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Ochenta años después

La derrota del franquismo está siendo muy lenta. No obstante, las celebraciones en este octogésimo aniversario van quedando relegadas a la extrema derecha, con Intereconomía de protagonista, además de otras opiniones erráticas de la todavía legal Fundación Francisco Franco o alguno de sus miembros, que encuentran acomodo en las páginas de ABC, y aparte de algunas parroquias católicas, que siguen acogiendo el acontecimiento sin avergonzarse. Para la gente normal, la fecha del 18 de julio no pasa de ser un mal recuerdo.

La historiografía también ha dado pasos definitivos. Atrás ha quedado la justificación del Alzamiento Nacional con la falacia de la revolución comunista o de la Cruzada con la hipérbole de la persecución religiosa. En la sociedad, el golpe de Estado también va perdiendo las justificaciones, a pesar del esfuerzo permanente que realiza la Iglesia católica con su martirologio y a pesar de los negacionistas, encabezados por Stanley G. Payne, que se retrotraen a la Revolución de 1934 o la proclamación de la República para encontrar justificación del golpe de Estado.

La interpretación de la equidistancia, sin embargo, aquella del “todos fuimos culpables” de Vidarte o de “no fue posible la paz” de Gil Robles, que terminaba calificando a la Guerra como una catástrofe colectiva inevitable, que había que olvidar, esa interpretación tarda más en caer. A veces reverdece, incluso, y uno puede encontrar autorizados artículos de opinión en El País cargados de expresiones como “contienda fratricida”, “cataclismo colectivo”, “deplorable catástrofe de atrocidades homicidas” y otras varias, así dichas, sin más precisión, que conducen inevitablemente a la arcaica catástrofe colectiva que nos invitaba a olvidar.

Pero esta tesis de la equidistancia ya no cuaja, como lo hizo durante el régimen de la Transición, porque ahora existen las fosas abiertas y, paso a paso, van apareciendo todos los nombres y sus esqueletos. “Aquello” ya no se puede ocultar. Por si quedaban dudas para algunos, el Tribunal Supremo calificó los crímenes del franquismo como crímenes contra la humanidad. Lo hizo en el razonamiento QUINTO de la sentencia 102/2012 de la Sala de lo Penal, por la que absolvía al juez Garzón del delito de prevaricación, con estas palabras: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”. Como razonaba Antonio Elorza en El País el 1 de noviembre de 2008, “de los crímenes nazis a Karadzic, una calificación (jurídica) adecuada de los crímenes vale más que una cascada de libros”.

Pese a quien pese, esta es la novedad del octogésimo aniversario. De modo que para la ciencia histórica, el golpe de Estado del 17 de julio de 1936 fue un acto “fuera de toda legalidad”, que atentó “contra la forma de gobierno”, proyectando y ejecutando un “crimen contra la humanidad”, según está demostrado historiográficamente y aseverado por la Audiencia Nacional y por el Tribunal Supremo. Fin del debate interpretativo.

La sociedad, sin embargo, camina más lenta y el franquismo perdura. Pero el camino para remediarlo no es la ocurrencia que acaba de tener el abogado Eduardo Ranz con la aquiescencia de Zapatero, de emprender una iniciativa legislativa popular para mejorar algunos aspectos de la conocida como Ley de Memoria Histórica. El movimiento memorialista, sin necesidad de personalismos anacrónicos, hace ya mucho tiempo que viene buscando el acuerdo de los partidos con representación parlamentaria para crear un Comisión de la Verdad, que asiente con todo rigor la verdad histórica ya conocida y que oriente a los poderes públicos acerca de la legislación deseable, como han hecho todas las comisiones de la verdad en los países que sufrieron dictaduras criminales. Esta es la tarea en el octogésimo aniversario del crimen.

Marcelino Flórez

‘El abrazo’, de Genovés

Desde el día 7 de enero cuelga en Las Cortes el cuadro de Juan Genovés, titulado El abrazo. Es de 1976, unos meses después de morir Franco. Pero ¿qué representa y qué significa? Varios hombres y una mujer, de espaldas, con los brazos abiertos y vestidos con ropa común de calle, corren al encuentro de otras personas con aspecto parecido, que llegan de frente, con paso más reposado, y se abrazan efusivamente con afecto familiar. La mujer de la derecha aún no ha llegado al encuentro hacia el que se dirige y no vemos a la persona que quiere abrazar. Las que se abrazan no son personas desconocidas, no son gente de la calle, son familiares y amigas. Se nota que se buscan, que se esperan y se quieren.

Dice Genovés que la escena se la inspiraron los niños de un colegio junto a su casa, que se abrazaban al salir de clase. Está claro que los que se abrazan en el cuadro salen de algún sitio, que no es la clase, pero es la cárcel. Para mí, el cuadro siempre representó la libertad de los presos en las cárceles franquistas. La reproducción que tuve colgada en la pared de mi cuarto durante décadas se la compré a Amnistía Internacional, que tomó este cuadro como uno de los símbolos de su misión: la libertad de los presos, la amnistía de los delitos de opinión y de pensamiento. Es verdad que también difundieron mucho esos mismos carteles el PCE y las Comisiones Obreras. Lo hicieron en reclamación de la libertad de sus presos, que llenaban las cárceles franquistas en 1976. En el caso del PCE pudiera ser que este cuadro pasara a representar también su estrategia originada en en 1956 y conocida como la reconciliación nacional.

Juan Cruz ha titulado su reportaje en El País sobre el hecho que comentamos como ‘El Abrazo’ de la Transición y, para no dejar lugar a dudas, subtitula: “sobre la reconciliación española después del franquismo”. Aquí está el gato encerrado, que no logramos descubrir claramente durante la Transición, pero que no puede seguir oculto ahora.

Juan Genovés, en los actos de colocación del cuadro en el Congreso de los Diputados, cuya crónica hace Juan Cruz, precisa repetidas veces el significado que él atribuyó al cuadro: Ahora es del Congreso, dice el cronista, “como lo fue desde el principio de todos los demócratas que lo hicieron suyo… Yo quise que representara la resistencia contra el franquismo y la reconciliación de los españoles”, recalca el pintor.

Tratemos de dilucidar lo que dice el autor: el cuadro no puede ser al mismo tiempo símbolo de la resistencia antifranquista y de la reconciliación con el franquismo. O lo uno o lo otro. ¿Es posible alguna reconciliación de todos los españoles sin renunciar al franquismo, sin reconocer que aquella fue una dictadura criminal contra la humanidad, como ha reconocido el propio Tribunal Supremo? ¿Es posible una reconciliación con el franquismo, lo es con el nazismo, lo es con el fascismo, lo es con el esclavismo, lo es con el colonialismo? Toda reconciliación implica el reconocimiento de las víctimas inocentes y la condena de los victimarios. Lo otro, el olvido del crimen, es una nueva condena de las víctimas y la concesión de la impunidad a sus asesinos. No es reconciliación.

El error procede de la falsa lectura que se hizo en 1977, durante la aprobación de la última amnistía, del concepto comunista de reconciliación nacional. Cuando el PCE propuso esa idea en 1956 pensaba en abandonar el conflicto político expresado en términos de izquierda contra derecha, para transformarlo en un conflicto entre democracia y dictadura, es decir, en aglutinar a toda la oposición democrática contra la dictadura. Eso se concretó unos años después en la fórmula de “unión de las fuerzas del trabajo y de la cultura”, donde cupieron, por ejemplo, los democratacristianos de Ruiz Gimenez y una variada gama de grupúsculos intelectuales, insertados en el régimen, pero críticos con el franquismo. Cuando Carrillo o el mismísimo Camacho, éste en la sesión de Cortes del día 14 de octubre de 1977, confundieron reconciliación de los demócratas con reconciliación con la dictadura, se equivocaron. Los que no supimos verlo entonces, casi todos, salvo unas pocas víctimas, no tenemos que seguir siendo ciegos ahora.

El cuadro de Genovés no es ‘El Abrazo’ de la Transición, es el abrazo de los demócratas españoles a los presos del franquismo. El autor lo ha precisado perfectamente el día 7 de enero: “y de la Resistencia antifranquista”, dice Genovés, no sólo metáfora de la Transición, como había señalado Izquierda Unida ya en 2003. Entronizar el cuadro en Las Cortes ha sido un paso importante, ahora sólo falta crear una Comisión de la Verdad, que dilucide definitivamente los crímenes de la Guerra Civil y del Franquismo, pasa asentar las bases de la reconciliación. Si alguien, después de la clarificación oficial, quiere seguir sin condenar el franquismo, habrá que legislar para que pase a ser un delincuente, no un mero tertuliano integrista.

Marcelino Flórez

Primo Levi y la Comisión de la Verdad

La editorial Península acaba de publicar una recopilación de testimonios de Primo Levi, algunos de ellos escritos en colaboración con Leonardo de Benedetti, otro deportado, con el título de Así fue Auschwitz. Quien haya leído la trilogía de Levi sobre el holocausto, simbolizado en Auschwitz, comprobará con este nuevo libro que la reconstrucción del crimen no está acabada.

Uno de los escritos recogidos se titula “Aniversario” y conmemora el décimo aniversario de la liberación del campo por el Ejército Rojo. Es, por lo tanto, de 1955. Se lamenta aquí Primo Levi de que sea el olvido del crimen lo que impera en Italia, además de la acusación de victimistas o de morbosos, cuando no de mendaces o impúdicos, que alguna gente hace a las víctimas que osan recordar. (¡Cómo me recuerda esto a Rafael Hernando!).

Y el silencio se impone, razona Levi, por la mala conciencia de mucha gente, que trata siempre de “desviar la discusión” cuando aparece el crimen sobre la mesa, trayendo “a colación las armas nucleares, los bombardeos indiscriminados, el proceso de Núremberg y los problemáticos campos de trabajo soviéticos”. (¿Observan ustedes que esta argumentación no ha perdido ninguna actualidad?) Sigue diciendo nuestra víctima de Auschwitz que no le importa cuando quien así actúa es un nazi o un fascista, porque “es natural”, pero que le hiere mucho cuando el silencio culpable alcanza a los intelectuales o a las propias víctimas.

También comprende, no obstante, este silencio culposo, que nace de la vergüenza que el crimen produce en toda la humanidad, la cual no puede sentirse ajena a aquellos hechos, porque es la propia Europa la que engendró Auschwitz: “vivíamos en ese siglo en que la ciencia se vio doblegada, y dio a luz las leyes raciales y las cámaras de gas. ¿Quién puede decirse convencido de ser impune a la infección?”. (Primo Levi no lo sabía entonces, pero Wallter Benjamin había dejado escrita, antes de suicidarse unos pocos años atrás, la explicación racional de esa responsabilidad europea.)

El autor, denunciada la mala conciencia, reclama con vehemencia la palabra, que se diga, que se conozca la verdad. Eso sí, sin “agavillar a víctimas y asesinos”, esa equidistancia que hoy con tanta insistencia escuchamos. En otros escritos posteriores Primo Levi calificaría esta posición ideológica de la equidistancia como “perversión moral”, porque la identificación de las víctimas con sus verdugos tiene como finalidad garantizar la impunidad de los asesinos, mientras perdura sin reparación la injusticia de las víctimas.

En esta segunda transición que estamos, todos, protagonizando, me ilusionaría escuchar en la voz de los líderes políticos democráticos esa misma recomendación de Primo Levi: el compromiso expreso de crear una Comisión de la Verdad sobre los crímenes del franquismo tan pronto como se formen las nuevas Cortes. Eso sí que daría fin al franquismo, integrándolo en la conciencia colectiva, con víctimas y con asesinos en sus correspondientes capítulos. Y aquí, la palabra o el silencio sí que dividen las opciones de la nueva transición. Sigo escuchando con toda atención.

Marcelino Flórez

La losa del senador Peñarrubia, del PP

Para mí, la herencia más injuriosa del Partido Popular es la negación de los crímenes del franquismo, mediante la ocultación de su existencia a través de la anulación de la financiación de las exhumaciones, corroborada esta negación con las palabras explícitas del senador Peñarrubia: “Ya no hay demanda de exhumaciones ni más fosas por descubrir, salvo que se empeñen en buscar a Federico García Lorca en los cuatro puntos cardinales de España”. Quien haya tenido oportunidad de ver y escuchar al senador en su intervención del día 8 de octubre de 2015, justificando la ausencia de presupuesto para exhumaciones y otras reparaciones de crímenes franquistas, no puede haber dejado de sentirse incómodo no sólo por las injuriosas palabras, sino por el tono y la gesticulación, que más parecía chulería y afectación, que sinceridad y veracidad.

Al tiempo que niega, el senador miente, porque no puede desconocer, ya que ha sido fijado en auto judicial, publicado y corroborado por la máxima autoridad, que existen 114.226 casos documentados de personas desaparecidas. ¡La cifra más alta en el mundo, salvo en Camboya! Del mismo modo que no puede desconocer, pues es noticia pública cotidiana, la aparición de restos de personas asesinadas y desaparecidas: en los últimos quince años han sido exhumadas 6.200 de esas personas. Y, como ha recordado Emilio Silva, esa cifra sólo representa el 5 por 100 de las víctimas que, según se estima, siguen desaparecidas.

Cuando el senador dice que ya no hay demanda de exhumaciones, ¿será que desconoce el continuo lamento de familias de las víctimas reclamando su búsqueda? Basta con que eche un vistazo a la página web de la ARMH: “No hay día que no recibamos algún contacto de alguien en relación con este tema”, acaba de decir Emilio Silva, su presidente.

No es necesario razonar más la mentira del senador, porque nos hallamos ante una evidencia. Lo que Peñarrubia quiere es ocultar la realidad, mantenerla sepultada, con los archivos cerrados y la tierra sobre los cadáveres. El negacionismo de Peñarrubia lo corrobora cada día su partido. El día 20 del mismo mes de octubre la diputada Rocío López ha dicho en sede parlamentaria: “Si quieren reabrir heridas, con nosotros no van a contar”. Usa la metáfora “heridas del pasado” para referirse a los crímenes franquistas y dice que eso no se toca.

Constatamos una vez más que en España sigue ocurriendo algo que ya no ocurre en ningún otro país del mundo: la ocultación y la negación de un crimen contra la humanidad. Es casi incomprensible que eso siga ocurriendo, pues el mismísimo Tribunal Supremo ha reconocido que los crímenes de la Dictadura son “delitos contra la humanidad”. Y eso no prescribe, por lo que debe ser investigado y su negación perseguida de oficio. ¿Acaso no existirá en España una fiscalía para cumplir esa misión?

Cuarenta años de un régimen criminal y otros cuarenta de ocultación y negacionismo son como una gran losa que pesa sobre los españoles. Esta es la fosa que el Partido Popular, su diputada y su senador, no quieren que se abra. “Si tiramos todos, ella caerá” y la Dictadura y sus negadores ocuparán el mismo y definitivo lugar en la historia, aquel en el que les sitúe la justicia y la verdad. Por eso, es urgente la creación de una Comisión de la Verdad, a la que nadie debe temer, salvo los delincuentes.

Marcelino Flórez

Borrar los nombres

En el contexto de la celebración del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y los Represaliados, la ARMH organizó unos actos en León para el día 12 de septiembre, conmemorando al mismo tiempo sus quince años de existencia.

Entre las actividades previstas, el artista leonés, Luis Melón Arroyo, había preparado una teatralización conmemorativa sobre la prisión franquista de San Marcos. Consistía en escribir con tiza en la plaza del monasterio los más de 6.000 nombres de represaliados que sufrieron allí prisión.

Consistía en escribir y en hacerlo con tiza, para que fuesen borrados por las pisadas de la gente, “un símil -decía el autor a la prensa local- de la actual desidia del gobierno y las instituciones sobre los represaliados, las fosas y cualquier cosa que tenga que ver con la memoria histórica”.

A las 8 terminaron de escribir los nombres y a las 12 el camión de la limpieza municipal los borró con un potente chorro de agua. No se pudo cumplir el objetivo: que fuesen borrados por las suelas de los zapatos de la gente.

Dice el alcalde, entre pintorescas disculpas, que atruenan por su hipocresía, que en todos los sitios se limpia. Este alcalde se llama Antonio Silván y durante mucho tiempo fue el Consejero mejor pagado de la Junta de Castilla y León, queriendo dar a entender con esa enorme paga que era un “técnico”, oponiéndolo al concepto de político. Pero en la primera ocasión ha demostrado que es un político de los peores, un político franquista y sin un ápice de capacidad técnica.

Las víctimas del crimen contra la humanidad que cometió el franquismo claman con renovada fuerza desde todos los puntos cardinales y no hay chorro de agua que pueda apagar el grito reclamando justicia. Llegará la Comisión de la Verdad, llegará la condena del franquismo en las leyes, llegará la reparación de las víctimas y los que siguen aparando el olvido borrando los nombres con un chorro de agua terminarán relegados al vertedero de la historia para desprecio eterno de las gentes con las conciencias limpias.

Marcelino Flórez

La responsabilidad de Pemán

Las hijas e hijo de José María Pemán han anunciado una demanda contra la concejal de IU en el Ayuntamiento de Jerez, Ana Fernández, por referirse a su padre como “fascista, misógino y asesino” durante el debate sobre la retirada de un busto de aquel escritor en el teatro Villamarta, busto que había colocado el Partido Popular un año antes. El anuncio ha levantado una polvareda con las reacciones. ¿Cuál es la razón?

Está tan instalada la justificación del franquismo en nuestra sociedad, que una buena parte de ella considera este escándalo de las hijas e hijo de Pemán, seguramente sincero, como una cosa normal y hasta evidente. Dice la familia que pretende restaurar “el honor y la dignidad, tan gravemente mancillados”. Pero, para que exista falta contra el honor, lo que ha dicho la concejala tiene que ser falso y, por lo tanto, ser un insulto o una calumnia, según el caso. No sé si Pemán era misógino, estando su casa, como estaba, tan llena de mujeres. Lo que sí sé es que era fascista, como manifiestan reiteradamente sus escritos y sus declaraciones. Fue, además, miembro del Consejo Nacional de FET y de las JONS, lo que, sin duda, requiere un buen grado de fascismo. Parece que por ahí no hay insulto, ni ataque a la dignidad, ni falta a la verdad.

La clave del conflicto está en el término “asesino”. Yo no sé si Pemán mató a alguien alguna vez con alevosía y premeditación. Parece que se dedicó más a las arengas, en las que, entre otras cosas, decía: “ La idea de turno o juego político, ha sido sustituida para siempre, por la idea de exterminio y expulsión”. Palabras fuertes y no exentas de responsabilidad en aquellos turbios días de guerra. Sí sé, en cambio, que José María Pemán ocupó cargos de responsabilidad en las instituciones franquistas y que dictó normas que condujeron a la muerte premeditada de muchas personas. En concreto, Pemán fue nombrado por Franco “ministro” en la primera Junta Técnica del Estado, encargándole la “cartera” de Comisión de Cultura y Enseñanza. Desde ese cargo dictó las instrucciones del 7 de diciembre de 1936 a los vocales de las Comisiones Depuradoras del personal docente. Esta norma organizó definitivamente la depuración del magisterio, profesorado de institutos y de universidad, tanto en centro públicos como privados. El resultado de esa depuración en la provincia de Valladolid, por ejemplo, que María Jesús Izquierdo acaba de publicar (“Pizarras vacías”) se resume así: 225 docentes represaliados en la provincia; de ellos, 4 exiliados y 63 con represión física; de éstos, 18 asesinados extrajudicialmente, 4 fusilados, 37 encarcelados, 2 muertos en la cárcel, 1 tal vez suicidado, 1 desaparecido. Alguna criminalidad sí debió resultar de aquella normativa, según parece.

“Lo que ocurre en España -escribía Gabriel Jackson en El País el 3 de noviembre de 2008-, una parte importante del problema es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud”.

Eso decía Jackson en 2008 y sigue siendo así, pero hay alguna novedad. Aunque la sociedad española no ha asumido la criminalidad del franquismo, la historiografía viene certificando ésta, nombre a nombre, desde los últimos quince años; y, lo que es más importante, los jueces han calificado finalmente al franquismo como responsable de crímenes contra la humanidad. Lo ha escrito el Tribunal Supremo en el razonamiento quinto de la sentencia 102/2012, por la que absuelve a Garzón de la denuncia por prevaricación: “Los hechos anteriormente descritos, desde la perspectiva de las denuncias formuladas, son de acuerdo a las normas actualmente vigentes, delitos contra la humanidad en la medida en que las personas fallecidas y desaparecidas lo fueron a consecuencia de una acción sistemática dirigida a su eliminación como enemigo político”.

Para que la sociedad española asuma definitivamente la realidad de aquella dictadura, nacida de aquella guerra, provocada conscientemente por un grupo de generales con apoyos civiles e internacionales, es preciso que Las Cortes que nazcan de las próximas elecciones creen una Comisión de la Verdad, que establezca las conclusiones universal y científicamente consensuadas, de manera que se pueda emprender un camino de normalización de la vida política en España.

Marcelino Flórez

 

Nombres de las calles o Comisión de la Verdad

Casi todos los días después de las elecciones municipales hay alguna noticia de un pueblo o ciudad que dispone cambiar los nombres franquistas de sus calles. Bien está. Pero eso es una cosa insignificante ante el problema de derechos humanos con el que se relaciona. Para entender bien las cosas, es necesario precisar dos aspectos distintos que se suelen juntar bajo el equívoco concepto de memoria histórica.
La memoria es la facultad humana que recuerda y retiene el pasado. La actividad de la memoria tiene, entre otras, una función identitaria: hace posible tener conciencia de sí mismo y del grupo social de pertenencia. La sociología estudió esta función identitaria bajo el nombre de “memoria colectiva” (M. Halbwachs). La Escuela historiográfica de los Annales indagó también sobre ese campo de estudio, al que aplicó de forma imprecisa el nombre de “memoria histórica”, aunque también se usaron otras denominaciones, como “políticas de la memoria”, “lugares de la memoria” o “uso público de la historia”. Ese campo de estudio se ocupaba de los elementos del pasado que constituyen el patrimonio identitario de un “pueblo” o “nación”; uno de esos elementos son los nombres de las calles, que desde el siglo XIX buscaron reflejar grandes hazañas o personajes del Estado-Nación. Los franquistas, desde luego, llenaron calles y edificios con los nombres y estatuas de sus héroes. Ahora que el franquismo ha sido ya reconocido, en la norma y en sede judicial, como un crimen contra la humanidad, lo lógico es retirar de los espacios públicos los recuerdos de aquel crimen y de sus ejecutores. Está bien.
Pero cuando los dirigentes rememoraban el pasado de sus “pueblos”, siempre se olvidaban de las derrotas. No suele haber muchas calles que se llamen, por ejemplo, Pérdida de Cuba y Filipinas. De los vencidos y derrotados nunca se hablaba. Los antiguos, incluso, ordenaban olvidar las desgracias pasadas. Así fue como se relegó al olvido a vencidos y víctimas, hasta que Walter Benjamin, reflexionando sobre ese pasado selectivo para entender la llegada del nazismo, descubrió a las víctimas y las recuperó para el conocimiento del pasado. De esa manera, introdujo el fundamento de un nuevo derecho humano, el derecho a conocer la verdad, que ha sido recogido finalmente por las Naciones Unidas en el Conjunto de principios para la protección de los Derechos Humanos mediante la lucha contra la impunidad, que la Comisión de Derechos Humanos elaboró el año 2005.
Este segundo elemento, que suele ir oculto o inconsciente bajo el concepto de memoria histórica, es el que a mí me interesa, la rememoración de las víctimas. En lo que al franquismo se refiere, el cambio de nombres en las calles es una acción necesaria pero mínima, porque la tarea importante es forzar que se forme una Comisión de la Verdad, donde personalidades independientes y diversas establezcan la verdad de los crímenes franquistas y también, en capítulo aparte, los crímenes cometidos por los republicanos. Todas y cada una de las masacres en todos y cada uno de los pueblos de España tienen que ser conocidos, con las personas responsables de ordenar, ejecutar y colaborar para cometerlos. Habrá de establecerse también el calificativo que cada uno de esos crímenes merece y el recorrido jurídico, social y político que han seguido.
Establecida la verdad, primer acto reparador para las víctimas, habrán de seguirse los actos legislativos y judiciales que correspondan. Pero la verdad oficial dará fin a la ofensa a la dignidad de las víctimas, que aún hoy hemos de soportar a dirigentes e, incluso, a portavoces políticos; y en la escuela, por fin, se enseñará a la infancia y a la juventud el crimen contra la humanidad que recorrió a España durante buena parte del siglo XX. Esta es la tarea.