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La Iglesia y la escuela

  • Nos extraña la falta de valentía de nuestros representantes políticos para defender una enseñanza al servicio de la sociedad y sin trampas ideológicas

Marcelino Flórez

30 de noviembre de 2020

El conflicto que vive España en torno a la escuela sólo es comprensible si se tiene en cuenta el factor católico. Sin el lobby católico no existirían ni el artículo 16 ni el artículo 27 de la Constitución, tampoco tendríamos un pacto internacional específico para una religión. Cada día que pasa, este factor se hace más anacrónico, pero sigue ahí inmutable y sirve para articular otros intereses, que van más allá del puro interés económico, con ser éste muy importante. La alianza de los poderes conservadores con el catolicismo español más que en el dinero, pone la vista en la formación ideológica de la ciudadanía bajo los determinados y particularísimos valores del sistema económico vigente: competencia entre personas y entidades, individualismo extremo, libertad personal sin límites sociales. Pero dejaremos esto a un lado y nos limitaremos a tratar de descubrir dónde nace y en qué se fundamenta ese factor católico.

Para comprender lo que está pasando hoy con la educación en España, tenemos que retrotraernos al Concilio Vaticano I de 1869-1870, el que decretó la infalibilidad del papado y condenó los “errores modernos” del pensamiento, recogidos en el Syllabus. El teólogo holandés Edward Schilebeeckx calificó a ese concilio como la “asamblea de una jeraquía feudal en un mundo moderno”; y pone en boca del Papa convocante del concilio, Pío IX, unas palabras que niegan la libertad de conciencia, algo que había reconocido siempre la tradición cristiana: ” De esta repugnante fuente del indiferentismo mana la afirmación absurda y errada o, más concretamente, la locura de que todos los hombres poseen libertad de conciencia y pueden reclamarla. El camino a este pernicioso error lo ha preparado la exigencia de completa e inmoderada libertad de opinión, que se propaga furiosa en la dirección de la aniquilación de lo sagrado y lo revelado”.

Los papas posteriores continuaron asentando la doctrina católica sobre la vida pública por medio de la actualización de los principios emanados de Trento. Así, Pío XI, en su encíclica Quas Primas, donde instaura la festividad de Cristo Rey, explica el origen y significado de la soberanía, en la que se fundamenta el pensamiento católico sobre las libertades: “Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes; se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes, de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la Religión Cristiana fue igualada a las demás religiones falsas, y rebajada indecorosamente al nivel de éstas. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados”. La encíclica repite insistentemente en qué consiste ese “imperio de Cristo”: se trata de la “soberanía de Jesucristo”, “la suave y salvadora soberanía de nuestro Rey”, “el imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas”. Por supuesto, el único y legítimo representante de esa soberanía es el Papa, ahora infalible, con su Iglesia, sociedad perfecta.

Los obispos españoles recogieron esta doctrina y la llevaron a la práctica puntualmente. En su último escrito colectivo anterior a la Guerra, “Con motivo de la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas”del 25 de mayo de 1933, que tiene por principal objetivo la enseñanza, explican detalladamente la aplicación del principio de soberanía eclesiástica: después de afirmar la independencia de la Iglesia respecto a todo poder, por ser una sociedad perfecta, y al tratarse de una institución infalible en la definición de la verdad religiosa, verdad que tiene “primacía sobre todo conocimiento”, los obispos concluyen que “toda formación cristiana de la juventud, en cualquier escuela pública o privada está sometida a su inspección”. Y aclaran, después de un punto y seguido, que esa formación “no abarca sólo a la enseñanza religiosa, sino que se extiende a toda otra disciplina y organización docente en cuanto se refiere a la religión y a la moral”. En consecuencia, recuerdan a los padres la obligación que tienen de optar por una enseñanza católica y de luchar hasta conseguir “toda la enseñanza católica para la juventud católica en escuelas católicas”.

Con el franquismo, estos principios se llevaron literalmente a la práctica, pero el Concilio Vaticano II desarmó aquellos fundamentos teocráticos, cuando decretó la libertad de conciencia, las autonomía humana para la gestión de la vida pública, la legitimidad de las demás religiones e, incluso, el respeto a la increencia. Los obispos españoles presentes en la asamblea conciliar lo entendieron perfectamente. Monseñor Pildain, “vasco, antifranquista y socialmente muy avanzado”, cuenta Hilari Raguer, exclamó ante la asamblea vaticana cuando se inició la votación sobre la libertad religiosa: “¡Que se desplome esta cúpula de San Pedro sobre nosotros antes de que aprobemos semejante documento!”. Y elevaron un escrito a Pablo VI, donde, en medio de la protesta, reconocían lo siguiente: “Si éste prospera en el sentido en que ha sido hasta ahora orientado, al terminar las tareas conciliares los obispos españoles volveremos a nuestras sedes desautorizados por el concilio y con la autoridad mermada ante los fieles”. Pero encontraron una salida, que gozó de la protección de la Dictadura. Mientras la Asamblea prorrumpía en aplausos, el mismo día 8 de diciembre de 1965 en que se publicaron los documentos conciliares, la Conferencia Episcopal en un documento sin firmas, titulado “Sobre acción en la etapa posconciliar”, redactado por Guerra Campos, justificaba el mantenimiento en España de la confesionalidad católica.

No había cesado aún ese manto protector del franquismo, cuando resultó elegido Papa Juan Pablo II, que hizo enmudecer el espíritu del Vaticano II y favoreció el regreso al pensamiento teocrático, ahora denominado fundamentalismo. Todos los teólogos progresistas y conciliares fueron despojados de sus cátedras en España: Castrillo y Estrada fueron los primeros; casi al mismo tiempo cayeron Pedro Miguel Lamet y Benjamín Forcano; después le llegó el turno a Marciano Vidal y finalmente a Juan José Tamayo. Al mismo tiempo se nombraban obispos conservadores, que daban apoyo incondicional a los movimientos integristas, que reclamaban un nuevo régimen de cristiandad: Opus Dei, Comunión y Liberación, Camino Neocatecumenal, Legionarios de Cristo y otros similares.

En estos contextos y bajo la presión de esos lobbys católicos se han hecho la Constitución y todas las leyes educativas, donde el factor católico ha sido tan importante, que ha llegado a condicionar el currículo, haciendo realidad aquel principio enunciado en 1933 de “toda la enseñanza católica para la juventud católica en escuelas católicas”.

Estos asuntos han dejado de ser un problema que preocupe a la opinión pública española, que mayoritariamente ha optado por la indiferencia respecto al factor católico. Pero resulta ensordecedor el silencio de los católicos seguidores del Concilio Vaticano II, si es que queda alguno en España; y, sobre todo, asombra el silencio de los cristianos lectores del Evangelio de Jesucristo, si es que alguien lo sigue leyendo. Reconozcamos que, sin la excusa católica, el movimiento de la escuela concertada no pasaría de ser una cosa de “niños pijos”, carente de asidero lógico alguno. También por eso, nos extraña la falta de valentía de nuestros representantes políticos para defender una enseñanza al servicio de la sociedad y sin trampas ideológicas.

(Publicado en eldiario.es)

La equidistancia, un mal moral

Primo Levi, una de las víctimas supervivientes de Auschwitz y de las más representativas, dejó escrito, en su obra Si esto es un hombre, que la equidistancia, cuando se habla de víctimas de crímenes contra la humanidad, es una perversión moral. Lo es, porque ese acto o esa actitud consigue, sea de forma consciente o no, evitar la reparación de las víctimas y garantiza la impunidad de los asesinos.

En España llevamos décadas conociendo esa actitud y ya muchos años, intentando combatirla. Con poco éxito, hasta el momento, como vamos a ver. El último ejemplo que tenemos entre manos es el que atañe a Largo Caballero. Es conocido el caso: VOX consigue que toda la derecha apoye en el Ayuntamiento de Madrid una proposición para eliminar el recuerdo institucional en la ciudad del dirigente político y sindical; y el Ayuntamiento comienza la ejecución con el derribo de una escultura en la casa donde nació el protagonista. Antes, las fuerzas clandestinas del fascismo habían vandalizado otra estatua de Largo Caballero, pintando en su pedestal las palabras “Asesino. Rojos no”. De manera que todo quedaba cada vez más claro.

Pues bien, en ese contexto, una televisión pregunta a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, si creía que las imágenes del derribo de la estatua (obra de un artista, por cierto, y, probablemente, un bien patrimonial) ayudaban a la convivencia. La vicealcaldesa respondió exactamente así: “Nada de lo que se está haciendo ayuda a la convivencia”. ¡Perfecto! No hay delito en el derribo, porque los otros hacen lo mismo -“nada de lo que se está haciendo”-; no hay culpables y, sobre todo, no hay víctima, pues forma parte de los otros, del “nada de lo que se está haciendo”, o sea, que es un verdugo. Casi sonroja tener que escribir estas cosas en estos tiempos, pero, como se dice, “es lo que hay”.

Sin embargo, en este caso, tenemos una prueba que demuestra la falta de inocencia de Villacís y, modélicamente, de los equidistantes. La proposición de VOX, aprobada el 29 de septiembre, utilizaba como apoyo legal una Resolución del Parlamento Europeo, que equipara el nazismo con el comunismo (Resolución 2019/2018, de 19 de septiembre de 2019). Es difícil que los socialistas españoles pudieran caber allí. Pero tres historiadores españoles propiamente dichos, es decir, historiadores, no historietógrafos, han descubierto un documento del 25 de septiembre, firmado por Andrea Levy y Begoña Villacís, que modificaba la proposición de VOX: “Debe decir ( en vez de la Resolución del Parlamento Europeo): en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y por aplicación de lo dispuesto en el apartado d) del artículo 3.1., de la Ordenanza Municipal Reguladora de la denominación y rotulación de vías del Ayuntamiento de Madrid, de 2013” (Sergio Gálvez Biesca, Fernando Hernández Sánchez y Julián Vadillo Muñoz: “La ‘estrategia del escorpión’: al respecto de la proposición de VOX sobre Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto”, en PÚBLICO, 2 de octubre de 2020). Es posible que este uso fraudulento de la conocida como Ley de Memoria Histórica tampoco dé cabida legal al revisionismo filofranquista, pero lo intenta.

Aparte del significado político de esta intervención del PP y de Cs, con la sumisión a la hegemonía de VOX que desvela, y aparte de muchos matices que se podrían hacer, la trafulla nos interesa ahora porque pone en evidencia que Begoña Villacís miente, cuando aparenta optar por la equidistancia. Su intervención en el arreglo de la proposición de VOX no deja margen para la duda: el recurso a la equidistancia es una estrategia comunicativa falseadora de la realidad. Ella ha tomado partido en este delicado asunto y lo trata de ocultar con eso de que todos son iguales.

No hace falta pillar con las manos en la masa, como en este caso, a esa caterva que repite como papagayos lo de “todos los políticos son iguales”. Lo oímos a cada instante, en los informativos, en las opiniones de prensa, en los debates. Hay gente aparentemente seria que se ha dejado contaminar por esa bárbara ideología. El que esté extendido no le resta ningún valor a la maledicencia que la expresión encierra. Es posible que alguna persona se sitúe ahí por ignorancia inocente, pero en la inmensa mayoría de los casos detrás de un “todos los políticos son iguales” se esconde un militante o un votante de VOX, del PP o de Cs. Son ellos, junto a los revisionistas históricos y a la turba mediática, quienes han creado el mantra y es el falso agarradero que les mantiene asidos a la justificación de los crímenes contra la humanidad del franquismo. Como dejó dicho Primo Levi, una perversión moral.

Marcelino Flórez

El relato de la Transición

Con motivo de la declaración de Martín Villa ante la jueza Salvini en la Querella Argentina, se suceden artículos de opinión acerca de la Transición. En muchos de los escritos que van apareciendo se perciben argumentos endebles con un denominador común, el anacronismo, además de una falta lamentable de conocimiento histórico. Por ello, es preciso diferenciar antes de nada lo que ocurrió y la opinión sobre lo que ocurrió en la Transición.

Lo que ocurrió lo narra la Historia: se pasó de a Dictadura a la Democracia; el paso se hizo mediante reformas y no a través de la ruptura con el pasado dictatorial, manteniéndose, por eso, algunas antiguas estructuras sin cambios durante mucho tiempo; así ocurrió con el ejército, con el funcionariado o, especialmente y de forma muy duradera, con la judicatura; las reformas fueron arrancadas con mucho esfuerzo, destacando la “galerna” de huelgas que se abatió sobre Madrid en 1976, según lo expresó el ministro Areilza; fueron muy importantes también las manifestaciones, donde dominaba el cartel que decía “libertad, amnistía, estatuto de autonomía”, que expresaba muy bien las reivindicaciones básicas del momento; las manifestaciones eran habitualmente reprimidas por el gobierno: sólo en 1977, la policía cargó contra 788 manifestaciones; en torno a esas movilizaciones se produjeron algunas muertes: se han contado 591 muertos por violencia política, de los cuales 188 lo fueron por “violencia política de origen institucional”, que incluye a las fuerzas del orden y a grupos paramilitares entroncados en la Dictadura; esas muertes no siempre fueron investigadas, ni juzgados los responsables, persistiendo la impunidad y la falta de reparación para las víctimas.

La Historia también interpreta lo que ocurrió. Digo interpreta, no opina, que son dos actividades distintas del pensamiento, la una se fundamenta en el frío análisis, la otra debe mucho al cálido sentimiento. La interpretación dominante, en el estado actual de la historiografía, es que la Transición fue posible por la conjunción de un “equilibrio de debilidades”, en expresión de Sartorius y Sabio, que obligó a practicar el “consenso”, según ha explicado Pere Ysàs. En la balanza estaban las fuerzas de oposición, donde destacaba el entonces unitario movimiento sindical de las Comisiones Obreras y el PCE, a quien se iría uniendo un inactivo y desconocido hasta entonces movimiento socialista, por un lado, y los reformistas del franquismo, por otro, muy limitada la capacidad de acción de ambos elementos por el poder fáctico de las estructuras franquistas, especialmente del ejército y de la judicatura.

En este contexto y dejando a un lado los matices, se publicaron los decretos-leyes de Amnistía de julio de 1976 y marzo de 1977. Hay que repetir una y otra vez que estas leyes fueron exigidas y arrancadas por la izquierda, que tenía las cárceles llenas de presos, algunos de los cuales no terminaban de salir en libertad. Fue la derecha quien se opuso a la amnistía, principalmente Fuerza Nueva, pero también Alianza Popular, porque a esa derecha de origen franquista no se le pasaba por la imaginación que nunca nadie pudiera acusarla de algún delito. Esto no es discutible, es un hecho constatado: ahí están las actas parlamentarias.

También en ese mismo contexto se realizaron elecciones el 15 de junio de 1977, en las que las fuerzas franquistas resultaron insignificantes, por lo que las Cortes se convirtieron en Constituyentes y elaboraron la Constitución de 1978, clamorosamente refrendada por el pueblo español el 6 de diciembre de ese año, con la excepción de la derecha franquista y con la inhibición del Partido Nacionalista Vasco. Esto fue la Transición.

La opinión sobre lo que ocurrió es tarea de la Memoria y esa se construye con las experiencias personales y con el pensamiento colectivo dominante, que se transmite a través de los medios de comunicación y de la literatura, principalmente. Durante mucho tiempo la opinión sobre la Transición que cuajó en la sociedad española fue muy positiva y así era reconocido, incluso, internacionalmente. Los líderes políticos de la Transición recorrieron el mundo, sobre todo el iberoamericano, para exponer el modelo español, como guía de salida de las dictaduras que asolaron aquel continente.

En algún momento, sin embargo, esa opinión favorable de la Transición cambió y este cambio no se debió a la suma de conocimientos historiográficos, sino a otro hecho bien preciso: la aparición de las víctimas del franquismo, que hasta entonces había permanecido ocultas. No fueron los historiadores quienes descubrieron a las víctimas, sino los nietos “de los abuelos esclavizados”, como diría Walter Benjamin. Valga un ejemplo para demostrar esto que decimos, sin tener que entrar ahora en más explicaciones: en el libro Víctimas de la guerra civil, publicado el año 1999, no aparece una sola víctima del franquismo en Castilla y León, mientras que el Auto del juez Garzón de 16 de octubre de 2008 suma nada menos que 12.979 desparecidos en esa Comunidad Autónoma. ¿Qué había ocurrido entre 1999 y 2008? Es cosa también conocida: en el año 2000, Emilio Silva y Santiago Macías crearon la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y exhumaron a los trece de Priaranza de una fosa común en esa localidad del Bierzo leonés. Las asociaciones se difundieron por toda España y las fosas abiertas se multiplicaron. Algo que había permanecido oculto salió a la luz y provocó un cambio sideral en el pensamiento.

Realmente, la aparición de las víctimas en el año 2000 tiene algunos antecedentes señalados: uno es la Caída del Muro de Berlín. Ese hecho, que simboliza el final de la guerra fría, posibilitó investigar los crímenes contra la humanidad que la división ideológica había impedido dar a conocer. Y otro antecedente es el establecimiento de este tipo de crimen en el Juicio de Núremberg. Aunque, desde el punto de vista epistemológico, Walter Benjamin había descubierto a las víctimas en sus Tesis sobre la historia, que dejó inconclusas al suicidarse en 1940, fue en Núremberg cuando las víctimas adquirieron consistencia jurídica, que de nuevo relegó al olvido la guerra fría.

Podríamos igualmente ejemplificar esta presencia pública de las víctimas con el caso de las víctimas del terrorismo etarra: hasta el 14 de febrero de 1996, con el asesinato de Tomás y Valiente, sólo el testimonial Gesto por la paz había sido capaz de expresar públicamente la solidaridad, pero ese día de febrero los estudiantes madrileños llenaron las calles con sus manos pintadas de blanco. Desde ese día las víctimas del terrorismo no ha dejado de ser tenidas en cuenta.

Este es el hecho que ha provocado el cambio de pensamiento sobre la Transición y, en particular, sobre las consecuencias no deseadas de la Ley de Amnistía de 1977. Pero eso es lo que ahora se piensa, no lo que ocurrió. Aquello sigue siendo inmutable e historiográficamente es indiscutido. Qué bueno sería que las opinantes dejasen a un lado los anacronismos y explicasen el franquismo desde su tiempo, la Transición desde el suyo y la opinión desde donde quieran situarse, pero sin confundir churras con merinas. Un respeto al conocimiento, por favor.

Martín Villa, el fin de una época

La Coordinadora Estatal de la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA) ha hecho pública una nota de prensa a propósito de las cartas personales de apoyo que Martín Villa presenta ante la jueza Salvini con motivo de la toma de declaración que tendrá lugar mañana, día 3 de septiembre. Firman esas cartas personales y no representativas de las organizaciones de procedencia, como muy bien destaca CEAQUA, además de algunos nombres destacados de la época de la Transición, cuatro ex-presidentes de gobierno y cuatro sindicalistas o ex-sindicalistas. Todos los testimonios, dice CEAQUA, “alaban la labor política desarrollada por Rodolfo Martín Villa durante la Transición española”. Y es que esta parte de la Querella Argentina se ubica en la Transición, no en el Franquismo.

Martín Villa está investigado por 12 delitos de homicidio, en el marco de los crímenes contra la humanidad que trata la Querella, ocurridos entre 1936 y 1977. Lo que tiene que dilucidar la jueza Salvini es si esos crímenes investigados fueron “puntuales” o si han de ser enmarcados entre los crímenes franquistas contra la humanidad. En mi opinión, será difícil que Martín Villa pueda ser procesado por esos crímenes, así como por delitos de tortura ocurridos en la época. Primero, porque algunos hechos, como son los asesinatos de cinco obreros el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, ocurrieron en momentos en que Martín Villa no tenía la autoridad sobre las fuerzas de orden público. En esa fecha era Fraga el Ministro de la Gobernación, aunque esos días precisamente estuvo fuera de España, como creo recordar. Y también porque otros sucesos, como los ocurridos durante los Sanfermines de 1978 e, incluso, los asesinatos de Atocha de enero de 1977 pueden hallarse fuera del periodo investigado o ya han sido juzgados.

Pero eso es secundario, porque lo que es noticiable y lo que está detrás de esta parte de la investigación de la jueza Salvini del 3 de septiembre es la Transición, específicamente la opinión que tiene la ciudadanía española acerca de la Transición en este preciso momento. De eso es de lo que hablan las cartas de los ex-presidentes y de los ex-sindicalistas; y de eso trata la nota de prensa de CEAQUA. Eso es, pues, lo que vamos a analizar, cómo interpretan la Transición estos actores. Dejaré a un lado la carta de Felipe González, que, aparte del endiosamiento con el que está redactada, no tiene valor alguno; y también dejaré a un lado la carta de Nicolás Redondo, a la que tampoco concedo valor especial. Me centraré en las cartas de Zapatero y de Cándido Méndez, llenas de contenido. Lamento no tener a disposición el escrito de Antonio Gutiérrez, aunque no creo que tarde mucho en publicarlo elDiario.es, pues su colaboradora, Olga Rodríguez, ya lo ha leído. No lamento, en cambio, desconocer el escrito de José María Fidalgo, del que no espero nada de interés, conociendo su trayectoria sindical, donde fue incapaz de ordenar un conflicto interno insignificante, y cuya trayectoria política es tan variada como disparatada.

Tanto la carta de Zapatero, como la de Cándido Méndez hablan de la Transición, no de los crímenes por los que Martín Villa está siendo investigado, y, en un caso y en el otro, alaban la aportación del ministro de UCD a la construcción de la democracia, exculpándole de cualquier responsabilidad en los hechos concretos. Zapatero ni siquiera nombra alguno de aquellos hechos, mientras que Cándido Méndez nombra los sucesos de Vitoria de 1976, para los cuales reclama, incluso, “una total reparación, en relación con los responsables materiales o políticos”, pero esa responsabilidad, dice, no puede estar entre los que se esforzaban en crear “cauces democráticos”, como es el caso de Martín Villa. Realmente, la carta de Méndez es poco exculpatoria del dirigente de la UCD, salvo cuando señala que no se le pueden imputar delitos de “genocidio, o crímenes contra la humanidad”, o cuando transfiere la responsabilidad a “grupos, compuestos por militares y miembros de los cuerpos de seguridad, junto a una trama civil que se empeñaban en abortar cualquier transformación hacia una sociedad libre y democrática, que incluso provocaron el intento de golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981”.

Zapatero y Méndez explican la Transición como un pacto entre franquistas y la oposición democrática, cosa que hoy es la tesis dominante en la historiografía, pero el ex-presidente añade una serie de matices, que perfilan su opinión al respecto. Considera la Transición como un proceso, que va desde la reforma hasta la ruptura. Aunque no lo precisa explícitamente, se puede deducir que atribuye la época de “reforma” a la que se sitúa en torno a la Ley para la Reforma Política de 1976; y la época de “ruptura” a la que se inaugura con las elecciones del 15 de junio de 1977 y termina con la Constitución de 1978. Reclama como un hecho relevante y positivo para esa transición la Ley de Amnistía de 1977 y eso enlaza con el principio de equidistancia que formula al principio de su carta, cuando escribe que la historia de los españoles está plagada de violencias que terminaron en una guerra civil, o sea, la tesis tradicional con la que el franquismo justificaba la Guerra Civil. Refuerza esta idea con la reivindicación que hace de “su” Ley de Memoria Histórica, que, según afirma, enlaza con los valores de la Transición a través del principio de la “reconciliación”.

Debo decir, en primer lugar, que la interpretación que hace Zapatero de la Transición es modélica: representa a la perfección el pensamiento con el que se hizo aquella y que sigue vigente en una buena parte de la sociedad española, quizá, en la mayor parte de la sociedad, aunque no en la mayor parte de la sociedad científica. Hace ya mucho tiempo que los historiadores españoles desterraron el principio franquista de que “todos fuimos culpables” y que la Guerra fue “una catástrofe colectiva” que no debería repetirse “nunca más”. Ese es el espíritu con el que se hizo la Transición, pero no es la tesis vigente. Al contrario, hoy la comunidad científica afirma que la Guerra fue el resultado de un golpe de Estado fallido, organizado por un grupo de militares, con el apoyo de los monárquicos y, a última hora, de los falangistas. Ni estaban todos los españoles, ni era el resultado de un temperamento violento nacional. Nada de eso. A cada cual hay que atribuirle su responsabilidad y la mayor parte de los republicanos no estaban implicados en ese golpe de Estado, ni participaban de la violencia callejera con la que se preparó su estallido; y aquí caben desde Indalecio Prieto y Azaña hasta el mismísimo Niceto Alcalá Zamora, como mínimo dos tercios de los votantes de la época. Nada, pues, de equidistancias, no “todos fuimos culpables”, ni hubo “catástrofe” alguna. La Guerra fue un proyecto exitoso de unos pocos, que organizaron y ejecutaron un crimen contra la humanidad, como dice la historia y como ha sentenciado el propio Tribunal Supremo.

En cuanto a la Transición, la historiografía ha alcanzado ya una interpretación muy fundada y ecuánime: no fue una tarea de unas pocas personalidades, que programaron el paso de la dictadura a la democracia, sino el resultado de un “equilibrio de debilidades”, como acertadamente han expresado Sartorius y Sabio, entre los gerentes del franquismo y el movimiento político y social de la oposición. Esas “debilidades” explican el consenso, como ha razonado Pere Ysás. Pero ese consenso estuvo revestido con el manto ideológico de la equidistancia de las víctimas, cosa que defendieron todas las fuerzas políticas y, más que ninguna, las izquierdas. Así ocurrió también con la amnistía de 1977, la última y definitiva amnistía, fue una reclamación de la izquierda y de la extrema izquierda, que necesitaban sacar de las cárceles a sus presos, algunos de los cuales aún permanecían en prisión por las características de sus condenas. Por eso, aparece la reclamación en una pancarta de la LCR o, por eso, es el senador Xirinach el que permanece de pie en cada sesión del Senado hasta que se aprueba la “amnistía total” o, por eso, Francisco Letamendía se ve obligado a pedir disculpas a la bancada de la izquierda al optar por la abstención por no estar contempladas todas las propuestas de ETA en la ley. Y son los franquistas los que se oponen a esa amnistía, porque ni se les pasaba por la imaginación que sus crímenes contra la humanidad pudieran ser denunciados jamás. Nada lo ilustra mejor que las palabras del representante de Alianza Popular, Carro Martínez, que, con el pensamiento puesto en ETA, justificaba así la abstención a la que optaban, para diferenciarse de Fuerza Nueva, ante la Ley de Amnistía de 1977: “y nos abstendremos porque una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores”. Es evidente que no pensaba en las responsabilidades penales de sus correligionarios.

Lo que nadie suponía entonces era que ese, en palabras de Santos Juliá, echar al olvido los delitos iba a servir para garantizar la impunidad de un crimen contra la humanidad. Es más, no existía conciencia del enorme crimen contra la humanidad que representó el franquismo, porque las víctimas seguían aparcadas en el estercolero de la historia. Hoy las víctimas están encima de la mesa y, por eso, la Transición no puede ser enjuiciada con la benevolencia que lo siguen haciendo los cuatro ex-presidentes. Se hizo lo que se pudo, pero no lo que debería haberse hecho. De eso nadie es políticamente culpable y, quizá, tampoco lo sea penalmente, pero no puede seguir siendo justificado en 2020 lo que se hizo en 1977. Ahora ya no hay espacio para la impunidad y el crimen contra la humanidad debe ser reparado. Estamos en otra época, eso es lo que tienen que comprender Martín Villa y todos sus avalistas.

Marcelino Flórez

Un error es un error

La salida por la puerta de atrás del ex-rey, cuyos deméritos son evidentes, está provocando una polémica entre partidos, que tiene mucho de artificial. Más que hablar de monarquía o de república, los interesados en esa polémica están interesados en otras cuestiones de interés propio, sea con vistas a unas próximas elecciones, sea como recurso para decir algo a los propios seguidores. En cualquier caso, es un asunto lateral y no me interesa.

Va habiendo, sin embargo, cada vez más gente que pone el acento en lo que a mí me parece lo importante. El otro día lo decía López Bulla en su blog, también lo argumentaba Elisa Beni en eldiario.es: la confrontación entre monarquía y república no es un asunto del momento. Primero, porque distrae de lo importante -la pandemia, la recuperación económica, la reforma fiscal- y esa distracción, diga lo que diga Gaspar Llamazares, es negativa. Pero, sobre todo, no es un asunto del momento, porque si se planteara ahora un referéndum sobre la monarquía, lo perderían los republicanos y debilitarían definitivamente a la izquierda. Es evidente que la totalidad de los partidos políticos, salvo los independentistas y Unidas Podemos, apoyarían en este momento el statu quo mediante la abstención, como mínimo, y la opción monárquica resultaría vencedora. Convendría recordar lo que ocurrió con el referéndum sobre la salida de España de la OTAN, que lo perdimos cuando parecía imposible que así fuera. Ahora sería mucho más probable la derrota. Por eso, plantear este debate alegra a las derechas, que sólo tienen cosas que ganar con el asunto.

La monarquía caerá, porque es un anacronismo y algún día habrá que hacer un referéndum sobre la jefatura del Estado, pero ahora es el momento de otra cosa. Se podría aprovechar esta circunstancia de deterioro monárquico para hacer la ley que regule la actuación de la Casa Real. Es muy difícil que algún partido se opusiese hoy a garantizar por ley la transparencia de toda actuación de la realeza. El momento también es propicio para establecer reglamentariamente los límites en el poder del rey. El más significativo de esos poderes y el de mayores reminiscencias franquistas es la jefatura de las fuerzas armadas, pero una ley puede precisar que esa jefatura, como todos los demás poderes, se ejerce de acuerdo con las instrucciones emitidas por el gobierno. Una leve precisión reglamentaria de este tipo haría imposible que se plantease un nuevo 23-F, tanto en lo que se refiere a su génesis golpista, como a su resolución regia, que tantos beneficios populistas reportó a Juan Carlos. Nos vendrían muy bien estas precisiones en estos tiempos en que se enarbolan tanto las banderas del Estado en balcones y mascarillas. Como nos vendría muy bien precisar los límites de la inviolabilidad de los actos del rey. Y, lo más importante, no sería difícil lograr amplias mayorías parlamentarias para conseguir esa ley. Seguramente, sería VOX el único en quedar fuera, aunque, tal vez, se viese acompañado por otros nacionalistas.

Por estas y otras razones, plantear un referéndum es un error de bulto. Qué bien lo ha visto Yolanda Díaz, sin duda la ministra de la coalición que mejor ejerce su oficio. También lo ha sabido ver Pedro Sánchez. Otros han desvariado, como viene siendo habitual, quizá porque ven próximas unas elecciones o simplemente por oportunismo infantil, con el efecto indudable de seguir cavando escalones hacia la irrelevancia. Más pronto o más tarde, el PSOE presentará una propuesta de ley sobre la organización de la Casa Real y para él serán todas las ganancias, porque los que se han arrancado con la propuesta de un referéndum han perdido ya ante cualquier otra salida, además de alejar sine die el ansiado referéndum. Un error de bulto.

Marcelino Flórez