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Patria, de Aramburu

1. El perdón

Fernando Aramburu nos cuenta en Patria la historia de dos familias, que son amigas íntimas en un pueblo pequeño, próximo a San Sebastián. Son de distinta condición social; una, empresaria pequeña y pudiente; la otra, obrera no cualificada. Pero tienen elementos comunes identitarios, la vecindad, la lengua vasca. Un hecho externo romperá su amistad: el empresario es señalado por ETA, primero, y es asesinado, después. No volvieron a hablarse, hasta que finalmente vuelven a abrazarse, después de solicitar y obtener el perdón.

Ese argumento está preñado de significados laterales: ETA, sus apoyos y sus métodos; la idiosincrasia vasca popular; el factor clerical en el conflicto; y, sobre todo, el pensamiento que rodea al final del terrorismo: ¿olvido o memoria?, equidistancia de las víctimas, responsabilidades, verdad, justicia, perdón, reconciliación.

El autor ha dicho que el “tema” de la novela es el perdón. Comencemos por ahí.

Bittori, la protagonista principal de la novela, casada con el Txato, el asesinado, busca incansable que Joxe Mari, miembro del comando asesino e hijo de la familia amiga, le solicite el perdón. La novela termina con el abrazo de Bittori y Miren, la esposa del otro matrimonio y madre del etarra (lo que la convertiría en una abertxale), como anuncio de la reconciliación en Euskadi a través del perdón.

La novela de Fernando Aramburu es una novela excelente. Así lo reconoce unánimemente la crítica. Y no es más que eso, una novela. No tiene contaminación alguna con el ensayo, ni con la historia, ni con cualquier ciencia. Es una pura descripción de la realidad y ese es uno de sus principales méritos. A mí me ha gustado mucho.

Disiento del autor, sin embargo, sobre el “tema” de la novela. Creo que no es el perdón, sino lo que subyace en la perfecta y realista descripción de una parte muy representativa de la sociedad vasca en la época de sumisión al terrorismo etarra. No le corresponde, por otra parte, al autor definir el tema, sino a los lectores, que, sin duda, encontrarán hilos conductores diferentes. Esto no quiere decir que al autor no le interese el asunto del perdón. Creo que es lo que más le interesa, eso sí.

Dejemos, pues, el “tema” para otra ocasión y vayamos al perdón. Hay un concepto muy próximo, casi idéntico entre los católicos, que es el de reconciliación. Pero es preciso establecer una diferencia esencial: el perdón sólo puede solicitarse y ofrecerse entre personas individuales, nadie puede perdonar por otra, mientras que la reconciliación puede atender a conflictos más generales. Por ejemplo, se puede llegar a acuerdos entre Estados, entre clases sociales, entre grupos vecinales, que restauren la convivencia rota, sin necesidad de pedir o de ofrecer perdón.

Si el problema de la sociedad vasca fuese la solicitud y la concesión de perdón, las cartas intercambiadas entre Bittori y Joxe Mari serían la solución. De hecho, el autor así lo interpreta cuando opta por abrir la puerta a la esperanza con el abrazo entre Bittori y Miren, que quiere simbolizar la reconciliación de la sociedad vasca.

Pero si el problema de la sociedad vasca fuese la ruptura de la convivencia entre las víctimas y las pocas gentes que se solidarizaron con ellas, por una parte, y sus asesinos junto a las enormes masas que, por convicción o por temor, les acompañaron, por otra, no parece que una acción individual entre una víctima y un asesino (o entre cada una de las víctimas y cada uno de los asesinos) pueda ser capaz de restaurar la convivencia social.

Los encuentros entre víctimas y victimarios son símbolos positivos, sí, y ayudan en la tarea de restauración de la convivencia entre iguales y diferentes, pero no resuelven el problema. Mientras los responsables del crimen y cuantos, por voluntad o por fuerza, les acompañaron, en los distintos grados de responsabilidad, no reconozcan su participación y se sometan al veredicto de la justicia y de la verdad histórica, la convivencia no podrá ser restaurada. Luis Pérez Aguirre, un uruguayo que fue víctima de torturas, advertía de los peligros de la reconciliación en su vertiente social: “Y hay que medir los riesgos desde diferentes perspectivas, decía. Ante todo, habrá que poner los medios para superar el círculo vicioso de las revanchas, de los desquites y las venganzas por propia mano. Pero nunca a costa de incorporar a la comunidad al enemigo no arrepentido, con su odio y con su injusticia, prescindiendo de un análisis serio y profundo de sus propósitos. Sería como meter al lobo en medio del rebaño de corderos”.

Para mí, este es el “tema” de la novela y el hondo problema, que tardará en resolverse, en Euskadi.

(Trataremos estas cosas en el Club de Lectura de La Aldea)

Marcelino Flórez

Contra la impunidad

La 61ª SEMINCI ha presentado la película de Iñaki Arteta, Contra la impunidad. Es un alegato a favor de la memoria de las víctimas de ETA y, en particular, contra el olvido de las 324 víctimas que no han recibido justicia. El documental está construído en base al testimonio de algunas de esas víctimas, de periodos muy distintos, que abarcan desde el franquismo hasta los últimos tiempos de actividad de ETA. Los testimonios muestran el dolor y la rabia de las familias de las personas asesinadas por ETA, así como las dificultades para preservar la memoria de los inocentes. Acompañan a esos testimonios las opiniones de especialistas del periodismo y de la judicatura, que reconocen la impunidad que afecta esos 324 asesinatos. Se hace notar también la indiferencia, cuando no el desprecio, con los que fueron acogidos los crímenes durante mucho tiempo por una parte grande de la sociedad.

La línea argumental no admite ningún reparo, en el estado actual de la reflexión política y moral sobre el significado de las víctimas. Y es difícil que nadie, salvo los autores de los crímenes y sus cómplices, pueda estar en desacuerdo con que el terrorismo etarra deba ser calificado jurídicamente como un crimen contra la humanidad.

Sin embargo, la película me ha dejado insatisfecho. Reflexionando sobre ello, no encuentro más explicación que el uso que se hace de las víctimas al servicio de una ideología particular. No es sólo porque se haga referencia exclusivamente a “concejales del Partido Popular”, cuando se habla de los objetivos civiles y políticos de ETA, sino por el tono de todo el relato y por la actitud de las asociaciones de víctimas que testimonian.

Para entender esta insatisfacción, he tenido que retrotraerme al asesinato de Miguel Ángel Blanco del 12 de julio de 1997. Era la segunda vez que la multitud salía a la calle en España para rechazar el crimen. La primera vez había sido un poco antes, cuando los estudiantes madrileños salieron con las manos pintadas de blanco, después del asesinato de don Francisco Tomás y Valiente el 14 de febrero de 1996. En Euskadi, los testimonios, antes casi individuales de Gesto por la Paz, comenzaron también entonces a llenar pueblos y plazas. Pero esta segunda vez el Partido Popular cayó en la tentación de utilizar a su favor la movilización de solidaridad con la víctima. Fue en el ostentoso homenaje que se tributó unos meses después en Madrid y esa práctica ya no desapareció nunca de la vida política española, especialmente cuando el Partido Popular estuvo en la oposición, alcanzando cotas de crispación inaceptables durante la tregua de ETA del año 2006.

Este uso político de las víctimas exige que hagamos una diferenciación entre la memoria o la justicia que se debe a las víctimas, la que poseen por sí mismas, y la memoria o la justicia que procede de las víctimas, la que ellas ejercen. Las víctimas poseen el testimonio, pero no les corresponde ejercer la justicia. Esa es tarea de la judicatura. Tampoco son una autoridad moral. Es más, como dice Primo Levi, refiriéndose a Auschwitz, muchas veces los supervivientes fueron los peores, sin que eso les prive de su carácter de víctimas, de haber sufrido la violencia. Incluso, dicen los psiquiatras, es conveniente que las víctimas no se desliguen pronto del odio y deseo de venganza, para que no viertan contra sí mismas los sentimientos de agresión.

En la película de Iñaki Arteta se detecta la rabia que conservan las víctimas. Eso está muy bien y no resta ningún valor a su testimonio: nos trasmiten y entendemos perfectamente que siguen sufriendo impunidad. Pero en la película subyace también la usurpación de la universalidad de las víctimas, la apropiación del dolor y del testimonio al servicio de una ideología política particular. Es el mal que nació en 1997 y que aún no está descontaminado. Por eso, salí insatisfecho de la película. La dirección y el guión son conscientes de esa parcialidad y, para paliarlo, introducen una referencia comparativa con la impunidad que padecen las víctimas del franquismo, referencia que resulta insuficiente para reparar el lastre que traslucen las asociaciones participantes, absolutamente atadas a una ideología y a un partido particular. Esa atadura priva a la película y a los testimonios de la universalidad objetiva que se merecerían.

La película pone de manifiesto también las dificultades de la sociedad vasca para superar los efectos múltiples y profundos que acarreó el terrorismo. Uno de los mayores problemas es construir una historia que recoja el sufrimiento de las víctimas, que durante tanto tiempo fue ocultado y que ahora se intenta echar de nuevo al olvido mediante la trampa inmoral de la equidistancia de las víctimas. Creo yo que eso sólo podrá hacerlo una Comisión de la Verdad, autónoma y técnicamente irreprochable, capaz de detectar y situar en cada espacio a las diversas víctimas y victimarios, sin buscar equidistancias y sin usurpar el sufrimiento al servicio de intereses particulares.

Marcelino Flórez

Ochenta años después

La derrota del franquismo está siendo muy lenta. No obstante, las celebraciones en este octogésimo aniversario van quedando relegadas a la extrema derecha, con Intereconomía de protagonista, además de otras opiniones erráticas de la todavía legal Fundación Francisco Franco o alguno de sus miembros, que encuentran acomodo en las páginas de ABC, y aparte de algunas parroquias católicas, que siguen acogiendo el acontecimiento sin avergonzarse. Para la gente normal, la fecha del 18 de julio no pasa de ser un mal recuerdo.

La historiografía también ha dado pasos definitivos. Atrás ha quedado la justificación del Alzamiento Nacional con la falacia de la revolución comunista o de la Cruzada con la hipérbole de la persecución religiosa. En la sociedad, el golpe de Estado también va perdiendo las justificaciones, a pesar del esfuerzo permanente que realiza la Iglesia católica con su martirologio y a pesar de los negacionistas, encabezados por Stanley G. Payne, que se retrotraen a la Revolución de 1934 o la proclamación de la República para encontrar justificación del golpe de Estado.

La interpretación de la equidistancia, sin embargo, aquella del “todos fuimos culpables” de Vidarte o de “no fue posible la paz” de Gil Robles, que terminaba calificando a la Guerra como una catástrofe colectiva inevitable, que había que olvidar, esa interpretación tarda más en caer. A veces reverdece, incluso, y uno puede encontrar autorizados artículos de opinión en El País cargados de expresiones como “contienda fratricida”, “cataclismo colectivo”, “deplorable catástrofe de atrocidades homicidas” y otras varias, así dichas, sin más precisión, que conducen inevitablemente a la arcaica catástrofe colectiva que nos invitaba a olvidar.

Pero esta tesis de la equidistancia ya no cuaja, como lo hizo durante el régimen de la Transición, porque ahora existen las fosas abiertas y, paso a paso, van apareciendo todos los nombres y sus esqueletos. “Aquello” ya no se puede ocultar. Por si quedaban dudas para algunos, el Tribunal Supremo calificó los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad. Lo hizo en el razonamiento QUINTO de la sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal, por la que absolvía al juez Garzón del delito de prevaricación, con estas palabras: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”. Como razonaba Antonio Elorza en El País el 1 de noviembre de 2008, “de los crímenes nazis a Karadzic, una calificación (jurídica) adecuada de los crímenes vale más que una cascada de libros”.

Pese a quien pese, esta es la novedad del octogésimo aniversario. De modo que para la ciencia histórica, el golpe de Estado del 17 de julio de 1936 fue un acto “fuera de toda legalidad”, que atentó “contra la forma de gobierno”, proyectando y ejecutando un “crimen contra la humanidad”, según está demostrado historiográficamente y aseverado por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo. Fin del debate interpretativo.

La sociedad, sin embargo, camina más lenta y el franquismo perdura. Pero el camino para remediarlo no es la ocurrencia que acaba de tener el abogado Eduardo Ranz con la aquiescencia de Zapatero, de emprender una iniciativa legislativa popular para mejorar algunos aspectos de la conocida como Ley de Memoria Histórica. El movimiento memorialista, sin necesidad de personalismos anacrónicos, hace ya mucho tiempo que viene buscando el acuerdo de los partidos con representación parlamentaria para crear un Comisión de la Verdad, que asiente con todo rigor la verdad histórica ya conocida y que oriente a los poderes públicos acerca de la legislación deseable, como han hecho todas las comisiones de la verdad en los países que sufrieron dictaduras criminales. Esta es la tarea en el octogésimo aniversario del crimen.

Marcelino Flórez

Alka-ETA: el uso político de las víctimas

El ridículo y bochornoso espectáculo que ha organizado el poder político y mediático madrileño en torno a unos guiñoles terminará desinflándose pronto, a pesar de los jueces afines. Hay, sin embargo, actitudes que vienen de antiguo y perdurarán algún tiempo. El mejor ejemplo de esas actitudes es el ministro del Interior en funciones, cuya credulidad en imágenes y milagros le conduce a confundir un cartel de unos pocos centímetros en manos de una marioneta con una pancarta de exaltación del terrorismo. Esta credulidad con tan altas dosis de ignorancia oculta, no obstante, otra intención: combatir al gobierno municipal en Madrid, desacreditar al PSOE y, en definitiva, procurar que no se forme un gobierno en España. Esa es la tarea cuya difusión se encarga a los medios de la extrema derecha en la capital, que son casi todos. Por eso, la anécdota, aunque transitoria, no es insignificante y merece ser combatida.

Pero lo que tiene mayor gravedad es el instrumento que el ministro crédulo utiliza para conseguir sus fines políticos: las víctimas del terrorismo. A este uso perverso se ha sumado enseguida la AVT, cuyo descrédito ya no tiene límites. La actitud repetida de la AVT demuestra fehacientemente el mal uso del “deber de memoria de las víctimas”, recomendado por las Naciones Unidas. Cuando hablamos de deber de memoria nos referimos a la memoria que se debe a las víctimas por su inocencia, pero no nos referimos a la memoria que procede de las víctimas.

La memoria que se debe a las víctimas es universal y lo merecen las víctimas, hayan sido cual hayan sido sus creencias, su pensamiento, sus quehaceres. No hay víctimas inocentes de un lado o de otro, aunque es imprescindible diferenciar los espacios de cada víctima. Por ejemplo, un victimario puede, a su vez, haber sido víctima de otro crimen. Es el caso de los etarras torturados o asesinados, pero estas víctimas han de ser tratadas en un negociado distinto de aquel que corresponde a las personas asesinadas por los etarras. Evitar la equidistancia de las víctimas, como pretenden los asesinos y sus simpatizantes, es un principio moral prioritario, pues lo contrario conduce siempre a garantizar la impunidad para el crimen. Cada una, en su negociado.

Lo otro es la memoria que procede de las víctimas. Aquí no cabe hablar de inocencia, ni de derechos humanos. Primo Levi repetía insistentemente que los salvados eran muchas veces los peores, aunque eso no les quitaba un ápice de su condición de víctimas. Además, el pensamiento de las víctimas y de las asociaciones de víctimas es diverso, no universal; sus sentimientos y deseos, no por legítimos, han de ser éticos, como ocurre, por ejemplo, con el deseo de venganza. Por eso, el uso político de la inocencia y universalidad de las víctimas es otra perversión moral, del mismo calibre que el uso de la equidistancia entre los asesinos y sus víctimas.

El día que logremos diferenciar el genitivo hablativo (la memoria de las víctimas: la que se debe a las víctimas, la que está en su interior) del genitivo posesivo (la memoria de las víctimas: la que poseen las víctimas o sus asociaciones, el pensamiento particular) habremos dado un paso más en la defensa de los derechos humanos y en la denuncia de la inmoralidad de los utilizadores de la inocencia de las víctimas en provecho propio. El ministro crédulo y la AVT forman parte del grupo de la inmoralidad.

Marcelino Flórez

 

La Guerra Civil de Pérez Reverte

-Comentario de texto-

Comienza el escrito de Pérez Reverte, que comentamos, con una referencia a las “causas políticas” de la Guerra, que el autor atribuye al atraso histórico de España y lo argumenta así: el atraso histórico provocaba continuos conflictos, que la República no lograba resolver; estos conflictos eran atendidos siguiendo vías violentas y con modelos extranjeros, fascismo y comunismo, que hacían una verdadera preparación para la guerra; la sociedad terminó polarizada igualmente en dos líneas, derecha (burguesía, terratenientes y militares) e izquierda (obreros y campesinos). El ejército, que venía estando descontento por asuntos internos, se levantó para imponer una dictadura con la que dar fin a los conflictos. El golpe de Estado fracasó a causa de la resistencia de la izquierda, por lo que se originó una guerra de “tres sangrientos años”, en la que toda la sociedad, de grado o por fuerza, se adscribió a uno de los bandos.

Iniciada la guerra, se siguieron muchas “atrocidades” a causa de los “rencores acumulados”. Estas atrocidades se distribuyen con una equidad milimétrica en los dos bandos: si el avance rebelde se acompaña de terribles represalias, como en Badajoz, lo que provoca la salida de refugiados, que son perseguidos y ametrallados, como en Málaga, también en zona republicana “clérigos, falangistas y monárquicos” son asesinados, aprovechando el descontrol del poder. Tienen, incluso, símbolos equiparables: García Lorca en Granada y Muñoz Seca en Paracuellos. La diferencia podría ser que las “atrocidades” republicanas no eran dirigidas desde el mando.

Hay una referencia salteada a batallas épicas: Madrid, el Jarama, Santa María de la Cabeza, el Alcázar de Toledo, Guadalajara, guerra en el mar, Guernica, Brunete, Belchite, Teruel, el Ebro. En todas ellas se luchó “con mucha tenacidad y valor por ambas partes”. Ese carácter épico atrajo a los corresponsales de la prensa extranjera y la Guerra de España se internacionalizó: los países fascistas apoyaron a Franco y la Rusia soviética apoyó a la República (“confiando en que una victoria republicana acabaría convirtiendo a España en un país comunista”).

El libro termina, en medio de cierto descontrol cronológico, con estos relatos: después del Ebro, comenzó la dispersión republicana en barcos al exilio, tuvo lugar la sublevación de Casado, se retiró el gobierno a Barcelona y a Gerona, cayó Cataluña y empezó el exilio francés, ejemplificado en Machado. Todo, en ese orden.

La Guerra terminó con victoria franquista y con represión: 400.000 vencidos fueron a la cárcel. La Dictadura duró 40 años. España participó en la Segunda Guerra Mundial con la División Azul y con los Resistentes. Siguió un pequeño periodo de guerrilla de los maquis. Y todo terminó finalmente con el “retorno a la democracia”, por “decisión personal” del rey Juan Carlos.

Ideas princiaples

Aunque probablemente haya una sola intención, en el escrito podemos destacar varias ideas: el conflicto social como causa de la Guerra; la equidistancia de las “atrocidades”; las hazañas bélicas, también equivalentes; la victoria con represión; y el “retorno a la democracia por decisión personal” del rey. Y aún podríamos detectar alguna idea secundaria, como es la asignación de una influencia comunista al gobierno republicano.

Explicaciones

El autor, en su participación en la propaganda difusora del escrito, ha afirmado que no es un libro de historia. Estamos de acuerdo. Se trata de 30 medias páginas, con letra muy grande, que apenas nombran hechos históricos. Todo, sin cronología, que es un dato ineludible en cualquier relato histórico.

Es un escrito de opinión política y moral sobre un hecho histórico relevante, la Guerra Civil Española. Encajaría perfectamente en lo que viene denominándose “memoria histórica”, entendiendo por ello la rememoración consciente del pasado. Lo que se desea en este caso es construir un pensamiento sobre la Guerra Civil, que, haciendo ver su carácter trágico por mortífero y espantoso, ayude a no repetir aquella tragedia, como se dice expresamente en el prólogo.

Ocurre que, para conseguir sus nobles propósitos, el autor nos da una clase de historia, donde nos dice que en España hubo una guerra, porque había muchos conflictos sociales, en la que por igual unos se mataron con otros, en noble y valerosa lid; vencieron unos, que continuaron la represión, hasta que un bondadoso rey, Juan Carlos, restauró la democracia. Aquí no ha pasado nada y todos somos hermanos.

Dejemos a un lado la restauración de la democracia y la monarquía, que no tienen por dónde cogerse, pero que sólo ocupa 17 líneas y 129 palabras del escrito; olvidémonos también de otros mitos que aparecen lateralmente, como es el del comunismo; hagamos una leve referencia a las causas de la Guerra; y centrémonos en lo nuclear, las “atrocidades”.

Respecto a las causas de la Guerra, el autor se adscribe al revisionismo vigente, que reproduce la justificación inicial que construyó el franquismo. Cuando los militares rebeldes iniciaron la Guerra Civil, anunciándolo mediante un golpe de Estado el 18 de julio o en la tarde del día 17 en Marruecos, para la que ya tenían preparados aviones y barcos italianos con los que trasladar tropas a la Península, y siguiéndolo con los asesinatos de militares fieles a su juramento constitucional, necesitaron justificar esa acción, un crimen desde cualquier punto de vista que se quiera observar. La justificación fue no que iniciaban una guerra, sino que trataban de parar la guerra iniciada por los republicanos: todos los asesinados o encarcelados desde el primer día los fueron por “rebelión” o por “adhesión a la rebelión”. Está tan claro en la historiografía actual, que no dedico una palabra más a su demostración. Pérez Reverte tenía que haber leído, como mínimo, Los mitos del 18 de julio, que ya llevaba publicado dos años, cuando publicó el libelo que comentamos.

Me centraré, pues, en lo nuclear del libelo: las “atrocidades” de la Guerra Civil fueron iguales en los dos bandos. Esta tesis de la equidistancia se repite insistentemente, todo el relato reitera que hay dos fuerzas equivalentes, con episodios bélicos paralelos (a Santa María de la Cabeza se opone el Alcázar), defendidos con “mucha tenecidad y valor por ambas partes”; si los republicanos tienen un Lorca, los franquistas tienen un Muñoz Seca; a unos les ayudan los fascistas, a otros los comunistas; pero, sobre todo, las “atrocidades”: en las 17 líneas del capítulo 6 repite tres veces la idea (“estallaron en los dos bandos”, “donde tuviesen el control uno u otro”, “en los dos lados se sucedieron”) y lo repite cada vez que cita cualquier episodio criminal.

No es más que la actualización de una tesis que el autor viene repitiendo desde hace años, quizá desde que apareció el movimiento memorialista: “Cualquiera que haya leído historia de España sabe que aquí todos hemos sido igual de hijos de puta, TODOS”, había dicho ya en 2010.

La equidistancia de las víctimas es un asunto bien conocido en la literatura memorialista. Primo Levi, una víctima de los nazis en Auschwitz, calificó a esta tesis de enfermedad moral, porque sólo busca identificar a víctimas con verdugos, garantizando así la impunidad de los asesinos. En este sentido, el libelo de Pérez Reverte es un ejemplo perfecto.

Aparte de la perversión moral que esta tesis central sustenta, hoy sabemos que la relación de los crímenes de cada uno de los dos bandos no resiste la mínima comparación, ni merece, por lo tanto, el mismo calificativo: no fueron iguales en las cifras; es más, en media España sólo existen asesinatos franquistas, porque allí no hubo guerra, sino represión; únicamente hay desaparecidos entre los republicanos; víctimas olvidadas sólo son unas, los otros muertos, sean víctimas o verdugos, lucen sus nombres en calles y hasta en las portadas de las iglesias; proyecto de exterminio sólo está en las Instrucciones de Mola y en los Bandos de guerra, pero no en decreto alguno del gobierno legítimo; las víctimas republicanas no han sido nunca reparadas no ya con la justicia, sino, ni siquiera, con la verdad, y sus verdugos no han sido juzgados y condenados jamás, mientras que los crímenes en el lado republicano fueron juzgados por el propio gobierno desde 1937 y, desde luego, fueron juzgados y reparados, aunque fuese ilegítimamente, por los franquistas. En el lado republicano hubo crímenes de guerra, ciertamente; en el lado franquista hubo un largo y duradero crimen contra la humanidad, que aún sigue vigente. La diferencia no puede ser más grande.

En conclusión, el escrito de Pérez Reverte es un libelo de moralina barata, propio de algunas tertulias radiofónicas o televisivas, en el que brilla por su ausencia la historiografía reciente. Sólo tiene una intención: mantener en el olvido a las víctimas del franquismo para continuar garantizando la impunidad de los victimarios. Este libelo podría haber pasado desapercibido en los años setenta del siglo pasado, cuando dominaba la ideología de la equidistancia bajo el paraguas de la reconciliación nacional, pero la investigación histórica posterior a esas fechas lo convierte en un anacronismo reaccionario, no más.

Marcelino Flórez

Rajoy y la Memoria

Respondiendo a la pregunta de un periodista, Rajoy, muy ufano, presumió de que, aunque no había derogado la llamada Ley de Memoria Histórica, “la asignación presupuestaria ha sido cero” en sus cuatro años de gobierno. Asombra que en el año 2015 un presidente de un gobierno en la Unión Europea se jacte públicamente de no financiar a las asociaciones que rescatan de fosas comunes a personas desaparecidas por el régimen franquista y no pase nada. Porque aquí, lo que asombra es que no pase nada, que se pueda ofender a las víctimas desaparecidas en un crimen contra la humanidad impunemente.

Dejando a un lado lo que se conoce como sociología del franquismo, una causa esencial de esta aberrante situación es la confusión del concepto de memoria histórica. Casi universalmente, a derecha y a izquierda, entre los tertulianos como entre los académicos, se asocia la idea de memoria histórica con la reivindicación de la Segunda República o con los valores republicanos o con el antifranquismo. Cuando se abre una fosa, lo más que llegamos a escuchar a los familiares, a los activistas o a los periodistas es que al fin se puede enterrar dignamente a los muertos, aunque se añada que son unos muertos por la libertad y por la democracia. Si fuese eso de lo que trata la memoria histórica, si se tratase de una mera confrontación entre regímenes políticos, aunque uno sea democrático y el otro fascista, o si se tratase de un mero asunto familiar sobre el entierro digno, sería legítima la diferencia de opinión.

Pero no hablamos de eso. Es incomprensible que siga siendo hegemónico ese pensamiento, después de que Walter Benjamin pasara por el mundo y después de que, en España, Reyes Mate y otros filósofos hayan reflexionado hasta la saciedad acerca de eso que la mayoría sigue denominando memoria histórica. Por lo pronto, cuando Walter Benjamin reflexionó sobre este asunto, dejó a un lado el término memoria y utilizó otro mucho más preciso, rememoración, que hace referencia al acto voluntario de traer a la memoria algún elemento del pasado.

Tratando de explicarse la existencia del nazismo, Benjamin había descubierto que las víctimas venían siendo relegadas al olvido a lo largo de la historia; y que ese olvido había sido justificado por la filosofía, como si las víctimas fuesen, en palabras de Hegel, “florecillas al borde del camino”, que era legítimo pisar en nombre del progreso o de cualquier ideal de esos llamados eternos. Siguiendo ese razonamiento de los filósofos y la práctica de la humanidad a lo largo de la historia, el nazismo se dispuso a prescindir de todo lo que no fuera la raza aria. No era más que un paso adelante en la argumentación. Contra ese pensamiento se rebeló Benjamin y, caracterizándose a sí mismo como “el trapero de la historia”, se dispuso a rescatar lo que venía siendo olvidado, se dispuso a rememorar a las víctimas. Construyó así lo que su amigo Adorno denominó un nuevo imperativo categórico: el de reorientar el pensamiento y la acción para que Auschwitz no se pudiese repetir.  Y así fue como las víctimas, antes relegadas al olvido, pasaron a estar encima de la mesa.

El proceso fue muy largo, porque la guerra fría lo mantuvo congelado, pero finalmente fue sancionado por la ONU en el 61º Periodo de Sesiones del Consejo Económico y Social del año 2005, cuando se estableció “el derecho inalienable a la verdad”, como uno de los principios para la protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad: “Cada pueblo tiene un derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimiento sucedidos en el pasado en relación con la perpetuación de crímenes aberrantes y de las circunstancias y de los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes. El ejercicio pleno y efectivo del derecho a la verdad proporciona una salvaguardia fundamental contra la repetición de tales violaciones”.

Si en lugar de memoria histórica, hubiéramos enseñado a hablar de rememoración de las víctimas, cuando Rajoy chulease de actuar políticamente para mantener ocultas a las víctimas del franquismo, le podríamos acusar de tratar de encubrir un “delito contra la humanidad”, usando los términos que ha usado el Tribunal Supremo en España. ¿Conocerán esto los fiscales españoles?

Marcelino Flórez

La losa del senador Peñarrubia, del PP

Para mí, la herencia más injuriosa del Partido Popular es la negación de los crímenes del franquismo, mediante la ocultación de su existencia a través de la anulación de la financiación de las exhumaciones, corroborada esta negación con las palabras explícitas del senador Peñarrubia: “Ya no hay demanda de exhumaciones ni más fosas por descubrir, salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España”. Quien haya tenido oportunidad de ver y escuchar al senador en su intervención del día 8 de octubre de 2015, justificando la ausencia de presupuesto para exhumaciones y otras reparaciones de crímenes franquistas, no puede haber dejado de sentirse incómodo no sólo por las injuriosas palabras, sino por el tono y la gesticulación, que más parecía chulería y afectación, que sinceridad y veracidad.

Al tiempo que niega, el senador miente, porque no puede desconocer, ya que ha sido fijado en auto judicial, publicado y corroborado por la máxima autoridad, que existen 114.226 casos documentados de personas desaparecidas. ¡La cifra más alta en el mundo, salvo en Camboya! Del mismo modo que no puede desconocer, pues es noticia pública cotidiana, la aparición de restos de personas asesinadas y desaparecidas: en los últimos quince años han sido exhumadas 6.200 de esas personas. Y, como ha recordado Emilio Silva, esa cifra sólo representa el 5 por 100 de las víctimas que, según se estima, siguen desaparecidas.

Cuando el senador dice que ya no hay demanda de exhumaciones, ¿será que desconoce el continuo lamento de familias de las víctimas reclamando su búsqueda? Basta con que eche un vistazo a la página web de la ARMH: “No hay día que no recibamos algún contacto de alguien en relación con este tema”, acaba de decir Emilio Silva, su presidente.

No es necesario razonar más la mentira del senador, porque nos hallamos ante una evidencia. Lo que Peñarrubia quiere es ocultar la realidad, mantenerla sepultada, con los archivos cerrados y la tierra sobre los cadáveres. El negacionismo de Peñarrubia lo corrobora cada día su partido. El día 20 del mismo mes de octubre la diputada Rocío López ha dicho en sede parlamentaria: “Si quieren reabrir heridas, con nosotros no van a contar”. Usa la metáfora “heridas del pasado” para referirse a los crímenes franquistas y dice que eso no se toca.

Constatamos una vez más que en España sigue ocurriendo algo que ya no ocurre en ningún otro país del mundo: la ocultación y la negación de un crimen contra la humanidad. Es casi incomprensible que eso siga ocurriendo, pues el mismísimo Tribunal Supremo ha reconocido que los crímenes de la Dictadura son “delitos contra la humanidad”. Y eso no prescribe, por lo que debe ser investigado y su negación perseguida de oficio. ¿Acaso no existirá en España una fiscalía para cumplir esa misión?

Cuarenta años de un régimen criminal y otros cuarenta de ocultación y negacionismo son como una gran losa que pesa sobre los españoles. Esta es la fosa que el Partido Popular, su diputada y su senador, no quieren que se abra. “Si tiramos todos, ella caerá” y la Dictadura y sus negadores ocuparán el mismo y definitivo lugar en la historia, aquel en el que les sitúe la justicia y la verdad. Por eso, es urgente la creación de una Comisión de la Verdad, a la que nadie debe temer, salvo los delincuentes.

Marcelino Flórez