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Marcos Ana y los presos políticos

La Fundación Jesús Pereda, de las Comisiones Obreras de Castilla y León, ha presentado en Valladolid la exposición en homenaje a Marcos Ana, que se titula “Marcos Ana, hacia mis libres años”. Con ese motivo, organizó el día 5 de noviembre una mesa redonda sobre “Presos políticos en el franquismo”, en la que participaron Willy Meyer, Carles Vallejo y José Luis Cancho, coordinados por Gonzalo Franco Blanco.

Más importante que las palabras que han dicho los miembros de la mesa, es el testimonio que representan. Escuchar a Carles Vallejo decir que sabía que apoyar la creación de comisiones obreras en SEAT era causa segura para terminar en la cárcel en dos o tres años, después de pasar unos días en comisaría, días que no tenían límite si había estado de excepción; escuchar eso, digo, emociona. Más aún, sabiendo que así se cumplía.

Willy Meyer nos contó que la cárcel era una liberación, después de pasar por comisaría. Allí terminaban las torturas y allí había un amplio espacio de acogida, los numerosos presos políticos, la mayoría del partido, como se decía entonces, o de las Comisiones Obreras. La cárcel era, además, un aula universitaria, donde cada persona experta enseñaba sus saberes.

Cancho leyó unas letras suyas y otras de algún amigo, que le habían enviado para la ocasión. Corroboró el testimonio de acogida en la cárcel, donde el alumno coincidió con su profesor de lingüística, Carlos Castro, y donde se aprendía marxismo con los más expertos o sindicalismo con el mismísimo Camacho. Afirmó también el espacio de libertad que allí se ganaba, donde uno no tenía ya que ocultar su pensamiento y podía decir con tranquilidad que era comunista. Pero su testimonio sobrecogió por dos detalles: el primero, que no había vuelto a pisar la Cárcel Nueva, donde estuvo encerrado, y que desde hace varios lustros es el Centro Cívico, en el que ahora se hallaba. Y esto a pesar de que su familia vive muy cerca. Me recordó a György Konrád, que escribía: “Resulta desagradable que los testigos salgan de repente de las fosas comunes”, para expresar así su desazón al contar que era uno de los solo siete niños, entre los doscientos niños judíos de su pueblo, que lograron sobrevivir al nazismo; y me recordaba a Amèry, a Antelme, a Primo Levi, a Jorge Semprún, que tardaron años en volver al lugar de la opresión o que no fueron capaces de seguir viviendo con su testimonio. El otro detalle es la caída por la ventana de la comisaría de la calle Felipe II. No puede recordar si se tiró o le tiraron, sólo recuerda los largos días de hospital y la pierna quebrada para siempre y necesitada de un zapato sobrealzado.

Esta mesa de presos del franquismo ha puesto de manifiesto que es necesario prodigar el testimonio, ahora que aún es posible. Hacen falta más charlas y difundir la noticia, para que no seamos cuatro gatos y todos de la casa, como ayer.

Casi al margen de la actividad, hubo otro detalle, para mí del máximo interés, sobre la forma de nombrar a los presos del franquismo. Yo dije víctimas; Carles rechazó esa denominación y reclamó la de represaliados. Pero eso se merece otro artículo, más ahora que Nicolás Sartorius acaba de recordarnos con su último libro la importancia de las palabras para designar lo que se pretende.

Marcelino Flórez

Los “expertos” ante la Comisión de la Verdad

El País del domingo 2 de septiembre de 2018 presentaba un pequeño reportaje de Ignacio Zafra, que recogía la opinión de cuatro historiadores acerca de la iniciativa de Pedro Sánchez de crear una Comisión de la Verdad sobre el franquismo. Paul Preston decía que ya es tarde para crear esa Comisión, porque los verdugos ya no pueden pedir perdón a las víctimas; Santos Juliá decía que eso tiene sentido “cuando los testigos de los sucedido están vivos” y que aquí ya se conoce casi todo; Moradiellos decía que “no va a sentar una verdad oficial”; y José Álvarez Junco añadía que está en contra de esa verdad oficial.

Otro historiador, Julián Casanova, replicaba en su muro de Facebook el día 3 de septiembre una entrevista que le hizo Infolibre y tampoco se mostraba partidario de una Comisión de la Verdad, en este caso por extemporánea. Reconocía, sin embargo, lo siguiente: “Hay que sacar toda la verdad histórica, toda la información, pero no soy partidario de una comisión ad hoc”.

Nos faltaba Antonio Elorza, que pontificó finalmente el día 5 de septiembre, también en El País. Decía que la “verdad histórica” ya está establecida en cuanto a las responsabilidades. Faltaría una nimiedad: el resarcimiento de las víctimas. Y terminaba manifestando sus dudas sobre si los líderes políticos herederos de las ideologías presentes en la Guerra asumirían los crímenes. Citaba, incluso, tres de esos crímenes, sólo tres: García Oliver y su amparo de la FAI; los comunistas en Paracuellos; y el PNV con Santoña.

Finalmente, Álvaro Soto, el día 6, escribía otro artículo en el que no veía con agrado una Comisión de la Verdad, después de tanto tiempo y porque “ya tenemos ‘verdades’ históricas rigurosas y reconocidas”. Pero su artículo se titulaba “Contra el olvido”. ¿En qué quedamos?

Vaya por delante mi desprecio sin paliativos a estas opiniones por una primera razón: casi ninguna demuestra saber lo que es una Comisión de la Verdad y todas desconocen el papel y el significado de las víctimas. Además, confunden una Comisión de la Verdad con una tesis doctoral. Y, en el fondo, lo que se manifiesta es la preocupación por que una Comisión de la Verdad ponga sobre la mesa su papel historiográfico, su autoridad en tanto que historiadores “oficiales”. Estos historiadores pueden ser “expertos” en historia, pero no lo son en comisiones de la verdad . Su palabra, por lo tanto, no vale más que la de cualquier otra persona; y el valor de esa palabra dependerá de la sabiduría que demuestren. En este caso, poca.

Las asociaciones de víctimas del franquismo, sin embargo, y las asociaciones de defensa de los derechos humanos llevan varios años reclamando la creación de una Comisión de la Verdad. ¿Qué quieren estas asociaciones? Desde luego, no quieren otro libro de historia, ni siquiera otro libro para combatir a negacionistas y revisionistas, cosa que siempre hace falta.

Quieren conocer todos los nombres de las víctimas, las circunstancias de su muerte, los autores de la misma, quién dio la orden, quién la ejecutó, si fue el gobierno, si el ejército, si unos paramilitares, si cuadrillas de bandoleros, si se ajustaba al derecho nacional e internacional vigente.

Quieren localizar todas y cada una de las fosas (las del campo republicano y las del campo franquista; eso sí, sin mezclarlas, cada una en su departamento), sacar los huesos, identificarlos, entregarlos a los familiares o a las asociaciones de defensa de los derechos humanos. Y esto en público, no como mero “honor de los muertos” en la privacidad familiar.

Quieren conocer si, además de matarlos, los torturaron, si les robaron sus bienes, si les obligaron a trabajar como esclavos; quién los contrataba para esos trabajos; quién se adueñó de sus bienes.

Quieren saber si esos crímenes han conocido ya alguna reparación.

Quieren conocer la verdad, que lleva oculta más de ochenta años. Una comisión “contra el olvido” precisamente.

Y cuando conozcan la verdad, reclamarán justicia y reparación, claro. Pondrán en manos de los jueces la información. Y si los jueces no hacen nada, como ahora, pedirán reparación al gobierno. Pedirán una ley que dignifique a las víctimas, que las diferencie de los asesinos, que las honre. Una ley que condene la apología del crimen y que expulse de la sociedad a los apologetas, que limpie los escenarios de contertulios solidarios con los asesinos, lo sean por mala fe o por ignorancia.

No necesitamos un nuevo libro de historia, por eso no necesitamos una comisión de historiadores. Por cierto, el Pacto de Santoña podrá merecer el juicio político que se desee, pero no es responsable de ningún tipo de crímenes contra la humanidad, por lo que no forma parte de los objetivos de estudio de una Comisión de la Verdad.

Tampoco necesitamos recuperar la Segunda República o, como dicen algunos, la “memoria democrática”, por eso tampoco necesitamos una comisión de republicanos. A este respecto, sí queremos conocer la responsabilidad de García Oliver, pero no en abstracto, sino ante asesinatos concretos, con todas sus circunstancias; como también queremos saber el papel de Carrillo en Paracuellos, que éste ocultó hasta en sus memorias póstumas, pero no se busca un análisis e interpretación del anarquismo y del comunismo durante la República. De eso sí van hablando los historiadores y tendrán que hacerlo, quizá, los “herederos políticos”, pero no es tarea de ninguna Comisión de la Verdad.

Sólo necesitamos conocer la verdad oculta: los nombres de las víctimas, los de sus asesinos, el lugar del ocultamiento del cadáver, todo lo que se ocultó hace cuarenta años, a pesar de la Constitución. Para eso necesitamos una Comisión de la Verdad.

Después vendrán otras cosas por añadidura: nuevos libros de historia, que interpelarán a los “expertos”; nueva imagen de la política republicana, que redefinirá los rostros de unos y de otros; nueva imagen del franquismo, que hará posible culminar la Transición, ahora ya sin espadones y sin los otros poderes fácticos con sus diversos aliados, que nos subyugaron desde 1975 hasta aquí.

Marcelino Flórez

Reforma de la Ley de Amnistía o Comisión de la Verdad

Unidos Podemos y los nacionalistas no han logrado que el Congreso aprobase una modificación de la Ley de Amnistía de 1977, por la que se pretendía exceptuar de aquella ley a los delitos de lesa humanidad. Esta modificación no debería ser necesaria, si se leyese adecuadamente la Constitución, de acuerdo con los tratados internacionales firmados por España, que ya exceptúan esos delitos de lesa humanidad en cualquier ley de amnistía. Pero la lectura que el Tribunal Supremo y el Constitucional vienen haciendo de la ley desoye los mandatos de los tratados internacionales, por lo que la proposición de Unidos Podemos y de los nacionalistas es necesaria para alcanzar la justicia que se merecen las víctimas y la condena que se merecen sus asesinos.

Dos tipos de argumentos se han esgrimido para oponerse a la modificación. Las derechas han recuperado los razonamientos que Marcelino Camacho, Xabier Arzallus y todas las fuerzas de oposición aportaron en 1977 para aprobar la Ley de Amnistía, a la que sólo se opuso Alianza Popular y la extrema derecha. Se pretendía con aquella ley sacar de las cárceles franquistas a quienes aún permanecían en ellas, que eran las personas acusadas de delitos de violencia política, la gente de ETA, del FRAP o de los GRAPO. Es verdad que los comunistas y los nacionalistas vascos usaron también el argumento de la “reconciliación nacional”, en una clara referencia a olvidar la Guerra de España y todas sus consecuencias, “una reconciliación, escribiría Bartolomé Clavero en su autobiografía familiar, El árbol y la raíz, que sólo bastante más tarde advertí que entrañaba la consagración de la impunidad de los vencedores y el despojo de los vencidos”. Así fue. Y eso es innegable. Pero los tiempos han cambiado, el conocimiento de la realidad ha cambiado y las demandas de hoy no son las mismas que las de 1977. Recurrir al “espíritu de la Transición” es un anacronismo en 2018.

El PSOE ha utilizado otro argumento, que es menos espectacular, pero más consistente: “la inseguridad jurídica”. No sé bien a qué se refiere, porque no lo ha explicitado, pero es muy posible que el PSOE esté pensando en la responsabilidad económica por los bienes sustraídos por el franquismo. De ese botín que se apropiaron los vencedores, Bartolomé Clavero aseguraba que “en el ámbito patrimonial, no por supuesto en el penal, la responsabilidad puede alcanzar a los descendientes de genocidas” y, añado yo, al Estado y a las empresas. ¿Será ésta la inseguridad jurídica que han aducido los socialistas para oponerse a la reforma de la ley? Estas precauciones ya las tomaron en la mal llamada Ley de Memoria Histórica, por lo que ahí puede estar la clave de este asunto.

En las redes, todo son improperios contra el PSOE, bien merecidos, por cierto. Pero hay otra crítica política que debe hacerse: cuando se desea que triunfe una propuesta, es necesario negociar su contenido con quien convenga; y es un error pretender hacerse la foto propagandística, dejando que sea derrotada la propuesta. Alguien tendrá esa responsabilidad, sin duda. ¿Por qué no se buscan vías de consenso, como puede ser en este caso el impulso parlamentario de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la Guerra de España? Al menos obtendríamos un relato consensuado y definitivo. “Y si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”, como escribió Rainer Huhle. El país no parece estar maduro para buscar la justicia, pero debería estarlo para buscar la verdad.

Marcelino Flórez

El alcalde de Pajares de la Laguna, un espejo del Partido Popular

Estos días está siendo noticia el alcalde de Pajares de la Laguna, un pueblo salmantino de la comarca de La Armuña. Se llama Juan Antonio Benito de Dios y es noticia porque el Senado ha puesto en conocimiento de la fiscalía una carta que este señor ha enviado a esa institución, plagada de gravísimos insultos.

El origen del conflicto es un escrito que el senador valenciano Carles Mullet ha hecho llegar a más de 2.000 municipios, que aún conservan nombres franquistas en sus callejeros, recordándoles que han de cumplir la conocida como Ley de Memoria Histórica. En Pajares de la Laguna he visto que se conservan dos de esos nombres, Calvo Sotelo y Salas Pombo, este último un falangista nacido en Cataluña, que, entre otras cosas, fue Gobernador Civil de Salamanca y, desaparecido Franco, fue uno de los pocos diputados en Cortes que votó en contra de la Ley para la Reforma Política, con la que se originó el paso a la democracia, o sea, un miembro de lo que entonces llamábamos el “búnquer”.

El escrito que envía el alcalde al Senado es asombroso por la ignorancia que destila, que sobrepasa con mucho a las descalificaciones y groserías que dice sobre el Presidente del Senado, sobre el senador Mullet, sobre Zapatero y sobre la “ley de memoria histórica”. Me resisto a reproducir los insultos e invito a quienes no los conozcan y los deseen conocer que recurran a internet. De lo que yo quiero hablar no es de lo que dice este alcalde, sino de lo que justifica que este alcalde pueda decir lo que dice.

Por empezar por lo más sencillo, los insultos a Zapatero se explican porque no hacen más que reproducir los mismos insultos que el Partido Popular repitió hasta la saciedad en sus últimos meses de gobierno y que alcanzaron su cima cuando Mariano Rajoy le insultó en sede parlamentaria, llamándole “tonto solemne”. Era la época de la crispación y “de aquellos polvos, estos lodos”; mucho más, cuando los que ahora gobiernan son los que antes insultaban.

En lo que se refiere al desprecio de la “ley de memoria histórica”, está igualmente autorizado por su partido, que en boca de Rafael Hernando o de Esperanza Aguirre hemos escuchado tantas veces, pero, sobre todo, hemos escuchado a Mariano Rajoy, cuando presumía en una entrevista televisiva de no dar un céntimo para el desarrollo de la referida ley en todos sus años de gobierno. Hay un agravante, en este caso, que justifica aún más los improperios que emite el alcalde de Pajares de la Laguna. Este agravante son los jueces, que no han admitido las querellas presentadas contra alguno de esos personajes públicos por insultar a las víctimas del franquismo, amparadas por esa misma ley. Y, como nos recordó hace ya algunos años el investigador y defensor de derechos humanos, Rainer Huhle, “en un estado moderno de derecho, y pese a muchos deseos de tener otros mecanismos tal vez más humanos (como criterio de moralidad), el castigo judicial es el recurso más válido que tiene la sociedad para declarar lo que considera justo e injusto”. Con los jueces hemos topado y, de ahí, la chulería de este alcalde.

Utiliza el alcalde la palabra comunista como denuncia contra el senador Mullet, exactamente igual que lo hizo el franquismo durante toda su historia y que sus herederos políticos no han sabido abandonar. Pero lo que sonroja y preocupa es que este alcalde, que, además, es maestro y director de un colegio público, achaque a los comunistas la provocación de la Guerra Civil. Esto, además de una falsedad histórica que no necesita ninguna defensa argumental, debería de ser considerado un delito de lesa humanidad por la pretensión de querer ocultar el crimen contra la humanidad que fue el franquismo.

Por estas y por muchas más razones, la carta del alcalde de Pajares de la Laguna, del Partido Popular, exige no sólo la intervención de la fiscalía, sino que de una vez los parlamentarios democráticos de España se pongan a la tarea de llevar adelante una Comisión de la Verdad, de la que surja una ley que dé fin a estas humillaciones que seguimos sufriendo las personas solidarias con las víctimas del franquismo. Es verdad que vamos avanzando. El escándalo que ha provocado el acto que comentamos está ya lejos de las justificaciones que tuvimos que soportar ante hechos protagonizados por otros alcaldes, como el de Poyales del Hoyo o el de Baralla. También la ley de “memoria histórica” que está preparando el gobierno del Partido Popular de Castilla y León, producto del diálogo social, es otro avance. Pero estos delitos no se pueden aguantar más y tenemos derecho a gritar: ¡Ya basta!

Marcelino Flórez

En este 20 N de 2016

Las confesiones de Adolfo Suárez a Victoria Prego, dadas a conocer en La Sexta Columna, han levantado una gran polvareda con el asunto de la monarquía, pero ha pasado casi desapercibida una de las condiciones que pusieron los jefes militares para tolerar la reforma. El 8 de septiembre de 1976 los altos jefes militares le pusieron dos condiciones a Suárez, una era no legalizar al Partido Comunista, que, como todo el mundo sabe, terminaría incumpliendo. La otra fue “que nunca se juzgarían sus crímenes cometidos durante el franquismo”, dice el documental de La Sexta en el minuto 38.

Ha pasado desapercibida esta condición, que, ¡vaya casualidad!, no sólo cumplió íntegramente Suárez con la Ley de Amnistía de 1977, sino que sigue cumpliéndose día a día y sólo va dejando víctimas entre las víctimas del franquismo, simbolizadas en el juez Garzón.

Es cierto que se ha avanzado mucho en los últimos años, tanto que Carlos Hernández en ELDIARIO.ES se atreve a decir en este 20-N que ha llegado “el momento de exhumar a Franco” y sugiere que ya no es necesario explicar los motivos, porque la tarea de las asociaciones memorialistas, de las familias de las víctimas y de los gobiernos del cambio en algunos ayuntamientos ha culminado la tarea de deslegitimación de la Dictadura.

Es verdad que al funeral de Madrid no acudieron este año más de 200 personas y que no sería mucho mayor el número de falangistas que desfiló por la capital, camino del Valle de los Caídos. Es verdad. Pero el franquismo silencioso es mucho mayor y cuenta con el aval del Partido Popular y de Ciudadanos. Por eso, la tarea no ha terminado.

Las víctimas tienen una cosa excelente a su favor, que se difunde poco y en la que yo insisto a tiempo y a destiempo: la calificación de crímenes contra la humanidad que el Tribunal Supremo hizo en la sentencia 102/2012 de la Sala de lo penal para los crímenes del franquismo (“los hechos anteriormente descritos … son … delitos contra la humanidad”).

El franquismo ya no goza de apoyo social público, salvo los 200 de cada provincia, pero conserva mucho apoyo oculto. Por eso, falta elevar jurídica y políticamente a normal lo que en la calle es normal, que diría Suárez. Y esto lo tiene que hacer una Comisión de la Verdad, que asiente los hechos y facilite la tarea para hacer una ley de condena expresa de los crímenes, que limpie la calle de apoyos al crimen contra la humanidad, de lo que no son capaces los jueces españoles. Este vuelve a ser mi deseo en el año 2016 y no entiendo a qué está esperando ese Congreso de Diputados tan progresista que tenemos.

Marcelino Flórez

La Guerra Civil en color … sepia

El 25 de octubre se ha estrenado, en la 61ª SEMINCI, el documental titulado España en dos trincheras. La Guerra Civil en color, de Francesc Escribano y Luis Carrizo. El estreno es una opción personal del director del festival, que así lo manifestó en la presentación de la película, y forma parte de una sección autónoma, dentro de Tiempo de Historia, para conmemorar el 80º aniversario de la Guerra Civil. El acontecimiento tiene todos los visos de ser una ocurrencia, por si pudiera tener algún valor mediático, ya que el documental no tiene más interés que la tarea técnica de poner en color imágenes de blanco y negro. No va más allá su justificación para exhibirse aquí.

Sin embargo, esta aparente banalidad presenta otros motivos para el análisis, pues el documental tiene dos relatos paralelos: por una parte, las imágenes coloreadas, que reconstruyen los frentes de guerra y su evolución; y, por otra, una voz en off que va explicando las imágenes y la Guerra Civil en su conjunto.

Dejo a un lado las imágenes, o sea, el documental, donde la asesoría de Antony Beevor ha sido eficaz para la reconstrucción de los frentes desde el punto de vista militar, y me fijaré exclusivamente en el relato oral. Todo el conjunto, no obstante, está construído buscando la equidistancia entre las partes enfrentadas, como ya expresa el título y como confesó Francesc Escribano en la presentación de la película: igual de asesinos, igual de responsables, una catástrofe colectiva. Como ya hemos criticado hasta la saciedad la trampa de la equidistancia, me limito ahora a aplicarle la calificación que de la misma hizo Primo Levi: “una enfermedad moral”. Y a otra cosa.

El relato oral conserva todos los “mitos del 18 de julio”, como si hubiese sido escrito en pleno franquismo o de la mano del revisionismo actual más fervoroso. Esto podría parecer normal hace diez o quince años, pero después de la aparición de En el combate por la historia, coordinado por Ángel Viñas (2012) y de Los mitos del 18 de julio, coordinado por Francisco Sánchez Pérez (2013), ya no es tan normal. Veamos algún ejemplo.

Conserva, en primer lugar, el mito del asesinato de Calvo Sotelo, entendido como desencadenante del golpe de Estado, cuando, como es sabido, el golpe venía organizándose desde el 9 de marzo de forma sistemática y la fecha de su ejecución estaba tomada antes e independientemente de ese asesinato, concretamente desde el 1 de julio, cuando Goicoechea negoció con los fascistas italianos el contrato de compra de armas, que firmó Pedro Saínz Rodríguez.

Da a entender, además, que ese mismo asesinato es el que hace que Franco se decida a actuar. Este es el mito más cultivado por el franquismo, pero hoy sabemos que eran otros los problemas de Franco para tomar la decisión del comienzo del golpe. El primero de ellos era la dificultad de comunicación con Mola, El Director, una vez que el gobierno dispersó a los golpistas. Un segundo problema era la forma de trasladarse a territorio marroquí desde Canarias. Para resolver este problema, los monárquicos alfonsinos asumieron la tarea de contratar un avión en Inglaterra. Fue el Dragon Rapide, que el 11 de julio aterrizaba en Burdeos, camino de Las Palmas, haciendo otra parada en Portugal. Desde el día 12 el avión estaba disponible y no era esa, evidentemente, la razón por la que Franco le dice a Mola “geografía poco extensa”, expresando así que no había llegado el momento. Su tercer problema era el general Balmes, mando en jefe de las islas y no adherido a la conspiración. Ese problema se resolvió el día 16 con el “accidente” que costó la vida al general, sin duda el primer asesinato de los golpistas, como ha demostrado sobradamente Ángel Viñas. Nada de esto lo escucharán en la película, donde sólo está presente el mito de Calvo Sotelo.

Más insólita, si cabe, es la presencia del mito del oro de Moscú. De eso ya no hablan ni los revisionistas, pues va quedando reservado a la ignorancia. Pero en el documental se escucha que Negrín, siendo ministro de Hacienda, gestionó el traslado del oro del Banco de España a Moscú. Este tema está tan diseccionado en la historiografía, que es innecesario decir nada, a no ser que queramos contribuir a aliviar un poco esa ignorancia. Recordemos que Negrín lo que hizo desde su ministerio fue proteger el oro del Banco de España, trasladándolo a Cartagena. Una buena parte de ese oro, eso sí, terminó en la URSS, porque se utilizó para pagar las armas del único país que se las vendía a la República española. ¡Qué diferente es esto de lo que escuchamos en el documental!

Pero el mito más peligroso, el más falaz y el más persistente es el de la inevitabilidad de la Guerra. Esta viene a ser algo así como el resultado del cainismo de los españoles, que venían enfrentados desde el comienzo del siglo y agudizaron su enfrentamiento durante la República, culminando con las violencias de la primavera de 1936. Este mito está inyectado en vena y es más difícil de combatir, porque es cierto que en la primavera del Frente Popular hubo mucha violencia, aunque es preciso colocar cada cosa en su departamento, lo que ya es posible después de las últimas investigaciones, especialmente de los trabajos de Eduardo González Calleja.

Así, sabemos que la trama civil del golpe, dirigida por los monárquicos alfonsinos y ejecutada por los falangistas, asumió la misión de crear un estado de necesidad, que justificase la intervención militar. Para ello, construyeron, primero, la leyenda de la revolución comunista que se preparaba, de la cual ya desveló E. H. Southworth todos los pormenores y falsedades. Pero, sobre todo, organizaron una compañía de pistoleros con la tarea de ganar la calle al movimiento obrero y asesinar a sus dirigentes, cosa que ejecutaron al pie de la letra (el asesinato de Calvo Sotelo se sitúa en esa lógica, como respuesta al asesinato anterior del teniente Castillo). Mientras la Primera Línea de Falange cumplía su misión asesina, Calvo Sotelo y Gil Robles vociferaban en Las Cortes los crímenes de la calle, sin diferenciar violencia común, violencia social y violencia organizada por ellos mismos. La prensa derechista se encargaba de trasladar la tensión a la calle y así se creaba el ambiente propicio para justificar un golpe de Estado.

Hoy disponemos de las investigaciones y de la historiografía que demuestran este relato, por eso no se justifica que un documental como La Guerra Civil en color se sirva de colorear testimonios para continuar justificando a los únicos responsables del enorme crimen contra la humanidad, como lo ha denominado el propio Tribunal Supremo , que fueron los ejecutores del golpe de Estado. Y se justifica menos que estos contravalores se exhiban en un certamen que nació y creció con el fin de defender los valores que fundamentan los Derechos Humanos.

Marcelino Flórez

Sentir vergüenza

La vergüenza es una emoción social. Uno se sonroja cuando cree que ha hecho algo malo o socialmente no admitido, pero solamente se sonroja ante los demás. Robar una manzana de un cesto repleto de ellas es difícil que cree muy mala conciencia en cualquier persona, pero ser sorprendido por el dueño o por cualquier vecino puede producir tanto sonrojo como el robo más valioso. Hay algunas personas, sin embargo, que no se sonrojan aunque sean sorprendidas en una sustracción de ese tipo o en una mucho mayor. Es la gente que ha desaprendido las normas de la civilización, una gente que está en proceso de deshumanización y que camina hacia una vida sin moral. Es la gente sin vergüenza.

Hasta hace un par de décadas, decir que uno era de derechas producía sonrojo en España. Por supuesto, sólo una escasa minoría se atrevía a decir entonces que era franquista. Tanto el número de gente que hasta presume de derechista, como el más escaso número de franquistas confesos ha aumentado recientemente. Este cambio civilizatorio se lo debemos al Partido Popular y a su entorno promotor, que comprende tanto a los poderes económicos, como a sus medios de comunicación de pensamiento (que no de información).

A pesar de este cambio, hay un buen número de personas que se sonrojaría si se llegase a saber que han votado a un partido de probada corrupción, de afirmado franquismo y que recoge el dinero de los pobres para traspasárselo a los ricos, con el agravante de absolver a Rajoy con ese voto. Es un voto que sólo se puede producir si es secreto, porque no puede soportar la emoción social de la vergüenza, algo así como robar una manzana.

Posiblemente, aquí se encuentre la razón por la que erraron todas las encuestas preelectorales e, incluso, el sondeo poselectoral de la televisión pública. Y esta es, desde luego, la razón por la que ningún partido se atreve a dar su voto al Partido Popular en las Cortes, porque allí el voto es público y está sometido a las emociones sociales. Tuvimos una prueba de esta tesis en el proceso de formación de las mesas parlamentarias, donde hasta diez votos secretos se adscribieron a los intereses del Partido Popular. En público, eso no puede ocurrir: causaría vergüenza.

Marcelino Flórez