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Reforma de la Ley de Amnistía o Comisión de la Verdad

Unidos Podemos y los nacionalistas no han logrado que el Congreso aprobase una modificación de la Ley de Amnistía de 1977, por la que se pretendía exceptuar de aquella ley a los delitos de lesa humanidad. Esta modificación no debería ser necesaria, si se leyese adecuadamente la Constitución, de acuerdo con los tratados internacionales firmados por España, que ya exceptúan esos delitos de lesa humanidad en cualquier ley de amnistía. Pero la lectura que el Tribunal Supremo y el Constitucional vienen haciendo de la ley desoye los mandatos de los tratados internacionales, por lo que la proposición de Unidos Podemos y de los nacionalistas es necesaria para alcanzar la justicia que se merecen las víctimas y la condena que se merecen sus asesinos.

Dos tipos de argumentos se han esgrimido para oponerse a la modificación. Las derechas han recuperado los razonamientos que Marcelino Camacho, Xabier Arzallus y todas las fuerzas de oposición aportaron en 1977 para aprobar la Ley de Amnistía, a la que sólo se opuso Alianza Popular y la extrema derecha. Se pretendía con aquella ley sacar de las cárceles franquistas a quienes aún permanecían en ellas, que eran las personas acusadas de delitos de violencia política, la gente de ETA, del FRAP o de los GRAPO. Es verdad que los comunistas y los nacionalistas vascos usaron también el argumento de la “reconciliación nacional”, en una clara referencia a olvidar la Guerra de España y todas sus consecuencias, “una reconciliación, escribiría Bartolomé Clavero en su autobiografía familiar, El árbol y la raíz, que sólo bastante más tarde advertí que entrañaba la consagración de la impunidad de los vencedores y el despojo de los vencidos”. Así fue. Y eso es innegable. Pero los tiempos han cambiado, el conocimiento de la realidad ha cambiado y las demandas de hoy no son las mismas que las de 1977. Recurrir al “espíritu de la Transición” es un anacronismo en 2018.

El PSOE ha utilizado otro argumento, que es menos espectacular, pero más consistente: “la inseguridad jurídica”. No sé bien a qué se refiere, porque no lo ha explicitado, pero es muy posible que el PSOE esté pensando en la responsabilidad económica por los bienes sustraídos por el franquismo. De ese botín que se apropiaron los vencedores, Bartolomé Clavero aseguraba que “en el ámbito patrimonial, no por supuesto en el penal, la responsabilidad puede alcanzar a los descendientes de genocidas” y, añado yo, al Estado y a las empresas. ¿Será ésta la inseguridad jurídica que han aducido los socialistas para oponerse a la reforma de la ley? Estas precauciones ya las tomaron en la mal llamada Ley de Memoria Histórica, por lo que ahí puede estar la clave de este asunto.

En las redes, todo son improperios contra el PSOE, bien merecidos, por cierto. Pero hay otra crítica política que debe hacerse: cuando se desea que triunfe una propuesta, es necesario negociar su contenido con quien convenga; y es un error pretender hacerse la foto propagandística, dejando que sea derrotada la propuesta. Alguien tendrá esa responsabilidad, sin duda. ¿Por qué no se buscan vías de consenso, como puede ser en este caso el impulso parlamentario de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la Guerra de España? Al menos obtendríamos un relato consensuado y definitivo. “Y si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”, como escribió Rainer Huhle. El país no parece estar maduro para buscar la justicia, pero debería estarlo para buscar la verdad.

Marcelino Flórez

Confusiones en torno a la Transición

El día 26 de julio de 2017, eldiario.es ilustraba un reportaje sobre las primeras apariciones del movimiento homosexual y transexual del año 1977 con una pancarta firmada por LCR, que reivindicaba “amnistía total”. Esta reivindicación firmada por la Liga Comunista Revolucionaria me anima a hacer una pequeña reflexión sobre uno de los errores, que tanto proliferan, acerca de la Transición.

La amnistía de 1977, la última y definitiva amnistía, fue una reclamación de la izquierda y de la extrema izquierda, que necesitaban sacar de las cárceles a sus presos, algunos de los cuales aún permanecían en prisión por las características de sus condenas. Por eso, aparece la reclamación en una pancarta de la LCR o, por eso, es el senador Xirinach el que permanece de pie en cada sesión del Senado hasta que se aprueba la “amnistía total” o, por eso, Francisco Letamendía se ve obligado a pedir disculpas a la bancada de la izquierda al optar por la abstención por no estar contempladas todas las propuestas de ETA en la ley.

Y son los franquistas los que se oponen a esa amnistía, porque ni se les pasaba por la imaginación que sus crímenes contra la humanidad pudieran ser denunciados jamás. Nada lo ilustra mejor que las palabras del representante de Alianza Popular, Carro Martínez, que, con el pensamiento puesto en ETA, justificaba así la abstención a la que optaban, para diferenciarse de Fuerza Nueva, ante la Ley de Amnistía de 1977: “y nos abstendremos porque una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores”. Es evidente que no pensaba en las responsabilidades penales de sus correligionarios.

Por otra parte, el pensamiento dominante bajo el que se hizo la Transición y que no fue contestado entonces por nadie se asentaba en la reclamación del olvido, que se razonaba así: la Guerra fue una “catástrofe colectiva”, con víctimas en una y otra parte, que “nunca más” debería repetirse. Santiago Carrillo, en una rueda de prensa celebrada en París en 1974 lo decía así de claro: “no debe volver a haber una guerra civil en España”. Y el PCE, destacado defensor de este pensamiento, adaptó al momento su propuesta de reconciliación nacional de 1956. Esta, que en su inicio planteaba unir a todos los demócratas contra la Dictadura, abandonando la anterior estrategia de izquierda contra derecha, pasa a referirse ahora a la reconciliación de vencedores y vencidos o, como decía Carrillo en la misma rueda de prensa, “que no debe haber ningún espíritu de revancha, ninguna política de revancha”. Más claramente lo expresó Marcelino Camacho en las Cortes: “Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podíamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?”. Y lo mismo corroborarían en aquella sesión de Cortes Xabier Arzallus y todo lo que había sido oposición al franquismo.

Ahora sabemos que aquella decisión determinó la impunidad para los crímenes franquistas, pero no se les puede achacar la responsabilidad a ellos, sino que fue la izquierda la responsable de aquella amnistía. Así son los hechos, se cuenten como se cuenten.

Algo bien distinto es la valoración que ahora queramos hacer de los hechos. Hay mucha gente que continúa pensando que se hizo lo que se debía hacer y que bien hecho está. Pero hay cada día más gente que considera que no se hizo lo debido y, en todo caso, que se dejaron de hacer cosas y otras, que se hicieron más o menos bien, están agotadas. Es legítimo y necesario criticar el régimen nacido en la Transición, pero sin confundirse. La amnistía de 1977 la hizo la izquierda con su presión en la calle y en el Parlamento, no la hicieron los franquistas, que no la necesitaban ni sospechaban que pudieran necesitarla. Y eso se corrige no denunciando la Ley de 1977, sino reformando la tímida “ley de memoria histórica” de 2007. Lo mismo vale para la Constitución, para la Monarquía, para las naciones y para todo el régimen del 78. No confundirse.

Marcelino Flórez