Cortes el cuadro de Juan Genovés, titulado El abrazo. Es de 1976, unos meses después de morir Franco. Pero ¿qué representa y qué significa? Varios hombres y una mujer, de espaldas, con los brazos abiertos y vestidos con ropa común de calle, corren al encuentro de otras personas con aspecto parecido, que llegan de frente, con paso más reposado, y se abrazan efusivamente con afecto familiar. La mujer de la derecha aún no ha llegado al encuentro hacia el que se dirige y no vemos a la persona que quiere abrazar. Las que se abrazan no son personas desconocidas, no son gente de la calle, son familiares y amigas. Se nota que se buscan, que se esperan y se quieren.

Dice Genovés que la escena se la inspiraron los niños de un colegio junto a su casa, que se abrazaban al salir de clase. Está claro que los que se abrazan en el cuadro salen de algún sitio, que no es la clase, pero es la cárcel. Para mí, el cuadro siempre representó la libertad de los presos en las cárceles franquistas. La reproducción que tuve colgada en la pared de mi cuarto durante décadas se la compré a Amnistía Internacional, que tomó este cuadro como uno de los símbolos de su misión: la libertad de los presos, la amnistía de los delitos de opinión y de pensamiento. Es verdad que también difundieron mucho esos mismos carteles el PCE y las Comisiones Obreras. Lo hicieron en reclamación de la libertad de sus presos, que llenaban las cárceles franquistas en 1976. En el caso del PCE pudiera ser que este cuadro pasara a representar también su estrategia originada en en 1956 y conocida como la reconciliación nacional.

Juan Cruz ha titulado su reportaje en El País sobre el hecho que comentamos como ‘El Abrazo’ de la Transición y, para no dejar lugar a dudas, subtitula: “sobre la reconciliación española después del franquismo”. Aquí está el gato encerrado, que no logramos descubrir claramente durante la Transición, pero que no puede seguir oculto ahora.

Juan Genovés, en los actos de colocación del cuadro en el Congreso de los Diputados, cuya crónica hace Juan Cruz, precisa repetidas veces el significado que él atribuyó al cuadro: Ahora es del Congreso, dice el cronista, “como lo fue desde el principio de todos los demócratas que lo hicieron suyo… Yo quise que representara la resistencia contra el franquismo y la reconciliación de los españoles”, recalca el pintor.

Tratemos de dilucidar lo que dice el autor: el cuadro no puede ser al mismo tiempo símbolo de la resistencia antifranquista y de la reconciliación con el franquismo. O lo uno o lo otro. ¿Es posible alguna reconciliación de todos los españoles sin renunciar al franquismo, sin reconocer que aquella fue una dictadura criminal contra la humanidad, como ha reconocido el propio Tribunal Supremo? ¿Es posible una reconciliación con el franquismo, lo es con el nazismo, lo es con el fascismo, lo es con el esclavismo, lo es con el colonialismo? Toda reconciliación implica el reconocimiento de las víctimas inocentes y la condena de los victimarios. Lo otro, el olvido del crimen, es una nueva condena de las víctimas y la concesión de la impunidad a sus asesinos. No es reconciliación.

El error procede de la falsa lectura que se hizo en 1977, durante la aprobación de la última amnistía, del concepto comunista de reconciliación nacional. Cuando el PCE propuso esa idea en 1956 pensaba en abandonar el conflicto político expresado en términos de izquierda contra derecha, para transformarlo en un conflicto entre democracia y dictadura, es decir, en aglutinar a toda la oposición democrática contra la dictadura. Eso se concretó unos años después en la fórmula de “unión de las fuerzas del trabajo y de la cultura”, donde cupieron, por ejemplo, los democratacristianos de Ruiz Gimenez y una variada gama de grupúsculos intelectuales, insertados en el régimen, pero críticos con el franquismo. Cuando Carrillo o el mismísimo Camacho, éste en la sesión de Cortes del día 14 de octubre de 1977, confundieron reconciliación de los demócratas con reconciliación con la dictadura, se equivocaron. Los que no supimos verlo entonces, casi todos, salvo unas pocas víctimas, no tenemos que seguir siendo ciegos ahora.

El cuadro de Genovés no es ‘El Abrazo’ de la Transición, es el abrazo de los demócratas españoles a los presos del franquismo. El autor lo ha precisado perfectamente el día 7 de enero: “y de la Resistencia antifranquista”, dice Genovés, no sólo metáfora de la Transición, como había señalado Izquierda Unida ya en 2003. Entronizar el cuadro en Las Cortes ha sido un paso importante, ahora sólo falta crear una Comisión de la Verdad, que dilucide definitivamente los crímenes de la Guerra Civil y del Franquismo, pasa asentar las bases de la reconciliación. Si alguien, después de la clarificación oficial, quiere seguir sin condenar el franquismo, habrá que legislar para que pase a ser un delincuente, no un mero tertuliano integrista.

Marcelino Flórez

Primo Levi y la Comisión de la Verdad

La editorial Península acaba de publicar una recopilación de testimonios de Primo Levi, algunos de ellos escritos en colaboración con Leonardo de Benedetti, otro deportado, con el título de Así fue Auschwitz. Quien haya leído la trilogía de Levi sobre el holocausto, simbolizado en Auschwitz, comprobará con este nuevo libro que la reconstrucción del crimen no está acabada.

Uno de los escritos recogidos se titula “Aniversario” y conmemora el décimo aniversario de la liberación del campo por el Ejército Rojo. Es, por lo tanto, de 1955. Se lamenta aquí Primo Levi de que sea el olvido del crimen lo que impera en Italia, además de la acusación de victimistas o de morbosos, cuando no de mendaces o impúdicos, que alguna gente hace a las víctimas que osan recordar. (¡Cómo me recuerda esto a Rafael Hernando!).

Y el silencio se impone, razona Levi, por la mala conciencia de mucha gente, que trata siempre de “desviar la discusión” cuando aparece el crimen sobre la mesa, trayendo “a colación las armas nucleares, los bombardeos indiscriminados, el proceso de Núremberg y los problemáticos campos de trabajo soviéticos”. (¿Observan ustedes que esta argumentación no ha perdido ninguna actualidad?) Sigue diciendo nuestra víctima de Auschwitz que no le importa cuando quien así actúa es un nazi o un fascista, porque “es natural”, pero que le hiere mucho cuando el silencio culpable alcanza a los intelectuales o a las propias víctimas.

También comprende, no obstante, este silencio culposo, que nace de la vergüenza que el crimen produce en toda la humanidad, la cual no puede sentirse ajena a aquellos hechos, porque es la propia Europa la que engendró Auschwitz: “vivíamos en ese siglo en que la ciencia se vio doblegada, y dio a luz las leyes raciales y las cámaras de gas. ¿Quién puede decirse convencido de ser impune a la infección?”. (Primo Levi no lo sabía entonces, pero Wallter Benjamin había dejado escrita, antes de suicidarse unos pocos años atrás, la explicación racional de esa responsabilidad europea.)

El autor, denunciada la mala conciencia, reclama con vehemencia la palabra, que se diga, que se conozca la verdad. Eso sí, sin “agavillar a víctimas y asesinos”, esa equidistancia que hoy con tanta insistencia escuchamos. En otros escritos posteriores Primo Levi calificaría esta posición ideológica de la equidistancia como “perversión moral”, porque la identificación de las víctimas con sus verdugos tiene como finalidad garantizar la impunidad de los asesinos, mientras perdura sin reparación la injusticia de las víctimas.

En esta segunda transición que estamos, todos, protagonizando, me ilusionaría escuchar en la voz de los líderes políticos democráticos esa misma recomendación de Primo Levi: el compromiso expreso de crear una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo tan pronto como se formen las nuevas Cortes. Eso sí que daría fin al franquismo, integrándolo en la conciencia colectiva, con víctimas y con asesinos en sus correspondientes capítulos. Y aquí, la palabra o el silencio sí que dividen las opciones de la nueva transición. Sigo escuchando con toda atención.

Marcelino Flórez

La Guerra Civil de Pérez Reverte

-Comentario de texto-

Comienza el escrito de Pérez Reverte, que comentamos, con una referencia a las “causas políticas” de la Guerra, que el autor atribuye al atraso histórico de España y lo argumenta así: el atraso histórico provocaba continuos conflictos, que la República no lograba resolver; estos conflictos eran atendidos siguiendo vías violentas y con modelos extranjeros, fascismo y comunismo, que hacían una verdadera preparación para la guerra; la sociedad terminó polarizada igualmente en dos líneas, derecha (burguesía, terratenientes y militares) e izquierda (obreros y campesinos). El ejército, que venía estando descontento por asuntos internos, se levantó para imponer una dictadura con la que dar fin a los conflictos. El golpe de Estado fracasó a causa de la resistencia de la izquierda, por lo que se originó una guerra de “tres sangrientos años”, en la que toda la sociedad, de grado o por fuerza, se adscribió a uno de los bandos.

Iniciada la guerra, se siguieron muchas “atrocidades” a causa de los “rencores acumulados”. Estas atrocidades se distribuyen con una equidad milimétrica en los dos bandos: si el avance rebelde se acompaña de terribles represalias, como en Badajoz, lo que provoca la salida de refugiados, que son perseguidos y ametrallados, como en Málaga, también en zona republicana “clérigos, falangistas y monárquicos” son asesinados, aprovechando el descontrol del poder. Tienen, incluso, símbolos equiparables: García Lorca en Granada y Muñoz Seca en Paracuellos. La diferencia podría ser que las “atrocidades” republicanas no eran dirigidas desde el mando.

Hay una referencia salteada a batallas épicas: Madrid, el Jarama, Santa María de la Cabeza, el Alcázar de Toledo, Guadalajara, guerra en el mar, Guernica, Brunete, Belchite, Teruel, el Ebro. En todas ellas se luchó “con mucha tenacidad y valor por ambas partes”. Ese carácter épico atrajo a los corresponsales de la prensa extranjera y la Guerra de España se internacionalizó: los países fascistas apoyaron a Franco y la Rusia soviética apoyó a la República (“confiando en que una victoria republicana acabaría convirtiendo a España en un país comunista”).

El libro termina, en medio de cierto descontrol cronológico, con estos relatos: después del Ebro, comenzó la dispersión republicana en barcos al exilio, tuvo lugar la sublevación de Casado, se retiró el gobierno a Barcelona y a Gerona, cayó Cataluña y empezó el exilio francés, ejemplificado en Machado. Todo, en ese orden.

La Guerra terminó con victoria franquista y con represión: 400.000 vencidos fueron a la cárcel. La Dictadura duró 40 años. España participó en la Segunda Guerra Mundial con la División Azul y con los Resistentes. Siguió un pequeño periodo de guerrilla de los maquis. Y todo terminó finalmente con el “retorno a la democracia”, por “decisión personal” del rey Juan Carlos.

Ideas princiaples

Aunque probablemente haya una sola intención, en el escrito podemos destacar varias ideas: el conflicto social como causa de la Guerra; la equidistancia de las “atrocidades”; las hazañas bélicas, también equivalentes; la victoria con represión; y el “retorno a la democracia por decisión personal” del rey. Y aún podríamos detectar alguna idea secundaria, como es la asignación de una influencia comunista al gobierno republicano.

Explicaciones

El autor, en su participación en la propaganda difusora del escrito, ha afirmado que no es un libro de historia. Estamos de acuerdo. Se trata de 30 medias páginas, con letra muy grande, que apenas nombran hechos históricos. Todo, sin cronología, que es un dato ineludible en cualquier relato histórico.

Es un escrito de opinión política y moral sobre un hecho histórico relevante, la Guerra Civil Española. Encajaría perfectamente en lo que viene denominándose “memoria histórica”, entendiendo por ello la rememoración consciente del pasado. Lo que se desea en este caso es construir un pensamiento sobre la Guerra Civil, que, haciendo ver su carácter trágico por mortífero y espantoso, ayude a no repetir aquella tragedia, como se dice expresamente en el prólogo.

Ocurre que, para conseguir sus nobles propósitos, el autor nos da una clase de historia, donde nos dice que en España hubo una guerra, porque había muchos conflictos sociales, en la que por igual unos se mataron con otros, en noble y valerosa lid; vencieron unos, que continuaron la represión, hasta que un bondadoso rey, Juan Carlos, restauró la democracia. Aquí no ha pasado nada y todos somos hermanos.

Dejemos a un lado la restauración de la democracia y la monarquía, que no tienen por dónde cogerse, pero que sólo ocupa 17 líneas y 129 palabras del escrito; olvidémonos también de otros mitos que aparecen lateralmente, como es el del comunismo; hagamos una leve referencia a las causas de la Guerra; y centrémonos en lo nuclear, las “atrocidades”.

Respecto a las causas de la Guerra, el autor se adscribe al revisionismo vigente, que reproduce la justificación inicial que construyó el franquismo. Cuando los militares rebeldes iniciaron la Guerra Civil, anunciándolo mediante un golpe de Estado el 18 de julio o en la tarde del día 17 en Marruecos, para la que ya tenían preparados aviones y barcos italianos con los que trasladar tropas a la Península, y siguiéndolo con los asesinatos de militares fieles a su juramento constitucional, necesitaron justificar esa acción, un crimen desde cualquier punto de vista que se quiera observar. La justificación fue no que iniciaban una guerra, sino que trataban de parar la guerra iniciada por los republicanos: todos los asesinados o encarcelados desde el primer día los fueron por “rebelión” o por “adhesión a la rebelión”. Está tan claro en la historiografía actual, que no dedico una palabra más a su demostración. Pérez Reverte tenía que haber leído, como mínimo, Los mitos del 18 de julio, que ya llevaba publicado dos años, cuando publicó el libelo que comentamos.

Me centraré, pues, en lo nuclear del libelo: las “atrocidades” de la Guerra Civil fueron iguales en los dos bandos. Esta tesis de la equidistancia se repite insistentemente, todo el relato reitera que hay dos fuerzas equivalentes, con episodios bélicos paralelos (a Santa María de la Cabeza se opone el Alcázar), defendidos con “mucha tenecidad y valor por ambas partes”; si los republicanos tienen un Lorca, los franquistas tienen un Muñoz Seca; a unos les ayudan los fascistas, a otros los comunistas; pero, sobre todo, las “atrocidades”: en las 17 líneas del capítulo 6 repite tres veces la idea (“estallaron en los dos bandos”, “donde tuviesen el control uno u otro”, “en los dos lados se sucedieron”) y lo repite cada vez que cita cualquier episodio criminal.

No es más que la actualización de una tesis que el autor viene repitiendo desde hace años, quizá desde que apareció el movimiento memorialista: “Cualquiera que haya leído historia de España sabe que aquí todos hemos sido igual de hijos de puta, TODOS”, había dicho ya en 2010.

La equidistancia de las víctimas es un asunto bien conocido en la literatura memorialista. Primo Levi, una víctima de los nazis en Auschwitz, calificó a esta tesis de enfermedad moral, porque sólo busca identificar a víctimas con verdugos, garantizando así la impunidad de los asesinos. En este sentido, el libelo de Pérez Reverte es un ejemplo perfecto.

Aparte de la perversión moral que esta tesis central sustenta, hoy sabemos que la relación de los crímenes de cada uno de los dos bandos no resiste la mínima comparación, ni merece, por lo tanto, el mismo calificativo: no fueron iguales en las cifras; es más, en media España sólo existen asesinatos franquistas, porque allí no hubo guerra, sino represión; únicamente hay desaparecidos entre los republicanos; víctimas olvidadas sólo son unas, los otros muertos, sean víctimas o verdugos, lucen sus nombres en calles y hasta en las portadas de las iglesias; proyecto de exterminio sólo está en las Instrucciones de Mola y en los Bandos de guerra, pero no en decreto alguno del gobierno legítimo; las víctimas republicanas no han sido nunca reparadas no ya con la justicia, sino, ni siquiera, con la verdad, y sus verdugos no han sido juzgados y condenados jamás, mientras que los crímenes en el lado republicano fueron juzgados por el propio gobierno desde 1937 y, desde luego, fueron juzgados y reparados, aunque fuese ilegítimamente, por los franquistas. En el lado republicano hubo crímenes de guerra, ciertamente; en el lado franquista hubo un largo y duradero crimen contra la humanidad, que aún sigue vigente. La diferencia no puede ser más grande.

En conclusión, el escrito de Pérez Reverte es un libelo de moralina barata, propio de algunas tertulias radiofónicas o televisivas, en el que brilla por su ausencia la historiografía reciente. Sólo tiene una intención: mantener en el olvido a las víctimas del franquismo para continuar garantizando la impunidad de los victimarios. Este libelo podría haber pasado desapercibido en los años setenta del siglo pasado, cuando dominaba la ideología de la equidistancia bajo el paraguas de la reconciliación nacional, pero la investigación histórica posterior a esas fechas lo convierte en un anacronismo reaccionario, no más.

Marcelino Flórez

Rajoy y la Memoria

Respondiendo a la pregunta de un periodista, Rajoy, muy ufano, presumió de que, aunque no había derogado la llamada Ley de Memoria Histórica, “la asignación presupuestaria ha sido cero” en sus cuatro años de gobierno. Asombra que en el año 2015 un presidente de un gobierno en la Unión Europea se jacte públicamente de no financiar a las asociaciones que rescatan de fosas comunes a personas desaparecidas por el régimen franquista y no pase nada. Porque aquí, lo que asombra es que no pase nada, que se pueda ofender a las víctimas desaparecidas en un crimen contra la humanidad impunemente.

Dejando a un lado lo que se conoce como sociología del franquismo, una causa esencial de esta aberrante situación es la confusión del concepto de memoria histórica. Casi universalmente, a derecha y a izquierda, entre los tertulianos como entre los académicos, se asocia la idea de memoria histórica con la reivindicación de la Segunda República o con los valores republicanos o con el antifranquismo. Cuando se abre una fosa, lo más que llegamos a escuchar a los familiares, a los activistas o a los periodistas es que al fin se puede enterrar dignamente a los muertos, aunque se añada que son unos muertos por la libertad y por la democracia. Si fuese eso de lo que trata la memoria histórica, si se tratase de una mera confrontación entre regímenes políticos, aunque uno sea democrático y el otro fascista, o si se tratase de un mero asunto familiar sobre el entierro digno, sería legítima la diferencia de opinión.

Pero no hablamos de eso. Es incomprensible que siga siendo hegemónico ese pensamiento, después de que Walter Benjamin pasara por el mundo y después de que, en España, Reyes Mate y otros filósofos hayan reflexionado hasta la saciedad acerca de eso que la mayoría sigue denominando memoria histórica. Por lo pronto, cuando Walter Benjamin reflexionó sobre este asunto, dejó a un lado el término memoria y utilizó otro mucho más preciso, rememoración, que hace referencia al acto voluntario de traer a la memoria algún elemento del pasado.

Tratando de explicarse la existencia del nazismo, Benjamin había descubierto que las víctimas venían siendo relegadas al olvido a lo largo de la historia; y que ese olvido había sido justificado por la filosofía, como si las víctimas fuesen, en palabras de Hegel, “florecillas al borde del camino”, que era legítimo pisar en nombre del progreso o de cualquier ideal de esos llamados eternos. Siguiendo ese razonamiento de los filósofos y la práctica de la humanidad a lo largo de la historia, el nazismo se dispuso a prescindir de todo lo que no fuera la raza aria. No era más que un paso adelante en la argumentación. Contra ese pensamiento se rebeló Benjamin y, caracterizándose a sí mismo como “el trapero de la historia”, se dispuso a rescatar lo que venía siendo olvidado, se dispuso a rememorar a las víctimas. Construyó así lo que su amigo Adorno denominó un nuevo imperativo categórico: el de reorientar el pensamiento y la acción para que Auschwitz no se pudiese repetir.  Y así fue como las víctimas, antes relegadas al olvido, pasaron a estar encima de la mesa.

El proceso fue muy largo, porque la guerra fría lo mantuvo congelado, pero finalmente fue sancionado por la ONU en el 61º Periodo de Sesiones del Consejo Económico y Social del año 2005, cuando se estableció “el derecho inalienable a la verdad”, como uno de los principios para la protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad: “Cada pueblo tiene un derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimiento sucedidos en el pasado en relación con la perpetuación de crímenes aberrantes y de las circunstancias y de los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones”.

Si en lugar de memoria histórica, hubiéramos enseñado a hablar de rememoración de las víctimas, cuando Rajoy chulease de actuar políticamente para mantener ocultas a las víctimas del franquismo, le podríamos acusar de tratar de encubrir un “delito contra la humanidad”, usando los términos que ha usado el Tribunal Supremo en España. ¿Conocerán esto los fiscales españoles?

Marcelino Flórez

La losa del senador Peñarrubia, del PP

Para mí, la herencia más injuriosa del Partido Popular es la negación de los crímenes del franquismo, mediante la ocultación de su existencia a través de la anulación de la financiación de las exhumaciones, corroborada esta negación con las palabras explícitas del senador Peñarrubia: “Ya no hay demanda de exhumaciones ni más fosas por descubrir, salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España”. Quien haya tenido oportunidad de ver y escuchar al senador en su intervención del día 8 de octubre de 2015, justificando la ausencia de presupuesto para exhumaciones y otras reparaciones de crímenes franquistas, no puede haber dejado de sentirse incómodo no sólo por las injuriosas palabras, sino por el tono y la gesticulación, que más parecía chulería y afectación, que sinceridad y veracidad.

Al tiempo que niega, el senador miente, porque no puede desconocer, ya que ha sido fijado en auto judicial, publicado y corroborado por la máxima autoridad, que existen 114.226 casos documentados de personas desaparecidas. ¡La cifra más alta en el mundo, salvo en Camboya! Del mismo modo que no puede desconocer, pues es noticia pública cotidiana, la aparición de restos de personas asesinadas y desaparecidas: en los últimos quince años han sido exhumadas 6.200 de esas personas. Y, como ha recordado Emilio Silva, esa cifra sólo representa el 5 por 100 de las víctimas que, según se estima, siguen desaparecidas.

Cuando el senador dice que ya no hay demanda de exhumaciones, ¿será que desconoce el continuo lamento de familias de las víctimas reclamando su búsqueda? Basta con que eche un vistazo a la página web de la ARMH: “No hay día que no recibamos algún contacto de alguien en relación con este tema”, acaba de decir Emilio Silva, su presidente.

No es necesario razonar más la mentira del senador, porque nos hallamos ante una evidencia. Lo que Peñarrubia quiere es ocultar la realidad, mantenerla sepultada, con los archivos cerrados y la tierra sobre los cadáveres. El negacionismo de Peñarrubia lo corrobora cada día su partido. El día 20 del mismo mes de octubre la diputada Rocío López ha dicho en sede parlamentaria: “Si quieren reabrir heridas, con nosotros no van a contar”. Usa la metáfora “heridas del pasado” para referirse a los crímenes franquistas y dice que eso no se toca.

Constatamos una vez más que en España sigue ocurriendo algo que ya no ocurre en ningún otro país del mundo: la ocultación y la negación de un crimen contra la humanidad. Es casi incomprensible que eso siga ocurriendo, pues el mismísimo Tribunal Supremo ha reconocido que los crímenes de la Dictadura son “delitos contra la humanidad”. Y eso no prescribe, por lo que debe ser investigado y su negación perseguida de oficio. ¿Acaso no existirá en España una fiscalía para cumplir esa misión?

Cuarenta años de un régimen criminal y otros cuarenta de ocultación y negacionismo son como una gran losa que pesa sobre los españoles. Esta es la fosa que el Partido Popular, su diputada y su senador, no quieren que se abra. “Si tiramos todos, ella caerá” y la Dictadura y sus negadores ocuparán el mismo y definitivo lugar en la historia, aquel en el que les sitúe la justicia y la verdad. Por eso, es urgente la creación de una Comisión de la Verdad, a la que nadie debe temer, salvo los delincuentes.

Marcelino Flórez

La responsabilidad de Pemán

Las hijas e hijo de José María Pemán han anunciado una demanda contra la concejal de IU en el Ayuntamiento de Jerez, Ana Fernández, por referirse a su padre como “fascista, misógino y asesino” durante el debate sobre la retirada de un busto de aquel escritor en el teatro Villamarta, busto que había colocado el Partido Popular un año antes. El anuncio ha levantado una polvareda con las reacciones. ¿Cuál es la razón?

Está tan instalada la justificación del franquismo en nuestra sociedad, que una buena parte de ella considera este escándalo de las hijas e hijo de Pemán, seguramente sincero, como una cosa normal y hasta evidente. Dice la familia que pretende restaurar “el honor y la dignidad, tan gravemente mancillados”. Pero, para que exista falta contra el honor, lo que ha dicho la concejala tiene que ser falso y, por lo tanto, ser un insulto o una calumnia, según el caso. No sé si Pemán era misógino, estando su casa, como estaba, tan llena de mujeres. Lo que sí sé es que era fascista, como manifiestan reiteradamente sus escritos y sus declaraciones. Fue, además, miembro del Consejo Nacional de FET y de las JONS, lo que, sin duda, requiere un buen grado de fascismo. Parece que por ahí no hay insulto, ni ataque a la dignidad, ni falta a la verdad.

La clave del conflicto está en el término “asesino”. Yo no sé si Pemán mató a alguien alguna vez con alevosía y premeditación. Parece que se dedicó más a las arengas, en las que, entre otras cosas, decía: “ La idea de turno o juego político, ha sido sustituida para siempre, por la idea de exterminio y expulsión”. Palabras fuertes y no exentas de responsabilidad en aquellos turbios días de guerra. Sí sé, en cambio, que José María Pemán ocupó cargos de responsabilidad en las instituciones franquistas y que dictó normas que condujeron a la muerte premeditada de muchas personas. En concreto, Pemán fue nombrado por Franco “ministro” en la primera Junta Técnica del Estado, encargándole la “cartera” de Comisión de Cultura y Enseñanza. Desde ese cargo dictó las instrucciones del 7 de diciembre de 1936 a los vocales de las Comisiones Depuradoras del personal docente. Esta norma organizó definitivamente la depuración del magisterio, profesorado de institutos y de universidad, tanto en centro públicos como privados. El resultado de esa depuración en la provincia de Valladolid, por ejemplo, que María Jesús Izquierdo acaba de publicar (“Pizarras vacías”) se resume así: 225 docentes represaliados en la provincia; de ellos, 4 exiliados y 63 con represión física; de éstos, 18 asesinados extrajudicialmente, 4 fusilados, 37 encarcelados, 2 muertos en la cárcel, 1 tal vez suicidado, 1 desaparecido. Alguna criminalidad sí debió resultar de aquella normativa, según parece.

“Lo que ocurre en España -escribía Gabriel Jackson en El País el 3 de noviembre de 2008-, una parte importante del problema es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud”.

Eso decía Jackson en 2008 y sigue siendo así, pero hay alguna novedad. Aunque la sociedad española no ha asumido la criminalidad del franquismo, la historiografía viene certificando ésta, nombre a nombre, desde los últimos quince años; y, lo que es más importante, los jueces han calificado finalmente al franquismo como responsable de crímenes contra la humanidad. Lo ha escrito el Tribunal Supremo en el razonamiento quinto de la sentencia 102/2012, por la que absuelve a Garzón de la denuncia por prevaricación: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”.

Para que la sociedad española asuma definitivamente la realidad de aquella dictadura, nacida de aquella guerra, provocada conscientemente por un grupo de generales con apoyos civiles e internacionales, es preciso que Las Cortes que nazcan de las próximas elecciones creen una Comisión de la Verdad, que establezca las conclusiones universal y científicamente consensuadas, de manera que se pueda emprender un camino de normalización de la vida política en España.

Marcelino Flórez