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El relato de la Transición

Con motivo de la declaración de Martín Villa ante la jueza Salvini en la Querella Argentina, se suceden artículos de opinión acerca de la Transición. En muchos de los escritos que van apareciendo se perciben argumentos endebles con un denominador común, el anacronismo, además de una falta lamentable de conocimiento histórico. Por ello, es preciso diferenciar antes de nada lo que ocurrió y la opinión sobre lo que ocurrió en la Transición.

Lo que ocurrió lo narra la Historia: se pasó de a Dictadura a la Democracia; el paso se hizo mediante reformas y no a través de la ruptura con el pasado dictatorial, manteniéndose, por eso, algunas antiguas estructuras sin cambios durante mucho tiempo; así ocurrió con el ejército, con el funcionariado o, especialmente y de forma muy duradera, con la judicatura; las reformas fueron arrancadas con mucho esfuerzo, destacando la “galerna” de huelgas que se abatió sobre Madrid en 1976, según lo expresó el ministro Areilza; fueron muy importantes también las manifestaciones, donde dominaba el cartel que decía “libertad, amnistía, estatuto de autonomía”, que expresaba muy bien las reivindicaciones básicas del momento; las manifestaciones eran habitualmente reprimidas por el gobierno: sólo en 1977, la policía cargó contra 788 manifestaciones; en torno a esas movilizaciones se produjeron algunas muertes: se han contado 591 muertos por violencia política, de los cuales 188 lo fueron por “violencia política de origen institucional”, que incluye a las fuerzas del orden y a grupos paramilitares entroncados en la Dictadura; esas muertes no siempre fueron investigadas, ni juzgados los responsables, persistiendo la impunidad y la falta de reparación para las víctimas.

La Historia también interpreta lo que ocurrió. Digo interpreta, no opina, que son dos actividades distintas del pensamiento, la una se fundamenta en el frío análisis, la otra debe mucho al cálido sentimiento. La interpretación dominante, en el estado actual de la historiografía, es que la Transición fue posible por la conjunción de un “equilibrio de debilidades”, en expresión de Sartorius y Sabio, que obligó a practicar el “consenso”, según ha explicado Pere Ysàs. En la balanza estaban las fuerzas de oposición, donde destacaba el entonces unitario movimiento sindical de las Comisiones Obreras y el PCE, a quien se iría uniendo un inactivo y desconocido hasta entonces movimiento socialista, por un lado, y los reformistas del franquismo, por otro, muy limitada la capacidad de acción de ambos elementos por el poder fáctico de las estructuras franquistas, especialmente del ejército y de la judicatura.

En este contexto y dejando a un lado los matices, se publicaron los decretos-leyes de Amnistía de julio de 1976 y marzo de 1977. Hay que repetir una y otra vez que estas leyes fueron exigidas y arrancadas por la izquierda, que tenía las cárceles llenas de presos, algunos de los cuales no terminaban de salir en libertad. Fue la derecha quien se opuso a la amnistía, principalmente Fuerza Nueva, pero también Alianza Popular, porque a esa derecha de origen franquista no se le pasaba por la imaginación que nunca nadie pudiera acusarla de algún delito. Esto no es discutible, es un hecho constatado: ahí están las actas parlamentarias.

También en ese mismo contexto se realizaron elecciones el 15 de junio de 1977, en las que las fuerzas franquistas resultaron insignificantes, por lo que las Cortes se convirtieron en Constituyentes y elaboraron la Constitución de 1978, clamorosamente refrendada por el pueblo español el 6 de diciembre de ese año, con la excepción de la derecha franquista y con la inhibición del Partido Nacionalista Vasco. Esto fue la Transición.

La opinión sobre lo que ocurrió es tarea de la Memoria y esa se construye con las experiencias personales y con el pensamiento colectivo dominante, que se transmite a través de los medios de comunicación y de la literatura, principalmente. Durante mucho tiempo la opinión sobre la Transición que cuajó en la sociedad española fue muy positiva y así era reconocido, incluso, internacionalmente. Los líderes políticos de la Transición recorrieron el mundo, sobre todo el iberoamericano, para exponer el modelo español, como guía de salida de las dictaduras que asolaron aquel continente.

En algún momento, sin embargo, esa opinión favorable de la Transición cambió y este cambio no se debió a la suma de conocimientos historiográficos, sino a otro hecho bien preciso: la aparición de las víctimas del franquismo, que hasta entonces había permanecido ocultas. No fueron los historiadores quienes descubrieron a las víctimas, sino los nietos “de los abuelos esclavizados”, como diría Walter Benjamin. Valga un ejemplo para demostrar esto que decimos, sin tener que entrar ahora en más explicaciones: en el libro Víctimas de la guerra civil, publicado el año 1999, no aparece una sola víctima del franquismo en Castilla y León, mientras que el Auto del juez Garzón de 16 de octubre de 2008 suma nada menos que 12.979 desparecidos en esa Comunidad Autónoma. ¿Qué había ocurrido entre 1999 y 2008? Es cosa también conocida: en el año 2000, Emilio Silva y Santiago Macías crearon la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y exhumaron a los trece de Priaranza de una fosa común en esa localidad del Bierzo leonés. Las asociaciones se difundieron por toda España y las fosas abiertas se multiplicaron. Algo que había permanecido oculto salió a la luz y provocó un cambio sideral en el pensamiento.

Realmente, la aparición de las víctimas en el año 2000 tiene algunos antecedentes señalados: uno es la Caída del Muro de Berlín. Ese hecho, que simboliza el final de la guerra fría, posibilitó investigar los crímenes contra la humanidad que la división ideológica había impedido dar a conocer. Y otro antecedente es el establecimiento de este tipo de crimen en el Juicio de Núremberg. Aunque, desde el punto de vista epistemológico, Walter Benjamin había descubierto a las víctimas en sus Tesis sobre la historia, que dejó inconclusas al suicidarse en 1940, fue en Núremberg cuando las víctimas adquirieron consistencia jurídica, que de nuevo relegó al olvido la guerra fría.

Podríamos igualmente ejemplificar esta presencia pública de las víctimas con el caso de las víctimas del terrorismo etarra: hasta el 14 de febrero de 1996, con el asesinato de Tomás y Valiente, sólo el testimonial Gesto por la paz había sido capaz de expresar públicamente la solidaridad, pero ese día de febrero los estudiantes madrileños llenaron las calles con sus manos pintadas de blanco. Desde ese día las víctimas del terrorismo no ha dejado de ser tenidas en cuenta.

Este es el hecho que ha provocado el cambio de pensamiento sobre la Transición y, en particular, sobre las consecuencias no deseadas de la Ley de Amnistía de 1977. Pero eso es lo que ahora se piensa, no lo que ocurrió. Aquello sigue siendo inmutable e historiográficamente es indiscutido. Qué bueno sería que las opinantes dejasen a un lado los anacronismos y explicasen el franquismo desde su tiempo, la Transición desde el suyo y la opinión desde donde quieran situarse, pero sin confundir churras con merinas. Un respeto al conocimiento, por favor.

Martín Villa, el fin de una época

La Coordinadora Estatal de la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA) ha hecho pública una nota de prensa a propósito de las cartas personales de apoyo que Martín Villa presenta ante la jueza Salvini con motivo de la toma de declaración que tendrá lugar mañana, día 3 de septiembre. Firman esas cartas personales y no representativas de las organizaciones de procedencia, como muy bien destaca CEAQUA, además de algunos nombres destacados de la época de la Transición, cuatro ex-presidentes de gobierno y cuatro sindicalistas o ex-sindicalistas. Todos los testimonios, dice CEAQUA, “alaban la labor política desarrollada por Rodolfo Martín Villa durante la Transición española”. Y es que esta parte de la Querella Argentina se ubica en la Transición, no en el Franquismo.

Martín Villa está investigado por 12 delitos de homicidio, en el marco de los crímenes contra la humanidad que trata la Querella, ocurridos entre 1936 y 1977. Lo que tiene que dilucidar la jueza Salvini es si esos crímenes investigados fueron “puntuales” o si han de ser enmarcados entre los crímenes franquistas contra la humanidad. En mi opinión, será difícil que Martín Villa pueda ser procesado por esos crímenes, así como por delitos de tortura ocurridos en la época. Primero, porque algunos hechos, como son los asesinatos de cinco obreros el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, ocurrieron en momentos en que Martín Villa no tenía la autoridad sobre las fuerzas de orden público. En esa fecha era Fraga el Ministro de la Gobernación, aunque esos días precisamente estuvo fuera de España, como creo recordar. Y también porque otros sucesos, como los ocurridos durante los Sanfermines de 1978 e, incluso, los asesinatos de Atocha de enero de 1977 pueden hallarse fuera del periodo investigado o ya han sido juzgados.

Pero eso es secundario, porque lo que es noticiable y lo que está detrás de esta parte de la investigación de la jueza Salvini del 3 de septiembre es la Transición, específicamente la opinión que tiene la ciudadanía española acerca de la Transición en este preciso momento. De eso es de lo que hablan las cartas de los ex-presidentes y de los ex-sindicalistas; y de eso trata la nota de prensa de CEAQUA. Eso es, pues, lo que vamos a analizar, cómo interpretan la Transición estos actores. Dejaré a un lado la carta de Felipe González, que, aparte del endiosamiento con el que está redactada, no tiene valor alguno; y también dejaré a un lado la carta de Nicolás Redondo, a la que tampoco concedo valor especial. Me centraré en las cartas de Zapatero y de Cándido Méndez, llenas de contenido. Lamento no tener a disposición el escrito de Antonio Gutiérrez, aunque no creo que tarde mucho en publicarlo elDiario.es, pues su colaboradora, Olga Rodríguez, ya lo ha leído. No lamento, en cambio, desconocer el escrito de José María Fidalgo, del que no espero nada de interés, conociendo su trayectoria sindical, donde fue incapaz de ordenar un conflicto interno insignificante, y cuya trayectoria política es tan variada como disparatada.

Tanto la carta de Zapatero, como la de Cándido Méndez hablan de la Transición, no de los crímenes por los que Martín Villa está siendo investigado, y, en un caso y en el otro, alaban la aportación del ministro de UCD a la construcción de la democracia, exculpándole de cualquier responsabilidad en los hechos concretos. Zapatero ni siquiera nombra alguno de aquellos hechos, mientras que Cándido Méndez nombra los sucesos de Vitoria de 1976, para los cuales reclama, incluso, “una total reparación, en relación con los responsables materiales o políticos”, pero esa responsabilidad, dice, no puede estar entre los que se esforzaban en crear “cauces democráticos”, como es el caso de Martín Villa. Realmente, la carta de Méndez es poco exculpatoria del dirigente de la UCD, salvo cuando señala que no se le pueden imputar delitos de “genocidio, o crímenes contra la humanidad”, o cuando transfiere la responsabilidad a “grupos, compuestos por militares y miembros de los cuerpos de seguridad, junto a una trama civil que se empeñaban en abortar cualquier transformación hacia una sociedad libre y democrática, que incluso provocaron el intento de golpe de Estado del 23 de Febrero de 1981”.

Zapatero y Méndez explican la Transición como un pacto entre franquistas y la oposición democrática, cosa que hoy es la tesis dominante en la historiografía, pero el ex-presidente añade una serie de matices, que perfilan su opinión al respecto. Considera la Transición como un proceso, que va desde la reforma hasta la ruptura. Aunque no lo precisa explícitamente, se puede deducir que atribuye la época de “reforma” a la que se sitúa en torno a la Ley para la Reforma Política de 1976; y la época de “ruptura” a la que se inaugura con las elecciones del 15 de junio de 1977 y termina con la Constitución de 1978. Reclama como un hecho relevante y positivo para esa transición la Ley de Amnistía de 1977 y eso enlaza con el principio de equidistancia que formula al principio de su carta, cuando escribe que la historia de los españoles está plagada de violencias que terminaron en una guerra civil, o sea, la tesis tradicional con la que el franquismo justificaba la Guerra Civil. Refuerza esta idea con la reivindicación que hace de “su” Ley de Memoria Histórica, que, según afirma, enlaza con los valores de la Transición a través del principio de la “reconciliación”.

Debo decir, en primer lugar, que la interpretación que hace Zapatero de la Transición es modélica: representa a la perfección el pensamiento con el que se hizo aquella y que sigue vigente en una buena parte de la sociedad española, quizá, en la mayor parte de la sociedad, aunque no en la mayor parte de la sociedad científica. Hace ya mucho tiempo que los historiadores españoles desterraron el principio franquista de que “todos fuimos culpables” y que la Guerra fue “una catástrofe colectiva” que no debería repetirse “nunca más”. Ese es el espíritu con el que se hizo la Transición, pero no es la tesis vigente. Al contrario, hoy la comunidad científica afirma que la Guerra fue el resultado de un golpe de Estado fallido, organizado por un grupo de militares, con el apoyo de los monárquicos y, a última hora, de los falangistas. Ni estaban todos los españoles, ni era el resultado de un temperamento violento nacional. Nada de eso. A cada cual hay que atribuirle su responsabilidad y la mayor parte de los republicanos no estaban implicados en ese golpe de Estado, ni participaban de la violencia callejera con la que se preparó su estallido; y aquí caben desde Indalecio Prieto y Azaña hasta el mismísimo Niceto Alcalá Zamora, como mínimo dos tercios de los votantes de la época. Nada, pues, de equidistancias, no “todos fuimos culpables”, ni hubo “catástrofe” alguna. La Guerra fue un proyecto exitoso de unos pocos, que organizaron y ejecutaron un crimen contra la humanidad, como dice la historia y como ha sentenciado el propio Tribunal Supremo.

En cuanto a la Transición, la historiografía ha alcanzado ya una interpretación muy fundada y ecuánime: no fue una tarea de unas pocas personalidades, que programaron el paso de la dictadura a la democracia, sino el resultado de un “equilibrio de debilidades”, como acertadamente han expresado Sartorius y Sabio, entre los gerentes del franquismo y el movimiento político y social de la oposición. Esas “debilidades” explican el consenso, como ha razonado Pere Ysás. Pero ese consenso estuvo revestido con el manto ideológico de la equidistancia de las víctimas, cosa que defendieron todas las fuerzas políticas y, más que ninguna, las izquierdas. Así ocurrió también con la amnistía de 1977, la última y definitiva amnistía, fue una reclamación de la izquierda y de la extrema izquierda, que necesitaban sacar de las cárceles a sus presos, algunos de los cuales aún permanecían en prisión por las características de sus condenas. Por eso, aparece la reclamación en una pancarta de la LCR o, por eso, es el senador Xirinach el que permanece de pie en cada sesión del Senado hasta que se aprueba la “amnistía total” o, por eso, Francisco Letamendía se ve obligado a pedir disculpas a la bancada de la izquierda al optar por la abstención por no estar contempladas todas las propuestas de ETA en la ley. Y son los franquistas los que se oponen a esa amnistía, porque ni se les pasaba por la imaginación que sus crímenes contra la humanidad pudieran ser denunciados jamás. Nada lo ilustra mejor que las palabras del representante de Alianza Popular, Carro Martínez, que, con el pensamiento puesto en ETA, justificaba así la abstención a la que optaban, para diferenciarse de Fuerza Nueva, ante la Ley de Amnistía de 1977: “y nos abstendremos porque una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores”. Es evidente que no pensaba en las responsabilidades penales de sus correligionarios.

Lo que nadie suponía entonces era que ese, en palabras de Santos Juliá, echar al olvido los delitos iba a servir para garantizar la impunidad de un crimen contra la humanidad. Es más, no existía conciencia del enorme crimen contra la humanidad que representó el franquismo, porque las víctimas seguían aparcadas en el estercolero de la historia. Hoy las víctimas están encima de la mesa y, por eso, la Transición no puede ser enjuiciada con la benevolencia que lo siguen haciendo los cuatro ex-presidentes. Se hizo lo que se pudo, pero no lo que debería haberse hecho. De eso nadie es políticamente culpable y, quizá, tampoco lo sea penalmente, pero no puede seguir siendo justificado en 2020 lo que se hizo en 1977. Ahora ya no hay espacio para la impunidad y el crimen contra la humanidad debe ser reparado. Estamos en otra época, eso es lo que tienen que comprender Martín Villa y todos sus avalistas.

Marcelino Flórez

Un error es un error

La salida por la puerta de atrás del ex-rey, cuyos deméritos son evidentes, está provocando una polémica entre partidos, que tiene mucho de artificial. Más que hablar de monarquía o de república, los interesados en esa polémica están interesados en otras cuestiones de interés propio, sea con vistas a unas próximas elecciones, sea como recurso para decir algo a los propios seguidores. En cualquier caso, es un asunto lateral y no me interesa.

Va habiendo, sin embargo, cada vez más gente que pone el acento en lo que a mí me parece lo importante. El otro día lo decía López Bulla en su blog, también lo argumentaba Elisa Beni en eldiario.es: la confrontación entre monarquía y república no es un asunto del momento. Primero, porque distrae de lo importante -la pandemia, la recuperación económica, la reforma fiscal- y esa distracción, diga lo que diga Gaspar Llamazares, es negativa. Pero, sobre todo, no es un asunto del momento, porque si se planteara ahora un referéndum sobre la monarquía, lo perderían los republicanos y debilitarían definitivamente a la izquierda. Es evidente que la totalidad de los partidos políticos, salvo los independentistas y Unidas Podemos, apoyarían en este momento el statu quo mediante la abstención, como mínimo, y la opción monárquica resultaría vencedora. Convendría recordar lo que ocurrió con el referéndum sobre la salida de España de la OTAN, que lo perdimos cuando parecía imposible que así fuera. Ahora sería mucho más probable la derrota. Por eso, plantear este debate alegra a las derechas, que sólo tienen cosas que ganar con el asunto.

La monarquía caerá, porque es un anacronismo y algún día habrá que hacer un referéndum sobre la jefatura del Estado, pero ahora es el momento de otra cosa. Se podría aprovechar esta circunstancia de deterioro monárquico para hacer la ley que regule la actuación de la Casa Real. Es muy difícil que algún partido se opusiese hoy a garantizar por ley la transparencia de toda actuación de la realeza. El momento también es propicio para establecer reglamentariamente los límites en el poder del rey. El más significativo de esos poderes y el de mayores reminiscencias franquistas es la jefatura de las fuerzas armadas, pero una ley puede precisar que esa jefatura, como todos los demás poderes, se ejerce de acuerdo con las instrucciones emitidas por el gobierno. Una leve precisión reglamentaria de este tipo haría imposible que se plantease un nuevo 23-F, tanto en lo que se refiere a su génesis golpista, como a su resolución regia, que tantos beneficios populistas reportó a Juan Carlos. Nos vendrían muy bien estas precisiones en estos tiempos en que se enarbolan tanto las banderas del Estado en balcones y mascarillas. Como nos vendría muy bien precisar los límites de la inviolabilidad de los actos del rey. Y, lo más importante, no sería difícil lograr amplias mayorías parlamentarias para conseguir esa ley. Seguramente, sería VOX el único en quedar fuera, aunque, tal vez, se viese acompañado por otros nacionalistas.

Por estas y otras razones, plantear un referéndum es un error de bulto. Qué bien lo ha visto Yolanda Díaz, sin duda la ministra de la coalición que mejor ejerce su oficio. También lo ha sabido ver Pedro Sánchez. Otros han desvariado, como viene siendo habitual, quizá porque ven próximas unas elecciones o simplemente por oportunismo infantil, con el efecto indudable de seguir cavando escalones hacia la irrelevancia. Más pronto o más tarde, el PSOE presentará una propuesta de ley sobre la organización de la Casa Real y para él serán todas las ganancias, porque los que se han arrancado con la propuesta de un referéndum han perdido ya ante cualquier otra salida, además de alejar sine die el ansiado referéndum. Un error de bulto.

Marcelino Flórez

Fin de ciclo

El 15 de mayo de 2011 cientos de miles de personas se manifestaron en las plazas de Madrid, de España y de varios continentes, pidiendo un mundo nuevo. En su mayoría, eran jóvenes. Pero ninguna movilización tiene éxito, si no tiene canales para hacer efectivas sus reivindicaciones. En el mundo moderno, el que sigue a las revoluciones burguesas, esos canales se llaman partidos políticos. A rebufo del 15-M apareció Podemos, que tuvo un éxito espectacular en un primer momento: consiguió las alcaldías de Madrid y de Barcelona, de Zaragoza, de Valencia y de otros grandes municipios; encontró sitio en todos los parlamentos regionales; y logró 75 diputados en Las Cortes. Un potencial enorme.

Cinco años después de aquel éxito, Podemos está reducido prácticamente a la nada, o sea, a los poderes que tuvo Izquierda Unida en sus buenos momentos. Después de las elecciones en Euskadi y en Galicia, que confirman una tendencia, se puede afirmar que Podemos carece de futuro. Para ser exactos, Podemos y sus coaliciones son un camino cerrado. Ha llegado el final del ciclo.

En los orígenes hubo un importante debate sobre si construir una confluencia o una coalición. El grupo dominante determinó que había de ser una confluencia, pero sin sopa de letras, lo que se interpretaba como la inclusión de toda la izquierda en la casa común de Podemos. Una primera quiebra ya en 2016 lo transformó en coalición, que si no era una sopa, sí albergaba alguna suma de letras. Desaparecidas las de EQUO, quedaron fijadas como Unidas-Podemos. Eso es lo que ha quebrado. Y la quiebra no ha sido el 12 de julio de 2020, sino que venía produciéndose desde 2016, aunque nunca haya querido ser así reconocido por los dirigentes de la coalición. Casi parece una broma, pero la coalición en Galicia terminó llamándose Galicia en Común-IzquierdaUnida-Podemos-Anova-Mareas. No quieres caldo, toma tres tazas … de sopa de letras.

Después de las elecciones de noviembre y de la previsible formación de un gobierno de coalición, escribía yo que teníamos cuatro años para reconstruir una alternativa, pues lo que había estaba quebrado. Aquella, entonces incierta opinión, se ve refrendada ahora. Pero la reconstrucción ya no puede ser en forma de confluencia, sino de ruptura, porque lo que hay no sirve y se necesita algo nuevo, aunque la coalición vigente tenga por delante un todavía largo camino de existencia.

También el municipalismo ha salido fracturado. En Barcelona, reducido a la mínima expresión, aunque gobierne; en Madrid, una incógnita que tendrá que despejarse; en Valladolid, uno de los mejores ejemplos de confluencia, en crisis manifiesta; en la mayor parte de los municipios, desaparecido. La reconstrucción es inevitable y habría que empezar desde abajo. Primero, recuperar el municipalismo, ahora ya sin ambigüedades: una asamblea autónoma, con representantes directos, con espacios propios, sin identidades prestadas. Después, la región, donde se podrá respetar lo que existe, siempre que sea capaz de regalar sus estructuras al común. Finalmente, el Estado, mediante una nueva organización de carácter confederal, porque el hecho de la pluralidad nacional hay que asumirlo en toda su extensión.

Alguna condición sí tendría que haber: elección universal de líderes federales, sin designaciones; elección provincial y local de candidaturas; elaboración participada de programas electorales. Eso y un método acogedor y no segregador podría servir de ensayo.

Marcelino Flórez

¡Ay, banderita!

En noviembre de 2017 escribí un artículo sobre la privatización de la bandera de España, que había hecho el Partido Popular con motivo del procès catalán (cambiar-la-bandera-de-espana). Dadas las características de aquel conflicto, en el que había tanta competencia entre banderas, no fue fácil hacer comprender a todo el mundo el uso partidista del emblema común.

Ahora ya no hay dudas. Esta vez, el Partido Popular se ha visto acompañado y ampliamente superado por VOX. También el sentido partidista ha quedado mejor reflejado: ya no se trataba ahora de la unidad de la patria, sino del uso de la pandemia del COVID-19 para acusar al gobierno legítimo de asesino. De ahí, el crespón negro.

La estrategia ha fracasado y, esta vez, se ha visto la manipulación en toda su desnudez. Poco a poco se han ido retirando las banderas de los balcones, salvo las de aquellos que se siguen viendo representados en las mascarillas con bandera de las Cortes, la mayoría en los rostros de VOX, aunque algunas, más pequeñas, tapan la cara del PP. Pero todos sabemos ya que las banderas de los balcones no representan a españoles muy españoles, sino a derecha muy extrema y muy derecha.

No es la primera vez en la historia de España, en la que un partido se presenta con los símbolos comunes, con la intención de hacer creer que ese partido, o parte de un todo, es en realidad la totalidad de la nación. Ocurrió durante la Segunda República, cuando el partido católico usó el término “nacional” para definirse. Un decreto de abril de 1932 obligó a Acción Nacional a titularse Acción Popular, que pronto pasó a ser la CEDA, donde las cosas quedaban mucho más claras.

Me pregunto siempre a qué se deberá el afán de esa derecha de presentarse con los emblemas comunes, como si quisiera desdibujar su imagen, pasar desapercibida, aparentar que no tienen ideología, siendo así que tienen componentes ideológicos tan fuertes como el de monárquica o el de católica, además del más moderno de neoliberal. Llego a pensar si se tratará de una “derechita cobarde”, incapaz de airear sus colores azules o verdes, ambos desvaídos, pero los sociólogos me dicen que es cosa de estrategia electoral: ocultar al votante su naturaleza. En Galicia, los populares borran completamente las siglas del partido y las sustituyen por el nombre del candidato y presidente del gobierno local.

Ya no me enfado cuando veo en el balcón privado la bandera común, sabiendo que allí vive un votante de VOX o del PP, simplemente me separo un poco, como hago en la calle cuando veo la misma bandera en la mascarilla o en la muñeca. Y pienso: si Las Cortes no son capaces de recuperar para el común los símbolos del Estado, habrá que ir pensando en cambiar la bandera.

Marcelino Flórez