Verdad o Justicia

El día 12 de abril de 2012, Thomas Weber, profesor de Historia Moderna, publicaba en la Cuarta de El País un artículo titulado Tribunales ordinarios y criminales de guerra. Se lamenta allí de que los cazadores de nazis sigan persiguiendo sus objetivos y llevando a los criminales, ya ancianos, ante los tribunales ordinarios. Pone el ejemplo de John Demjanjuk, guarda del campo de Sobibor, que murió el 17 de marzo, poco tiempo después de haber sido condenado a una pena de cinco años de cárcel; o el de Willi B., de ochenta y seis años, que se halla bajo investigación por supuesta participación en la masacre de 642 civiles en la localidad francesa de Oradour-sur-Glane, población de la región francesa de Limousin arrasada en 1944 por la 3ª Compañía “El Führer”, del Regimiento de Infantería Acorazada de las SS.

El lamento de este historiador, como expresamente dice, no se debe a que pretenda relegar al olvido a las víctimas de Oradour-sur-Glane o de Sobibor, ni a ninguna otra. Se debe a que no le parecen adecuados los juicios para llegar a conocer la verdad. Y propone que se sustituyan los juicios por Comisiones de la Verdad, ante las cuales los criminales, garantizada su inmunidad, hablarían con más facilidad. Propone, por lo tanto, buscar la verdad y renunciar a la justicia. De paso, da unos consejos a los españoles y nos invita a sustituir el asociacionismo memorialista por Comisiones de la Verdad, escapando así a la atribución de “intenciones partidarias”, al dar cabida en ellas a testimonios de “las distintas partes enfrentadas”.

Me causa asombro que un historiador, sin duda eminente por el puesto que ocupa en la Universidad escocesa de Aberdeen, escriba sin pudor las cosas que ha escrito en ese artículo; y me causa más asombro que el primer periódico de España eleve esa doctrina a su principal espacio de opinión, por más que El País sea tan reincidente en esa opción ideológica. Hay que decir no, una y mil veces, a estos, si son bienintencionados, errores conceptuales, o a estas perversiones morales, en palabras de Primo levi, si tienen alguna mala intención.

En el laberinto de la confusión conceptual sobre los asuntos memorialistas del que no logramos salir (he explicado esto en un librito, que ahora se puede ver en edición digital: (http://www.librosenred.com/libros/rememoraciondelasvictimasycambiosenelpensamientosocial.html), hay cosas elementales que aclarar. Primero: conocer la verdad y juzgar los crímenes de lesa humanidad son dos cosas diferentes y perfectamente compatibles. Si el historiador quiere conocer la verdad, es decir, aumentar el conocimiento histórico con testimonios de protagonistas, puede hacerlo y existe una ya larga experiencia sobre el uso de esas fuentes orales. Historia y justicia son compatibles, aunque son bien diferentes. La historia construye científicamente la verdad, la justicia certifica los crímenes cometidos y la autoría de los mismos. Frente a la historia y a su verdad, cabe el revisionismo, a veces incluso bienintencionado; frente a la justicia, el negacionismo sólo admite persecución judicial.

Cuando Thomas Weber nos recomienda a los españoles que optemos por conocer la verdad, su buena voluntad está pensando en la reconciliación. Pero cae en un engaño, porque no hay reconciliación posible sin reconocimiento de la verdad y eso no es tarea de ninguna comisión, sino que atañe a las responsabilidades de las personas o de las instituciones. Reconocimiento es distinto de conocimiento. Por otra parte, como ha escrito Rainer Huhle, “si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, de culpas enormes, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”. Ambos razonamientos conducen a la conclusión de que la verdad reclama justicia. Eso es lo que está ocurriendo en España. A medida que va creciendo el conocimiento de los crímenes del franquismo, la demanda de justicia va convirtiéndose en un clamor social. Recordemos que esos crímenes constituían un tabú del que no se podía hablar hasta hace poco más de diez años. Todavía el 26 de noviembre de 2003 el parlamentario del Partido Popular, Luis de Grandes, se refirió a este asunto con la expresión descalificadora de “revival de naftalina”.

La otra recomendación que Thomas Weber nos da a los españoles no me produce asombro, sino indignación. De nuevo se vuelve a la equidistancia de las víctimas con la expresión de “las distintas partes enfrentadas”. Es cierto que hay dos “partes enfrentadas”, el gobierno legítimo y los rebeldes, pero ni las dos “partes” ni las víctimas en ellas producidas son equiparables y pueden tratarse en un mismo negociado. Respecto a las víctimas, es sabido que los rebeldes, ganadores de la guerra, repararon los daños producidos. Aunque la reparación se hiciera por la vía de la venganza y no de la justicia, lo cierto es que no existe ninguna víctima que no haya recibido su reparación en el bando de los rebeldes con un castigo inmisericorde para los presuntos culpables, sus nombres han llenado calles e iglesias durante años y, en muchos casos, siguen allí presentes, sus familias fueron beneficiadas económicamente y nunca han sido relegadas al olvido.

Por el contrario, las personas asesinadas, torturadas o perseguidas por los franquistas han permanecido ocultas hasta hace muy pocos años, la mayor parte de las asesinadas continúan desaparecidas dentro de fosas comunes y, sobre todo, no ha sido reparado el crimen. Los criminales, cuyos nombres son ya públicos en muchos casos, tampoco han sufrido condena. Falta, pues, la justicia, que es el primer acto reparador de las víctimas, como dijera en 1995 el entonces fiscal de La Haya, Richard Goldstone, con motivo del cincuenta aniversario del juicio de Núremberg: “La justicia no es solamente una cuestión de castigo de los criminales de guerra y de derechos humanos. Es también una cuestión de reconocimiento del sufrimiento de las víctimas. Y para los afectados, en muchos casos, este reconocimiento es una parte esencial de su proceso de rehabilitación”.

Recurrir a la equiparación de víctimas no ha tenido históricamente más resultado que seguir ocultando el crimen. Querer sustituir la justicia por el mero conocimiento de los hechos es optar por la impunidad de los criminales, lo que no deja de ser una invitación a los poderosos para continuar conculcando los derechos humanos. Por eso, el esfuerzo sigue siendo por la verdad y por la justicia, sin renunciar a ninguna de las dos cosas.

Confluencia de las izquierdas

En un reciente artículo Carlos Taibo diferenciaba dos tendencias políticas situadas a la izquierda: una, antiliberal, formada por PSOE e IU con dos aliados sociales principales, Comisiones Obreras y UGT; la otra, anticapitalista, agrupada en variados grupos comunistas y anarquistas con el apoyo social del sindicalismo radical, el ecologismo radical, el cooperacionismo crítico y una variada gama de movimientos emergentes, como los que confluyeron en el 15-M. Al terminar de leer ese artículo uno constata algo ya resabido, que la izquierda es muy heterogénea. Pero ese no es el problema, sino que la preocupación está en las posibilidades de confluencia, si es que las hubiera. Y lo que importa es una confluencia electoral, pues la mera confluencia movilizadora no conduce a ninguna parte si no tiene dirección política. (¿Habrán entendido esto ya todas las organizaciones sindicales?).

Carlos Taibo escribió este artículo antes de la Huelga General del 29 de marzo y el escrito reflejaba, junto con su opinión, el espíritu político anterior a las elecciones generales del 20 de noviembre. Pero las movilizaciones a causa de la reforma laboral y de los ajustes estructurales indican un cambio en el espíritu político. Aceptemos en parte la tesis de Carlos Taibo: hay dos izquierdas, una antiliberal y otra anticapitalista, pero dejemos a IU pasar a formar parte de la izquierda anticapitalista. La izquierda antiliberal sería entonces monopolio del PSOE con sus alianzas sociales y su objetivo sería conservar el Estado del Bienestar, tal y como la socialdemocracia europea lo construyó en la segunda mitad del siglo XX, que, por otra parte, por ahí deben de andar las preocupaciones según vemos en la Cuarta de El País.

La izquierda anticapitalista estaría formada por una pluralidad de partidos y de movimientos sociales, que reclaman su espacio y que se manifestaron juntos, pero bien diferenciados, el 29 de marzo. Ese día caminó una gran multitud indiferenciada detrás de las pancartas de CC.OO. y de UGT, y otra multitud menos numerosa, aunque mejor definida, detrás de las pancartas de IU, con el corazón un poco dividido éstos por la propia heterogeneidad interna, de las pancartas de otros partidos comunistas no integrados en IU, de las pancartas de nuevos partidos ecologistas en experimentación. Seguían los sindicatos críticos, la CGT, pero también el  Bloque Obrero o la CNT. Y manifestaba su personalidad bien marcada la gente del 15-M, que era gente casi exclusivamente joven. ¿Existirá alguna argamasa que pueda aglutinar a esa izquierda, que reclama con tanta energía su personalidad propia?

Un cemento capaz de fraguar con esos componentes tiene que partir de la aceptación de algunas evidencias: que el PSOE es una fuerza de centro-izquierda consolidada e indiscutible, con quien habrá que relacionarse; que no es posible federar tanta heterogeneidad; que las experiencias de “unidad” de la izquierda bajo cualquier “hegemonía” han terminado; que todos los grupos, subgrupos y grupúsculos tienen la intención –y el derecho- de buscar sus caminos, de afirmar sus particularidades y de querer seguir siendo lo que son. Ahora bien, si quieren dejar de ser irrelevantes políticamente e ineficaces socialmente, tienen que plantearse alguna forma de convergencia.

No creo yo que se pueda pensar en nada que no sea coyuntural, como lo son un programa o unas listas electorales. Hay que aceptar el abandono de la confluencia en cosas más estructurales, como la revolución o, incluso, la formación de un partido. Para esta tan poca cosa, sin embargo, creo yo que hay un difícil camino que recorrer. Los grupos partidarios de una confluencia tendrían que estar dispuestos a renunciar a ir a unas elecciones con su propio nombre, con sus propias listas y con el programa propio. Y tendrían que aceptar algunos principios y reglas de juego comunes.

Respecto al método, habría que aceptar que las candidaturas han de ser elegidas de forma pública y organizada, mediante la creación de un censo de electoras y electores y una propuesta de nombres en listas separadas de hombres y de mujeres. Que los programas han de elaborarse democrática y públicamente, partiendo, por ejemplo, de unas propuestas encargadas a personas técnicas, que se harían teniendo en cuenta los principios recogidos en el acuerdo constituyente de la agrupación electoral. Que las personas elegidas han de ser libres, sin mandato imperativo, como garantiza, por otra parte la Constitución, pero deben someterse a un contrato notarial de compromiso para defender el programa electoral y someter a consulta pública las decisiones relevantes que hayan de tomarse no contempladas en el programa.

Por lo que se refiere a los principios políticos a compartir, deben ser suficientemente abiertos para hacer posible una confluencia tan diversa. Así, se podría dar prioridad a lo que es imprescindible, como lo es la defensa de los derechos humanos en los términos definidos en sede de Naciones Unidas y firmados por el Estado español; esto se podría concretar en la defensa del Estado del Bienestar, como realización de los derechos económicos y sociales, y en la garantía de las libertades ciudadanas. Imprescindible también habría de ser la promoción y defensa de la equidad de género, o la protección medioambiental. En un segundo término, se podrían contemplar aquellas cosas que se deben proteger eficazmente, como son la sanidad pública, la educación pública y los servicios sociales públicos. En un plano más abajo se situarían aquellas cosas que se pueden proteger indicativamente, como es la economía solidaria y alternativa, la creación cultural y científica, o los servicios comunitarios.  Más abajo estaría aquello que no se protege, pero se regula, como es la libre empresa en producción distribución y consumo o el pensamiento, la cultura y las creencias particulares. También habría de haber acuerdo en lo que se persigue: el fraude fiscal, el deterioro medioambiental, la violencia social y política, que incluye el maltrato de género y el terrorismo, así como las ideologías y organizaciones promotoras de esa violencia. Para garantizar tanto la acción pública, como la protección indicativa de iniciativas particulares, habría que regular inicialmente el uso del dinero público, sometiéndolo a los principios constitucionales de igualdad y de trasparencia, de modo que se garantizase el fin de la corrupción política.

Un programa mínimo de estas características hace suyos conceptos como democracia real, decrecimiento o “buen vivir”, soberanía alimentaria, economía solidaria y alternativa, y libertad incentivada para la creación cultural y científica. No estaría mal para empezar.

Revisionismos históricos

En el número 72 de la revista Historia Social, que acaba de traerme el correo, Fernando del Rey publica un amplio artículo, titulado “Revisionismos y anatemas. A vueltas con la II República”. Además de descalificar al pensamiento contrario al suyo con expresiones como “polemistas”, “activistas políticos”, “fiebre memorialista”, “se autoproclaman historiadores profesionales” (luego, no lo son: se autoproclaman) o “disputa que venimos padeciendo”, por entresacar una muestra que manifiesta el estado de ánimo del autor; además de la descalificación, digo, procede Fernando del Rey a razonar lo inapropiada que es la calificación que ha recibido el libro por él dirigido, Palabras como puños, libro del que yo he hecho también una dura crítica aquí mismo bajo el calificativo de revisionista (Ver: Cuidado con los historiadores).

Después de hacer una aclaración, voy a fijarme solamente en dos cosas para demostrar que este artículo y el libro Palabras como puños se enmarcan perfectamente en lo que se conoce como revisionismo en Historia. La aclaración es sobre el término revisionismo. De acuerdo en que significa varias cosas y que ninguna de ellas es la que se refiere a la reescritura permanente de la Historia, pero por “revisionismo político” todo el mundo entiende la crítica con la que el marxismo se refería a la socialdemocracia después de la polémica con E. Berstein en el seno del socialismo alemán; y con “revisionismo histórico” se designa a la tendencia historiográfica que inició Ernst Nolte a mediados de los años ochenta para justificar el nazismo al explicarlo como una reacción defensiva ante los crímenes estalinistas. Desde entonces y en términos más generales, “revisionismo histórico” es la tendencia a justificar los fascismos explicándolos como reacción a las revoluciones o desórdenes sociales imperantes, como explicó de forma perfecta Antonio Elorza en El País el día 4 de enero de 1997: “Ciertamente resulta difícil y poco elegante alabar la sublevación militar, pero basta con tomar como punto de partida la supuesta situación caótica de la España republicana para proporcionar una justificación indirecta al alzamiento”. Pues, eso. Y debo añadir que para tener una postura revisionista no hace falta ser consciente de ello, basta con participar de esa mayoría que actúa conforme a “lo políticamente correcto”, como decía Elorza en ese mismo escrito.

La primera cosa que prueba la postura revisionista de Fernando del Rey se encuentra en la nota 13, donde cita a Ángel Viñas para identificarse con la propuesta teórica que hace éste de estudiar la Guerra Civil en los libros no como apéndice de la República, sino como prolegómeno del Franquismo. Pero después de la cita, nuestro historiador dice: “Lo cual, añado yo, no debe llevarnos a negar líneas de continuidad entre la República, sus problemas, sus diferentes actores –el basamento ideológico de éstos- y la guerra, principio metodológico muy diferente a la inaceptable extrapolación  de querer entender la historia de la primera (la República) por lo que vino después, tanto el conflicto bélico como la dictadura”. Así pues, dice justo lo contrario de Viñas. Éste dice que la Guerra trajo el Franquismo y Fernando del Rey dice que la República trajo la Guerra. Lo dice con suavidad –“líneas de continuidad”-, pero lo dice. ¿Qué otra cosa se puede deducir del contexto en el que están escritas la palabras (el afán de los antifranquistas de presentarse como demócratas, cosa que “nunca fueron”), además de la propia literalidad de las mismas? El punto de partida de Fernando del Rey es, efectivamente, que las palabras como puños están en el origen de la Guerra, con lo que ésta queda explicada, es decir, justificada. Porque aquí hay una confusión entre causa y antecedente, en la que no entraré y me limito a recomendar la lectura del capitulo 2, “La confusión en el origen”, del libro de Alberto Reig Tapia, Memoria de la Guerra Civil. Los mitos de la tribu.

La segunda cosa a la que voy a referirme es un lamento por las acusaciones que se hace “a los historiadores no militantes”, por expresar “sus dudas, cuando no su abierto rechazo, ante la aplicación a la represión franquista de conceptos tales como ‘plan de exterminio’, ‘fascismo’, ‘genocidio’ u ‘holocausto’”. Pues bien, en este asunto se ha acabado la discusión y ya no hay que hacer un mero reproche, sino una denuncia política contundente: eso es negacionismo de la criminalidad del franquismo. Lo acaba de decir el Tribunal Supremo español en la sentencia absolutoria del juez Garzón en la causa seguida contra él por haber atendido a la demanda de las víctimas del franquismo. En sede judicial suprema acaba de afirmarse que el franquismo es responsable de un “crimen contra la humanidad”. No se trata, por lo tanto, de opiniones diversas entre historiadores, sino de veredicto jurídico. A veces, como se ve, sale el tiro por la culata.

En definitiva, la letra pequeña del artículo que comentamos demuestra que nos hallamos ante una tendencia historiográfica revisionista, denunciada ya por Amnistía Internacional y por una parte de la historiografía, pero avalada ahora definitivamente por el Tribunal Supremo. Como dijo también Antonio Elorza en El País el día 1 de noviembre de 2008, “de los crímenes nazis a Karadzic, una calificación (jurídica) adecuada de los crímenes vale más que una cascada de libros”. Ha terminado la discusión, en este caso con sentencia.

La sentencia y las víctimas del franquismo

La sentencia absolutoria para el juez Garzón en el caso de las víctimas del franquismo es una buena noticia. Es una sentencia de mucha enjundia y afecta a distintos aspectos jurídicos, sociales y políticos. Los elementos jurídicos irán siendo desvelados por los técnicos. Yo voy a fijarme en los aspectos sociales y políticos, de los que entiendo algo.

Lo más importante, desde el punto de vista de la memoria histórica, es la constatación de que los hechos denunciados por las víctimas constituyen, en el lenguaje y en la jurisprudencia moderna, un crimen contra la humanidad. Esta afirmación, que reproduce lo expresado por Garzón en los autos denunciados por los neofranquistas, deja fuera de discusión para siempre la calificación del régimen de Franco: es un régimen nacido, asentado y mantenido sobre un crimen contra la humanidad. La sociedad española ya no puede seguir mirando para otra parte, como venía haciendo. Igual que en Sudáfrica con el apartheid, en América del Norte con el racismo o en Alemania con el nazismo, hay que reconocer socialmente el pasado y disponerse a reparar sus efectos.

Los demás considerandos de carácter político merecen una severa crítica: las afirmaciones y juicios de valor políticos sobre la Transición, para justificar la Ley de Amnistía de 1977, aparte de estar fuera de sitio en la lógica jurídica, desconocen las últimas investigaciones sobre ese periodo, de las que ya no se deduce la calificación política de “modélico” con el que fue calificado políticamente en otro tiempo y que recoge la sentencia.

Aunque la sentencia reconoce alguna diferencia en el trato recibido por las víctimas republicanas y las víctimas franquistas de la Guerra Civil, sitúa a las víctimas en términos de equidistancia entre los dos bandos de la Guerra. El razonamiento tampoco viene al caso, pero, además, no se sostiene con lo que ahora sabemos. No creo que los jueces del Supremo estén en condiciones de demostrar una “acción sistemática” en el caso de los poderes republicanos, menos aún una vez que las milicias pudieron ser controladas. No creo que puedan hablar de desaparecidas en el caso de las víctimas franquistas, salvo muy pocas excepciones que se subsanaron apenas terminada la Guerra, entre ellas, la de Paracuellos. Y, sobre todo, no puede ser que sean desconocedores de la reparación que conocieron las víctimas de la derecha política, incluyendo el enjuiciamiento de los criminales (aunque fuesen, como fueron, juicios ilegítimos). Equiparar a las víctimas, dijo Primo Levi, es una perversión moral y siempre cumple la función de garantizar la impunidad vigente.

La sentencia, como acaba de recordar Amnistía Internacional, pasa por alto lo principal: la denuncia de las víctimas, que originó las actuaciones del juez Garzón. Las víctimas vuelven a ser olvidadas o, lo que es peor, se hace referencia a ellas no para que reciban justicia, sino para “recuperación de los cadáveres para su homenaje y procurar la efectiva reconciliación que la Ley de Amnistía perseguía” (¡Ay!, si analizamos esta frase). No, señores magistrados, las víctimas reclaman, además de verdad y recuperación de cadáveres, justicia: que se designe y se reconozca socialmente a los criminales y que se atestigüe la inocencia de las personas asesinadas. La justicia es el primer acto reparador para las víctimas y aún está pendiente.

No sé cuál será el grado de consistencia de los argumentos jurídicos, pero el voto particular concurrente del magistrado Julián Sánchez Melgar, al insistir en que no hay delito de prevaricación porque falta el elemento subjetivo, que es imprescindible, deja en muy mal lugar al instructor Varela y a todo el Tribunal, que no fue capaz de anular el juicio por defectos de forma hace solo unos días, aunque esta decisión fuese con el Tribunal partido en dos.

El acoso a Garzón ha terminado, por ahora, con su expulsión de la judicatura, pero los razonamientos presentes en esta sentencia acarrean mucha inseguridad para la condena por el caso Gürtel. Veremos cómo termina finalmente. Por el momento, la causa de las víctimas del franquismo ha logrado un gran avance, por hacerse definitivamente visibles y por obtener una condena moral, en sede judicial, del franquismo. No está mal el resultado provisional.

¿Qué es la izquierda?

En los orígenes de la Transición, la editorial La Gaya Ciencia publicó una colección de divulgación política, cuyo primer título fue “¿Qué son las izquierdas”. Lo escribió don Enrique Tierno Galván y, al ojearlo ahora, veo lo anticuado que está, a pesar del viejo y añorado profesor. Lo he ojeado, porque uno de mis últimos insomnios (lo compenso después con la siesta) estuvo dedicado a reflexionar sobre qué es la izquierda ahora.

Encontré en mis reflexiones que la mejor definición sería la que se esconde en el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. Como se ve, no es más que la actualización de los valores de la Revolución Francesa, o sea, de la Ilustración: libertad, igualdad, fraternidad. Algunos dirán que esos valores también pueden hallarse a la derecha, pero si los diseccionamos, observaremos que no, que trazan la frontera entre los espacios geográficos, algo permeables por otra parte, que forman la derecha y la izquierda.

La defensa de la libertad equivale en este momento a la defensa de la totalidad de los Derechos Humanos, porque ha sido ya demostrado y asumido así por las Naciones Unidas que esos Derechos, además de universales, forman un bloque inseparable. El único límite que los Derechos encuentran para su realización es el respeto a los Derechos de las demás.

En términos políticos, el concepto que mejor recoge este valor humanista de la libertad es el de soberanía. Y la soberanía hoy se entiende como soberanía popular, es decir de todas las personas. El pensamiento o la acción que limite esta soberanía no es de izquierdas. Por ejemplo, con el tema del aborto: la reforma que propone Gallardón no pretende evitar el aborto (se mantiene legalizado en determinados supuestos), sino  transferir la decisión soberana de la mujer a otras instancias: padres, médicos, jueces; es decir,  privar a la mujer de su soberanía.

La limitación de la soberanía consiste en todos los casos es pasar esa capacidad a instancias distintas de la persona, normalmente a los dioses y hablamos, entonces, de teocracia, o a los Estados y lo definimos, en ese caso, como totalitarismos. En el momento actual, se ha puesto de manifiesto un tercer receptor, muy potente, de la soberanía. Son los mercados, que encarnan la soberanía del capital.

Garantizar, pues, la soberanía popular, por encima de Dioses, de Estado y de Capital, que en eso consiste lo que entendemos hoy por democracia, es el primer valor de la izquierda, aunque paradójicamente coincide con lo que hasta hace poco tiempo se consideró un extremismo anarquista, resumido en aquella consigna que decía “Ni Dios, ni Estado, ni Capital”. ¿Se trata de destruir a estos enemigos o caben otras estrategias? Los matices y los métodos son los que establecen las diferencias en la izquierda, que resulta ser muy plural.

El segundo valor que define a la izquierda es la igualdad. La define no en mayor medida, pero tampoco en menor medida que la libertad. Sin embargo, lo que realmente existe en la sociedad humana es la desigualdad y su fundamento es, algunas veces, la diferencia, aunque, la mayoría de las veces, su fundamento es la injusticia o apropiación de lo que es común en beneficio privado.

La izquierda planteó inicialmente la resolución de la desigualdad mediante la revolución. Esta tuvo lugar, pero no tuvo éxito. El primer aprendizaje de la izquierda ha de ser ese reconocimiento. Quizá por eso, hoy preferimos hablar de equidad, un concepto menos fuerte que el de igualdad, pero más próximo a la realidad, pues se concreta no en principios, sino en leyes, como ocurre con todos los Derechos Humanos.

La tarea consiste en hacer avanzar la equidad social, disminuyendo, hasta hacerlas desaparecer, las diferencias entre los que acumulan mucha riqueza y los que no disponen de nada; favorecienciendo con acciones positivas a quienes se hallan en inferioridad por alguna deficiencia física o mental; construyendo equidad entre las edades: acceso al primer trabajo en la juventud; educación universal para la niñez; garantía de cuidados en la vejez y en la dependencia. Y una equidad imperiosa entre hombres y mujeres. Es urgente dar fin a la etapa patriarcal de la humanidad y garantizar iguales derechos a mujeres y hombres, tanto en la vida pública, como en la vida doméstica.

El tercer valor es la fraternidad. Quizá haya sido el valor más abandonado por la izquierda a lo largo del tiempo, sea por identificarlo con un valor religioso o con un valor femenino, pero lo cierto es que otras palabras se impusieron a la fraternidad, como fueron revolución o lucha. La fraternidad va ligada al método e implica la primacía del respeto a los derechos de las demás personas sobre cualquier otra cosa. Hoy sabemos que no es posible obtener ningún derecho conculcando otros. Por eso, un principio irrenunciable para la izquierda es la acción no violenta, como insistentemente reclaman las personas jóvenes en sus movilizaciones. Revolución o lucha son palabras que van perdiendo su fisonomía y, poco a poco, cediendo en la estrategia. Mucha gente ya prefiere hacer cosas pequeñas, como una banca ética en manos de la ciudadanía o empresas cooperativas, antes que una potente revolución que termine con la propiedad privada y la transfiera … ¿a quién? ¿Al Estado, al Partido, a quién? La vía de la antigua revolución está cerrada por experiencia, por estrategia y por convicción: no es el camino para la fraternidad.

La fraternidad se construye con muchas pequeñas cosas, como es pagar los impuestos. Aquí la frontera entre derecha e izquierda es una franja bien ancha. Hay que desconfiar de aquel que dice dar mucha limosna, pero no quiere pagar impuestos. El mayor acto fraterno que hoy se le pide a la sociedad es garantizar una renta ciudadana: que todas las personas dispongan de unos ingresos mínimos, pero fijos y periódicos. Es una cuestión de distribución y se hace a través de los impuestos.

Y hay otro elemento de fraternidad, que es el que mejor define a la izquierda actual: la fraternidad con las generaciones futuras. Esto se concreta en la defensa de la naturaleza y aquí tampoco caben excusas. Cada persona ha de aprender a practicar un consumo responsable; las empresas tienen que dejar de contaminar el medio ambiente; y las políticas tienen que ser protectoras y reparadoras de lo que se ha destruido.

La interpretación del artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos admite matices y, de ahí, la pluralidad de la izquierda, que ha de ser reconocida sin discusión. Otra cosa es discutir actitudes de personas o grupos.

Tenemos un caso reciente en torno a la Reforma Laboral del Partido Popular, que aclara lo que decimos. Es evidente que caben estrategias diferentes para combatir esa Reforma tan injusta, como inútil. Se puede proponer desde una carta de súplica al Partido Popular para que retire el Decreto, hasta una huelga general, pasando por una variada gama de movilizaciones. Se puede disentir de la estrategia adoptada por los sindicatos mayoritarios, aunque recientemente hayan visto refrendada su mayoría con más del ochenta por ciento del voto a los Comités de Empresa en toda España. Pero convertir a estos sindicatos en el enemigo a batir, aparte de un error que conduce inexorablemente al fracaso por confundirse de enemigo, es una estrategia que construye un muro infranqueable con vistas la unidad del asociacionismo sindical en nombre de la cual dicen tomarse las decisiones estratégicas. El mismo caso, por el lado contrario de la izquierda, es el que se resume en el eslogan que proliferó en la última etapa del gobierno de Zapatero: “PSOE y PP, la misma mierda es”. No tuvieron que pasar ni quince días para certificar el error de esa estrategia, pero las consecuencias de esos errores a largo plazo son más dañinas, precisamente porque no se está reconociendo en ellas la pluralidad de un espacio con elementos comunes identificables.

Hace unos días leí un comentario de algún lector de prensa, que proponía crear un “frente popular” para oponerse  a la derecha y cambiar la política. Puede ser, pero lo que hay que hacer antes es encontrar una propuesta de confluencia. ¿Podría valer el artículo 1º de la Declaración Universal de los Derechos Humanos? El programa es claro:

– Derechos Humanos garantizados, según la Declaración de 1948 y las siguientes.

– Soberanía popular frente a religiones, partidos y mercados.

– Equidad social a través del sistema impositivo.

– Equidad de género sin limitaciones.

– Protección y recuperación de la naturaleza.

Más problemas (aún) habrá con el método, tan acostumbrada como está la izquierda a definir las estrategias por el lado que diferencia a cada secta. El método tiene que ser democrático puro: más allá de listas abiertas o cerradas, designación de candidaturas por sufragio universal de participantes; programas construídos y aprobados en asambleas abiertas; diferenciación de los representantes elegidos respecto a los partidos de militancia, con responsabilidad personal ante el electorado, que podrá deponerlos si incumplen el programa.

Creo que la cosa no está madura, pero habrá que ir pensando en otra política, si se quiere ir construyendo otra sociedad más equitativa.

La incidencia política como herramienta para el cambio social

Con ese título la Coordinadora de ONG para el Desarrollo organizó unas jornadas en Valladolid el 11 de febrero de 2012. He asistido y he hecho un resumen de lo que se trató. Por cierto, la participación fue escasa y la mayor parte de las asociaciones coordinadas no envió ningún representante a las actividades.

1. Las organizaciones sociales, constructoras del cambio social,

por Gustavo Duch

Gustavo Duch comenzó afirmando una tesis: campesinizar la cooperación. Toda la charla giró sobre el desarrollo de la misma, después de asentar una hipótesis: asistimos a los últimos años de esplendor del capitalismo, por los límites físicos del Planeta y porque se está acabando la paciencia de la ciudadanía.

Explicó, con un cuento, que campesinizar es empequeñecer: hacer menos proyectos, pero con más cultura de transformación; hacer menos cooperación, pero más cooperativismo. Todo ello, en escenarios con ausencia de miedo. En realidad, estaba revalorizando el viejo axioma ecologista de “pensar globalmente, actual localmente”.

Lo pequeño y lo local está siendo la transformación real. Puso el ejemplo de un pueblo mexicano que ha hecho una moneda propia para intercambiar bienes y servicios en su interior. El Estado se lo quiere prohibir, pero ellos resisten y conviven de otra manera. Como ese, hay cientos o miles de proyectos, muchos de ellos en nuestro entorno, aunque sigan pasando desapercibidos: cooperativas de consumo ligadas a los productores; agrupaciones de prestamistas solidarios extrabancarios; empresas solidarias diversas. Estas agrupaciones de ayuda mutua son las que hacen posible dominar el miedo, demostrando que otro mundo es posible.

En este mundo de lo pequeño están también las asociaciones de cooperación y las asociaciones solidarias, pero conviene hacer una reflexión sobre sus estructuras para comprobar si están siendo un espacio positivo o si se están convirtiendo en un obstáculo para el cambio social, porque no hay que olvidar nunca la tendencia tan humana a convertir las propias asociaciones en el principal objetivo de nuestra acción, es decir, a transformar el medio para el cambio en el fin al que se supedita todo lo demás.

Terminó su intervención con el cuento del biblioburro y una conclusión: muchas pequeñas cosas en muchos pequeños lugares son las que están cambiando, poco a poco, el mundo.

 

2. ¿Es necesaria una repolitización de las ONGs?, por Pablo Osés

Pablos Osés inició su exposición de forma contundente: las ONGDs o son instrumentos para el cambio social o son irrelevantes, dijo. Y pasó a recordar “cosas que ya sabíamos”:

– Sabíamos que el desarrollo es insostenible. Quienes tengan dudas, deberían analizar su huella ecológica.

– Sabíamos que existe una relación entre progreso y desigualdad. Dicen los que ganan en esta relación que es el peaje que ha de para la humanidad. Y esa reflexión me recuerda las “florecillas pisoteadas al borde del camino”, que decía Hegel y que todos aceptamos como lógico, hasta que W. Benjamin nos hizo ver que el olvido de ese peaje conducía a la catástrofe, es decir, al fascismo.

–  Sabíamos que la democracia había sido desbordada, que el Estado-nación del siglo XIX había sido superado. Curiosamente, ese proceso se ha visto acompañado por el proceso de despolitización de la ciudadanía. Y aún tiene otro paralelismo, el paso de seres ciudadanos a seres consumidores. Esos cambios ya se habían producido antes en América Latina o en Asia, donde apenas hay Estado, pero no les habísmos prestado la debida atención.

– Sabíamos los límites de los Objetivos del Milenio, que buscaban terminar con la pobreza a través de la inversión. ¡Cómo recordamos aquella pasajera cumbre vallisoletana de los microcréditos!

– Sabíamos los límites establecidos a las donaciones, a través de la “eficacia de la ayuda” decretada en la Declaración de París de 2005.

– Sabíamos que la UE era irrelevante. Y, después de lo que está haciendo, hemos de decir que menos mal.

– Sabíamos, en fin, los problemas de participación que acucian a las ONGDs y que esos problemas tienen mucho que ver con haber optado por la prestación de servicios frente a la promoción de la participación, lo que significa al mismo tiempo una renuncia al cambio social.

A lo que “ya sabíamos” hay que añadir “las últimas noticias” que nos llegan:

– Que el ajuste fiscal (eso que los rojos llaman recortes) manda;

– Que la doctrina del crecimiento económico también manda;

– Que la economía financiera es la que decide; o sea, la pura especulación.

Entre lo que “ya sabíamos” y las “noticias que nos llegan”, se desprende:

– Que el 0’7 dice adiós;

– Que el concepto de cooperación involuciona y pasa a ser “cooperación para el desarrollo económico”;

– Que los protagonistas de la cooperación pasan a ser las empresas, donde la eficacia se mediará con el desarrollo, abandonado la ya precaria “eficacia de la ayuda”, declarada en París en 2005; y donde no tienen cabida los Derechos Humanos.

En España ya venimos conociendo los cambios: si Zapatero se atrevió, el fatídico 10 de mayo, a decir que reducía la AOD, Gallardón ha suprimido sin temblar el Departamento de Cooperación para el Desarrollo; y el recorte presupuestario en AOD asciende al 20%, cuando el recorte medio es del 6%.

Esto es posible porque ya no pasa nada cuando se ataca a la solidaridad; y en ello, las ONGDs tienen que encontrar la responsabilidad que les toca, al haber optado por el apoliticismo.

Terminó la intervención con una relación de propuestas:

– Optar por el cosmopolitismo, dejando atrás los nacionalismos;

– Tomar en serio el pensamiento sobre el decrecimiento;

– Rescatar la política, en perspectiva de transformación social.

Estas cosas hay que prender a ponerlas en práctica en la vida personal cotidiana, más ahora que se está privatizando la cooperación y que la competencia se impone como criterio frente al cooperativismo.

Augura, finalmente, Pablo Osés que está próximo el día en que las ONGDs tomen dos caminos distintos: las que siguen al mercado y las que le resisten.

 

3.      Mesa redonda

A las intervenciones anteriores, siguió una mesa redonda, con un debate entre los dos ponentes y con participación del público. Me pareció lo más destacado la reclamación por parte de Gustavo Duch de una ideología visible y propuso cambiar el nombre de ONG por el de ONC u Organizaciones No Capitalistas. Junto al anticapitalismo, reclamaba un lenguaje más pedagógico en lo relativo a la cooperación. De forma plástica lo expresó diciendo que más que un currículo de especialista en proyectos, se podía pedir el conocimiento de una canción de Silvio Rodríguez.

Pablo Osés, por su parte, reclamaba la descolonización del pensamiento, con la conciencia de que la alternativa no será una, sino varias al capitalismo. Aunque la reflexión política debe dejar claro quién es el enemigo.

Desde el público, la intervención que más me sorprendió fue una que pidió el parecer de los ponentes sobre Ashoka y el Premio Príncipe de Asturias que ha recibido. Ambos ponentes, que conocen de primera mano la derivación que ha tomado ese asunto, fueron unánimes y clarísimos: no coinciden con la ideología, pero rechazan tajantemente la falsa denuncia al movimiento social y a los líderes del mismo.

Las estrechas redes entre Ashoka y AVINA

Recientemente se ha difundido, no sé por qué medios, un documento de Paco Puche, que a mí me ha llegado a través de uno de los difusores de su pensamiento, Arturo Martínez, que lo ha enviado por correo electrónico a las personas asociadas a Entrepueblos en la provincia de Valladolid. El documento se titula: AVINA y Ashoka, fundaciones del amianto y de los transgénicos en sus propias redes, título muy expresivo, aunque no transparenta lo que esconde. Como veremos, las redes no sólo son estrechas, sino que están completamente agujereadas. Es preciso reconstruir el argumento del escrito.

Comienza con una serie de definiciones, que aparentan ser las hipótesis de partida, aunque no son más que adornos florales que recorren todo el escrito. Son las definiciones de red, de sistema, de retroalimentación y otras, que sirven para concluir la “necesidad de aplicar el principio de precaución”, cuando se trata con entidades como las que son objeto del escrito. El mismo valor científico, es decir, ninguno, tienen los organigramas de círculos y flechas en los que está dibujado el argumento, que es el siguiente:

El punto de partida es el amianto (un producto de cuya nocividad no se discute, antes incluso de la reciente sentencia condenatoria que se ha producido en Italia). Uno de los dueños de empresas que usaron el amianto es Stephan Smidheiny, actual heredero del patrimonio familiar de una de esas empresas (se recuerda que esa familia negoció con el nazismo, con el franquismo o con el apartheid sudafricano). Y este hombre es el fundador de AVINA.

  • Hasta aquí se afirma un hecho: que el fundador de AVINA procede de una familia que negoció con el amianto. Este hecho no informa ni de las características ideológicas o morales de Stephan Schmidheiny, ni de los principios que rigen a la Fundación AVINA.

Más adelante se explica la “misión” de AVINA, que se concreta en cuatro puntos:

  • Conquistar cuatro mil millones de pobres para negociar con ellos;
  • Obtener la legitimación de los ricos por parte de los desposeídos;
  • Moldear las resistencias sociales desde dentro;
  • Que el fundador pueda huir del polvo del amianto, al aparecer como benefactor y bendecido por los jesuitas.
  • Como se puede ver, se trata de opiniones que Paco Puche vierte sobre AVINA, pero no tienen nada que ver con la “misión” que AVINA se asigna a sí misma y que se relaciona con la promoción de emprendedores, donde encuentra la vía para reducir las desigualdades en el mundo a través del crecimiento económico.

En este momento argumental se afirma que existe una identificación entre AVINA y Ashoka, porque persiguen la misma “misión” y porque tienen una alianza.

  • Interesa mucho precisar en qué consiste la “alianza”: en que Ashoka recibe financiación preferente por parte de AVINA; y en algunas palabras de destacados dirigentes que manifiestan identificación en los objetivos.
  • No es una alianza propiamente dicha, sino una semejanza y buena relación con colaboraciones habituales. Tienen origen distinto, estatutos distintos y direcciones distintas y no se habla nunca de una alianza formal.

El siguiente punto argumental es la identificación de Ashoka con la banca J.P. Morgan y con la banca en general a través de “alianzas más o menos duraderas”.

  • Esta afirmación tan rotunda se basa en un dato: que el director de Ashoka en España fue un directivo de J.P. Morgan. Pero una cosa es recibir financiación de los bancos y otra cosa es ser una fundación de los bancos. Ashoka recibe donaciones de los bancos, pero no es la Banca J.P. Morgan.

El siguiente momento argumental lleva por título “interrelaciones” y explica el camino que sigue AVINA para insertarse en el movimiento social y desbaratarlo. Lo hace a través de las Fundaciones Bill y Melida Gates y Fundación Rockefeller, que impulsaron el proyecto AGRA, de inserción de transgénicos en África, por medio de Monsanto.

  • El único elemento que liga todas esas complejas alianzas y las inserta en el movimiento social se concreta en una subvención que la Fundación Bill y Melinda Gates dieron a Ashoka en 2009, de 15 millones de dólares.
  • Ese dato es el que sirve al autor para concluir la identificación entre amianto y transgénicos, que forma el título del artículo.

Llegados a este punto, siguen las conclusiones. Primero, hay una nueva andanada de conceptualizaciones, que vuelen a ser adorno floral, pero no  apoyo teórico. De modo que casi pasa desapercibido lo esencial: que los “caballos de Troya” que introducen finalmente a ese gran capital en la sociedad son los líderes reconocidos del movimiento social, por lo que “el polvo del amianto y los crímenes masivos de la industria del mismo acompañarán a todos los que están colaborando estrechamente con ambas fundaciones”.

  • Es preciso observar que, al carecer de hechos probatorios, la relación argumental pasa a sustentarse en conceptualizaciones generales, que puede aplicarse a cualquier caso en cualquier lugar del mundo, aunque los partidarios de estas doctrinas no duden en señalar a personas y entidades concretas cuando así lo consideren conveniente.

Hay una última conclusión, la que deposita las esperanzas del fin de AVINA en la sentencia de Turín y en la resistencia de la movilización popular contra el capital.

  • El apoyo de esta conclusión es una cita de Jorge Riechmann, que se refiere al capital financiero, pero no a Ashoka, ni a AVINA, ni a Bill Gates, ni a Monsanto, ni al BBVA, ni al señor Botín.

Este es el artículo, calificado de “joya”, cuyo argumento podemos sintetizar así:

La riqueza del amianto dio lugar a la Fundación AVINA, que, asociada con Ashoka, se ha insertado en el movimiento social por medio de los emprendedores, que reciben subvenciones a través de Ashoka, para destruirlo.

Estos emprendedores van logrando persuadir a un buen número de gente, entre los que me encuentro, como se ve a simple vista, pues he afirmado mi amistad con alguno de ellos y he dado fe de su honorabilidad. Luego me veo acompañado “por el polvo del amianto y los crímenes de la industria del mismo”.

Que nos hallamos ante una argumentación alocada está fuera de duda. De lo que se trata es de demostrarlo, porque en esto, como en los juicios a Garzón, hay que aportar pruebas de la inocencia, al estar basadas las denuncias en sospechas. Eh aquí algunas razones de la perversidad del argumento:

  1.  Que Stephan Schmidheiny tenga empresas condenadas por el uso del amianto no demuestra que una asociación filantrópica creada por él tenga como misión extender el mal del amianto por el mundo. Hay que analizar los estatutos de la asociación filantrópica y, sobre todo, sus actuaciones. Los denunciantes no tratan de eso en absoluto. La única relación entre el amianto y AVINA es el dibujo de una flecha direccional, basada en suposiciones y sospechas.
  2. Que AVINA prefiera financiar a Ashoka por afinidad en sus tareas no convierte a Ashoka en una filial de AVINA. Son dos entidades distintas y Ashoka no tiene nada que ver con la persona propietaria de una empresa condenada por el uso del amianto hace alguna década. La continuidad aquí de la flecha, que quiere mostrar relación causal con el amianto, ni siquiera dispone ya de opiniones hipotéticas en las que pueda fundarse.
  3. Tampoco se dice nada de los estatutos de Ashoka, ni de las acciones que realiza. Sólo se hacen referencias al origen de algunos de sus ingresos, que proceden de diversos bancos. Habría que demostrar, como mínimo, que los bancos exigen comportamientos anti-movimientos sociales a Ashoka en su acción filantrópica, cuando se afirma eso, o habría que presentar acciones que lo acreditasen.
  4. Que Ashoka dé una beca a una persona o entidad no implica que tengan que identificarse con la “misión” de Ashoka. Mucho menos, con AVINA, sea cual sea la relación de esas dos fundaciones; e infinitamente menos, con las ideas de un burgués suizo, una de cuyas empresas ha sido condenada por el uso de amianto. Asignar a la persona o entidad becada cualquier relación con “el polvo del amianto y los crímenes masivos de la industria del mismo” es una grave calumnia, de la que deberían exigirse responsabilidades penales.
  5. Si un emprendedor afirma que Ashoka no le pide nada a cambio de la beca y si, además, los órganos colegiados de las asociaciones con las que se relaciona, lejos de imputarle ninguna sospecha de interferencia contra la movilización social, reafirman su colaboración incondicional en las tareas y objetivos de esas asociaciones, seguir afirmando lo contrario, de forma directa o indirecta, es una calumnia y un ataque a los movimientos sociales carente de toda razón.
  6. Por lo que a mí y a otras personas respecta, que hasta hace unos meses ni siquiera habíamos oído hablar de las referidas fundaciones filantrópicas, persistir en relacionarnos con ellas por el hecho de amparar a algún emprendedor o de haber contribuido a demostrar la falsedad de las acusaciones vertidas sobre Fiare, sobre Equo y sobre REAS, es calumnioso y carece de explicación lógica.
  7. Es evidente que una actitud que sigue manteniendo la calumnia, fundamentada en desorbitadas sospechas paranoicas y después de haber sido razonadamente desmentidas las falsas acusaciones, no sólo rompe la convivencia entre las personas, sino que destruye a las organizaciones, por lo que éstas deberían tomárselo más en serio.

Las Fundaciones AVINA y Ashoka comparten la ideología del capitalismo liberal, según la cual el progreso económico tiene una base importante en las personas emprendedoras, esto es, en el burgués que arriesga su capital. Es ideología capitalista pura, que, aunque había decaído un poco durante la época de construcción del Estado del Bienestar, ha recobrado nuevo brío con el neoliberalismo imperante. Como es lógico, estas Fundaciones tienen a establecer relaciones con otras similares y con empresas capitalistas, especialmente multinacionales y grandes bancos.

Como buenos creyentes en el liberalismo, las dos Fundaciones referidas tienen la misión de extender el número de emprendedores por el mundo. Al parecer, les importa poco que el gato sea blanco o sea negro. Lo que quieren es que cace ratones, es decir, que realice iniciativas empresariales, porque ahí ven la base del bienestar social. A eso dedican su dinero, dinero que obtiene de donaciones de las grandes empresas capitalistas.

Con esto que sabemos, sobran las razones para que algunas asociaciones no quieran establecer lazos con Ashoka o con AVINA, del mismo modo, no más, que no quieren establecer lazos con los bancos, con las multinacionales o con otras entidades defensoras e impulsoras del capitalismo. Entrepueblos, por ejemplo, donde estoy asociado, viene haciendo eso desde siempre, como bien sabemos las personas asociadas y las contrapartes con las que colaboramos en el mundo empobrecido.

Ahora bien, la práctica de las asociaciones solidarias y anticapitalistas no impide que se forme parte de coordinadoras o se participe en acciones puntuales, que reúnen a entidades anticapitalistas con otras que no lo son. Baste el ejemplo de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo. Entrepueblos, en concreto, no se ha sentido nunca contaminado de capitalismo por participar en esa coordinadora, donde hay muchas asociaciones a las que los izquierdistas antiguos llamarían “revisionistas” o “socialdemócratas”, en definitiva, asociaciones que no se oponen al capitalismo. Es más, estar en la CONGD nunca le ha impedido a Entrepueblos hacer los proyectos que ha deseado y defender las ideas que le son propias.

No se produce, por lo tanto, contaminación alguna por participar en redes de formaciones heterogéneas. Son las ideas y los actos propios los que expresan dónde se sitúa cada cual. Y eso es lo que hay que analizar. Sacar conclusiones, desde supuestos acientíficos, y provocar denuncias sin sustento alguno en la realidad a partir de sospechas ideológicas y no contrastadas, como hace el artículo de Paco Puche que comentamos, no pasaría de ser algo irrelevante, si no fuese acompañado de la calumnia a personas y asociaciones del movimiento social y si no estuviese provocando el daño personal y social que está haciendo. Esta es la única razón por la que nos vemos obligados una y otra vez a responder a esta alocada manía persecutoria que nos acosa.

Memoria de las víctimas, Historia y Política

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