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La Iglesia y la escuela

  • Nos extraña la falta de valentía de nuestros representantes políticos para defender una enseñanza al servicio de la sociedad y sin trampas ideológicas

Marcelino Flórez

30 de noviembre de 2020

El conflicto que vive España en torno a la escuela sólo es comprensible si se tiene en cuenta el factor católico. Sin el lobby católico no existirían ni el artículo 16 ni el artículo 27 de la Constitución, tampoco tendríamos un pacto internacional específico para una religión. Cada día que pasa, este factor se hace más anacrónico, pero sigue ahí inmutable y sirve para articular otros intereses, que van más allá del puro interés económico, con ser éste muy importante. La alianza de los poderes conservadores con el catolicismo español más que en el dinero, pone la vista en la formación ideológica de la ciudadanía bajo los determinados y particularísimos valores del sistema económico vigente: competencia entre personas y entidades, individualismo extremo, libertad personal sin límites sociales. Pero dejaremos esto a un lado y nos limitaremos a tratar de descubrir dónde nace y en qué se fundamenta ese factor católico.

Para comprender lo que está pasando hoy con la educación en España, tenemos que retrotraernos al Concilio Vaticano I de 1869-1870, el que decretó la infalibilidad del papado y condenó los “errores modernos” del pensamiento, recogidos en el Syllabus. El teólogo holandés Edward Schilebeeckx calificó a ese concilio como la “asamblea de una jeraquía feudal en un mundo moderno”; y pone en boca del Papa convocante del concilio, Pío IX, unas palabras que niegan la libertad de conciencia, algo que había reconocido siempre la tradición cristiana: ” De esta repugnante fuente del indiferentismo mana la afirmación absurda y errada o, más concretamente, la locura de que todos los hombres poseen libertad de conciencia y pueden reclamarla. El camino a este pernicioso error lo ha preparado la exigencia de completa e inmoderada libertad de opinión, que se propaga furiosa en la dirección de la aniquilación de lo sagrado y lo revelado”.

Los papas posteriores continuaron asentando la doctrina católica sobre la vida pública por medio de la actualización de los principios emanados de Trento. Así, Pío XI, en su encíclica Quas Primas, donde instaura la festividad de Cristo Rey, explica el origen y significado de la soberanía, en la que se fundamenta el pensamiento católico sobre las libertades: “Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes; se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes, de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la Religión Cristiana fue igualada a las demás religiones falsas, y rebajada indecorosamente al nivel de éstas. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados”. La encíclica repite insistentemente en qué consiste ese “imperio de Cristo”: se trata de la “soberanía de Jesucristo”, “la suave y salvadora soberanía de nuestro Rey”, “el imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas”. Por supuesto, el único y legítimo representante de esa soberanía es el Papa, ahora infalible, con su Iglesia, sociedad perfecta.

Los obispos españoles recogieron esta doctrina y la llevaron a la práctica puntualmente. En su último escrito colectivo anterior a la Guerra, “Con motivo de la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas”del 25 de mayo de 1933, que tiene por principal objetivo la enseñanza, explican detalladamente la aplicación del principio de soberanía eclesiástica: después de afirmar la independencia de la Iglesia respecto a todo poder, por ser una sociedad perfecta, y al tratarse de una institución infalible en la definición de la verdad religiosa, verdad que tiene “primacía sobre todo conocimiento”, los obispos concluyen que “toda formación cristiana de la juventud, en cualquier escuela pública o privada está sometida a su inspección”. Y aclaran, después de un punto y seguido, que esa formación “no abarca sólo a la enseñanza religiosa, sino que se extiende a toda otra disciplina y organización docente en cuanto se refiere a la religión y a la moral”. En consecuencia, recuerdan a los padres la obligación que tienen de optar por una enseñanza católica y de luchar hasta conseguir “toda la enseñanza católica para la juventud católica en escuelas católicas”.

Con el franquismo, estos principios se llevaron literalmente a la práctica, pero el Concilio Vaticano II desarmó aquellos fundamentos teocráticos, cuando decretó la libertad de conciencia, las autonomía humana para la gestión de la vida pública, la legitimidad de las demás religiones e, incluso, el respeto a la increencia. Los obispos españoles presentes en la asamblea conciliar lo entendieron perfectamente. Monseñor Pildain, “vasco, antifranquista y socialmente muy avanzado”, cuenta Hilari Raguer, exclamó ante la asamblea vaticana cuando se inició la votación sobre la libertad religiosa: “¡Que se desplome esta cúpula de San Pedro sobre nosotros antes de que aprobemos semejante documento!”. Y elevaron un escrito a Pablo VI, donde, en medio de la protesta, reconocían lo siguiente: “Si éste prospera en el sentido en que ha sido hasta ahora orientado, al terminar las tareas conciliares los obispos españoles volveremos a nuestras sedes desautorizados por el concilio y con la autoridad mermada ante los fieles”. Pero encontraron una salida, que gozó de la protección de la Dictadura. Mientras la Asamblea prorrumpía en aplausos, el mismo día 8 de diciembre de 1965 en que se publicaron los documentos conciliares, la Conferencia Episcopal en un documento sin firmas, titulado “Sobre acción en la etapa posconciliar”, redactado por Guerra Campos, justificaba el mantenimiento en España de la confesionalidad católica.

No había cesado aún ese manto protector del franquismo, cuando resultó elegido Papa Juan Pablo II, que hizo enmudecer el espíritu del Vaticano II y favoreció el regreso al pensamiento teocrático, ahora denominado fundamentalismo. Todos los teólogos progresistas y conciliares fueron despojados de sus cátedras en España: Castrillo y Estrada fueron los primeros; casi al mismo tiempo cayeron Pedro Miguel Lamet y Benjamín Forcano; después le llegó el turno a Marciano Vidal y finalmente a Juan José Tamayo. Al mismo tiempo se nombraban obispos conservadores, que daban apoyo incondicional a los movimientos integristas, que reclamaban un nuevo régimen de cristiandad: Opus Dei, Comunión y Liberación, Camino Neocatecumenal, Legionarios de Cristo y otros similares.

En estos contextos y bajo la presión de esos lobbys católicos se han hecho la Constitución y todas las leyes educativas, donde el factor católico ha sido tan importante, que ha llegado a condicionar el currículo, haciendo realidad aquel principio enunciado en 1933 de “toda la enseñanza católica para la juventud católica en escuelas católicas”.

Estos asuntos han dejado de ser un problema que preocupe a la opinión pública española, que mayoritariamente ha optado por la indiferencia respecto al factor católico. Pero resulta ensordecedor el silencio de los católicos seguidores del Concilio Vaticano II, si es que queda alguno en España; y, sobre todo, asombra el silencio de los cristianos lectores del Evangelio de Jesucristo, si es que alguien lo sigue leyendo. Reconozcamos que, sin la excusa católica, el movimiento de la escuela concertada no pasaría de ser una cosa de “niños pijos”, carente de asidero lógico alguno. También por eso, nos extraña la falta de valentía de nuestros representantes políticos para defender una enseñanza al servicio de la sociedad y sin trampas ideológicas.

(Publicado en eldiario.es)

La Ciudadanía del Tertuliano

Que el ministro Wert es un tertuliano está fuera de toda duda. Fue dado a conocer por esa tarea y ejerce el ministerio con el método de las tertulias. Ha dado tantas pruebas de los peligros que encierra confundir la tertulia con el oficio público ministerial, que no es necesario insistir en ello. Y, por fin, ha dado a conocer la gran tarea que Rajoy ha encomendado a su ministerio: cambiar a la asignatura de Educación para la Ciudadanía. El nuevo nombre, Educación Cívica y Constitucional,  no podrá llegar hasta que se cambie la ley orgánica, pero los contenidos ya empezarán a regir el próximo curso.

El cambio principal es lo que toca a la homosexualidad. Esta fue la razón de la absurda polémica habida en torno a la asignatura, cuando el obispo Cañizares, ahora ocultado en el Vaticano, afirmó que se trataba de “un ataque más a la familia”. En consonancia con el mandato del integrismo católico, ya no se deberá hablar en clase de los diversos tipos de familia (heterosexual, monoparental, homosexual), sino de “la familia en el marco de la Constitución española”. Esperemos a ver qué dice el Tribunal Constitucional, porque pudiera ser que todo este rodeo nos llevara al principio, si resultase que la familia en la Constitución española puede ser indistintamente de un mismo sexo o de los dos, con una sola madre o padre, o con varios padres y madres por muy separados y arrejuntados que lleguen a estar.

El otro gran cambio que introduce Wert es el que refleja el clasismo descarado, esto es, sin careta de nueva derecha española fortalecida. El programa de esta nueva clase elimina las referencias que orientaban para organizar “actividades sociales que contribuyan a posibilitar una sociedad justa y solidaria” y, en su lugar, se anima a destacar “la iniciativa económica privada en la generación de la riqueza y el fomento del espíritu emprendedor”.  Un aspecto paralelo de este clasismo se ve reflejado en el populismo que configura el nuevo programa. Así, se elimina el concepto de “mundo desigual” y se sustituye por el estudio de casos: terrorismo, fanatismo religioso (y aquí seguro que no piensan en Cañizares o en Rouco, sino en sus pares islamistas), estados fallidos (de ahí, entre otras cosas, que sean pobres) o nacionalismos excluyentes (y aquí que nadie piense en el nacionalismo español, sino en el vasco o en el catalán).

Según las primeras noticias que nos llegan, no se observan otras cosas de interés en el proyecto del tertuliano. Quiero destacar, no obstante, una omisión en la que yo veo la esencia y el peligro mayor de la nueva derecha reforzada. Me refiero a la eliminación en el proyecto de Wert de la orientación que era básica para el aprendizaje ciudadano en el anterior texto: “la valoración crítica de la división social y sexual del trabajo y de los prejuicios sociales racistas, xenófobos, antisemitas, sexistas y homófobos”. El ministro Wert elimina de un plumazo la equidad de género y el respeto a la diferencia, casualmente unos de los pocos valores universalmente consensuados en sede de Naciones Unidas. ¡Qué concordancia entre este programa y las campañas electorales del Partido Popular, especialmente la campaña en Cataluña! Entendemos perfectamente que en España no aparezca otro partido de extrema derecha, no le queda espacio alguno.

Privatización de la enseñanza

Hay que esperar un poco para saber qué es lo que realmente va a hacer el Partido Popular con la educación. La propuesta que, hasta ahora, ha dado a conocer José Ignacio Wert parece más bien la propuesta del tertuliano, que era su oficio principal antes de ser ministro. El resbalón con la justificación para eliminar la Educación para la Ciudadanía está en ese mismo contexto.

Desde luego, lo que sí ha hecho ha sido cambiar el nombre de esa asignatura y cambiará el currículo, pero todo eso no pasa de ser un asunto de ficción, cuyo único sustento en la realidad es la insólita reacción de la jerarquía católica ante ese currículo democrático, una reacción meramente ignorante, si no fuera también fundamentalista. Los obispos se opusieron porque no quieren ver nombrada la homosexualidad, el aborto o el divorcio. Pero no tenemos problema para tomar la palabra del ministro y rogarle que aplique universalmente su razonamiento. Dice que cambia la asignatura para evitar el adoctrinamiento, pues ahí tiene una tarea esencial: evite que se adoctrine en la escuela. Fuera la Educación para la Ciudadanía y fuera las religiones. Y ahora, paz; y después, gloria.

El meollo de la reforma que nos anuncia la derecha es el Bachillerato de tres años. Así formulado, parece cosa de nada y puede gustar más o menos, pero si se lo planteasen en serio, provocaría más destrozos que un elefante en una cacharrería. Las barbaridades que recordamos de Esperanza Aguirre pasarían a ser anecdóticas al lado de esta aniquilación. Todo son interrogantes: ¿Cuánto durarán los Ciclos Formativos de Grado Medio? ¿Y los de Grado Superior? ¿Cambiarán las formas y condiciones de acceso a esos Ciclos Formativos? ¿Dónde se ubicará al alumnado de 15 años, que no desee seguir estudiando Bachillerato ni Formación Profesional? Puede que sean pocos casos, pero tienen que tener una salida.

De lo que no cabe duda es de que tendrán que cambiar el currículo, tanto el de ESO, como el de Bachillerato. Esto significa una nueva y plena reforma educativa, como la LOE, como la LODE, como la LOGSE. Y esto es una barbaridad desde todos los puntos de vista: el de los libreros, el del profesorado, el de las familias, el de la organización de los Centros. ¿Van a ampliar, por ejemplo, las aulas de ESO para que cumplan las normas que rigen para las aulas de Bachillerato?

No lo hacen para segregar. Eso ya lo habían conseguido con el ministro Gabilondo, que se arrodilló ante la derecha y extendió su cuerpo en el polvo para que la derecha no manchase la suela de sus zapatos, aunque toda su humillación no recibiese más que el desprecio. Ya hay itinerarios en el Cuarto curso de la ESO: uno para Letras, otro para Ciencias y otro para FP. Los dos primeros pueden tener el mismo nivel, los mismos contenidos, la misma evaluación, todo igual que el más exigente primer curso del más exigente Bachillerato.

¿Qué quieren, entonces? Esta derecha insaciable, antisocial e incapaz de reconocer que España no se acaba en las sacristías, quiere completar la privatización de toda la enseñanza, porque los amigos tienen ahí un nicho de negocio. Ahora entregarán el Bachillerato a la concertación con las empresas privadas y, enseguida, irán eliminado lo que pueda quedar de público en la Universidad. Toda España será pronto una Comunidad Valenciana.

Ya sé que eso es lo que ha decidido la mayoría de los votantes y, por lo tanto, no hay discusión. Por eso, la tarea de todo lo que no es derecha en España es trabajar por la hegemonía de una nueva cultura, la cultura de la solidaridad y del respeto a la diferencia; convertir esa hegemonía en oferta electoral; ganar cada una de las elecciones venideras; y desmantelar uno a uno los desaguisados de esta arcaica derecha. No hay término medio. De nuevo nos encontramos como si el PP no existiera, sólo que ahora con mayoría absoluta.

El factor católico y la enseñanza en la nueva era

La idea de escuela pública, que recorre toda la etapa constitucional y toma cuerpo con las aportaciones de la Institución Libre de Enseñanza, del socialismo y del anarquismo de los primeros años del siglo XX, es una idea que encierra el afán por construir una sociedad más capacitada para relacionarse con la naturaleza, más equilibrada socialmente y dispuesta a ganar libertad para las personas.

A esta idea se opusieron siempre los creyentes en el liberalismo, para los cuales todos los individuos son iguales al nacer y las diferencias sociales nacen del diferente esfuerzo que cada cual emplea en su vida, con una pequeña aportación de sus cualidades naturales. Nunca tuvieron en consideración los liberales las diferencias sociales originarias. Por eso, despreciaron la labor de la escuela común. Por eso y por el propio interés de que las cosas, muy favorables para ellos, no cambiasen.

Entre esos dos polos se coló el factor católico, el conocido como pensamiento social católico. Coincide este pensamiento con el liberalismo en que el Estado ha de ser subsidiario y atender sólo aquellas cosas que no desarrolle la sociedad civil. Hay espacios de la vida humana, donde los católicos no sólo exigían que el Estado se apartase, sino que reclamaban el monopolio. Uno de esos espacios es la moral. De hecho, desde el principio del sistema constitucional español, la Iglesia católica ejerció la censura sobre la moral pública, lo que incluía el control incluso de la ciencia. Para ejercer el control, esa Iglesia determinó que tenía que monopolizar la enseñanza. Esta idea se desarrolla paralelamente al conflicto que los católicos mantienen con el liberalismo filosófico, primero, y con el socialismo, después. Así fue como España se llenó en los primeros años del siglo XX de colegios católicos para educar a los hijos de la burguesía. Durante el franquismo, los clérigos aprovecharon la situación de favor para completar el mapa de implantación docente, de manera que, al terminar la Dictadura, la Iglesia católica tenía de hecho el monopolio de la enseñanza media y la mayor parte de la enseñanza primaria urbana en sus manos.

Sobre esa realidad social se construyó la Transición y aquí tampoco hubo ruptura. Para asegurarse el statu quo, la diplomacia vaticana negoció y obtuvo dos éxitos paralelos: la cita del nombre “Iglesia católica” en el artículo 16 de la Constitución y los Acuerdos Vaticanos, firmados un mes después de aprobada la Carta Magna, aunque negociados anteriormente. Lo que sí hubo, ya en democracia, fue un pequeño susto cuando los socialistas en el poder decidieron hacer nuevas leyes educativas. Pero la movilización católica obtuvo nuevamente un éxito político: primero, logró institucionalizar la doble red, pública y concertada, en la LODE de 1985; y después, gracias a una heterogénea alianza, logró hacer fracasar la LOGSE de 1990. No hizo falta más que esperar la oportunidad de reglamentar y aplicar los reglamentos para que el factor católico culminase su éxito. La LOGSE, lejos de poner en peligro a la escuela católica, generalizó los conciertos educativos, convirtió en subsidiaria a la escuela pública y produjo un trasvase enorme de alumnado hacia la escuela privada.

La privatización de la enseñanza que ha completado el Partido Popular en su gestión de la Administración educativa regional, incluyendo los desvergonzados ataques de la Comunidad de Madrid contra la escuela pública, hubiera sido imposible sin la justificación ideológica que proporciona el factor católico. El resultado, además, será duradero, porque ha logrado una reversión moral en el viejo pensamiento solidario y algunas personas han optado por la vía de la segregación con el argumento de desear lo mejor para sus hijos. Esta decadencia moral sí que será difícil de transformar.

Pero acabamos de iniciar una nueva era y el descalabro educativo habrá de situarse de nuevo en el primer plano. La reivindicación vuelve a ser la escuela pública, la misma para todos y todas. La escuela privada deberá volver a ser libre y autónoma. No estoy proponiendo que se termine con los conciertos educativos. Digo que los conciertos educativos, igual que todo lo demás que se financie con dinero público, han de ser gestionados por la sociedad organizada en un Estado, en este caso concreto por la Administración educativa.

Por lo tanto, el profesorado ha de pasar a ser funcionario y seleccionado como el resto del profesorado; el alumnado ha de ser matriculado en función de la proximidad al centro escolar, sin discriminación alguna; y el currículo ha de ser el mismo en todos los centros financiados con dinero público. Si el edificio es privado, habrá que pagar la renta que se pacte.

El que no quiera control público que no acepte dinero público. Se dirá “Pero ya pagamos impuestos”. Bien, como se trata de un derecho básico y de una actuación obligatoria, la enseñanza entre los 6 y los 16 años, podrá desgravarse a las personas o familias que opten por una enseñanza privada el mismo porcentaje en su IRPF que cada año presupueste el Estado para la educación.

Cualquier otra cosa es abuso y el factor católico ya no sirve de excusa. ¿Se imaginan ustedes el ahorro presupuestario que una enseñanza, así planificada como manda la Constitución, aportaría? Pues, además de ahorro, aquí estamos hablando de equidad. Hay que atreverse a poner esto en los programas políticos y buscar la mayoría social que lo haga posible.