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Operación Palace, una broma de mal gusto

Comencé a ver el documental después de haber empezado y me atrajeron enseguida las personalidades que hablaban: Iñaki Gabilondo, Federico Mayor Zaragoza, Fernando Ónega, Jorge Verstringe, Iñaki Anasagasti, Felipe Alcaraz, Alejandro Rojas Marcos, Joaquín Leguina. Las imágenes, conocidas y reales, reforzaron mi atracción. Aunque mucho antes de que supiese que Fraga salió porque tenía hambre o que la izquierda se dividió porque Carrillo no se agachó, tardé un rato en advertir la falsedad del documental. No echo la culpa a Garci, ni a Évole, pero sí a Iñaki Gabilondo y a Federico Mayor Zaragoza, en los que confío. Tampoco me culpo por sentirme engañado durante un rato o por no haber afinado mi sentido crítico.

Consciente ya de la falsedad, seguí viendo el documental con verdadero interés. Reconozco que me atrajo y eso ha de ser porque tenía capacidad de atracción. Desde el principio, sin embargo, me disgustó: a las 22,33 le dije a mi amigo Luis en Facebook que era “demasiado serio para tanta broma”; y a las 22,35 a mi amigo Javi que “no me ha gustado nada la broma”. ¿Por qué me desagradó tanto?

Tengo varias razones. Primero, personales. La noche del 23-F se reunió en mi casa en Toro (Zamora) un grupo de amigos, atemorizados por el golpe. Yo aparentaba ser de los más tranquilos, aunque la procesión fuese por dentro. Entre las cosas que recuerdo, hay dos personajes, uno guardia civil y otro militar, retirados ambos, que estaban a la puerta del Ayuntamiento cuando hacia las dos o las tres de la madrugada fui a llevar a Mercedes en mi coche hasta su casa. No dudé de que habían ido allí para ponerse al servicio de la causa. Por eso, en mis sueños de esa corte noche deseaba que fuese a buscarme a casa la Guardia Civil y no los voluntarios ayudantes del golpe. Entonces pensaba yo que los responsables de los crímenes franquistas habían sido las cuadrillas de falangistas, aunque ahora sé que ni un solo asesinado dejó de pasar por el filtro militar. Bueno, pues que se haga mofa de aquello me gusta poco. Reconozco que ni todo el mundo encabezaría la lista, como sería mi caso en Toro, donde sin duda el militante de CC.OO. (léase “ce, cé, ó, ó”) que abría la puerta del portalón-sede sindical y activista de la Asociación Cívico-Cultural ocuparía alguno de los primeros puestos, ni todo el mundo había nacido o tenía uso de razón entonces para poder experimentar lo que yo experimenté. Cosa personal, por lo tanto.

Tampoco me hace mucha gracia el lugar en el que queda la gente que al día siguiente logramos sacar a la calle en Toro, llena de miedo y deseosa de terminar enseguida la manifestación, de modo que tuvieron que ser mis alumnos de COU los que pusiesen orden en la marcha, ataviados con un brazalete para dar sensación de autoridad. Mucha sociedad civil hecha realidad, para que ahora se bromee frívolamente sobre aquel acontecimiento. También es cosa personal.

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Pero tengo, además, razones políticas, porque no estoy de acuerdo ni con la visión subliminal de la Transición, ni de la Monarquía, ni del control de los archivos, que subyacen en el falso documental.

Podemos hablar de la Transición, pero también en serio. Lo que importa, además, no es lo que se hizo o cómo se hizo, que eso lo tiene ya muy configurado la historiografía, sino la valoración que ahora se hace de lo que se hizo. Sólo la derecha y un sector, cada vez más pequeño, de la socialdemocracia sigue defendiendo hoy la forma en que se hizo la Transición y sus resultados: bipartidismo, justicia encorsetada, impunidad para los crímenes del franquismo, semiconfesionalismo, clientelismo y corrupción. Yo soy claramente partidario de “reiniciar la democracia”, pero de eso no había nada en el falso documental de Évole.

Es muy difícil declararse monárquico en el siglo XXI y más para un historiador, que sabe algo de lo que fueron las monarquías antiguas, la realeza feudal, el absolutismo monárquico. Casa mal la monarquía con la soberanía popular. Dicho esto, sin embargo, no estoy dispuesto a gastar un minuto más en disputas sobre la forma de Estado aquí y ahora, que influye poco menos que nada en lo que realmente ocurre (autoritarismo, paro obrero, desigualdad social creciente, retroceso de los derechos humanos). ¿No va a pararse nunca lo que se llama izquierda a pensar por qué algunos medios informativos  y lobbies políticos, dejando aparte a Anguita, claro, tienen tanto interés en señalar a la Monarquía como el origen de los males y dirigir hacia allí el debate? Conmigo que no cuenten.

Y el tercer elemento subliminal, los archivos. Hablemos de archivos, pero no son los del 23-F los que permanecen cerrados ilegalmente, a los que todavía les faltan siete años para reclamar autorizadamente su apertura. Es de los archivos de 1950 o de 1939 o de 1936, sobre los que han pasado 64 o 75 o 78 años y siguen cerrados a cal y canto. El tema de los archivos, por otra parte, hay que tratarlo con un mínimo de cuidado. Que no se conozca todo no significa que todo lo que se conoce es falso y ha de ser sometido a sospecha, que es lo que subyace en este documental. ¡Qué a gusto se habrá sentido Pedro J y qué tristeza habrá sentido Javier Cercas con esta ficción! Tampoco pasaba nada porque en esto hubiese habido un poco más de calidad científica y menos de tertulianismo.

¡Cómo le gustan a un sector de la sociedad española las teorías conspirativas! Todo lo que ocurre ha de tener siempre una razón oculta y organizada, una conspiración; y el protagonista principal ha de ser un rey, un obispo o un banquero, a no ser que esté la CIA por el medio. Pues a mí me parece que todo lo que ocurre en el país se explica mucho más por el voto que cada ciudadano emite o deja de emitir periódicamente. Y de ese voto no tienen la responsabilidad ni Reyes, ni Obispos, ni Banqueros, sino cada una de las personas. ¿O somos todas unas “tontas de los cojones”, como dijo aquel recordado alcalde? También se explica, desde luego, por la capacidad organizativa y movilizadora de esa sociedad, pero de eso tampoco tiene la responsabilidad ningún lobby conspirativo, sino nosotras mismas. Cuánto más le valdría a lo que se sigue llamando izquierda ajustar sus métodos de análisis y dejar de vivir en la inopia.

Así que no me ha gustado nada, pero nada, la broma. Y, si para justificarla, hay que acudir a la presencia  o ausencia de perspectiva analítica, o al carácter sombrío y no chistoso de los españoles, mal vamos.

Marcelino Flórez

Delendus est PP

El 15 de noviembre de 1930 José Ortega y Gasset escribió un memorable artículo en el diario El Sol, titulado El error Berenguer, que terminaba así: “¡Españoles, vuestro Estado no existe! ¡Reconstruidlo! ¡Delenda est Monarchia!”. Con esta simbólica toma de postura de los intelectuales culminaba un proceso de movilizaciones y de crítica contra la Dictadura, que tampoco iba a ser aceptada en la suave forma de dictablanda encarnada en el general Berenguer. Cinco meses más tarde, la monarquía fue destruída, como aconsejara Ortega.

Dos años de gobierno después y casi veinticinco desde que se refundara el PP, ha llegado el momento de proclamar ¡El PP debe ser destruído! Como siempre nos acecha el olvido, conviene ir anotando la relación de agravios, que son las razones que hacen del PP un partido merecedor de un rechazo formal y de ser arrojado al frío espacio de la indiferencia.

I.

El primer agravio, que, además de razón, se ha convertido en delito, es la justificación del franquismo. El PP no sólo no ha condenado el franquismo, del que procede, sino que avala sistemáticamente las anacrónicas defensas de aquel régimen, al que el Tribunal Supremo nos ha concedido el don de poder llamar criminal sin que eso pueda ser considerado por nadie un insulto. Sea en los actos protagonizados por el alcalde y algunos vecinos de Poyales del Hoyo en el mes de agosto de 2011, cuando, después de profanar una fosa de víctimas del franquismo, un vecino llegó a decir “si Franco levantara la cabeza os cortaba el cuello”, como transcribe El País del día 7 de aquel mes; sean los agravios continuados del alcalde granadino sobre la Tapia del Cementerio de San José; sean las exhibiciones reiteradas de gestos y cantos fascistas de conocidos dirigentes de Nuevas Generaciones; sean las bárbaras declaraciones del alcalde de Barralla en Lugo; sean las actitudes, gestos y dichos del coportavoz popular en el Congreso de los Diputados, Rafael Hernando; todos los protagonistas de la justificación, cuando no exaltación, del franquismo siguen en sus puestos.

Dicen los demoscópicos que todo eso lo hacen para tener satisfecha a su base social. Pues bien, con todo lo que sabemos hoy, cualquiera que no sea esa base social o les abandona o pasa a formar parte de la misma base con todas las consecuencias.

II.

La segunda razón es la implantación de un régimen autoritario. Al uso despótico de la mayoría absoluta; al abuso del decreto-ley, que evita el debate parlamentario e impide la información ciudadana; a la utilización con violencia extralimitada de las fuerzas policiales; a la conversión de la realidad en propaganda, donde los eufemismos que dictan los argumentarios encuentran un auxilio en los medios de comunicación de masas, prácticamente monopolizados; a todo ello, el PP ha sumado finalmente el cambio de las leyes que afectan a los derechos humanos esenciales; y ha sumado el control de la justicia, único poder que se le escapaba hasta ahora.

Es cierto que muchos de esos pasos van siendo recurridos ante el Tribunal Constitucional y más de uno ha sido rechazado ya por ese Tribunal después de ser aplicado, pero eso no evita que el gobierno del PP haya puesto de manifiesto su ideología, un autoritarismo que choca con la democracia y camina por los bordes de la Constitución. Sin dudarlo y amparados en la experiencia histórica, esa ideología debe ser rechazada para garantizar la salud democrática.

III.

La tercera razón es la justificación de la corrupción. Que el caso Gürtel es un asunto de corrupción política que afecta al PP no es discutible, sea cual sea el resultado de los procesos judiciales que le atañen. Pero los principales responsables de esa corrupción, sobre todo en la Comunidad Valenciana, han seguido al frente de las instituciones públicas y el PP no los ha destituído. El rocambolesco asunto de Bárcenas y la contabilidad “B” tampoco ha podido ocultarse. Quizá los jueces tengan dificultades para desentrañar todos los pormenores, pero nunca se podrá negar que ingentes cantidades de dinero circularon por las cloacas del partido. Tales debieron ser esas cantidades, que el tesorero del partido, él solito, puso sustraer decenas de millones de euros clandestinos y colocarlos en paraísos fiscales. Cuando un micrófono descubre lo que realmente piensan los dirigentes o cuando se tiene acceso a los correos electrónicos de esos dirigentes, el grado de corrupción que se observa merece el calificativo de aterrador. Todo eso, en el ámbito político, independientemente de lo que dictaminen los jueces.

Los dirigentes del PP han dicho repetidas veces que esos asuntos políticos se sustancian en las urnas. Y así ha venido siendo, de manera que la persistencia del voto al PP le ha liberado de la responsabilidad política por la corrupción. Pero con esta acción, la responsabilidad política ha sido trasladada al votante. En términos éticos, esta forma de justificar la corrupción ha de ser rechazada sin atenuantes.

IV.

La cuarta razón es la negación del consenso. Nunca antes de ahora en la democracia habíamos observado un desprecio tan clamoroso a la opinión diferente. En el Parlamento no se escucha a la oposición ni en lo que tiene derecho. Hemos visto actitudes de algunas presidencias de comisiones tan abusadoras, que han tenido que ser desautorizadas por los propios compañeros de partido. Lo mismo pasa con la oposición en la calle: las huelgas y las enormes manifestaciones celebradas han sido despreciadas de forma explícita sin atender a ninguna de sus demandas. Ni la reforma laboral, ni la reforma de las pensiones, ni los múltiples recortes en educación, sanidad, servicios sociales han sido negociados con nadie. Pero es la Ley Wert la que ejemplifica de forma perfecta la ausencia de consenso. Y aquí también sólo hay un culpable, no vale el manido recurso al “todos son iguales”, porque esta abominable ley estuvo precedida del proyecto que hizo el ministro Gabilondo en el anterior periodo legislativo, proyecto al que fue convocado todo el mundo y que recogía la inmensa mayoría de las propuestas de la derecha. El PP se retiró del pacto sin poder aportar ninguna excusa, poniendo de manifiesto que su ideología, el autoritarismo, es incompatible con el consenso. El ministro Wert, con su soberbia avalada en Rajoy, ha dejado claro que la ruptura del consenso es cosa exclusiva de su partido. También por esto, delendus est.

V.

La quinta razón es el ejercicio de la oposición que ha practicado el PP desde que existe con ese nombre. Ha sido siempre una oposición agresiva, a la que los medios dieron el calificativo de crispación; una oposición que convocaba al odio a los diferentes; una oposición completamente desleal, incluso en los asuntos de Estado. Recordemos el uso que hizo del terrorismo, tanto en el Parlamento como en la calle; recordemos el recurso a la xenofobia, fuese en Melilla o en Badalona, donde Albiol reconoció, ante el juez que le absolvía, haber usado expresiones “inadecuadas” sobre los gitanos rumanos; recordemos que el mismísimo presidente del gobierno fue insultado en sede parlamentaria con el calificativo de “tonto solemne”; recordemos, en fin, la actitud ante la crisis económica, reflejada de forma perfecta en aquella expresión de Montoro: “dejad que se caiga España, que nosotros la levantaremos”. También por esto, el PP ha de ser arrojado a la indiferencia.

Al acercarse periodos electorales y eso va a ocurrir de forma continua desde los primeros meses de 2014, el argumentario insistirá en presentar una imagen bondadosa del partido, procurando que se olvide lo que realmente ha ocurrido y cómo se ha actuado realmente. Oiremos repetir insistentemente que la reforma laboral crea empleo, que el PP es el único que combate la corrupción, que la reforma de las pensiones es para hacerlas sostenibles, que mejora la educación, que es el gobierno más solidario, que ya hemos salido de la crisis. Y la voz nos llegará desde rostros sonrientes. El objetivo es que la gente moderada, esa que gusta llamarse de centro, vuelva a votar al PP. Ese voto, que se suma a las “bases sociales” es el que sostiene al partido y, por lo tanto, al que le corresponde la plena responsabilidad por lo que ocurre: franquismo, autoritarismo, corrupción, intolerancia y crispación. Por eso, es una obligación moral mantener vivo el recuerdo, para que no nos llamen a engaño.

Cuando digo que el PP debe ser destruido, no pienso en ninguna acción represiva, por supuesto. Sólo pienso en el único aval de que dispone el PP, el voto. Mientras la ciudadanía de derechas moderadas siga fiel al PP está cerrado el camino para avanzar en España: no se podrá terminar con el franquismo; se fortalecerá el régimen autoritario y decaerán las libertades; no terminará la corrupción con su secuela de desamortización de los bienes públicos y su entrega a una casta de amiguetes; será imposible recuperar el consenso y, por lo tanto, cambiar la Constitución; y estaremos condenados a la crispación política. ¿O es que alguien piensa que el PP va a reconocer alguna vez esta relación de agravios?

El final del camino es un país dividido, sin derechos sociales, con desigualdad rampante y pobreza extendida, desconocedor de lo que significa cultura, un país, triste, atrasado, envejecido, decadente. Y el camino está apunto de terminar. Si el voto moderado reacciona, el PP se destruirá inexorablemente. Estamos invitados a observar lo que nos anuncia el nuevo año, pero también a decidir la dirección.

Marcelino Flórez

El sistema autoritario se reafirma

El gobierno del Partido Popular continúa construyendo un sistema político autoritario en España. No importa que los tribunales vayan, poco a poco, desautorizando sus actuaciones policiales o las insólitas desamortizaciones de los bienes sociales públicos, porque el gobierno dispone de un instrumento extraordinario y lo usa de forma consciente: la mayoría absoluta parlamentaria. Lo acaba de certificar su portavoz en Las Cortes, Alfonso Alonso.

Después de utilizar el decreto-ley como un instrumento para evitar el debate legislativo, ahora ha puesto en práctica el desmantelamiento de la otra función constitucional que le corresponde al legislativo, el control del gobierno. Recodemos que el presidente del gobierno sólo acudió al Parlamento (para dar cuenta de un asunto de corrupción que le atañe directamente y que avergüenza, incluso, a algunos votantes del partido) después de haber recibido la amenaza de una moción de censura. ¡Y lo hizo el día 1 de agosto, día universal de las vacaciones! Esto no es más que el inicio de la destrucción de la función de control del ejecutivo que, comenzando por el propio presidente de Las Cortes, está aplicando el gobierno por medio de un uso no constitucional de la mayoría parlamentaria. La oposición se verá obligada a recurrir por vía jurídica esas malas prácticas, pero cuando los jueces les den la razón, el autoritarismo habrá obtenido ya el éxito buscado, que en este momento es la ocultación de los delitos de corrupción que presuntamente afectan al partido que sustenta al gobierno.

El poder ejecutivo actúa en la misma dirección autoritaria. Uno de los últimos ejemplos fue la publicación de los datos del paro del mes de agosto. Este dato, que forma parte del patrimonio público común y que corresponde la función pública de las instituciones difundir, fue privatizado por el Partido Popular y lo dio a conocer su Secretaria General. Es uno de los últimos ejemplos de la apropiación indebida del patrimonio común y del uso clientelar del poder, después de que hubiese chuleado de lo mismo el ministro Montoro con datos privados relativos a los actores cinematográficos o a la prensa libre; y la ministra de Trabajo, difundiendo datos privadísimos sobre regulación del empleo en un sindicato. Las personas que han actuado así continúan en sus puestos.

Conservábamos alguna esperanza con el poder judicial, a pesar de las intromisiones que habíamos conocido, pero la sostenida presencia de Francisco Pérez de los Cobos en la presidencia del Tribunal Constitucional nos arrebata la última esperanza. El control de los máximos órganos del poder judicial deja todo el poder en manos del autoritarismo. Por eso, hay que dar la razón a la juventud que grita en las calles “lo llaman democracia y no lo es”.

Perfecciona este sistema autoritario la utilización de la propaganda como sustituto de la información. Y en esto comienzan a dar sus frutos las concesiones de medios informativos a la propia clientela que hizo, sobre todo, el gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid. Acabamos de saber, además, que continúa subvencionándose a esos medios a través de la contratación de anuncios, como ha hecho la ministra de Sanidad con la reciente campaña sobre violencia de género. Como ya sabía Goebbels y han practicado todos los dictadores, una mentira repetida muchas veces llega a parecer una verdad. Los halagos que la prensa cautiva proporciona diariamente, aun siendo tan empalagosos como son, sirven para justificar la mala conciencia de los votantes autoritarios. (Debemos observar que estos votantes no son unos “tontos de los cojones”, como dijo uno de los alcaldes más votados de todas las épocas; “salvo algunos casos”, añadiría yo, parafraseando al presidente del gobierno).

Así se cierra el círculo del autoritarismo, que tiene su base en el voto democrático: son los votantes los que lo sostienen. Ellos lo saben y ya ni se avergüenzan de pregonarlo a todos los vientos: recordad a Camps en Valencia, absuelto en todas las instancias con los votos populares.

Estamos, pues, en un sistema autoritario, que sólo puede combatirse con los votos (aparte de la ley). Eso no justifica nada, pero debería servir para facilitar la reacción de los partidos democráticos, que, de paso, tendrían que aprender a analizar correctamente la realidad, a dotar de coherencia a sus ideas con su práctica y a generar la confianza de los electores. Privar del voto al Partido Popular por medio de la crítica es la primera tarea. La segunda, más difícil, es generar la confianza de los electores y, para ello, además de coherencia demostrada, hacen falta propuestas creíbles.

Marcelino Flórez

 

Responsabilidades en el fascismo

Rainer Huhle, jurista y activista alemán de los derechos humanos, explicaba ya en 1997 en un escrito titulado De Núremberg a La Haya, cómo los veredictos de los jueces son el principal criterio de moralidad, al establecer lo que es justo y lo que es injusto. Argumentaba, para explicarlo, que un crimen sin castigo, tarde o temprano, pierde el carácter de crimen. La justicia establece, pues, la moralidad, del mismo modo que la falta de justicia implanta el reinado de la impunidad. Por eso es tan importante el comportamiento de la justicia, porque es modelo de moralidad.

Las iglesias han perdido la hegemonía en lo que se refiere a la moral, pero hay un espacio donde las religiones conservan su autoridad, aquel que sirve para justificar la conciencia, más allá de la moralidad de los actos. Este espacio habitualmente lo comparten las iglesias con los partidos. Lo ha explicado muy bien Bartolomé Clavero en su libro, comentado en este blog, El árbol y la raíz, y es casi un axioma historiográfico la eficaz tarea que ejerció la Iglesia católica en la justificación del franquismo, donde la moralidad nunca existió.

Para los fieles seguidores, iglesias y partidos siguen siendo un modelo de comportamiento, sea éste ético o no. Lo hemos visto y lo vemos cada día en España con el asunto de la corrupción. El partido justifica la corrupción e, incluso, la avala con todo tipo de triquiñuelas jurídicas, como se ha constatado en sede judicial en el caso Bárcenas y su relación con la Gürtel. Así, los corrompidos no tienen que dimitir y en las siguientes elecciones sus votantes les refrendan en su representación. El estado de corrupción adquiere de esa manera carta de naturaleza y se instala en la sociedad, donde se llega a calificar de tonto a quien actúa moralmente.

Las manifestaciones homófobas que han recorrido Francia, con el apoyo de la derecha y de la Iglesia católica, han servido para animar a los fascistas, que se han visto cargados de razón con el enorme apoyo popular que han tenido las marchas. Como ha explicado muy bien Edwy Planel, antiguo redactor de Le Monde y actual director de Mediapart, en una entrevista de Bonzo para El Intermedio, la radicalización derechista del partido de Sarkozy es la causa de lo que estamos contemplando en Francia. No os quiero decir si hablásemos de España.

Ya sé que no existe causalidad directa entre la actitud de la derecha francesa y de la Iglesia católica con el asesinato del joven antifascista francés, Clément Méric, pero el envalentonamiento de los fascismos no sería posible sin el aval de la confluencia en el pensamiento y en la movilización con la derecha y con el integrismo religioso. Por cosas parecidas el Tribunal de Núremberg enjuició en 1945 a Julius Streicher, un anónimo profesor de un colegio de esa misma ciudad, que, con la ascensión de los nazis, se convirtió en un apasionado propagandista antisemita. El Tribunal le inculpó porque su propaganda había servido para preparar la guerra. En todo caso, independientemente de las responsabilidades penales, la responsabilidad política de la derecha radicalizada y del catolicismo integrista no tiene excusa. Las agresiones fascistas que han tenido lugar en Valladolid no se pueden separar, igualmente, de la radicalización de la derecha española y de sus falsarios y constantes ataques al movimiento social, de todo lo cual el alcalde de esa ciudad es un prototipo.

Marcelino Flórez

 

Lección italiana

Si Europa y los Mercados andan tan preocupados con las elecciones italianas, será por algo. Dicen que el resultado conduce a un país ingobernable, pero, digo yo, que será ingobernable según el modelo previsto y, tal vez, deseado por ellos. No ha habido mayorías y eso significa que están obligados a pactar. ¿Es eso malo? A mí me parece mucho peor el autoritarismo que Europa y los Mercados quieren imponer en todas partes.

Pero fijémonos en los resultados. El partido de Monti ha fracasado, es decir, se ha rechazado al gobierno y sus recortes, igual que en todos los países donde ha habido elecciones después de la crisis y de las políticas impuestas para enfrentarla. Europa y los Mercados siguen sin convencer a la inmensa mayoría.

El segundo elemento destacable es el regreso de Berlusconi, la derecha real italiana. Ha estado a punto de ganar de nuevo. Se dirá que el control de los medios de comunicación favorece ese resultado. Sí, pero esta vez la derecha tenía una opción más coherente y ha preferido esta vía segura, la del capital sin careta. Berlusconi es un sinvergüenza, pero consiente el negocio del hotelero, donde yo me hospedé la última vez que estuve en Roma, que aumentaba sus ganancias habilitando cuadras y trasteros para el hospedaje. Ese votante es la derecha y Berlusconi le da lo que pide. Si, además, persigue al inmigrante y asiste a las procesiones, tiene otro voto puro garantizado. Nada extraño, pues, en este resultado.

La izquierda de Bersani tenía todas las previsiones a su favor y ha ganado, pero ha sido una victoria pírrica. Bersani es un tipo serio, consistente en la teoría y se ha sometido a primarias, pero no ha sido capaz de atraer más que el voto siempre fiel. Ha eliminado en su biografía toda referencia al pasado comunista, pero la memoria continúa pasando factura y limitando apoyos. Los viejos partidos tienen un problema, aunque, como en este caso, hayan hecho autocrítica y hayan cambiado sus posiciones de forma inequívoca. Como mínimo, necesitarían otras personas que careciesen de responsabilidades históricas, aunque seguramente eso tampoco sería suficiente.

Otra novedad electoral ha estado en el Movimiento 5 Estrellas, una agrupación política más compleja de la apariencia primaria que le proporciona el cómico que la lidera. Han formado sus listas electorales por medio de un concurso curricular público, por lo que las personas elegidas son nuevas en la política, pero no desconocidas entre la población. Es verdad que el mensaje es ambiguo, tal vez deliberadamente, y va poco más allá del rechazo a lo que existe, pero ya tienen práctica de gobierno, como es el caso de la alcaldía de Parma. Asumen algunas propuestas ecologistas y rechazan signos de los poderosos, como los grandes y costosos coches oficiales. Les toca ahora una importante responsabilidad y será ahí donde se pondrán a prueba. Algo han dejado en claro, de todos modos, que la indignación busca caminos para ser representada.

No es posible la comparación con España, donde el sistema electoral y el sistema de partidos son bien diferentes, aunque sí se desprende alguna lección: la política económica europea es rechazada; la derecha perfecta, como ya ha demostrado la valenciana o la madrileña, tiene asegurado un suelo electoral por encima de corrupciones y de recortes; los viejos partidos y los políticos que los lideraron en la izquierda no sobrepasan un techo electoral bien bajo; lo que ha de venir no está aún construido.

Por suerte, no existen elecciones generales a la vista y las europeas, primero, y regionales y municipales, después, posibilitarán clarificar un poco el panorama, a no ser que los papeles de Bárcenas trastornen la previsible hoja de ruta.

Marcelino Flórez

Estado de la Nación: el Régimen y la reforma constitucional

Como hemos explicado en otra ocasión (http://dictadura-o-regimen-autoritario/), vivimos en un Régimen autoritario. El debate sobre el estado de la Nación ha permitido constatarlo una vez más. El presidente ha sustituido la narración del estado de la Nación por la propaganda, para tener contenta y aunada a su clientela. Según él, su gran capacidad de gestión ha evitado el rescate económico de España y, gracias a la reforma laboral (seis millones de parados) y a los recortes (aniquilación de la sanidad, la educación y la dependencia), España ha sacado “la cabeza del agua”.

El estado real, una Nación parada, desahuciada, despojada de los derechos sociales conquistados, desarticulada territorialmente y emponzoñada de corrupción, ha sido relegado al olvido. Con la ayuda mediática, Rajoy recobrará el liderazgo interno, algo resquebrajado por su apartamiento de la gente, acentuado éste a raíz de los 22 millones aparecidos en Suiza; y eso a pesar de que tuvo la mala suerte de que los autores de su discurso le hicieran citar a un fascista francés de origen argelino, Loui Hubert Gonzalve Lyauty, para justificar la necesidad y urgencia de sus impopulares y, por el momento, ineficaces y perjudiciales reformas. Auguro corta vida a esta imagen recuperada entre la propia clientela.

Otro elemento constitutivo del Régimen, el bipartidismo, ha sido visualizado en el debate como elemento decadente. No sólo es que la ciudadanía se vaya desligando de ese elemento, es que han sido los pequeños partidos lo que han hecho la oposición al gobierno (hay que nombrar al representante de Compromìs-EQUO, Joan Baldoví) y han reclamado unánimemente un cambio de la ley electoral, en la que se fundamenta el bipartidismo. Los socialistas han terminado uniéndose a este reclamo.

Ha habido en el debate otra novedad, que muestra la quiebra del Régimen autoritario: uno de los partidos del sistema, el PSOE, ha expresado públicamente que se ha roto el consenso de 1977, como algunos venimos sosteniendo desde hace tiempo (http://ruptura-del-consenso/).

Es tan clara la conciencia de final de ciclo, que el mismo Rajoy ha tenido que admitir, con la boca pequeña y el ojo izquierdo desorbitado, que se puede pensar en algún cambio constitucional. Para mí, esta concesión es la mayor novedad del debate, porque pone de manifiesto que la sociedad en su conjunto ha comprendido que el periodo iniciado con la muerte de Franco ha terminado.

Y tengo que reconocer finalmente una coincidencia con las palabras de Rajoy: que la sociedad no está madura para acometer la imprescindible reforma constitucional. Hay dos elementos muy desestabilizadores, uno es la propia crisis económica; el otro, la quiebra institucional que está afectando a la monarquía, a la judicatura, a la “política” y a las administraciones del Estado. Sobre todo, hay inmadurez en la representación política: una derecha aglutinada en un partido sin legitimidad (http://la-ilegitimidad-del-pp/) y donde la UPyD ofrece más dudas que esperanzas; el PSOE, sin terminar de resolver el desorden interno y sin desligarse de la imagen del pasado; y, sobre todo, una izquierda multiforme, desarticulada y alejadísima de poder ofrecer un mínimo programa de confluencia. Esta confluencia, si no son capaces de construirla los que vienen del pasado (¡qué poco adecuados aparentar ser  los principales portavoces parlamentarios de esta legislatura!), tendrán que lograrla los que empujan en el presente, aunque está tardando en diferenciarse el trigo de la paja.

Marcelino Flórez

Me consta que sí

El argumentario del día siguiente decía que se debía decir “no me consta”. Es una expresión exacta para el ocultamiento. Si quisiesen o pudiesen afirmar que no existen movimientos de dinero negro, el argumentario habría dicho “me consta que no”. Pero consta que sí tiene el que era tesorero del Partido Popular una cuenta repleta de euros en Suiza y consta, porque así lo ha afirmado su abogado y yo lo he oído, que legalizó unos diez millones de su dinero oculto gracias a la amnistía de la Hacienda del ministro Montoro.

Existen ya testimonios publicados que afirman que la tesorería del Partido Popular tenía una contabilidad oficial y otra oficiosa. Dice la inefable Secretaria General que las cuentas están claras y revisadas, pero no nos asegura que le conste que no hay o no hubo una contabilidad B, oculta, desconocida, de donde pudieran haber salido las sumas clandestinas que llegaban a Suiza y, quizá, los sobres como el que se perdió en un bar de Santa Marta de Tormes el día 1 de marzo de 2004, según relataba la Cadena Ser entonces.

Lo que no consta seguirá la vía jurídica que tenga que seguir. Lo que consta que sí tiene, además, una trayectoria política: el Partido Popular incrementa su ilegitimidad (/la-ilegitimidad-del-pp/) con la confirmación pública de las cuentas del tesorero y de sus empresas agrarias en Argentina y pierde toda legitimidad cuando la Hacienda que dirige legaliza unos diez millones de euros del extesorero sin que el ministro sea cesado de forma fulminante.

Hay algunos españoles que están indignados y eso no sorprende, porque lo que resulta insólito es que, constando lo que consta, estos gobernantes se hayan permitido hacer la reforma laboral que han hecho, privatizar, como han privatizado, la educación, privatizar, como están intentando, la sanidad, amenazar, como amenazan, al sistema público de pensiones, eliminar, como están eliminado, la atención a la dependencia, usar el dinero público para pagar la mala gestión de los bancos. Y habiéndose permitido todo eso, lo que sorprende es que quede una sola persona en España que no se indigne, que no se dé de baja, que no manifieste públicamente que le engañaron cuando les votó. Esto es lo que sorprende y lo que intranquiliza, porque lo que sí consta es tan enorme, tan desmedido, tan merecedor de repudio, que sólo admite una respuesta: la cuarentena para un partido sin legitimidad de origen y sin legitimidad de ejercicio.

Marcelino Flórez