El acoso a Garzón: la envidia y el franquismo

Todas las personas normales, en España y en el extranjero, califican de extraño lo que está ocurriendo con el juez Garzón. Los juristas lo califican de insólito. Para unos y para otros resulta escandaloso. Las diferencias interpretativas aparecen cuando alguien decide fijarse en la forma y despreciar el fondo. Esta distinción ha sido la que ha hecho posible la alianza entra la envidia y el franquismo para acosar a Garzón.

Lo expresan muy bien unas palabras que escuché al finalizar la vista por el caso Gürtel a Miguel Ángel Aguilar, que actúa de tertuliano insoportable en la Cadena SER. Todo el comentario que hizo sobre ese juicio a Garzón fue que no le gustan los jueces estrella. ¡Qué tendrán que ver los gustos de este, por otra parte, egregio periodista para dar una opinión sobre ese concreto juicio a Garzón! Nos hallamos en el espacio de la envidia, del rencor y de otros sentimientos similares que han afluido en el acoso a Garzón.

Normalmente esos sentimientos han encontrado justificación en la forma de los asuntos: en el caso de la Gürtel esquivan el meollo de la corrupción política, que es el delito investigado por el juez, para fijarse en si eran legales o no las escuchas; en el caso de los desaparecidos del franquismo, que es un crimen de lesa humanidad aún no resuelto, se fijan en si el juez sobrepasó o no sus competencias y ahí se enrocan. Sabemos que el fondo es inseparable de la forma y, si lo separan, es porque buscan hacer desaparecer el fondo bajo la apariencia de la forma.

Para acosar a Garzón, se ha impuesto la apariencia o, lo que es lo mismo, la envidia, el rencor, la venganza y otros sentimientos tan malévolos como marginales. Soy de los que piensan que Garzón va a ganar en este asunto de las formas, donde sus acusadores han dejado muchos resquicios abiertos. Va a ganar en primera instancia, porque en los tribunales internacionales, donde el revestimiento maligno de las formas no está presente, no hay duda de su victoria.

Pero es en el fondo, donde Garzón ha ganado ya y de manera definitiva: la corrupción política de la trama Gürtel es un hecho público indiscutible, terminen ajusticiados o no todos los responsables; y los crímenes del franquismo, sacados a la luz para siempre, tienen convertido en axioma la calificación de los mismos: un delito de lesa humanidad imprescriptible.

Se tardará más o se tardará menos, será en España o en un tribunal internacional, pero las víctimas sepultadas bajo las siete llaves del franquismo recibirán justicia: se reconocerá públicamente el crimen, se juzgará el crimen, habrá veredicto y las víctimas serán reparadas.

Desde que las víctimas se hicieron visibles, las de ETA y las del franquismo, ya nunca pueden volver a ser ocultadas. Basta mantener su memoria para obtener la justicia. Aquí no cabe controversia. La disputa política actual sólo se mantiene viva por la resistencia de algunos con mucho poder para aceptar la evidencia. Por eso es tan significativo el acoso a Garzón (no sé por qué El País ha dejado de utilizar este calificativo y ha pasado a hablar de “caso Garzón”), porque saca a la luz no sólo la envidia, sino a los beneficiados del franquismo, que no soportan la claridad.

Después de Fraga, ¿qué?

Cuando la muerte de Franco ya se veía inminente, Santiago Carrillo reflexionaba sobre el futuro de España en un libro que tituló Después de Franco, ¿qué?. No es que Fraga sea comparable con Franco, ni que el Partido Popular sea la misma cosa que España, pero la desaparición del fundador podría ser tan importante para el Partido Popular, como lo fue la desaparición de Franco para la Dictadura. Por lo pronto, las despedidas y los homenajes tienen muchos paralelismos, aunque tendrá que pasar un poco de tiempo para que se pueda continuar o no con este juego literario de las comparaciones.
Entre las muchas cosas que se han escrito sobre Fraga con motivo de su desaparición, elijo las que escribía Antonio Elorza en El País, donde describía a los dos fragas que hemos conocido: el autoritario ministro de Franco que construyó Alianza Popular y el liberal diputado que renunció al autoritarismo, reconociendo que existían otras ideas. De “tardío descubrimiento” calificaba Elorza a esa aceptación de la libertad por parte de Fraga. Unos días más tarde Carlos Robles Piquer respondía a Elorza con una carta donde dibujaba a un joven y demócrata Fraga, que se introdujo en la Dictadura para transformarla desde dentro, en un proceso exitoso que culminaría con la Transición. De paso, este Robles Piquer aprovechaba para justificar la Dictadura franquista por ser la honorable respuesta a una República desordenada, decadente e injusta. Es el revisionismo perfecto. Es también la prueba del nueve de la ideología del Partido Popular de Fraga, un partido que no ha sido capaz de condenar a la Dictadura franquista y que la sigue justificando.
Por eso, es pertinente la pregunta que nos hacemos: después de Fraga, ¿qué? ¿Será capaz la derecha española, agrupada y feliz en un solo partido, de renunciar a su pasado franquista? La validación del cambio se ejecutará si se atreve a condenar sin metáforas a la Dictadura y a reconocer a sus víctimas, que para la derecha continúan echadas al olvido.
Este cambio lo veo lejano, pero hay otros cambios que podrían producirse. Hace unos meses publiqué un artículo titulado Como si el PP no existiera, donde reflexionaba acerca de la belicosa y rupturista oposición practicada por la derecha con los asuntos más sagrados: el terrorismo, las libertades, la corrupción política o la crisis económica. Durante un tiempo excesivamente largo la derecha nos ha venido convocando al odio sin paliativos. ¿Será capaz de salir de ese agujero?
El discurso del gobierno del Partido Popular cambió radicalmente desde el día de su toma de posesión: el terrorismo pasó a ser un problema común, donde era de agradecer la colaboración de los socialistas; el aborto o el matrimonio homosexual se ocultaron en un cajón de doble fondo; y, sobre todo, la crisis dejó de ser una creación de Zapatero que se resolvía con la sola presencia del PP en el poder, para ser un grave problema internacional que requería el apoyo y la colaboración de toda la sociedad.
Es de agradecer el cambio de discurso, aunque sólo sea por la relajación espiritual que nos proporciona, liberándonos de tener que dar una respuesta a la convocatoria del odio. Pero las ruinas que han quedado atrás tendrán que reconstruirse. ¿Cómo recuperará el Partido Popular el honor del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo y de la Justicia española? ¿Qué hará para convencer a los dos tercios de españoles que no les votan de que una convivencia ciudadana es posible si se reconoce la pluralidad y la diferencia? ¿Qué incentivos puede ofrecer a cambio de ceder más salario, aportar más impuestos, renunciar a la salud, a la educación o al cuidado de familiares dependientes para superar la reinterpretada crisis económica? Y, sobre todo, la prueba del nueve: ¿cómo va a convencer a ese suelo electoral, cinco millones dicen los estrategas, para el que trabaja incansablemente durante los periodos de desalojo del poder, de que la Dictadura franquista fue responsable de un crimen contra la humanidad que permanece impune? No sé si la desaparición de Fraga será suficiente para que cambios tan profundos puedan tener lugar, pero la derecha española tiene una tarea.

¿Dónde está la trampa con las víctimas?

Sabemos que la Declaración del 17 de diciembre de 2011 de los miembros del Acuerdo de Guernica sobre las víctimas tiene trampa, aunque sea difícil desvelarla. Dicen los firmantes que siente pesar por las víctimas de la violencia. Víctimas de la violencia de ETA y víctimas de la violencia de las estrategias represivas y de la guerra sucia de los Estados español y francés. Conscientes de que este planteamiento equidistante esconde algún problema, precisan que todas las víctimas merecen el mismo trato, sin jerarquías, porque todas han visto vulnerados sus derechos humanos. Aparentemente, el razonamiento es impecable. ¿Cuál es, entonces, el problema?
Las víctimas han percibido siempre el peligro de verse mezcladas con sus asesinos. Primo Levi, víctima del nazismo, calificó de enfermedad moral a la tesis de la equidistancia de las víctimas y se empeñó en demostrar que no todas las víctimas son iguales ni pueden ir en el mismo lote. Es cierto que existen daños diversos y sufrimientos múltiples, pero ni todos van en el mismo saco ni todos convierten en víctimas a quienes los padecen. Para ser víctimas se requieren dos cosas, además de sufrir una injusticia: ser inocente y ser universal. El guerrillero que muere en la lucha no es una víctima, sino un caído. Podrá ser considerado un héroe, pero será sólo para los suyos. Ni es inocente, ni es universal. Lo que vale para el guerrillero, que practicaba una guerrilla limpia, vale mucho más para el etarra, que practicó desde el principio y por definición una guerra sucia, el terror. Los etarras no son inocentes ni universales, por lo que no les cabe el calificativo de víctimas, aunque hayan sufrido una injusticia, como la tortura, o hayan muerto en un enfrentamiento o sufran en una cárcel. ¿Quién se atrevería a meter en el mismo saco al pistolero que disparó en la nuca con el político asesinado ante la mesa del comedor, con el periodista asesinado al bajar al quiosco o con el policía y su hijo pequeño asesinados por una bomba lapa? Como mínimo, habría que hacer dos sacos distintos, ¿no?
La tesis de la equidistancia de las víctimas no es inocente, sino que busca la impunidad para los asesinos y sus cómplices. El razonamiento funciona así: si en los dos campos ha habido sufrimiento, si todos somos víctimas, la reconciliación pasa por hacer borrón y cuenta nueva. Olvidemos el pasado y comencemos renovados. Así se hacen las transiciones. En España deberíamos estar curados de este error, pero una vez más se intenta repetir. Lo que ocurre es que la experiencia española y la chilena y la argentina y la guatemalteca y la de todos los crímenes contra la humanidad no han pasado en vano. El lamento de las víctimas, inocentes y universales, ha sido escuchado definitivamente y ha terminado el tiempo de la impunidad.
No es tampoco la amnistía de los presos lo que está en la cabeza de los constructores de la tesis del sufrimiento plural, sino el lavado de la propia conciencia. Porque los crímenes del terrorismo han sido, desde la Constitución de 1978 al menos, crímenes estrictamente políticos, que perseguían un fin político, de ventajismo político para unas ideas a través de la eliminación o del acallamiento de las ideas diferentes y de las personas que las sustentaban. ¡Cuántas veces se habrá arrepentido Arzallus de pronunciar en público aquellas palabras de “unos han de menear el árbol para que otros recojan los frutos”!, pero reflejan la práctica política que se siguió en Euskadi hasta que la debilidad de ETA en todas sus formas y la valentía de los perseguidos logró romperla.
El terrorismo es un crimen contra la humanidad y no admite medias tintas en su consideración. El final de ETA no sólo es el final del terrorismo, sino también de su significado político, por lo que habrá de seguirse un tiempo de reflexión, en el cual o se reconoce el error y se asumen las consecuencias o no habrá posibilidad de reconciliación.
Siempre cuesta admitir estos planteamientos. Para facilitarlo propongo un ejercicio: donde diga Euskadi, leed España; donde diga etarras leed franquismo; y sustituid ETA por Franco. El problema le tendrán otros, pero la solución es la misma.

Valle de los Caídos, 3. Víctimas y muertos

Las víctimas ocupan un lugar central en el Informe. La Comisión justifica su decisión de proponer la conservación del Valle de los Caídos por la presencia de las víctimas allí depositadas. Dicen que su memoria contribuye al progreso moral y sirve a la buena convivencia, porque la memoria es justicia “en el sentido de que recordarlas es hacer presente la injusticia que se cometió con ellas”. Se aprende así a no negar la existencia del otro y, por lo tanto, a mejorar la convivencia ciudadana.

Pero hay un inquietante análisis, que se traduce en la inquietante recomendación de agrupar a todas las víctimas, equiparándolas bajo la denominación de “españoles de distintas ideologías y territorios” o, de forma más universal y también más precisa, cuando escriben: “Toda víctima es víctima, independientemente del campo en que se halle, y en esa condición se encuentran igualadas todas ellas al tiempo que denuncia la violencia política que tuvieron que sufrir”.

Hasta ahí podíamos aceptar alguna equiparación, aunque no sé si resistiría un análisis riguroso, pero a partir de ahí todo son diferencias: casi la mitad de los “más de treinta mil españoles” son víctimas desconocidas y fueron depositadas allí sin mediar la voluntad de los familiares; hay víctimas junto a otros restos que no lo son, aunque sean de personas muertas en la Guerra; y hay una “pluralidad de memorias”, como dice el Informe. Todo esto quiere decir que unas víctimas significan una cosa y otras significan algo diferente. Equiparar a las víctimas es equiparar su significado y eso conduce inmediatamente a revestir de inocencia y de impunidad a los asesinos. Este es el gran defecto del Informe, del que una parte de la Comisión es consciente y, por eso, se esfuerza en proponer con insistencia la resignificación y el estudio e investigación de todo lo relativo a víctimas y asesinos. No dejo por eso de calificar al Informe de excelente, más aún después de haber leído a Nicolás Sánchez-Albornoz, esclavo de Franco en Cuelgamuros además de historiador, que escribe lo mismo.

Para entender bien el conflicto, es bueno hacer una comparación con otras víctimas, las relacionadas con el terrorismo. Es difícil imaginar que las víctimas del terrorismo tengan la voluntad de reposar junto a las víctimas de la tortura policial o de los GAL, que forman parte del bando de sus asesinos. Y al revés: no se ha visto a los que se afanan por homenajear a presos etarras ir a acompañar el llanto de los familiares de las víctimas de etarras. Aun en el caso de conceder a las dos partes la condición de víctimas (de ETA y del antiterrorismo paragubernamental), pertenecen a dos departamentos distintos y así hay que tratarlas, para no caer en  una confusión que sólo conduce a la impunidad de los asesinos y a la humillación de las víctimas.

El Memorial del Valle de los Caídos no es, ni tiene por qué ser, un Memorial de reconciliación. Lo que ocurrió en la Guerra Civil es ya irreconciliable. Las personas responsables han desaparecido o son ancianos decrépitos, de manera que ahí sólo cabe verdad, justicia y reparación. La misión del Memorial habrá de ser desvelar la verdad cuanto sea posible, con la esperanza de que la verdad desvelada termine por construir la justicia. Y si la Judicatura no es capaz de hacer su tarea, tendrá que hacerlo el Parlamento, porque las víctimas han de ser reparadas.

La memoria de las víctimas requiere, a su vez, que, junto a la común inocencia de todas ellas, se establezcan bien diferenciados los distintos significados:

–          Mientras unas han estado siempre visibles, desde el mismo momento de su asesinato, salvo rarísimas excepciones; las otras han permanecido ocultas y humilladas desde su asesinato hasta hoy.

  • La primera tarea inexcusable del Memorial, para poder constituirse como tal, es recuperar todos los nombres de todas las personas asesinadas y  relegadas al olvido .

–          Mientras unas víctimas conocieron la reparación desde los primeros momentos, fueron entronizadas en altares, grabaron en oro sus nombres por calles e iglesias y compensaron con bienes y honores a sus familiares; las otras sólo han conocido el vilipendio y sus familias han continuado siendo presas del terror hasta ayer mismo, si no lo son todavía hoy en muchos casos.

–          Mientras en un caso se trató de un crimen contra la humanidad, premeditado, programado y ejecutado; en el otro el Estado se esforzó por evitar el crimen, del que fueron responsables grupos paramilitares, algunos de los cuales fueron castigados en medio de la misma Guerra por el gobierno legítimo.

Ambas víctimas, por lo tanto, pueden estar al lado, pero no pueden estar juntas, porque no significan lo mismo. Juntarlas sería justificar el crimen de Estado, crimen que aún no ha sido reparado, porque no ha sido reconocido por el Estado democrático español y está lejos de ser reconocido, según parece, ya que hay algunos españoles que no están dispuestos a la “descalificación de un largo periodo de la historia de España”. Sin embargo, cuanto más se tarde, más largo será el periodo que tendrá que ser “descalificado”. Aquí ya no está implicado solo el franquismo, también le afecta a la democracia. Si se quiere hablar de reconciliación, ha de ser para este tiempo presente, una vez establecida la verdad y realizada la justicia.

Finalmente, el Memorial tiene que delimitar y separar claramente a las víctimas de los muertos. Los caídos en el frente de batalla y los ajusticiados por Tribunales legítimos nos son víctimas. Son muertos relacionados con la Guerra Civil y dan lección de la inhumanidad de las guerras, pero no forman parte de las víctimas inocentes. Entre los muertos, se pueden hacer los apartados que cada cual considere, dejando espacios para italianos o alemanes, en un lado, y para brigadistas internacionales, miembros de partidos y sindicatos, en el otro, si así lo demanda el debate social. Pues se trata de memorias particulares y no universales, ya que no son víctimas. Es cierto que también significan dos cosas bien distintas: en un lado, la ideología de los fascismos europeos; en el otro, la pluralidad política que caracteriza a las democracias. Por eso, estas memorias particulares deben estar igualmente separadas.

Valle de los Caídos, 2. Franco

Los informantes han razonado la retirada de los restos de Franco del Valle de los Caídos diciendo que son los únicos allí depositados que no proceden del tiempo de la Guerra. Cualquier excusa vale, pero ninguna va a ser aceptada por los habitantes de la caverna. Franco ha sido también el único motivo de discordia entre los miembros de la Comisión, tres de los cuales han suscrito un voto particular en el Informe.

Fundan éstos su opinión en dos razones: el “respeto a la continuidad de la historia de España” y la “ponderación de concurrentes circunstancias de legalidad y oportunidad”. Explican el respeto histórico con un primer argumento de que no se ha visto nada igual en Europa, exhumar a un Jefe de Estado, pero es un argumento muy débil, aunque sólo fuera por el hecho de que no existe nada parecido en Europa. ¿O es que Hitler, Mussolini, Ceauscescu o Stalin, por ejemplo, presiden lugares públicos en sus respectivos países? Más fuerza tiene el otro razonamiento histórico que aportan. Dicen que la Comisión ha optado por congelar los restos existentes de la dictadura o por acumularlos a los restos de los vencidos, pero ha prescindido de destruirlos. Efectivamente, así lo han expresado en el punto 5 de las Consideraciones. ¿Por qué hacen esta excepción con el enterramiento de Franco? Caben muchas respuestas, no obstante, a este interrogante, incluida la imposibilidad de acumular en este caso un resto paralelo. Pero la respuesta más sencilla es que no se trata de destruir, sino de reubicar, como viene ocurriendo con muchos otros elementos de la Dictadura.

Este razonamiento, sin embargo, no pasa de ser otra excusa, porque las razones esenciales están en la legalidad y en la oportunidad. Respecto a la legalidad, aducen las competencias que en este asunto tiene la Iglesia y así es, pero eso no significa más que la responsabilidad de la ejecución o toma en consideración de la propuesta le corresponde a la Iglesia en vez del gobierno. Lo verdaderamente importante es la oportunidad política y ahí está la clave interpretativa de este asunto. Dicen los firmantes del voto particular: “una parte no pequeña de los españoles consideraría que la exhumación supone una descalificación de un largo periodo de la historia de España”. ¡Acabarámos! Pues claro, ¿qué va a suponer, si no? Este es el problema, la adhesión de una buena parte de los españoles a la pasada Dictadura. Ya lo había dicho Gabriel Jackson en El País el día 30 de noviembre de 2008: “Lo que ocurre en España, una parte importante del problema, es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud”.

Y este es el problema que hay que resolver.  Hasta ahora el Parlamento español no ha sido capaz de hacerlo. Sólo formuló una leve y equidistante condena de la violencia en la Guerra en la sesión del día 20 de noviembre de 2002. Pero no ha sido capaz de condenar al franquismo, como lo hizo y le solicitó el Parlamento europeo en la Declaración del 17 de marzo de 2006. Y no digamos la judicatura, a punto de juzgar a Garzón por haber definido al franquismo como un régimen responsable de crímenes contra la humanidad.

Por mucha resistencia que el franquismo residual ofrezca, su causa está perdida. La historiografía está terminando de describir el perfil criminal de la Dictadura; las víctimas se han hecho visibles y nunca van a poder ser ocultadas ni su voz apagada; la humanidad camina, lenta pero inexorablemente, en la defensa de los Derechos Humanos; es sólo cuestión de tiempo para que también España, el Parlamento español dé el paso y reconozca que la Dictadura de Franco ha de ser condenada sin paliativos y sus crímenes plenamente reparados. En esta ocasión, el Partido Popular tiene una buena oportunidad, quizá una de las últimas, para ir homologándose con la derecha europea al abandonar definitivamente a su suerte a la pasada Dictadura. Dudo que pueda ser capaz de hacerlo.

 

 

 

Valle de los Caídos. El Informe

Valle de los Caídos. El Informe

La Comisión creada por el Consejo de Ministros del 28 de mayo de 2011 para decidir “el futuro del Valle de los Caídos”, en cumplimiento del artículo 16 y de la adicional sexta de la Ley 52/2007,  ha concluido su informe. Lo primero que tengo que decir es que se trata de un Informe casi perfecto. Responde efectivamente a la calidad de las personas expertas seleccionadas para realizarlo. Es tal la perfección, que recoge de forma modélica los conflictos esenciales que perviven en nuestra sociedad en lo relativo a ese Valle y a aquella Guerra: la difícil ubicación de las víctimas y el destino del responsable principal, el dictador. Pero de estos dos asuntos trataremos en otros artículos.

El Informe comienza con una Introducción, donde asienta los fundamentos jurídicos e historiográficos que han regido su elaboración. Se cita la legislación que originó el monumento del Valle de Cuelgamuros; se describen los restos de los difuntos allí depositados y la cronología de su depósito, junto a otras características de los mismos, como es el número enorme de restos no identificados, la presencia en lugar preeminente de José Antonio primo de Rivera o la excepcional presencia de Franco.

Es una Introducción bien hecha. Sólo tengo que poner aquí un matiz interpretativo, que me parece relevante: la idea de crear el mausoleo del Valle de Cuelgamuros es de 1 de abril de 1940, primer aniversario de la Victoria, y se inscribe en la interpretación de la Guerra como Cruzada: “perpetuar la memoria de los cayeron en nuestra gloriosa Cruzada”, pero la inauguración del Valle de los Caídos es de 1 de abril de 1959, momento en el que estaba cambiando sustancialmente el mensaje sobre la Guerra. El franquismo no hablaba entonces de cruzada y de victoria,  sino de guerra entre hermanos, una guerra inevitable y necesaria, una guerra donde “todos fuimos culpables”, pero que condujo a una paz duradera por obra de Franco. Era la nueva justificación, por su ejercicio, del franquismo, en el nuevo contexto internacional y de cambio económico interno. Este mensaje, que llegaría intacto y universalizado a la Transición, es clave para la interpretación del Valle de los Caídos y para la comprensión de su pervivencia simbólica; explica también la interrogante presencia de víctimas republicanas, algo sobre lo que la Comisión ha pasado por alto. Pero de eso hablaremos en otro momento, cuando tratemos de las víctimas.

El segundo apartado del Informe son las “Consideraciones”, donde se recoge el resumen de la investigación realizada. Cuentan cómo, después de planteárselo expresamente, optaron por no dejar a merced de los elementos erosivos el futuro del complejo monumental de los Caídos, sino por estudiar la forma de mantenerlo, convirtiéndolo en un centro memorial “de víctimas y de muertos” de la Guerra Civil, aunque para ello habrá que elaborar una explicación. Resignificar el Valle de los Caídos será, pues, la tarea. Debo decir que el análisis está bien ajustado, que tiene en cuenta la historiografía más reciente y que no ahorra calificativos para la Dictadura, por más descalificadores que ellos sean. Y hay que añadir que todo ese contenido ha sido aprobado unánimemente por la Comisión. Reconocen también que hay cosas aún sin investigar, en particular los 12.410 restos de personas desconocidas, todas ellas republicanas.

Finalmente, hacen una Recomendaciones. Comienzan advirtiendo que iniciar cualquier acción requiere la búsqueda de un amplio consenso entre las fuerzas políticas, lo que no podrá hacerse sin un debate social y esto exige, a su vez, la “pacificación social y política del Valle de los Caídos”. Cualquiera, al leer eso, pudiera considerar exagerada la apreciación, pero la reacción de la derechona nada más conocer el Informe es la prueba de que la “pacificación” está lejana. Incluso el actor que el Partido Popular ha tenido durante toda la legislatura para soltar los exabruptos contra el gobierno ha dejado a un lado la cara virginal que le regalaron las pasadas gloriosas elecciones y se ha apresurado a decir que “el problema de los españoles hoy no es Franco, sino el paro”, dejando claro lo que piensan hacer con el Informe.

Entre las recomendaciones, yo destaco el sentido que los informantes quieren dar a la resignificación del Valle de los Caídos, en la que aparece nítida la mano de Reyes Mate: “El objetivo de la resignificación integral no es otro que el de expresar la centralidad de las víctimas mostrando documentalmente y evocando simbólicamente el vacío ético que generó la Guerra Civil con la muerte”. Esto no lo puede digerir el franquismo, pero también le cuesta mucho trabajo al republicanismo acrítico. Y eso explica las reacciones que hemos visto, perfecto retrato de dónde está cada cual.

Pero el conflicto principal se ha generado con una recomendación insignificante dentro del conjunto, la que está en el número 31 del Informe, que propone la reubicación de los restos de José Antonio junto a los demás restos y no en lugar preeminente, y el traslado de los restos de Franco fuera del edificio. Esto último es lo único que ha provocado el voto particular de tres miembros de la Comisión. Es también lo único que ha leído la caverna y a la explicación de su desaforada reacción dedicaremos otro escrito.

La Teoría del Queso

La teoría del queso Gruyere, según la cual el capital internacional va agujereando el movimiento social a través de un sinnúmero de Fundaciones y de personas, éstas  normalmente despistadas o tontos útiles, comienza a extenderse y a dar sus frutos.

El primero de esos frutos, que conozco, es la rendición de Jerónimo Aguado, que ha dimitido de la presidencia de Plataforma Rural, al sucumbir al acoso de la denuncia, fundada en la sospecha, frente a la cual es imposible elaborar una defensa.

En este asunto hay algunos hechos: hay dos Fundaciones, Ashoka y AVINA, que son poco de fiar y, desde luego, forman parte de la ideología neoliberal; hay dos subvenciones de esas Fundaciones a proyectos que se realizaron en Amayuelas de Abajo (Palencia) a través de la Universidad Rural Paulo Freire y por mediación de Jerónimo Aguado; y está el mismo Jeromo, que también recibió una ayuda para continuar su labor de compromiso con el medio rural, manifestado a lo largo de más de treinta años.

Con esos hechos se construye el siguiente argumento: Ashoka y AVINA han financiado a C.I.F.A.E.S.-URPF a través de Jerónimo Aguado, luego los proyectos de Amayuelas y Jerónimo Aguado son el instrumento del capitalismo internacional, que ha minado y trata de destruir al movimiento social de resistencia.

Aceptemos todas las denuncias sobre Ashoka y AVINA, sin necesidad de detenernos en la comprobación de las mismas, por el hecho suficiente de ser neoliberales; aceptemos, después de discutirlo en su caso, que no se reciban subvenciones de esas Fundaciones ni de cualquiera otra que sea sospechosa, incluidas las Administraciones Públicas en manos del PPSOE, como escriben los críticos de esta cuerda. Pero no podemos concluir sin más que una determinada subvención ha sido utilizada en contra de los principios de la asociación que la haya recibido, si no podemos aportar algún elemento, por pequeño que sea, que lo demuestre o, al menos, que permita asentar la hipótesis. (Bueno, a no ser que apliquemos aquí esa otra teoría, que podíamos denominar de las bacterias o “principio de precaución”, con la que se concluye que todo el que haya rozado o respirado aire cerca de Ashoka y de AVINA, o de cualquiera de las múltiples asociaciones o personas que se han rozado con esas Fundaciones, ha quedado objetivamente contaminado. En este caso no deberíamos seguir leyendo, pues está todo dicho.)

¿Qué hecho concreto, qué escrito, qué actividad demuestra que C.I.F.A.E.S.-URPF han utilizado una subvención de Ashoka o de AVINA en contra de sus principios fundadores? Y en cuanto a las personas, ¿existe un dato, un solo dato que demuestre que Jeromo es un infiltrado o que ha utilizado mal una subvención? Si no se presenta un dato, si, además, todos los hechos son públicos y transparentes, si son colegiadamente tratados y aprobados, ¿cuál es el fundamento de las gravísimas acusaciones proferidas contra Jeromo y el movimiento social en el que participa?

Porque sólo faltaba que el fundamento de las denuncias, basadas exclusivamente en la sospecha, estuviese motivado por rivalidades personales, por afectos y desafectos. Sería la perfección de la argumentación insidiosa. Yo no voy a investigar ni a razonar por esa vía.

El argumento, como vemos, es poco científico, saca conclusiones rotundas de unas premisas aéreas, pero es un argumento público, que se transmite en escritos, en conferencias e, incluso, en Asambleas de asociaciones, en Ejecutivas de sindicatos o en Consejos de Administración de empresas. Y se producen respuestas, inevitablemente  ligadas a la credibilidad que a cada cual le merecen las personas o proyectos en torno a los cuales se teje la sospecha. ¿Cuáles han sido estas respuestas?

En lo que yo sé, ha habido varias posturas. Los que conocen a Jeromo y reconocen su talante bondadoso y honrado se han apresurado a preguntarle qué pasaba, y Jeromo ha dejado todos los papeles sobre la mesa, donde ya estaban, por cierto. Los que le conocen y no le quieren han aprovechado para difundir voces con rumores, por si iba calando poco a poco el argumento. Y los que no le conocen, ¿cómo han reaccionado lo que no le conocen? Muchos han dicho “algo habrá” y se han sentado a esperar el resultado (¡Cómo me recuerda aquel “algo habrá hecho” que estuvimos diciendo de las víctimas del terrorismo hasta el año 1996!). Otros han creído que el asunto no iba con ellos y no han tenido problemas en consentir que siguiera la rueda. Unos pocos, finalmente, han investigado para buscar los fundamentos del argumento.

Sé de dos entidades implicadas en la insidia con las que ha podido demostrarse la falacia a tiempo. Se trata de Equo y de Fiare. A Equo se le acusó de estar construido para desmovilizar al movimiento social por la presencia en su Consejo Asesor de Pedro Arrojo, que había recibido en una ocasión una subvención de AVINA. Pero ocurrió que Pedro Arrojo apoyó la alianza electoral de la Chunta Aragonesista con Izquierda Unida y no con Equo, con lo que la acusación falsa, sin más sostén que la sospecha insidiosa, cayó por su peso. A Fiare se le acusó de tener “alianzas” con Ashoka y AVINA y con varias otras bacterias horadadoras de queso que están contaminadas por esas Fundaciones. En este caso fue fácil demostrar que no existe ninguna de esas alianzas y ninguna contaminación, no sólo porque de hecho no existen y así lo afirmaron los responsables al ser consultados, sino porque todo el argumento se reducía a erróneas lecturas de escritos que circulan por internet.

Pudo demostrarse que la sospecha era humo, pura falacia, aunque se convirtiera en insidia y en insulto al usarla irresponsablemente en público. Pero Jeromo ha caído, porque, aunque es un militante probado, es débil y ha caído. Quizá hayan influido las respuestas recibidas ante las sospechas, ya que, por muchos que hayan sido los afectos manifestados, los silencios y las maledicencias pesan en exceso.

No sé si Ashoka y AVINA terminarán de horadar todo el queso, pero el movimiento social realmente existente en el campo español, no el de los despachos, ha quedado más que horadado. Y no sólo en el campo, porque en este asunto ha habido demasiados silencios y muy poca investigación. Eso también traerá consecuencias. No puedo por menos de dar la enhorabuena a los artífices y difusores de la falacia, que ya han comenzado a recoger sus frutos. Enhorabuena, sí; pero también lección aprendida sobre los compañeros de viaje.

Memoria de las víctimas, Historia y Política

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