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Los “expertos” ante la Comisión de la Verdad

El País del domingo 2 de septiembre de 2018 presentaba un pequeño reportaje de Ignacio Zafra, que recogía la opinión de cuatro historiadores acerca de la iniciativa de Pedro Sánchez de crear una Comisión de la Verdad sobre el franquismo. Paul Preston decía que ya es tarde para crear esa Comisión, porque los verdugos ya no pueden pedir perdón a las víctimas; Santos Juliá decía que eso tiene sentido “cuando los testigos de los sucedido están vivos” y que aquí ya se conoce casi todo; Moradiellos decía que “no va a sentar una verdad oficial”; y José Álvarez Junco añadía que está en contra de esa verdad oficial.

Otro historiador, Julián Casanova, replicaba en su muro de Facebook el día 3 de septiembre una entrevista que le hizo Infolibre y tampoco se mostraba partidario de una Comisión de la Verdad, en este caso por extemporánea. Reconocía, sin embargo, lo siguiente: “Hay que sacar toda la verdad histórica, toda la información, pero no soy partidario de una comisión ad hoc”.

Nos faltaba Antonio Elorza, que pontificó finalmente el día 5 de septiembre, también en El País. Decía que la “verdad histórica” ya está establecida en cuanto a las responsabilidades. Faltaría una nimiedad: el resarcimiento de las víctimas. Y terminaba manifestando sus dudas sobre si los líderes políticos herederos de las ideologías presentes en la Guerra asumirían los crímenes. Citaba, incluso, tres de esos crímenes, sólo tres: García Oliver y su amparo de la FAI; los comunistas en Paracuellos; y el PNV con Santoña.

Finalmente, Álvaro Soto, el día 6, escribía otro artículo en el que no veía con agrado una Comisión de la Verdad, después de tanto tiempo y porque “ya tenemos ‘verdades’ históricas rigurosas y reconocidas”. Pero su artículo se titulaba “Contra el olvido”. ¿En qué quedamos?

Vaya por delante mi desprecio sin paliativos a estas opiniones por una primera razón: casi ninguna demuestra saber lo que es una Comisión de la Verdad y todas desconocen el papel y el significado de las víctimas. Además, confunden una Comisión de la Verdad con una tesis doctoral. Y, en el fondo, lo que se manifiesta es la preocupación por que una Comisión de la Verdad ponga sobre la mesa su papel historiográfico, su autoridad en tanto que historiadores “oficiales”. Estos historiadores pueden ser “expertos” en historia, pero no lo son en comisiones de la verdad . Su palabra, por lo tanto, no vale más que la de cualquier otra persona; y el valor de esa palabra dependerá de la sabiduría que demuestren. En este caso, poca.

Las asociaciones de víctimas del franquismo, sin embargo, y las asociaciones de defensa de los derechos humanos llevan varios años reclamando la creación de una Comisión de la Verdad. ¿Qué quieren estas asociaciones? Desde luego, no quieren otro libro de historia, ni siquiera otro libro para combatir a negacionistas y revisionistas, cosa que siempre hace falta.

Quieren conocer todos los nombres de las víctimas, las circunstancias de su muerte, los autores de la misma, quién dio la orden, quién la ejecutó, si fue el gobierno, si el ejército, si unos paramilitares, si cuadrillas de bandoleros, si se ajustaba al derecho nacional e internacional vigente.

Quieren localizar todas y cada una de las fosas (las del campo republicano y las del campo franquista; eso sí, sin mezclarlas, cada una en su departamento), sacar los huesos, identificarlos, entregarlos a los familiares o a las asociaciones de defensa de los derechos humanos. Y esto en público, no como mero “honor de los muertos” en la privacidad familiar.

Quieren conocer si, además de matarlos, los torturaron, si les robaron sus bienes, si les obligaron a trabajar como esclavos; quién los contrataba para esos trabajos; quién se adueñó de sus bienes.

Quieren saber si esos crímenes han conocido ya alguna reparación.

Quieren conocer la verdad, que lleva oculta más de ochenta años. Una comisión “contra el olvido” precisamente.

Y cuando conozcan la verdad, reclamarán justicia y reparación, claro. Pondrán en manos de los jueces la información. Y si los jueces no hacen nada, como ahora, pedirán reparación al gobierno. Pedirán una ley que dignifique a las víctimas, que las diferencie de los asesinos, que las honre. Una ley que condene la apología del crimen y que expulse de la sociedad a los apologetas, que limpie los escenarios de contertulios solidarios con los asesinos, lo sean por mala fe o por ignorancia.

No necesitamos un nuevo libro de historia, por eso no necesitamos una comisión de historiadores. Por cierto, el Pacto de Santoña podrá merecer el juicio político que se desee, pero no es responsable de ningún tipo de crímenes contra la humanidad, por lo que no forma parte de los objetivos de estudio de una Comisión de la Verdad.

Tampoco necesitamos recuperar la Segunda República o, como dicen algunos, la “memoria democrática”, por eso tampoco necesitamos una comisión de republicanos. A este respecto, sí queremos conocer la responsabilidad de García Oliver, pero no en abstracto, sino ante asesinatos concretos, con todas sus circunstancias; como también queremos saber el papel de Carrillo en Paracuellos, que éste ocultó hasta en sus memorias póstumas, pero no se busca un análisis e interpretación del anarquismo y del comunismo durante la República. De eso sí van hablando los historiadores y tendrán que hacerlo, quizá, los “herederos políticos”, pero no es tarea de ninguna Comisión de la Verdad.

Sólo necesitamos conocer la verdad oculta: los nombres de las víctimas, los de sus asesinos, el lugar del ocultamiento del cadáver, todo lo que se ocultó hace cuarenta años, a pesar de la Constitución. Para eso necesitamos una Comisión de la Verdad.

Después vendrán otras cosas por añadidura: nuevos libros de historia, que interpelarán a los “expertos”; nueva imagen de la política republicana, que redefinirá los rostros de unos y de otros; nueva imagen del franquismo, que hará posible culminar la Transición, ahora ya sin espadones y sin los otros poderes fácticos con sus diversos aliados, que nos subyugaron desde 1975 hasta aquí.

Marcelino Flórez

Memoria de qué

En España se ha instalado el concepto de memoria histórica, por lo que parece, para quedarse. Este verano de 2018 unos socialistas segovianos han creado una asociación memorialista con la denominación ARMH. Pero esas siglas ya tienen dueño, la asociación creada por Santiago Macías y Emilio Silva en el año 2000, y el dueño ha hecho saber a los socialistas segovianos que no pueden utilizar esas siglas con sentido partidista. Los socialistas segovianos tendrán que rectificar, pero el inductor de la nueva asociación, un médico mallorquín asentado en la provincia segoviana al jubilarse, asegura que las palabras “memoria histórica” figurarán en todo caso en su asociación, porque esa denominación no es patrimonio de nadie. El caso me recuerda la anécdota que contaba Francisco Espinosa en uno de sus libros sobre el editor periodístico que le invitaba a introducir la palabra memoria en los titulares, porque cotiza al alza.

Estoy releyendo estos días veraniegos el libro de Rafael Escudero Alday, Memoria histórica y democracia en España, y constato una vez más la mala elección que el movimiento memorialista hizo cuando adoptó la expresión “memoria histórica”. Reconoce este autor que esa expresión significa, al menos, dos cosas: una, la idea de rememorar a las víctimas olvidadas; y otra, la idea de recuperar los valores de la Segunda República. En verdad, son dos cosas bien diferentes y con misiones también diferentes. La una busca activar la justicia transicional; la otra piensa en fortalecer a un grupo ciudadano afín a una política defensora de los derechos humanos o, en términos más generales, a una ciudadanía progresista.

Recuerdo también el conflicto que se generó en los comienzos del movimiento memorialista por la relación entre los conceptos de memoria y de historia. Esta relación afectó a dos vertientes del pensamiento. Algunos historiadores redujeron el concepto de memoria histórica al sentido primigenio de la idea, tal como la formuló Pierre Nora, quien, a su vez, lo tomó de la sociología, donde Halbwachs había establecido el concepto de memoria colectiva. Para la sociología, memoria colectiva significaba la imagen que una sociedad se hace de sí misma con referencia en su pasado o memoria transmitida. Esta imagen contribuye de forma determinante a construir la identidad de las sociedades humanas o, como se decía a principios del siglo XX, la identidad de los “pueblos”.

Como el movimiento memorialista se sirvió mucho de los recuerdos de las personas vivas, lo que a partir de Ronald Frasser se conocía como “historia oral”, otro grupo de historiadores reaccionó despreciando esa historia oral y reivindicando la historia académica. Asombra hoy ver el grado de corporativismo de este grupo de historiadores, que reclamaba la titularidad del oficio frente a los intrusos o “aficionados” del movimiento memorialista. Casi nadie deja de reconocer ahora que las fuentes orales son una fuente más para la reconstrucción del relato histórico, eso sí, debidamente tratadas, como ha de hacerse, por otra parte, con todo tipo de fuentes. La confusión aquí se produjo al identificar el término memoria con las “memorias”, biografías, autobiografías o recuerdos que las personas tienen de sus vivencias pasadas.

Sería bueno, por lo tanto, reservar el nombre adecuado para cada cosa, aunque ésta sea ya una batalla perdida:

Historia, para la ciencia o saber construido sobre el pasado. Una de sus fuentes puede ser la memoria oral, pero el relato histórico se construye con fuentes diversas.

Memoria colectiva, para la imagen de su pasado que una sociedad determinada tiene, con la que afianza una identidad. Esta memoria e identidad cambian con el tiempo y su estudio evolutivo admitiría el concepto de memoria histórica, como hacía la Escuela de los Anales y, en particular, Pierre Nora en Les Lieux de Mémoire.

En este espacio se inserta ese deseo de algunos memorialistas por recuperar los “valores de la República”. Por cierto, esos “valores” son diferentes para anarquistas, comunistas, socialistas y simples republicanos. Ahí lo dejo.

Y memoria de las víctimas, para el recuerdo consciente de los crímenes pasados y no reparados. Aquí no se pueden mezclar churras con merinas: ni víctimas con victimarios, ni víctimas con identidades políticas. Cada cosa, en su departamento.

Este es el campo donde se inserta la justicia transicional, según el proceso que va del recuerdo a la verdad y termina en la justicia y en la reparación, porque, como escribía Rainer Huhle, “si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, de culpas enormes, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”.

El movimiento memorialista ha conseguido en España que la rememoración de las víctimas del franquismo ocupe un lugar destacado en la agenda política. Falta ahora que se establezca la verdad y eso pide a gritos la creación de una Comisión de la Verdad. Esperamos que el recién nombrado Director General de Memoria Histórica, Fernando Martínez López, que es historiador y sabe de lo que se trata aquí, no nos defraude en esto, porque ya está tardando en crear esa Comisión de la Verdad, principal elemento para desarrollar la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y dictadura. Establecida la verdad, caerá como fruta madura la justicia reparadora y se completará la transición de la dictadura a la democracia.

Marcelino Flórez

El alcalde de Pajares de la Laguna, un espejo del Partido Popular

Estos días está siendo noticia el alcalde de Pajares de la Laguna, un pueblo salmantino de la comarca de La Armuña. Se llama Juan Antonio Benito de Dios y es noticia porque el Senado ha puesto en conocimiento de la fiscalía una carta que este señor ha enviado a esa institución, plagada de gravísimos insultos.

El origen del conflicto es un escrito que el senador valenciano Carles Mullet ha hecho llegar a más de 2.000 municipios, que aún conservan nombres franquistas en sus callejeros, recordándoles que han de cumplir la conocida como Ley de Memoria Histórica. En Pajares de la Laguna he visto que se conservan dos de esos nombres, Calvo Sotelo y Salas Pombo, este último un falangista nacido en Cataluña, que, entre otras cosas, fue Gobernador Civil de Salamanca y, desaparecido Franco, fue uno de los pocos diputados en Cortes que votó en contra de la Ley para la Reforma Política, con la que se originó el paso a la democracia, o sea, un miembro de lo que entonces llamábamos el “búnquer”.

El escrito que envía el alcalde al Senado es asombroso por la ignorancia que destila, que sobrepasa con mucho a las descalificaciones y groserías que dice sobre el Presidente del Senado, sobre el senador Mullet, sobre Zapatero y sobre la “ley de memoria histórica”. Me resisto a reproducir los insultos e invito a quienes no los conozcan y los deseen conocer que recurran a internet. De lo que yo quiero hablar no es de lo que dice este alcalde, sino de lo que justifica que este alcalde pueda decir lo que dice.

Por empezar por lo más sencillo, los insultos a Zapatero se explican porque no hacen más que reproducir los mismos insultos que el Partido Popular repitió hasta la saciedad en sus últimos meses de gobierno y que alcanzaron su cima cuando Mariano Rajoy le insultó en sede parlamentaria, llamándole “tonto solemne”. Era la época de la crispación y “de aquellos polvos, estos lodos”; mucho más, cuando los que ahora gobiernan son los que antes insultaban.

En lo que se refiere al desprecio de la “ley de memoria histórica”, está igualmente autorizado por su partido, que en boca de Rafael Hernando o de Esperanza Aguirre hemos escuchado tantas veces, pero, sobre todo, hemos escuchado a Mariano Rajoy, cuando presumía en una entrevista televisiva de no dar un céntimo para el desarrollo de la referida ley en todos sus años de gobierno. Hay un agravante, en este caso, que justifica aún más los improperios que emite el alcalde de Pajares de la Laguna. Este agravante son los jueces, que no han admitido las querellas presentadas contra alguno de esos personajes públicos por insultar a las víctimas del franquismo, amparadas por esa misma ley. Y, como nos recordó hace ya algunos años el investigador y defensor de derechos humanos, Rainer Huhle, “en un estado moderno de derecho, y pese a muchos deseos de tener otros mecanismos tal vez más humanos (como criterio de moralidad), el castigo judicial es el recurso más válido que tiene la sociedad para declarar lo que considera justo e injusto”. Con los jueces hemos topado y, de ahí, la chulería de este alcalde.

Utiliza el alcalde la palabra comunista como denuncia contra el senador Mullet, exactamente igual que lo hizo el franquismo durante toda su historia y que sus herederos políticos no han sabido abandonar. Pero lo que sonroja y preocupa es que este alcalde, que, además, es maestro y director de un colegio público, achaque a los comunistas la provocación de la Guerra Civil. Esto, además de una falsedad histórica que no necesita ninguna defensa argumental, debería de ser considerado un delito de lesa humanidad por la pretensión de querer ocultar el crimen contra la humanidad que fue el franquismo.

Por estas y por muchas más razones, la carta del alcalde de Pajares de la Laguna, del Partido Popular, exige no sólo la intervención de la fiscalía, sino que de una vez los parlamentarios democráticos de España se pongan a la tarea de llevar adelante una Comisión de la Verdad, de la que surja una ley que dé fin a estas humillaciones que seguimos sufriendo las personas solidarias con las víctimas del franquismo. Es verdad que vamos avanzando. El escándalo que ha provocado el acto que comentamos está ya lejos de las justificaciones que tuvimos que soportar ante hechos protagonizados por otros alcaldes, como el de Poyales del Hoyo o el de Baralla. También la ley de “memoria histórica” que está preparando el gobierno del Partido Popular de Castilla y León, producto del diálogo social, es otro avance. Pero estos delitos no se pueden aguantar más y tenemos derecho a gritar: ¡Ya basta!

Marcelino Flórez

Y Miguel Ángel Blanco dejó de ser víctima

Una víctima es una persona que sufre un daño por efecto de acciones humanas moralmente execrables. La víctima tiene siempre dos cualidades inherentes, la inocencia y la universalidad, es decir, carece de culpa y podría haberle ocurrido a cualquiera ese daño.

Pero no todos los sufrimientos producen víctimas. El daño puede tener una causa y quien la padece merecer el calificativo de caído, de héroe o de mártir, pero no de víctima. Lo ha expresado muy bien la Conferencia Episcopal Española: “Las guerras tienen caídos en uno u otro bando. Las represiones políticas tienen víctimas, sean de uno u otro signo. Sólo las persecuciones religiosas tienen mártires …”.

Miguel Ángel Blanco fue una víctima de ETA el día 12 de julio de 1997 y lo fue hasta el día en que el Partido Popular le arrebató esa condición de universal inocencia, para convertirlo en un instrumento al servicio de su causa, pasando a ser un caído de su estrategia sobre el terrorismo etarra. Eso ocurrió en el mes de septiembre de ese mismo año, cuando el Partido Popular anatematizó a toda persona no perteneciente a su causa, con motivo del homenaje que ofreció a Miguel Ángel Blanco en la plaza de Las Ventas.

Desde ese día, 12 de septiembre, Miguel Ángel Blanco pasó a ser mitad héroe, mitad caído y también un poco mártir en las marchas que el Partido Popular, arropado en las asociaciones de víctimas a las que financiaba vigorosamente, comenzó a programar, especialmente cuando perdieron el gobierno y, sobre todo, siempre que parecía aproximarse el cese de la violencia terrorista. La hemeroteca está llena de ejemplos de esto.

El día 12 de julio de 2017 hemos asistido al último espectáculo de esta estrategia. Sólo que este 12 ya no es igual que diez años antes o viente años antes, con ETA activa y con Zapatero en el gobierno. La estrategia, esta vez, ha resultado ridícula, además de desenmascarar definitivamente a sus artífices: no rememoran a las víctimas, sino que sirven a otros intereses, algunos inconfesables, como nos van haciendo ver la policía y los jueces.

Todo lo que no es PP y su muleta ciudadana ha estado a punto de desmarcarse de la pantomima, aunque les faltó el valor en el último momento. Pero los insultos a Carmena, víctima de ETA, del franquismo y de la extrema derecha, sólo caben ser interpretados como injustos, aparte de inoportunos. Son esos insultos, agitados por los concejales populares madrileños y por la hermana de Miguel Ángel Blanco, los que cerrarán definitivamente el ciclo de la estrategia del PP con el terrorismo etarra. En adelante, la oposición ya se va a atrever a dejarlos solos.

Marcelino Flórez

Patria, de Aramburu (II)

2. La quiebra social

El tema de Patria es la ruptura del orden social, el fin de la convivencia normalizada entre la vecindad, como consecuencia del terrorismo. Toda la novela está entreverada por el abismo que separa a víctimas y victimarios. El día que apareció la pintada de “TXATO TXIBATO” en el pueblo, la vecindad dejó de hablar a la familia. “Y el Txato ya no participaba en las etapas de cicloturista ni iba a jugar a las cartas al Pagoeta”-82-, es decir, la víctima se ve excluida de la vida cotidiana y aislada hasta el extremo. “Bittori no pudo menos de acordarse de los días en que esta misma vecina evitaba encontrarse con ella en la escalera o esperaba en la esquina de la calle, mojándose bajo la lluvia, con la bolsa de la compra en los pies, para no coincidir las dos en el portal”-18-. Cuando Xabier recibe la noticia de la muerte de su padre, “vio por el trayecto hacia la salida del hospital … a un viejo compañero que bruscamente se dio la vuelta para no coincidir con él en el ascensor. Así pues, ETA” -48-.

En el funeral, uno de los ritos sociales de tránsito más frecuentados, “había pocos vecinos de la localidad en la iglesia, algunos políticos del espectro constitucionalista, algunos parientes venidos ex profeso y poco más”-83-. Y eso después de que Bittori obligase al cura a celebrarlo, a lo que se mostró bien renuente. “¿Y los empleados? Ninguno asistió al funeral. Al entierro en San Sebastián asistieron dos”. Esta es una experiencia que todo el mundo puede recordar y que se prolongó desde la amnistía de 1977 hasta el 14 de febrero de 1996, cuando los estudiantes madrileños se lanzaron a la calle en protesta por el asesinato de Francisco Tomás Valiente. En un reportaje que publicaba El País el día 16 de julio de 2011 sobre el mando policial Enrique Pamies, procesado por el Caso Faisán, se podía leer lo siguiente: “Dicen que cuando contó 25 funerales, en los que sólo veía autoridades ‘y cuatro abuelos’, decidió no ir a ninguno más”.

Por lo tanto, en un lado las víctimas, con un puñado pequeño de gente, y en el otro la masa de la población, una parte de la cual se hallaba silenciada, aterrorizada: “La gente acudirá a la siguiente manifestación de ETA, sabiendo que conviene dejarse ver en la manada. Es el tributo que se paga para vivir con tranquilidad en el país de los callados”-462-.

Este es el tema, diríamos, histórico de la novela, el que se refiere a los años del terror. Pero el relato llega hasta hoy mismo y entonces se plantea cómo restaurar la convivencia. Ya dijimos que la solución para el autor es el perdón, la solicitud y la concesión del perdón. Y ya lo criticamos.

3. Olvido y equidistancia de las víctimas

Sea queriendo o sin querer, el autor, en esa sabia descripción que hace de la sociedad vasca, introduce las propuestas de solución que esa sociedad está poniendo sobre la mesa. Y aquí aparecen dos cosas esenciales: el olvido y la equidistancia de las víctimas. “No te hagas mala sangre, hermano. Es ley de vida. Al final siempre gana el olvido”-555-, dice Nerea. Y la propia Bittori, “se preguntó si después de tantos años no debía ir pensando en olvidar”-18-. Pero el olvido es imposible, porque, como dice Bittori, “Tengo una gran necesidad de saber. La he tenido siempre y no me van a parar”-24- ; o como reconoce Nerea, “Nuestra memoria no se borra con agua a presión”-555-.

El olvido, que históricamente venía siendo el precio de la paz, ya no puede jugar esa baza, porque las víctimas han dejado de ser moneda de cambio, una vez que los razonamientos iniciados por Walter Benjamin se han convertido en pensamiento dominante. Es lo que en España llamamos memoria histórica y que yo prefiero llamar rememoración de las víctimas, porque se trata de una rememoración voluntaria y porque es memoria sólo de las víctimas. No lo confundamos con cualquiera de los temas que quiera tratar la ciencia histórica. Por eso, es tan incómoda la memoria, como repite insistentemente Miren, a la que un simple geranio en la ventana le parece un acto de acoso: “Le ha dado por acosarnos. Al aita no le deja en paz. Desde que se acabó la lucha armada, los enemigos de Euskal Erria se han vuelto valientes”-523-. El pueblo está tan incómodo con el geranio en el balcón, que encarga al cura que haga salir a Bittori: “Así me lo dijo. Que me vaya del pueblo para no entorpecer el proceso de paz. Ya lo ves, las víctimas estorban. Nos quieren empujar con la escoba debajo de la alfombra”-120-. La presencia de las víctimas es un hecho incómodo. Ya nos lo había contado György Konrád, nacido en Hungría el año de la llegada de Hitler al poder y el mes de la quema de libros, a quien su madre informó que el jefe de un Estado vecino quería matarlo. Él fue uno de los 7 niños que se salvaron, entre los doscientos que había en el pueblo. Muchos años después este pensador seguía sintiéndose señalado y escribió: “Los que lograron salir con vida representan una vejación. Regresar de la muerte es una impertinencia. Resulta desagradable que los testigos salgan de repente de las fosas comunes”.

Pero ya no es posible el olvido.

Otra cosa sería la venganza, que también aparece tangencialmente en la novela: “Y ya verás como nos echan en cara a las víctimas que nos negamos a mirar hacia el futuro. Dirán que buscamos venganza. Algunos ya han empezado a decirlo”-555-, comenta Nerea. También Bittori lo había reconocido: “Y es lo único para lo que yo quiero que haya infierno, para que los asesinos continúen cumpliendo allí su condena eterna”-35-. Mi opinión es que ese no es un problema, como explica el psicoterapeuta David Becker, que se ocupó de las víctimas de torturas en Chile. En su libro, Sin odio no hay reconciliación, cuenta el sueño de un paciente torturado, que cambió en el sueño su rol y se convirtió en torturador: “Ni siquiera en el sueño pudo hacerlo, se despertó vomitando. Lo más frecuente es que las víctimas viertan sus sentimiento de agresión no contra sus victimarios sino contra sí mismos y los suyos. La renuncia prematura al deseo de venganza, ante la falta de justicia, es el verdadero problema que hay con la venganza”. La cuestión, entonces, no es el deseo de venganza, sino el papel que corresponde jugar a las víctimas y a sus representantes en los procesos de paz. Lo dejamos a un lado.

El futuro hay que construirlo, por lo tanto, con las víctimas sobre la mesa, no olvidadas. Es entonces cuando aparece la equidistancia de las víctimas: “Perdón ni leches, dice Miren. ¿O es que nosotros no somos víctimas?”-454-. Y en boca de Juani: “Siempre con las cejas tristes por su hijo que se quitó la vida o se la quitaron y por su marido, que murió de un cáncer casi tan grande como su pena. Para que luego digan que los otros ponen las víctimas y ellos no”-540-. Aunque quien lo expresa con más precisión es don Serapio, el cura: “… y que no se puede descartar que aquellos que deberían pedirme perdón, a su vez esperen que otros les pidan perdón a ellos”-121-. Este razonamiento se repite con mucha insistencia, pero donde mejor lo pudimos ver razonado fue en la entrevista que Jordi Évole hizo a Arnaldo Otegui en La Sexta. Es el argumento dominante … entre los victimarios. Y esa es la razón por la que Primo Levi, superviviente del nazismo, lo calificó de enfermedad moral, porque persigue confundir a las víctimas con sus asesinos y, de esa manera, garantizar la impunidad del crimen cometido.

Todo esto está en Patria, sin duda una novela excelente. No nos extraña que la novela haya recibido el Premio de la Crítica 2016 o el Premio Francisco Umbral al mejor libro del año; y que su autor haya sido galardonado con el Premio Internacional de Periodismo el 2 de junio de 2017.

Fernando Aramburu ha logrado dibujar la complejidad que caracteriza a la sociedad vasca y la difícil solución de las consecuencias del terrorismo, al no poder recurrir al olvido y no ser suficiente con el perdón individual. “Fulano hace un poco, mengano hace otro poco y, cuando ocurre la desgracia que han provocado entre todos, ninguno se siente responsable, porque, total, yo sólo pinté, yo sólo revelé donde vivía, yo sólo le dije unas palabras que igual ofenden, pero, oye, son sólo palabras, ruidos momentáneos en el aire”-82-. Esta reflexión del autor, en la cabeza de Bittori, engloba no sólo a los que hablaban de recoger las nueces, mientras los mozos movían el nogal, y no sólo a los que justificaban el crimen porque se estaba defendiendo la lengua, que es el alma del pueblo, sino a cuantos miraban para otro lado y negaban hasta el saludo, justificando así lo que ocurría. Y eso suma mucho.

Marcelino Flórez

Patria, de Aramburu

1. El perdón

Fernando Aramburu nos cuenta en Patria la historia de dos familias, que son amigas íntimas en un pueblo pequeño, próximo a San Sebastián. Son de distinta condición social; una, empresaria pequeña y pudiente; la otra, obrera no cualificada. Pero tienen elementos comunes identitarios, la vecindad, la lengua vasca. Un hecho externo romperá su amistad: el empresario es señalado por ETA, primero, y es asesinado, después. No volvieron a hablarse, hasta que finalmente vuelven a abrazarse, después de solicitar y obtener el perdón.

Ese argumento está preñado de significados laterales: ETA, sus apoyos y sus métodos; la idiosincrasia vasca popular; el factor clerical en el conflicto; y, sobre todo, el pensamiento que rodea al final del terrorismo: ¿olvido o memoria?, equidistancia de las víctimas, responsabilidades, verdad, justicia, perdón, reconciliación.

El autor ha dicho que el “tema” de la novela es el perdón. Comencemos por ahí.

Bittori, la protagonista principal de la novela, casada con el Txato, el asesinado, busca incansable que Joxe Mari, miembro del comando asesino e hijo de la familia amiga, le solicite el perdón. La novela termina con el abrazo de Bittori y Miren, la esposa del otro matrimonio y madre del etarra (lo que la convertiría en una abertxale), como anuncio de la reconciliación en Euskadi a través del perdón.

La novela de Fernando Aramburu es una novela excelente. Así lo reconoce unánimemente la crítica. Y no es más que eso, una novela. No tiene contaminación alguna con el ensayo, ni con la historia, ni con cualquier ciencia. Es una pura descripción de la realidad y ese es uno de sus principales méritos. A mí me ha gustado mucho.

Disiento del autor, sin embargo, sobre el “tema” de la novela. Creo que no es el perdón, sino lo que subyace en la perfecta y realista descripción de una parte muy representativa de la sociedad vasca en la época de sumisión al terrorismo etarra. No le corresponde, por otra parte, al autor definir el tema, sino a los lectores, que, sin duda, encontrarán hilos conductores diferentes. Esto no quiere decir que al autor no le interese el asunto del perdón. Creo que es lo que más le interesa, eso sí.

Dejemos, pues, el “tema” para otra ocasión y vayamos al perdón. Hay un concepto muy próximo, casi idéntico entre los católicos, que es el de reconciliación. Pero es preciso establecer una diferencia esencial: el perdón sólo puede solicitarse y ofrecerse entre personas individuales, nadie puede perdonar por otra, mientras que la reconciliación puede atender a conflictos más generales. Por ejemplo, se puede llegar a acuerdos entre Estados, entre clases sociales, entre grupos vecinales, que restauren la convivencia rota, sin necesidad de pedir o de ofrecer perdón.

Si el problema de la sociedad vasca fuese la solicitud y la concesión de perdón, las cartas intercambiadas entre Bittori y Joxe Mari serían la solución. De hecho, el autor así lo interpreta cuando opta por abrir la puerta a la esperanza con el abrazo entre Bittori y Miren, que quiere simbolizar la reconciliación de la sociedad vasca.

Pero si el problema de la sociedad vasca fuese la ruptura de la convivencia entre las víctimas y las pocas gentes que se solidarizaron con ellas, por una parte, y sus asesinos junto a las enormes masas que, por convicción o por temor, les acompañaron, por otra, no parece que una acción individual entre una víctima y un asesino (o entre cada una de las víctimas y cada uno de los asesinos) pueda ser capaz de restaurar la convivencia social.

Los encuentros entre víctimas y victimarios son símbolos positivos, sí, y ayudan en la tarea de restauración de la convivencia entre iguales y diferentes, pero no resuelven el problema. Mientras los responsables del crimen y cuantos, por voluntad o por fuerza, les acompañaron, en los distintos grados de responsabilidad, no reconozcan su participación y se sometan al veredicto de la justicia y de la verdad histórica, la convivencia no podrá ser restaurada. Luis Pérez Aguirre, un uruguayo que fue víctima de torturas, advertía de los peligros de la reconciliación en su vertiente social: “Y hay que medir los riesgos desde diferentes perspectivas, decía. Ante todo, habrá que poner los medios para superar el círculo vicioso de las revanchas, de los desquites y las venganzas por propia mano. Pero nunca a costa de incorporar a la comunidad al enemigo no arrepentido, con su odio y con su injusticia, prescindiendo de un análisis serio y profundo de sus propósitos. Sería como meter al lobo en medio del rebaño de corderos”.

Para mí, este es el “tema” de la novela y el hondo problema, que tardará en resolverse, en Euskadi.

(Trataremos estas cosas en el Club de Lectura de La Aldea)

Marcelino Flórez

Carrero, en la guerra cultural de la memoria

Los tuits de Casandra y su tratamiento jurídico y político forman parte de una de las batallas culturales más importantes que tienen lugar en España, la batalla de la memoria de las víctimas. Esta batalla tiene dos escenarios distintos, el franquismo y ETA, que tienen contextos diferentes y, en el caso de algunos combatientes, son escenarios antagónicos. En el asunto que nos ocupa, precisamente, confluyen los dos escenarios. Quizá por eso el revuelo está siendo mayor.

Si uno lee los tuits de Casandra le podrá parecer, como me ocurre a mí, que son altamente inofensivos, incluso respecto al propio Carrero, algo que también ha manifestado una de sus familiares. Los jueces de la Audiencia Nacional, sin embargo, han encontrado un delito de odio o desprecio “a las víctimas” en las bromas sobre Carrero. Analicémoslo.

Carrero no es una víctima

Hay que comenzar por el concepto de víctima, que se refiere a aquella persona o grupo que sufre un daño por efecto de acciones humanas moralmente execrables. La víctima siempre reúne dos cualidades, la inocencia y la universalidad. Inocencia significa que la persona dañada no está implicada en el hecho, no es responsable, sino que “pasaba por allí”. Ni todo el que sufre, ni todos los muertos son víctimas. En un enfrentamiento entre dos ejércitos, por ejemplo, los muertos en buena lid son caídos o bajas, pero no víctimas. Si esos muertos protagonizan un acto sublime de inmolación, pueden convertirse en héroes o mártires, que es el significado etimológico del vocablo latino victima, pero no en víctimas. Sólo los civiles desarmados, que estaban en su casa o en el campo y les tiraron una bomba encima, son víctimas en medio de una guerra. La otra cualidad, la universalidad, delimita aún más la condición de víctima. Significa que el daño le puede sufrir cualquiera, todo el mundo, independientemente de su pensamiento, de su cultura, de su específica imagen. Los muertos de Estocolmo el día 6 de abril de 2017 podíamos haber sido cualquier humano de cualquier parte de la tierra.

Carrero Blanco no reúne ninguna de esas dos cualidades: el Presidente de un Gobierno de un régimen responsable de crímenes contra la humanidad puede ser cualquier cosa, menos inocente. Y ninguna otra persona en el mundo podía sentir temor de recibir el daño que a él iba dirigido, por lo que carece enteramente de universalidad. Yo mismo, por ejemplo, aquel 20 de diciembre de 1973 tuve miedo, pero de la policía franquista, no de ETA. Calificar de víctima a Carrero Blanco más que un abuso semántico, es una extralimitación, se mire como se mire. Si Carrero no es víctima, mal pueden ofender a las víctimas las ofensas a Carrero.

El asesinato de Carrero no es un acto terrorista

No todos los actos violentos merecen ser calificados de terroristas. Entre otras cosas, esa calificación depende en gran medida del contexto. Es tradición antiquísima de la humanidad la justificación de la rebelión contra el tirano, como razonaban, ya en nuestro contexto cultural, los filósofos medievales y modernos, y como fue recogido en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa, y como se universalizó en la Declaración de los Derechos Humanos de 1948. La rebelión armada contra la Dictadura franquista era violenta, pero no puede calificarse de terrorista, la practicase ETA, el FRAP o quienquiera que fuese. Por esa razón, la inmensa mayoría de la sociedad española organizada y opuesta a la Dictadura se solidarizó con los presos de ETA condenados en el Proceso de Burgos de 1972, como también lo hicieron todos los Estados democráticos de Europa y del mundo o como lo hizo, incluso, el Estado Vaticano.

Es cierto que no existe aún un acuerdo internacional para definir el terrorismo, pero las formas de uso de ese concepto, por ejemplo las que recoge la Real Academia Española, incluyen siempre la violencia que busca infundir terror a la población indiscriminadamente, añadiendo a veces la finalidad política que se pretende con ese sojuzgamiento de las poblaciones mediante el miedo. Pues bien, el asesinato de Carrero Blanco buscaba su eliminación, pero de ahí no se derivaba un terror indiscriminado para la sociedad española. Por lo tanto, ni desde el punto de vista de la legitimidad de la rebelión contra el tirano, ni desde el punto de vista estratégico de la violencia política, el asesinato de Carrero Blanco puede calificarse de acto terrorista.

El uso político de las víctimas

¿Cómo es posible que algún juez español y una inmensidad de tertulianos se refieran a la condena de Casandra como algo relacionado con las víctimas del terrorismo? Es precisamente la batalla cultural en torno a la memoria de las víctimas la que nos explica el embrollo en el que algunos navegan.

Durante mucho tiempo en todas partes del mundo las víctimas estuvieron relegadas al olvido. Las víctimas de ETA sufrieron ese mismo olvido entre 1977 y 1996. La primera vez que la sociedad española reaccionó, salvo la loable actividad que venía desarrollando Gesto por la Paz, fue con motivo del asesinato de Francisco Tomás y Valiente el 14 de febrero de 1996, que sacó a una multitud de estudiantes madrileños a la calle con las manos pintadas de blanco, manifestando así la inocencia de la víctima y la solidaridad con ella. La reacción se multiplicó y se generalizó con motivo del asesinato del joven concejal del PP en Ermua, Miguel Ángel Blanco, el día 12 de julio de 1997. Nunca más estuvieron ya solas y olvidadas las víctimas del terrorismo etarra.

Sin embargo, dos meses después del asesinato de Miguel Ángel Blanco, el 10 de septiembre, se celebró un homenaje a su persona en la Plaza de Las Ventas de Madrid; el acto era unitario, pero el Partido Popular cayó en la tentación de monopolizarlo a su favor. A partir de ahí, el uso político de las víctimas de ETA por el Partido Popular ha sido una constante. Ese uso espurio subió un peldaño con motivo del atentado de Atocha del 11 de marzo de 2004 y mantuvo una actividad frenética durante la primera legislatura de Zapatero, con manifestaciones constantes y descalificaciones tan fuera de tono, que le llevaron a Rajoy a insultar al Presidente del Gobierno durante el debate del Estado de la Nación de 2005 acusándole de “traicionar a los muertos” o, durante el debate que precedió a las lecciones de febrero de 2008, de haber “agredido e insultado a las víctimas del terrorismo”. En este camino el Partido Popular estuvo acompañado por algunas asociaciones de víctimas, a las que financiaba generosamente. El resultado, además de generar una insoportable crispación, puso en peligro la universalidad de las víctimas del terrorismo, que sólo lograron mantener su dignidad gracias a la madurez de la sociedad civil organizada.

La batalla cultural en torno a la memoria se complicó más cuando otras víctimas, que llevaban decenas de años ocultas en cunetas al borde de los caminos, salieron a la luz. El día que Emilio Silva y Santiago Macías sacaron de la fosa a Los Trece de Priaranza, las víctimas del franquismo iniciaron un proceso imparable, cuyo resultado ha sido la imposible negación de la enormidad del crimen contra la humanidad que fue el franquismo, como ha dejado escrito el propio Tribunal Supremo.

El gran combate con la memoria de las víctimas del franquismo se produjo a lo largo del año 2006, al que el gobierno socialista designó como Año de la Memoria y que terminó produciendo la conocida como Ley de Memoria Histórica. Centenares de artículos periodísticos son testigos de la virulencia que adquirió esta guerra cultural ese año y que se prolongó durante el año 2008 con motivo del acoso a Garzón”, al aceptar este juez una demanda presentada por víctimas del franquismo. La lucha sigue encarnizada y quien mejor la representa es el Jefe del Gobierno cuando presume de no entregar ni un solo euro de los presupuestos para la “memoria histórica”.

En este contexto cultural hay que situar la sentencias y el debate sobre los tuits de Casandra. Debate y sentencia que no tardarán en ser considerados epígonos de la lucha contra el memorialismo, pues la cultura de la memoria ha llegado para quedarse y va ganando: el uso espurio de las víctimas de ETA está conociendo ya el repudio de las poblaciones y los afanes por ocultar los crímenes del franquismo no resisten al testimonio de las fosas. Del mismo modo que las ridículas sentencias sobre los guiñoles de “Alka-ETA”, el asunto en torno a Casandra y Carrero pasará a formar parte de la comedia española, no de la tragedia de las víctimas, sean de ETA o del franquismo.

Marcelino Flórez