La sentencia 92 de 2014

El alcalde de Valladolid acaba de recibir la enésima sentencia en contra de sus actuaciones. Me refiero a la sentencia 92/2014, de 20 de enero, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que anula la resolución del pleno del Ayuntamiento de 28 de julio de 2010, que negaba la proposición hecha por Izquierda Unida para retirar los símbolos de exaltación franquista de los lugares públicos de Valladolid. La sentencia obliga al Ayuntamiento a cumplir en el plazo de un mes lo que ordena el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, que conocemos como Ley de Memoria Histórica. Eso quiere decir que tendrá que catalogar y retirar todo símbolo de exaltación del franquismo. Punto.

El alcalde puede encargar la confección del catálogo al “cronista de la villa” o a quien considere conveniente. Lo que no puede es volver a crear confusión hablando de “dos bandos”. Primero, porque la ley y la sentencia sólo hablan de víctimas del franquismo, no de bandos. Segundo, porque lo único que ha sido calificado de régimen criminal por Naciones Unidas, por toda la sociedad mundial y por los jueces españoles es el régimen franquista. No estamos ante un asunto de opinión, ni siquiera de debate historiográfico. Estamos ante resoluciones judiciales firmes, que han recorrido todo su camino.

Este recurso a la equidistancia de las víctimas, que tanto les gusta a los amigos de ETA y al alcalde de Valladolid, fue calificado por Primo Levi, superviviente de Auschwitz, de enfermedad moral, pues lo que busca es confundir a víctimas y verdugos, rompiendo la línea que separa el bien del mal, o sea, terminando con la moral. Esto venía siendo aceptado por gran parte de la sociedad española durante mucho tiempo, pero ese tiempo se ha acabado. La víctimas han venido para estar entre nosotros y ni ETA ni los franquistas volverán a inocularnos la enfermedad moral de la equidistancia.

Marcelino Flórez

Redoblan los tambores de la unidad

A medida que se acercan las elecciones europeas, redoblan los tambores de la unidad de la izquierda. Es pura retórica, como podremos comprobar muy pronto. El último revulsivo ha sido Pablo Iglesias y su PODEMOS, un movimiento ligado al anticapitalismo y, tal vez, nacido en el seno del partido político que lleva ese nombre, como anuncian algunas informaciones. No es más que una disputa de espacios, afirmando cada cual su identidad. Esto a mí no me disgusta, pero sostengo que no se está hablando de unidad, por más que se recurra a ese concepto como si de una plegaria se tratase.

El movimiento unitario promovido inicialmente por Izquierda Unida apenas ha avanzado, al limitarse la oferta a la incorporación a la “casa común”. Más que una convocatoria de unidad, era una invitación a la adhesión y parece que ha tenido poco seguimiento. Hubo un momento en que pareció que iba a cuajar la unidad con el anticapitalismo, pero ya vemos que no ha sido así y, de ahí, el envite que protagoniza el nuevo tribuno, Pablo Iglesias. No sabemos si llegarán hasta el final, pero con Izquierda Unida han cerrado prácticamente las posibilidades de acuerdo, al poner como condición la celebración de primarias abiertas, cosa que no están dispuestos a aceptar los partidos que controlan IU, como está probando en carne propia la Izquierda Abierta de Llamazares.

A lo largo del proceso pseudounitario, hay muchos grupos que no han terminado de encontrar ubicación hasta ahora. El primero y principal es Iniciativa per Catalunya-Verds, que sufre un visible desdoblamiento de personalidad. Por una parte, concurre a las elecciones junto a la fórmula catalana de Izquierda Unida (después de desatender la oferta soberanista de CiU, aunque manteniendo gran actividad para tratar de llegar a un acuerdo catalanista de izquierdas para las siguientes convocatorias electorales) y, por otra, se adscribe al Grupo Verde en el Parlamento Europeo. Así, al no ir coaligada con Equo y al tratarse de un distrito electoral único, la gente podrá votar a dos versiones del mismo Partido Verde Europeo. No sé cómo se resolverá eso, ni a quién corresponde aclarar la situación, pero la contradicción no puede durar eternamente.

Algo parecido le podría ocurrir a Compromís, que también es reconocido como la referencia del Partido Verde en la Comunidad Valenciana. A diferencia de ICV, aún no ha decidido si concurrirá en una lista con Equo, pues, de otra manera, corre el riesgo de no obtener representación en Europa.

Quedan muchos otros grupos desubicados: ¿con quién van a ir las CUP catalanas o el ANOVA gallego o la propia Chunta Aragonesista? ¿Volverán a formar una candidatura nacionalista en torno a ERC? Hay muchas incógnitas aún por resolver y no es porque no haya habido tiempo de plantearlo y de solucionarlo.

Me parece que hay un problema principal, que es haber tomado conciencia o no de los cambios que están teniendo lugar en la vida política. Es probable que los dos grandes partidos sufran una rebaja significativa de votos en mayo, pero mucho me temo que les puede ocurrir algo parecido a otras fuerzas políticas tradicionales. Veremos qué pasa con los nacionalistas, tanto los más derechistas, como los que se imaginan de izquierdas. Veremos también qué atractivo consiguen las nuevas propuestas de PODEMOS y del Partido X, que se ofrecen como alternativas desde la nada a las personas descontentas. Veremos si hay alguien con fuerza suficiente para atraer a la abstención. Pero veremos, sobre todo, qué pasa con Equo, que ya lleva dos años de experiencia política, que comienza a ser conocido, que ha dado pruebas de practicar la democracia directa, tanto en la designación de candidaturas, como en la elaboración de programas, que renuncia a la financiación bancaria, y que es el referente inequívoco para Europa de la ecología política. Esta es la gran incógnita y el gran temor de la izquierda tradicional.

Después de la prueba, quizá podamos retomar las propuestas de unidad, que no será nunca una unificación de partidos, sino ofertas abiertas de programas comunes con democracia directa. Los que ahora se llenan la boca con la unidad están pensando realmente en otra cosa. Ya lo estamos viendo.

Marcelino Flórez

El uso de las víctimas

En el mes de enero de 2014 han tenido lugar dos hechos en torno a las víctimas (del terrorismo), dos hechos diferentes pero relacionados, además de simultáneos: por una parte, alguna de las principales asociaciones de víctimas ha visto cómo se desligaban personas representativas y, en un caso al menos, en número elevado. La razón aportada para abandonar las asociaciones ha sido la interferencia política de las mismas. Por otra parte, un sector del PP se ha escindido y ha creado otro partido a causa de la política del gobierno sobre las víctimas.

Los dos hechos, que parecían diferentes, tienen un mismo fundamento: el uso político de las víctimas. Y tienen un solo responsable, el Partido Popular. La bicha que el PP de Aznar creó con motivo del homenaje a Miguel Ángel Blanco en el mes de septiembre de 1997, y que no ha cesado de alimentar sin escrúpulos el PP de Rajoy para ascender al poder, le ha estallado ahora en las manos. En cuanto se ha visto obligado a desatender a esa bicha por la mera obligación de cumplir las leyes en el ejercicio de gobierno, la extrema derecha que era alimentada con el monstruo ha reclamado su botín. En las asociaciones han comenzado a gritar contra el que era su gobierno; en el partido, han creado uno nuevo coherente con lo que venía siendo la política de los populares sobre el terrorismo. Paradójicamente, esa innoble creación de la bicha antiterrorista puede ser quien le dé la puntilla al viejo partido de la derecha franquista.

Eso no impedirá ya nunca el daño, que se ha consumado: las víctimas (del terrorismo) han sido despojadas de su condición, al arrebatarles su inocencia y su universalidad. Convertidas en un instrumento de partido, pasaron a ser caídos de una causa y dejaron de ser víctimas de la humanidad. Por ello, recobrar la dignidad de las víctimas y la universalidad que les corresponde debería de ser la principal tarea de las asociaciones renovadas, no dejándose utilizar nunca más por la derecha, para quien las víctimas siempre fueron un medio para otros fines.

Marcelino Flórez

Zapatero, la Verdad y las Víctimas

En la conferencia inaugural del Seminario Internacional sobre “Transiciones democráticas y calidad de la democracia. Perspectivas comparadas Brasil-España”, que corrió a cargo de José Luis Rodríguez Zapatero, en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, el día 13 de enero de 2014, hemos podido comprobar que la opción por el silencio sobre los crímenes de la Dictadura Franquista ha pasado de ser una cuestión de ideología política a serlo de conocimiento o ignorancia de la realidad.

El meollo se ha desvelado cuando un miembro del público, que es un público muy sensible al tema del seminario, especialmente el público sudamericano y ese era el caso, preguntó a Zapatero si era partidario de formar una Comisión de la Verdad, a lo que el ex-presidente respondió con un tajante “no”. Eso provocó la intervención de Garzón, que también estaba entre el público, y originó un debate que dejó claras las dos posturas que siguen campando en España sobre la mal llamada memoria histórica.

Zapatero defendió el olvido de la Dictadura por razón de lo que denominó tres pilares irrenunciables, “democracia, consenso, reconciliación”. Refrendó esa opinión, además, con una defensa explícita de la Ley de Amnistía.

Garzón, que es uno de los impulsores de la creación de una Comisión de la Verdad en España, también tenía tres pilares, aunque bien distintos, para su argumentación, “víctimas, justicia y reparación”. Reclamó, efectivamente, justicia para reparar a las víctimas; y, en su defecto, como ocurre en España con las víctimas del franquismo, una Comisión de la Verdad, donde las víctimas puedan, al menos, expresar en público su dolor, que es un primer acto reparador.

No se trata de dos opiniones distintas sin más, se trata de la diferencia que existe entre el conocimiento y la ignorancia de la realidad, como decía, porque hoy no estamos hablando en 1978, sino en 2014; y porque no se pide una Comisión para juzgar a la Transición, sino para reparar a las víctimas, que siguen sin recibir justicia. En 2014 no se necesita consenso para implantar la democracia y reconciliar a dictadores con demócratas. Eso, en todo caso, sería en 1978. Ahora hablamos de otras cosas.

Para entender la ignorancia culposa de Zapatero, hemos de recordar que en 1978 no teníamos conciencia de lo que significaban las víctimas, es más, no teníamos conciencia de que existían víctimas. La guerra fría había congelado el pensamiento de Walter Benjamin y de sus amigos, críticos del nazismo, y seguíamos, en palabras de Hegel, “pisoteando las florecillas a los lados del camino” para alcanzar nuestros objetivos sin sentir escrúpulos, aunque fuesen nobles esos objetivos, como lo era la institución de la democracia.

Tampoco reparamos en 1978 en las consecuencias del olvido, que fueron la impunidad para el franquismo y la injusticia para sus víctimas. Por eso, el fallecido Rafael del Águila decía que la Transición había dejado algunos “problemas no resueltos: reparar a las víctimas, componer deficiencias institucionales, romper hegemonías discursivas o mejorar la capacidad de juicio ciudadano”. En los últimos años y meses esos “problemas no resueltos” se hacen más evidentes y no es necesario insistir en razonarlo, porque ya lo hace el CIS con sus encuestas. Esto no es ningún juicio a la Transición, sino una descripción de la realidad. Una cosa es lo que se hizo y otra bien distinta es seguir valorándolo con los mismos criterios, después de la transformación que ha tenido el conocimiento. Precisamente, este era el déficit que denotaba Zapatero.

Aún hay otro elemento más, también novedoso, que desdice al ex-presidente. En 1978 la mayor acusación que podía hacerse al franquismo era la de fascismo, régimen condenado por Naciones Unidas. En 2014, sin embargo, sabemos que el franquismo es responsable de crímenes contra la humanidad, como ha refrendado el propio Tribunal Supremo precisamente en la sentencia absolutoria de Garzón, y esto cambia también las cosas. No es lo mismo echar al olvido una dictadura fascista, que unos horrendos e imperecederos crímenes contra la humanidad. Pues ya lo ven, Zapatero no sabe que estamos hablando de esto.

Marcelino Flórez

Cataluña y España, desde Castilla y león

Siempre ha habido mucha dificultad para definir el concepto “España”. Desde el punto de vista geográfico, por ejemplo, es menos que una Península y ahí está Portugal para demostrarlo, pero también es más que la Península Ibérica y ahí están las islas y costas mediterráneas y atlánticas. Esas fronteras, por otra parte, tienen muy pocos años.

Si nos fijamos en la lengua, el castellano es menos que un Estado, pero también es mucho más. Hay diez veces más de castellano hablantes que de españoles; y, entre los españoles, el castellano es sólo una de las lenguas maternas, a lado del catalán del vasco o del gallego.

Si tenemos en cuenta la identidad, es decir, aquello que se siente ser una persona, España es igualmente más y menos que una Nación. Muchos españoles no se sienten tales, sino que se sienten catalanes, vascos o gallegos exclusivamente. Y yo, por ejemplo, me siento más europeo que español y más cosmopolita que europeo. Como yo, hay otras personas, no se vayan a creer que no, porque esto es una mera cuestión de voluntad, después de haber viajado un poco.

De manera que, si tenemos que buscar un acuerdo para definir a España, hay que ir al artículo primero de la Constitución, donde dice “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”. Aquí se define España y en esos términos es reconocida por el mundo y participa en las instituciones internacionales. Esto es así desde 1978, aunque no hay duda de que existen razones y antecedentes para que así sea.

Tengo para mí que el antecedente más influyente en lo que jurídicamente es España no va más allá del constitucionalismo y, específicamente, de las constituciones posteriores a 1812, donde van apareciendo dos elementos que identifican lo que ha venido a ser España. El primero, que van dejando de figurar los territorios coloniales de América, adaptándose las fronteras a lo que son hoy; y el segundo, que se establecen las provincias, las mismas que hoy existen.

El artículo 11 de la Constitución de 1812 mandataba el establecimiento de provincias en España y un decreto de Javier de Burgos, de 30 de noviembre de 1833, las estableció. Los liberales organizaron las provincias por razones de eficacia fiscal y de la justicia, de manera que el criterio organizativo dominante fue hacer espacios semejantes en extensión y en población, aunque también contemplaron otros criterios, como la topografía o la tradición histórica. El criterio topográfico se usó para dotar a cada provincia de terrenos de montaña y de llanura, de manera que tuviesen una economía lo más complementaria posible; y la tradición es la que explica que se respetase siempre en la partición provincial la lengua particular, así como la división fronteriza de los reinos del Antiguo Régimen y, por eso, se delimitó Aragón, Cataluña, Valencia o Navarra. En el caso del País Vasco, se discutió mucho si reducirlo a dos provincias, dada su escasa población, pero se optó por mantener tres, como determinaba la costumbre histórica.

La división provincial resultó exitosa a todos los efectos. Le sirvió, por ejemplo, a Prat de la Riva en 1911 para diseñar lo que terminaría siendo la Mancomunidad de Cataluña desde el 6 de abril de 1914, que tendría como objetivos promocionar la lengua y desarrollar las obras públicas. Y nada ha servido más que este hecho para construir una identidad catalana.       (¿ Por qué no será ésta la efemérides constituyente que celebre el nacionalismo catalán, en vez de la derrota de 1714?. ¡Ay, el victimismo!). Por cierto, en muchos lugares es la provincia lo que más identifica a las personas. ¡Cuánta gente se siente, antes que nada, leonés o murciano, es decir, natural de una delimitación a la que le faltan veinte para tener doscientos años! Lo gracioso es que esa mayoría de gente piensa que su identificación proviene de una “unidad de destino en lo universal”, parafraseando a “esa persona”, como diría Rajoy para evitar nombrar a alguien. Algo parecido debían de pensar los constituyentes de 1978, quienes dieron por cosa tan obvia a la provincia, que la establecieron como circunscripción electoral única, un hecho al que le han bastado 35 años para demostrar la equivocación.

Es cierto que, aparte de estos antecedentes, podemos hablar de otras raíces identitarias, aunque sean siempre cambiantes: la romanización, que aportó el cristianismo, además de una lengua común; la dispersión territorial medieval, que originó las variedades lingüísticas, siempre bajo unidad católica; o el Estado Moderno, que desarrolló una pugna permanente entre el afán monárquico de unificación jurídica y la diversidad real de las culturas. Todos son elementos de lo que hoy es España y de sus contradicciones. Pero el hecho que ha determinado verdaderamente la españolidad ha sido el capitalismo, esto es, el mercado.

La dinastía borbónica, esa misma a la que reprueba el nacionalismo catalán en su Diada, unificó el mercado en todos los territorios dinásticos, terminando con el monopolio americano por parte de la Corona de Castilla, cosa que agradó a un buen número de burgueses en el antiguo Condado de Cataluña y que proporcionó un notable impulso al puerto y ciudad de Barcelona; y el liberalismo triunfante consagró el mercado español con fronteras estrictas y aranceles más fuertes que las concertinas de Melilla. Ese mercado nacional, como le denominaron los economistas burgueses, hizo posible el éxito del textil catalán, liberado de la competencia británica y con la garantía de un amplio territorio español de ventas. Ese mismo mercado condujo, durante el franquismo, el ahorro de los cerealistas del interior peninsular hacia la industrialización de la periferia; y, detrás del ahorro, se fueron los explotados por los ahorradores. Así se consumó la diversidad territorial de lo que es España. Ha de quedar muy claro que en esta españolización no tiene ninguna responsabilidad mayor Castilla y León que Cataluña; si acaso, al revés.

Ahora resulta que una ideología de base provinciana, el nacionalismo, plantea la escisión con el resto de España. Está bien, pero habrá que hacer cuentas. Del mismo modo que en una ruptura matrimonial con desavenencia, alguna autoridad neutral tendrá que establecer los términos de la separación. Y el problema no es si Cataluña permanecerá o no en la Unión Europea o si el Barça jugará o no la liga española; el problema es la valoración y pago de los bienes de las personas que quisieran regresar a sus lugares de origen en el resto de España (porque no puedo ni pensar que se esté contemplando la expropiación), así como la compensación entre los territorios españoles de los beneficios obtenidos gracias a la política económica común de los tres últimos siglos, o sea, del periodo de mercado nacional. La valoración de este factor no sería difícil. Bastaría con hallar la renta media española y de cada una de las Comunidades Autónomas, y aportar o detraer a quien le correspondiese la parte que excediera o faltara de esa renta media, por ejemplo. Como en toda ruptura matrimonial, si una parte se queda con la casa, la otra se lleva los bienes muebles, porque en política económica española ha regido el sistema de gananciales, aunque no sea lo habitual en derecho familiar catalán. ¿Conoce alguien las cuentas que hacen los nacionalistas catalanes de estos asuntos? Si no las dan a conocer, ha de ser porque no les parece un buen negocio, pero cuando el juego ideológico de los nacionalismos trasciende de lo que suele tenerlos entretenidos, que no es otra cosa que la disputa de la hegemonía política en los respectivos territorios, hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Lo otro es jugar con trampas, las mismas trampas que usan los nacionalistas españoles y que tan buenos resultados les viene dando.

Marcelino Flórez

Memoria de las víctimas, Historia y Política

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