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El error de Ciudadanos

Si el 2 de marzo de 2016 Podemos cometió un error de bulto, posibilitando la presidencia de Rajoy, por no abstenerse, al menos, en la votación de investidura de Pedro Sánchez, el 1 de junio de 2018 Ciudadanos ha repetido el mismo error al votar con Rajoy contra la moción de censura. Abstenerse habría sido su salvación, pero la envoltura rojigualda en la que se han refugiado les convierte en cómplices del Partido Popular, con su corrupción incluída.

Asombra sobremanera el argumentario de Ciudadanos, un argumentario idéntico al de los populares: que si Sánchez se ha vendido a los independentistas, que si es portavoz de los terroristas, que si es un traidor, que si accede al poder por la puerta de atrás y toda la retahíla consabida. Coincidir en la votación y coincidir en el argumentario es demasiada coincidencia. El fantasma de Rivera ha comenzado a desvelar su rostro.

Dos años ha tardado Podemos en reconocer de hecho su error del 2 de marzo, votando exactamente lo contrario que aquel día. En ese reconocimiento ha sido determinante la ciudadanía. Primero, mostraron su desafección en las encuestas, después le retiraron el voto en las urnas, finalmente mostraron la falta de aprecio al líder, situándole en el último lugar de valoración. El reconocimiento de hecho del 1 de junio no conjura todos los efectos del error de marzo, si se mantienen las formas que lo acompañaron, principalmente la pretensión de dictar el programa y los ministros del gobierno. Creo que todavía no estamos del todo salvados en esto. A esperar.

Puede que Ciudadanos sustituya al PP en intención de voto en las encuestas durante un tiempo. Lo mismo ocurrió con el PSOE no hace tanto. Pero los errores, aunque no tengan fijada la fecha, terminan pagándose. Y Ciudadanos ha cometido un enorme error el 1 de junio.

Marcelino Flórez

El futuro son dos cosas

Cuando dentro de unas horas termine de consumarse la moción de censura, se inaugura un doble ciclo temporal: el primero es coyuntural, de transición, y durará un máximo de dos años; el segundo es un proyecto a medio plazo y se convertirá en programas electorales.

Lo han repetido hasta la saciedad, unos de forma directa, otros de forma velada: el sí a Sánchez es un no a Rajoy. Exactamente se trata de eso, de echar al Partido Popular del poder y a todas sus muletas, con todas sus políticas: la corrupción institucionalizada, la crispación o enfrentamiento social como método de acción política, el clientelismo como sistema de relaciones políticas, la quiebra de las libertades, amordazadas, la desigualdad social, el abandono de la naturaleza a la rapiña capitalista, el regreso a los hábitos culturales franquistas y la convocatoria al odio como sistema, que este repertorio lleva consigo.

La tarea del gobierno coyuntural será devolver la calma a la sociedad, recuperar la libertad y diversidad informativa, cambiar crispación por diálogo, autoritarismo por participación, administrar con transparencia y elaborar unos presupuestos para el día 1 de enero del año 2019. Después, organizar mediante el consenso unas elecciones. Es un gobierno de transición, sin programa propio. Por eso, pedirle a este gobierno cualquier cosa que no sea recuperar democracia y constitución no sólo es inútil, sino que es un error. Ni políticas sociales, ni políticas territoriales alternativas caben en este gobierno, sólo administración, sólo método transparente con lo que hay.

Es en 2020 cuando empieza el ciclo de medio plazo. Y aquí ya cabe todo, comenzando por las propuestas para reformar la Constitución, que es una urgencia indiscutible. El sistema judicial, los medios públicos de información, otros bienes comunes, como la educación, la sanidad y los servicios sociales o las pensiones, exigen acuerdos inmediatos, pero consensuados y duraderos. Hay que blindar constitucionalmente esos acuerdos, porque el capitalismo rapaz siempre está al acecho.

Y el problema territorial. Es en la reforma constitucional donde hay que tratar eso. Hay, sin embargo, dos elementos previos que deberían considerarse: el primero, reconocer al independentismo catalán, y a los catalanes no independentistas que también lo demandan, la utilidad de hacer un referéndum sobre la independencia. Tiene que ser una consulta clara, sin eufemismos como “el derecho a decidir”, que es pura ambigüedad, o “el derecho de autodeterminación”, que sólo existe para situaciones de colonización. Una consulta sin preguntas tramposas y con debate público e información suficiente. El segundo, un referéndum sobre la forma de Estado, monarquía o república. Resulte lo que resulte de ambos referendos, será en la nueva Constitución donde se defina tanto el territorio, como la forma de Estado.

Confieso que la forma de Estado me importa poco y no voy a desgastar energías en ese asunto. Lo que me interesa son sus funciones, la forma de designación y las características generales. Tanto me da una persona reina, como una presidenta, siempre que no le designen los dioses, ni esté por encima del bien y del mal.

Lo que me interesa es la organización del territorio. Y yo quiero federalismo, que significa hermandad universal y autonomía territorial. Quien viva de identidades y sentimientos ancestrales, que pueda hacerlo, siempre que no obligue a nadie a confesar esas mismas identidades. Yo opto por la máxima autonomía municipal y regional, llámese nación o se denomine con términos de geografía física; autonomía máxima dentro de un Estado español federado en Europa e impulsor de unas Naciones (mejor, Estados o Países o Territorios) Unidas, con monopolio para éstas en el uso global de la fuerza, o sea, con un solo ejército. Ese es mi medio plazo.

Marcelino Flórez

Empantanados, de Joan Coscubiela

Mucha gente ya conocíamos a Joan Coscubiela por afinidad sindical o política, pero toda la demás gente lo conoció el día 7 de septiembre de 2017, cuando intervino en el Parlamento catalán para protestar, en nombre de la minoría, del abuso de la astucia por parte de los independentistas, que se había convertido en un abuso autoritario sobre los derechos políticos, aparte de ser un incumplimiento de las leyes.

Ese discurso es la causa del encargo que le hizo la editorial Península para escribir un libro sobre el procès. El resultado se titula Empantanados y lleva por subtítulo Una alternativa federal al soviet carlista.

I.

El libro se organiza en tres partes. La primera es una crónica del procès, una excelente crónica, entreverada de agudas explicaciones y cargada de anécdotas y máximas, en algunos casos muy brillantes. Esta crónica ha de ser una fuente historiográfica durante mucho tiempo, lo que hace de este libro un clásico desde su origen.

La crónica parte del pleno parlamentario de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, que, visto en perspectiva, es el resultado de una hoja de ruta sin salida o, como dice gráficamente el autor, con salida en el delta del Okavango, es decir, en la desaparición bajo el desierto arenoso. Todo comenzó con las elecciones anticipadas de 2012, que condujeron a la consulta del 9 de noviembre de 2014, a la que siguieron las elecciones plebiscitarias de 2015, cuyo resultado se concretó en la Resolución del 9 de noviembre de 2015, donde se fijaba el ritmo de la hoja de ruta hacia la independencia. Era la respuesta a las grandes movilizaciones que siguieron a la anulación de algunos artículos del Estatuto por parte del Tribunal Constitucional. Pero el procès era también el resultado de la competencia interna entre CIU y ERC por la hegemonía en el nacionalismo. Siempre guiado por la estrategia de la astucia, que abocó al autoengaño. Y caminando bajo la guía que puso la CUP.

Las proposiciones de leyes que habían de ser debatidas el día 6 de septiembre se conocieron el día antes y a sólo tres semanas de la celebración del referéndum, de la declaración de independencia y de la elaboración de la constitución catalana. El dictamen del servicio jurídico fue implacable: no era válida la vía exprés de lectura rápida. Y la responsabilidad cayó en la Mesa del Parlamento, que retrasó la tramitación de las proposiciones hasta una hora antes del debate, contaminando en origen y aprobando en fraude de ley las propuestas legislativas. Fue ahí cuando tomó la palabra Coscubiela, que fue recibida con los aplausos de la derecha españolista y de los socialistas, y con un atronador silencio de su grupo parlamentario, CSQP.

“La mancha de mora con otra verde se quita”, titula el autor el capítulo 2 para explicar la huída hacia adelante del procès. Establece aquí una interesante tesis, aprendida de su compañero sindical, López Bulla: “Un error es solo eso, un simple error. Cuando el error se comete otra vez, es un error repetido. A partir de la tercera vez, el error deja de serlo para convertirse en una opción”. Y explica así la estrategia anticatalanista de Rajoy, por una parte, desde su lucha contra el Estatuto hasta la inacción actual; y la estrategia independentista de Mas-Junqueras desde 2012 hasta la DUI y después.

Estas estrategias condujeron al mes de octubre, que comenzó con el referéndum del día 1. Era la tercera consulta, después de la de noviembre de 2014 y de las elecciones plebiscitarias de 2015. Esta vez, el independentismo obtuvo un éxito incuestionable, que se acrecentó con la torpe actuación del gobierno del Partido Popular, ordenando reprimir sin misericordia la movilización. Ese éxito, sin embargo, no legitimó la vía unilateral a la independencia, siempre ejecutada en fraude legal; y, por otra parte, hizo visible la extrema división de la sociedad catalana con la manifestación que siguió el día 8 del mismo mes.

Continuó octubre con el pleno d el día 10, donde se proclamó la DUI “sin efectos legales”; y siguieron las jornadas de los días 26 y 27, a las que se llegó con un pacto, cierto aunque impreciso, de Puigdemon y Rajoy. Pero la disputa interna de los nacionalistas acobardó al President, que no se atrevió a convocar elecciones, teniendo a la gente movilizada en la calle. La salida fue el arenal del desierto, la desembocadura del Okavango. Y la respuesta fue la aplicación del artículo 155, el estado de excepción para la autonomía catalana.

Mientras tanto, comenzaron a actuar las togas, que llevaron a prisión, primero, a “los Jordis” y, después, a los consellers, originando una nueva polémica, que llevó a hablar de “presos políticos” y de “golpe de Estado”. Siguió la huelga “fantasmagórica” del 8 de noviembre y la manifestación del día 11, donde se vio que las fuerzas nacionalistas seguían intactas, como corroborarían las elecciones del 21 de Diciembre.

Cierra la primera parte una descripción del conflicto interno de Los Comunes, donde la “patrulla nipona”, formada por la gente de ICV y los independientes, es marginada por la mayoría de sus representantes; y explica los desacuerdos fundamentales: el tactismo del 1 de octubre, llamando a participar con la excusa de que se trataba de una “movilización” y no de un referéndum, y el “tiro en el pie” de Ada Colau al romper el pacto municipal con los socialistas.

II.

La segunda parte, más interpretativa, relaciona el procès con la crisis económica, que agudiza la crisis del Estado; y asimila el movimiento independentista con el 15-M en tanto que respuesta a la crisis. Esta parte es un análisis del nacionalismo y su deriva independentista. En la movilización independentista se suman muchos elementos: el factor identitario de fuerte raigambre; la atracción de la fórmula “el derecho a decidir”; los pretendidos agravios económicos sintetizados en el “España nos roba”; la solidaridad que provoca la represión; y otras emociones, como la lógica de oponerse al PP.

Tiene mucho interés el relato de la construcción ideológica nacionalista desde abajo y desde arriba. Sitúa el punto de arranque en la manifestación del 10 de julio de 2010, convocada por el Tripartito, como respuesta de la sentencia del Constitucional sobre el Estatuto. Además de las multitudinarias manifestaciones, el nacionalismo se construyó localmente con los referendos simbólicos, mientras, desde arriba, TV3 se empleaba en crear conciencia nacional, cuyo resultado será el nacimiento de una ilusión basada en un relato sólo de bondades, al tiempo que el mantra del déficit fiscal de los 16.000 millones servía para enjugar responsabilidades por los recortes y cualquier desvarío que pudiera hacer el gobierno catalán.

El gran apoyo popular logró mantenerse a través de la estrategia de la astucia, visible, por ejemplo, en los eslóganes de las sucesivas díadas, aunque el exceso de astucia condujo al autoengaño del mes de octubre. Hubo, además, un error: los desprecios. El desprecio a España, el desprecio a la fuerza del Estado, el desprecio a las leyes, el desprecio a la correlación de fuerzas. Y ha habido también efectos colaterales: las fracturas. Fractura en las familias, fractura en la sociedad, fractura en el propio nacionalismo, que ha visto aparecer signos xenófobos, émulos del carlismo, que desprecia la modernidad.

III.

La tercera parte recoge las alternativas. Está escrita inmediatamente después de las elecciones del 21-D y su primera propuesta es pactar el desacuerdo y propiciar una desescalada en el conflicto. Transcurridos cuatro meses, ningún éxito ha tenido esta propuesta de Coscubiela.

Menos coyuntural es el diagnóstico que hace de los cuarenta años de democracia en cuanto a la gestión territorial. Critica el resultado del “café para todos”, que convirtió el agravio comparativo en el motor de la historia, dice, jugando con los conceptos. Lo conceptualiza muy bien, diferenciando entre el autonomismo por convicción de Cataluña, el autonomismo por emulación de Andalucía y el autonomismo “a la valenciana”, aquel que se recoge en su Estatuto cuando dice que cualquier competencia que adquiera otra Comunidad Autónoma pasará a ser competencia valenciana.

Coherente con ese diagnóstico, Coscubiela propone la creación, a medio o largo plazo, de un federalismo asimétrico, mientras en el corto plazo se pueden aprovechar los flecos que ofrecen los acuerdos de financiación, se puede alcanzar también un “concierto solidario” y leves reformas de la Constitución.

Da un poco miedo oír habla de asimetría, pero cuando vemos la concreción se pasa el susto. La asimetría va poco más allá del reconocimiento de la plurinacionalidad o el blindaje de las competencias sobre lengua, cultura y educación. Mientras que la simetría alcanza a factores esenciales, como es la legislación sobre relaciones laborales, la normativa fiscal para “hechos de gran movilidad”, cual es el capital, la caja común de la Seguridad Social, además de asentar mecanismos solidarios de equilibrio horizontal. Sería tan fácil alcanzar acuerdos como éstos, que el “empantanamiento” en el que seguimos anclados ha de tener otras explicaciones o excusas, pienso yo.

Empantanados, pues, es un clásico por lo que tiene de fuente histórica, pero también es un ensayo político de amplia base para hacer propuestas en el erial que se ha convertido la vida política española, incluída la izquierda. Y además, está bien escrito.

Marcelino Flórez

Antisindicalismo de nuevo tipo

En el año 1977, cuando se produjo el paso el paso de movimiento a sindicato en las Comisiones Obreras, éste se denominó “sindicato de nuevo tipo”. El concepto incluía dos elementos esenciales: la voluntad unitaria para la representación obrera y el carácter sociopolítico, lo que contemplaba la decisión de combinar la movilización con la negociación y el pacto. Ambos principios se han mantenido siempre, con la adecuada adaptación a las circunstancias cambiantes. Cuarenta y un año después, sin embargo, estamos siendo testigos de la aparición de un antisindicalismo de nuevo tipo.

El antisindicalismo es tan antiguo como el sindicalismo. Tan pronto como se formaron los primeros sindicatos, la democracia burguesa los prohibió con el argumento de que se oponían a la libertad de trabajo y, desde entonces, el liberalismo ha considerado al sindicalismo como un enemigo, siempre con el mismo argumento, la libertad de trabajo. No merece la pena entretenerse en desmontar esa falacia, que fue enterrada por la lucha obrera hace ya siglos.

Pero el liberalismo en su versión moderna ha persistido en la refriega con mucho éxito. La representante más genuina entre nosotros de este neoliberalismo fue Esperanza Aguirre. Al comienzo de la actual crisis, aprovechando la coyuntura de recortes generalizados y la debilidad manifestada por el sindicalismo en las huelgas generales contra esos recortes, dio un potente hachazo al sindicalismo, eliminando lo que denominó “mamandurrias” y que no eran sino derechos, arrancados día a día al capital a través de luchas y de pactos, en forma de horas de trabajo pagadas para representar a los trabajadores y trabajadoras. Antes de Esperanza Aguirre, Margaret Thatcher había logrado casi exterminar al otrora poderosísimo sindicalismo británico.

Estos éxitos neoliberales fueron posibles porque sus mensajes descalificadores del sindicalismo habían logrado penetrar en la conciencia de trabajadores y trabajadoras, bien es verdad que en medio de muchas contradicciones, pues en cuanto necesitan remedios esas mismas personas acuden sin ningún pudor a solicitar la ayuda sindical. Alguna gente, incluída gente joven, sigue hablando todavía hoy de “los sindicatos”, según el concepto franquista, como si las cuotas de la afiliación fuesen obligatorias, aunque ellas mismas estuviesen exentas. Esto es lo que hay.

La mentalidad neoliberal, ayudada por el poder político y económico a través del control monopolístico de los medios de comunicación, creó también un sindicalismo nuevo para oponerse al sindicalismo obrero. Al principio, estos nuevos sindicatos llevaban la sigla de “independientes”, queriendo expresar así que los sindicatos obreros eran “dependientes” de los partidos obreros, y al mismo tiempo desdibujaban la institución sindical. Poco a poco y perdida ya toda vergüenza, estos sindicatos corporativos y de empresa se denominan con nombres propios: de pilotos, de maquinistas, de cuadros, de enfermería, de profesores, de funcionarios. Son lo contrario a un sindicato propiamente dicho. Mientras éste defiende la solidaridad obrera, los corporativos defienden el interés privado, particular. El mundo al revés, pero también es lo que hay.

En ayuda de este antisindicalismo neoliberal han acudido recientemente las organizaciones que se reclaman de tradición anarquista. En este caso, se trata de una lucha contra el “sindicalismo de concertación”, que defiende “el conflicto como herramienta de cambio”. Un sindicalismo alternativo de este tipo no sería nada vituperable, si no hubiese convertido en objetivo principal de su acción el enfrentamiento con los sindicatos de clase mayoritarios y, particularmente, con las Comisiones Obreras. ¿Por qué con las Comisiones Obreras? No porque sea el sindicato más próximo en el pensamiento y en la acción, que probablemente lo es, sino porque es el principal competidor en las elecciones sindicales. Y esta es la segunda contradicción del sindicalismo de confrontación: además de confrontarse con los sindicatos de clase, más que con la patronal, se presenta a las elecciones oficiales para acceder a las “mamandurrias” que la ley otorga. Los acontecimientos sociales recientes se entienden muy bien, si no obviamos este hecho.

Este particular antisindicalismo se expresa de forma perfecta en una de las consignas que más repiten en sus manifestaciones: “Comisiones y UGT, sindicatos del poder”, una descalificación sin paliativos. Y es la conjunción de este ataque a los sindicatos mayoritarios con el antisindicalismo liberal lo que justifica la conciencia antisindical de una gran parte de la población, especialmente de la población obrera. Es el antisindalismo de nuevo tipo que habita entre nosotros, como ponen de manifiesto dos hechos recientes: la huelga feminista y las movilizaciones de pensionistas.

La exclusión de los sindicatos mayoritarios en la huelga feminista no pasó desapercibida para la prensa, aunque sí haya pasado desapercibida para la mayoría de la gente. Carlos Elordi, por ejemplo, escribía un artículo el día 13 de marzo de 2018 en eldiario.es, titulado “España no es de derechas”, donde utilizaba dos ejemplos para aseverarlo, las movilizaciones de mujeres y de pensionistas. Allí constata que esas movilizaciones se hacen con autonomía respecto a “partidos de izquierda y sindicatos tradicionales”. Y precisa: “no han sido convocados a organizarlas. Es más, que se ha querido expresamente que no lo hicieran”.

En el caso de la huelga feminista podemos certificar que la exclusión estaba muy fundamentada. Oscar Murciano, Secretario de Acción Social de la CGT en Cataluña, lo ha explicado con toda claridad en un artículo el día 12 de marzo de 2018, que lleva el significativo título de “El declive de la concertación sindical y el 8 de marzo”. Explicando el declive de la capacidad movilizadora de CCOO y UGT, utiliza, entre otros, el ejemplo de las Marchas de la Dignidad, en las que intentaron participar esos sindicatos, dice, pero “esta participación fue rechazada varias veces y de forma explícita por el sindicato más grande de aquella plataforma, la CGT”. Respecto a la huelga feminista escribe: “Finalmente, el movimiento social con más fuerza en el estado, el feminismo, preparó a conciencia con el sindicalismo alternativo (subrayado nuestro) la realización de una huelga de 24 horas el pasado 8 de marzo con el resultado que todas hemos podido ver”.

Hay que matizar, pues, las palabras de Carlos Elordi. No es que no se convoque a los sindicatos “tradicionales”, es que hay una intención expresa y reconocida de excluirlos. En la huelga feminista ha sido así. Sobran los ejemplos, cuando las palabras oficiales son tan claras, pero no está de más añadir la cronología de los hechos. Nada más terminar la asamblea feminista de Zaragoza de los día 13 y 14 de enero, y antes de que esta asamblea hubiera podido dirigirse a los sindicatos obreros, en el caso de que esa hubiese sido su intención, la CGT anunció el día 18 de enero que convocaba una huelga de 24 horas para el día 8 de marzo. Nada ha sido inocente en todo el proceso de exclusión.

Añadiré una anécdota para ejemplificar adonde condujo el proceso de exclusión en algunos lugares. Después de la concentración que convocaron en la Plaza Mayor de Valladolid CCOO y UGT, coincidiendo con las dos horas de huelga, la mayor parte de los trabajadores y trabajadoras allí congregados se unió a una marcha estudiantil, que se iniciaba en un lugar cercano. Una chica joven y muy activista se dirigió entonces a mi compañera, Eva, que llevaba una pegatina de CCOO, recriminándole esa adhesión a la marcha estudiantil:

– ¿Qué hacen ahí los tuyos, que no son convocantes?, preguntó.

Eva, mi mujer, dijo:

– A mí no me digas nada, que estoy aquí, díselo a ellos, compañera.

– No me llames compañera, respondió la chica joven y activista. Tú no eres mi compañera.

El alcalde Tiedra, que lo es dentro la coalición Valladolid Toma la Palabra y que charlaba con Eva, respondió:

– Si no te podemos decir “compañera”, no tenemos más que hablar.

Y la chica replicó:

– Tú, un hombre, diciéndome lo que tengo que decir. Inadmisible.

Se quedaron sin palabras, como yo ahora. Alguien podrá pensar que esto es una anécdota, pero yo pienso que es la cosecha de lo que se viene sembrando.

En cuanto a la huelga de pensionistas, aún no tengo todos los elementos para el análisis, aunque hay síntomas de intromisiones del mismo tipo y otras muy sospechosas, si observamos la catadura de los dirigentes de alguna asociación de jubilados recientemente creada. En Valladolid he visto hablar en nombre de la “coordinadora” a gente del entorno de los “minoritarios”, aunque en Madrid se arroga la representatividad la Unión Democrática de Pensionistas, la misma que utilizó Felipe González en 1988 para evitar tener que negociar con CCOO y UGT y cuya respuesta fue la huelga del 14-D. No sé lo que ocurre en Bilbao, donde el movimiento es compacto y que, al ser televisado, se ha convertido en el impulsor de las movilizaciones en el resto de España. Comisiones y UGT siguen participando, desconvocando a veces movilizaciones que sus federaciones de pensionistas vienen haciendo desde hace muchos meses; y así debe ser, anteponiendo el fin común y la unidad de acción a estrategias coyunturales, y defendiendo asertivamente las propuestas más allá de los protagonismos.

Independientemente de quien controle las coordinadoras y de que exista una voluntad organizada para ello, como ocurrió en la movilización feminista, una parte del movimiento de pensionistas sí ha dejado claro el rechazo al sindicalismo de clase. Este es el antisindicalismo de nuevo tipo; y es especialmente significativo en este sector, donde la mitad de las personas, como mínimo, son votantes confesos del Partido Popular. Por eso, querer arrogarse la representatividad de las movilizaciones, como razonan algunos dirigentes en su afán por debilitar a los sindicatos mayoritarios, más que de error hay que calificarlo de inocencia. Inocencia de nuevo tipo, eso sí.

Marcelino Flórez

Reforma de la Ley de Amnistía o Comisión de la Verdad

Unidos Podemos y los nacionalistas no han logrado que el Congreso aprobase una modificación de la Ley de Amnistía de 1977, por la que se pretendía exceptuar de aquella ley a los delitos de lesa humanidad. Esta modificación no debería ser necesaria, si se leyese adecuadamente la Constitución, de acuerdo con los tratados internacionales firmados por España, que ya exceptúan esos delitos de lesa humanidad en cualquier ley de amnistía. Pero la lectura que el Tribunal Supremo y el Constitucional vienen haciendo de la ley desoye los mandatos de los tratados internacionales, por lo que la proposición de Unidos Podemos y de los nacionalistas es necesaria para alcanzar la justicia que se merecen las víctimas y la condena que se merecen sus asesinos.

Dos tipos de argumentos se han esgrimido para oponerse a la modificación. Las derechas han recuperado los razonamientos que Marcelino Camacho, Xabier Arzallus y todas las fuerzas de oposición aportaron en 1977 para aprobar la Ley de Amnistía, a la que sólo se opuso Alianza Popular y la extrema derecha. Se pretendía con aquella ley sacar de las cárceles franquistas a quienes aún permanecían en ellas, que eran las personas acusadas de delitos de violencia política, la gente de ETA, del FRAP o de los GRAPO. Es verdad que los comunistas y los nacionalistas vascos usaron también el argumento de la “reconciliación nacional”, en una clara referencia a olvidar la Guerra de España y todas sus consecuencias, “una reconciliación, escribiría Bartolomé Clavero en su autobiografía familiar, El árbol y la raíz, que sólo bastante más tarde advertí que entrañaba la consagración de la impunidad de los vencedores y el despojo de los vencidos”. Así fue. Y eso es innegable. Pero los tiempos han cambiado, el conocimiento de la realidad ha cambiado y las demandas de hoy no son las mismas que las de 1977. Recurrir al “espíritu de la Transición” es un anacronismo en 2018.

El PSOE ha utilizado otro argumento, que es menos espectacular, pero más consistente: “la inseguridad jurídica”. No sé bien a qué se refiere, porque no lo ha explicitado, pero es muy posible que el PSOE esté pensando en la responsabilidad económica por los bienes sustraídos por el franquismo. De ese botín que se apropiaron los vencedores, Bartolomé Clavero aseguraba que “en el ámbito patrimonial, no por supuesto en el penal, la responsabilidad puede alcanzar a los descendientes de genocidas” y, añado yo, al Estado y a las empresas. ¿Será ésta la inseguridad jurídica que han aducido los socialistas para oponerse a la reforma de la ley? Estas precauciones ya las tomaron en la mal llamada Ley de Memoria Histórica, por lo que ahí puede estar la clave de este asunto.

En las redes, todo son improperios contra el PSOE, bien merecidos, por cierto. Pero hay otra crítica política que debe hacerse: cuando se desea que triunfe una propuesta, es necesario negociar su contenido con quien convenga; y es un error pretender hacerse la foto propagandística, dejando que sea derrotada la propuesta. Alguien tendrá esa responsabilidad, sin duda. ¿Por qué no se buscan vías de consenso, como puede ser en este caso el impulso parlamentario de una Comisión de la Verdad sobre los crímenes de la Guerra de España? Al menos obtendríamos un relato consensuado y definitivo. “Y si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”, como escribió Rainer Huhle. El país no parece estar maduro para buscar la justicia, pero debería estarlo para buscar la verdad.

Marcelino Flórez

Mayorías y sectas en la Huelga del 8-M

Me prometí y lo hice público en las organizaciones en las que milito no decir una palabra antes del 8-M 2018 que pudiese perjudicar el buen desarrollo de la jornada de lucha feminista. Pasado el día 8 y asegurado el éxito de las movilizaciones, estoy libre de ese límite.

Una de mis fuentes de información es la revista digital El Salto y una de las entidades donde me formo es la Fundación de los Comunes, de las que soy socio. En ambos espacios se ha publicado la opinión de lo más granado del pensamiento feminista de España. Allí he aprendido que el día 8 se quería lograr un movimiento caracterizado por la “masividad, pluralidad, transversalidad”, que se concretaría en una huelga laboral, estudiantil, de cuidados y de consumo. A esta huelga estaban llamadas sólo las mujeres, porque lo que se quería visibilizar era su presencia, habitualmente ocultada en esos espacios de producción y de reproducción de la vida. De ahí la consigna del movimiento: “Sin nosotras, se para el mundo”. Y la convocatoria se extendía a 177 países.

En cada país las cosas se han organizado de diferente manera. En España, el movimiento feminista convocó una primera asamblea en Elche el 23 de septiembre de 2017 y una segunda en Zaragoza los días 13 y 14 de enero de 2018. Desde esas asambleas se constituyeron Comisiones 8-M en 26 territorios de diverso tipo, desde localidades, como Cartagena, a Comunidades Autónomas, como País Valencià, por ejemplo. Y son esas comisiones las que han organizado y protagonizado las movilizaciones.

Si analizamos las Actas de Elche y de Zaragoza (https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B2t2EizRIkdYS1RIay1ZQm53RXM; http://hacialahuelgafeminista.org/wp-content/uploads/2018/01/ACTA-ESTATAL-ZARAGOZA-13.1.18.docx.pdf.), podemos observar que había mucha diversidad y que las síntesis eran difíciles. Algunos elementos fueron especialmente sensibles, como la huelga laboral, sobre la que se discutió mucho, o la relación con partidos y sindicatos, respecto a los cuales había mucha susceptibilidad y un cierto rechazo; y otras cosas eran imprecisas, como el alcance la huelga de cuidados e, incluso, la de consumo. El carácter muy autónomo del movimiento ha dado lugar a muchas diferencias en los diversos espacios.

Un elemento común, sin embargo, que ha caracterizado al movimiento de las mujeres este 8 de marzo es el intento de secuestro de la iniciativa por parte de grupos minoritarios y muy organizados, lo que ha dado lugar a algunos conflictos y, sin duda, ha restado eficacia a la movilización. Lo cierto es que las entidades hegemónicas infiltradas, en lugar de dirigirse al movimiento social y político que podía apoyar sin condiciones los principios de la movilización, han impuesto una retahíla de normas, condiciones y métodos por cuyo aro han tenido que pasar organizaciones y personas. Y han pasado para que la fortaleza de la movilización no se resintiera.

Es la hora de aclararlo. Y lo haré con algunos ejemplo ocurridos en Valladolid, donde las dimensiones demográficas y espaciales posibilitan conocer mejor los avatares cotidianos:

– El 22 de febrero la policía municipal retuvo a tres personas que pegaban carteles sobre la Huelga del 8-M. La agrupación municipalista, Valladolid Toma la Palabra, tuvo noticia del hecho y logró que todo el equipo de gobierno municipal se movilizase para resolver positivamente el incidente, al tiempo que reiteraba su apoyo a la Huelga del 8-M (http://www.valladolidtomalapalabra.org/valladolid-toma-la-palabra-se-reafirma-en-su-apoyo-a-la-huelga-feminista-del-8-de-marzo-a-la-libertad-de-expresion/).

No tengo interés en analizar ahora los hechos, tal y como han sido descritos en los medios, sino las actitudes de las personas que han secuestrado el desarrollo de la huelga feminista. En este caso, a la actitud de VTLP manifestando su apoyo a la huelga y su actuación para desactivar las posibles consecuencias de las detenciones respondió la Plataforma Ciudadana en Defensa de las Libertades, cuya composición conviene conocer para entender mejor cuanto referimos, con descalificaciones como éstas: “No tenemos presupuesto alguno ni cargos con sueldo ni servicios de pago contratados, todo con dinero público, como tiene Toma la Palabra para sacar un comunicado autoexculpatorio y falaz (subrayado en rojo en el original) por la represión a varias mujeres la pasada noche …”. Para que no hubiese dudas en todo lo relativo a la huelga, añadieron: “Sobre lo que diga Toma la Palabra en relación con la huelga feminista se bastan las compañeras del comité organizador de Valladolid para responderles” (http://libertadesvalladolid.blogspot.com.es/2018/02/comunicado-toma-la-palabra-engana-la.html?m=1). Queda clarísimo.

– El 23 de febrero La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras de Castilla y León celebraron una asamblea sindical en el Auditorio de la Feria de Muestras, para preparar la huelga de dos horas que tenían convocada ambos sindicatos, con la presencia del Secretario General de Comisiones Obreras, Unai Sordo. Al comienzo del acto, miembros del mismo “comité organizador de Valladolid” hicieron un escrache bien sonoro al grito de “Huelga feminista, 24 horas”, que las numerosísimas personas sindicalistas allí presentes soportaron estoicamente. El hecho tampoco necesita ninguna explicación (https://www.youtube.com/watch?v=w4BxsfzaTqQ&feature=youtu.be).

– Otro sector que se ha visto afectado por el dirigismo de la huelga ha sido el movimiento histórico feminista de Valladolid. La Coordinadora de Mujeres, que agrupaba a todo el movimiento asociativo de la ciudad hasta que hace un par de años se escindió una organización sindical, ha tenido que hacer verdaderos milagros para que le permitiesen participar en la manifestación vespertina del día 8, manifestación que, desde tiempo inmemorial, venía siendo convocada por esta misma Coordinadora, sembrando y regando una semilla que, año tras año, ha ido fructificando.

Las Actas de Elche y de Zaragoza dejan traslucir el repudio a los partidos y sindicatos. De hecho, toda la movilización para organizar el día 8 en Valladolid ha estado conducida para excluir de la participación a los partidos … de izquierdas y a los sindicatos … mayoritarios. Precisamente a quienes aglutinan a más mujeres organizadas. Sin la presencia de las decenas de miles de mujeres votantes de VTLP, sería difícil explicar la masiva asistencia a la manifestación de Valladolid; y sin la presencia de las 23.118 mujeres afiliadas a Comisiones Obreras en Castilla y León y las también numerosas afiliadas de la UGT, sería difícil entender las masivas manifestaciones en todas las poblaciones de la Comunidad Autónoma; mucho más, cuanto que en todos los casos esas mujeres se han hecho acompañar de sus hijas e hijos e, incluso, de sus parejas masculinas.

Partidos y sindicatos de la izquierda, como las asociaciones feministas, han callado y han participado en las movilizaciones, asegurando su éxito, pero el secuestro debe ser denunciado y debe ser rectificado inmediatamente, recuperando la unidad de la lucha feminista, porque esa lucha no ha terminado hoy, sino que comienza aquí.

Marcelino Flórez

El alcalde de Pajares de la Laguna, un espejo del Partido Popular

Estos días está siendo noticia el alcalde de Pajares de la Laguna, un pueblo salmantino de la comarca de La Armuña. Se llama Juan Antonio Benito de Dios y es noticia porque el Senado ha puesto en conocimiento de la fiscalía una carta que este señor ha enviado a esa institución, plagada de gravísimos insultos.

El origen del conflicto es un escrito que el senador valenciano Carles Mullet ha hecho llegar a más de 2.000 municipios, que aún conservan nombres franquistas en sus callejeros, recordándoles que han de cumplir la conocida como Ley de Memoria Histórica. En Pajares de la Laguna he visto que se conservan dos de esos nombres, Calvo Sotelo y Salas Pombo, este último un falangista nacido en Cataluña, que, entre otras cosas, fue Gobernador Civil de Salamanca y, desaparecido Franco, fue uno de los pocos diputados en Cortes que votó en contra de la Ley para la Reforma Política, con la que se originó el paso a la democracia, o sea, un miembro de lo que entonces llamábamos el “búnquer”.

El escrito que envía el alcalde al Senado es asombroso por la ignorancia que destila, que sobrepasa con mucho a las descalificaciones y groserías que dice sobre el Presidente del Senado, sobre el senador Mullet, sobre Zapatero y sobre la “ley de memoria histórica”. Me resisto a reproducir los insultos e invito a quienes no los conozcan y los deseen conocer que recurran a internet. De lo que yo quiero hablar no es de lo que dice este alcalde, sino de lo que justifica que este alcalde pueda decir lo que dice.

Por empezar por lo más sencillo, los insultos a Zapatero se explican porque no hacen más que reproducir los mismos insultos que el Partido Popular repitió hasta la saciedad en sus últimos meses de gobierno y que alcanzaron su cima cuando Mariano Rajoy le insultó en sede parlamentaria, llamándole “tonto solemne”. Era la época de la crispación y “de aquellos polvos, estos lodos”; mucho más, cuando los que ahora gobiernan son los que antes insultaban.

En lo que se refiere al desprecio de la “ley de memoria histórica”, está igualmente autorizado por su partido, que en boca de Rafael Hernando o de Esperanza Aguirre hemos escuchado tantas veces, pero, sobre todo, hemos escuchado a Mariano Rajoy, cuando presumía en una entrevista televisiva de no dar un céntimo para el desarrollo de la referida ley en todos sus años de gobierno. Hay un agravante, en este caso, que justifica aún más los improperios que emite el alcalde de Pajares de la Laguna. Este agravante son los jueces, que no han admitido las querellas presentadas contra alguno de esos personajes públicos por insultar a las víctimas del franquismo, amparadas por esa misma ley. Y, como nos recordó hace ya algunos años el investigador y defensor de derechos humanos, Rainer Huhle, “en un estado moderno de derecho, y pese a muchos deseos de tener otros mecanismos tal vez más humanos (como criterio de moralidad), el castigo judicial es el recurso más válido que tiene la sociedad para declarar lo que considera justo e injusto”. Con los jueces hemos topado y, de ahí, la chulería de este alcalde.

Utiliza el alcalde la palabra comunista como denuncia contra el senador Mullet, exactamente igual que lo hizo el franquismo durante toda su historia y que sus herederos políticos no han sabido abandonar. Pero lo que sonroja y preocupa es que este alcalde, que, además, es maestro y director de un colegio público, achaque a los comunistas la provocación de la Guerra Civil. Esto, además de una falsedad histórica que no necesita ninguna defensa argumental, debería de ser considerado un delito de lesa humanidad por la pretensión de querer ocultar el crimen contra la humanidad que fue el franquismo.

Por estas y por muchas más razones, la carta del alcalde de Pajares de la Laguna, del Partido Popular, exige no sólo la intervención de la fiscalía, sino que de una vez los parlamentarios democráticos de España se pongan a la tarea de llevar adelante una Comisión de la Verdad, de la que surja una ley que dé fin a estas humillaciones que seguimos sufriendo las personas solidarias con las víctimas del franquismo. Es verdad que vamos avanzando. El escándalo que ha provocado el acto que comentamos está ya lejos de las justificaciones que tuvimos que soportar ante hechos protagonizados por otros alcaldes, como el de Poyales del Hoyo o el de Baralla. También la ley de “memoria histórica” que está preparando el gobierno del Partido Popular de Castilla y León, producto del diálogo social, es otro avance. Pero estos delitos no se pueden aguantar más y tenemos derecho a gritar: ¡Ya basta!

Marcelino Flórez