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Los campos de concentración de Franco

Carlos Hernández de Miguel escribió hace un año un libro con ese título sobre los campos de concentración. El autor es periodista y el libro es una crónica del sufrimiento humano innecesario y provocado. Es una crónica por su valor literario, que le hace merecedor de esa denominación. Lo es igualmente por la motivación que guía al autor y que confiesa en la introducción, el memorialismo, más que la reconstrucción histórica. Y lo es, finalmente, por el método, nacido de la construcción y de la narración periodística. Digo esto, porque el autor no es historiador de profesión, aunque las primeras historias fueron siempre crónicas de los reyes y de los poderosos. E insisto en ello, porque estoy cansado de ver cómo algunos historiadores de profesión descalifican a quienes no lo son, llamándoles aficionados, casi como un insulto. Pues bien, este libro de Hernández de Miguel es un excelente libro de historia, además de ser una crónica.

A falta de estadísticas y de fuentes para poder confeccionarlas, el investigador tiene que buscar otros elementos para la reconstrucción de la historia. En casos relacionados con la represión es difícil que puedan existir documentos escritos para llegar a conocer el alcance de la misma. Un sustituto de esos documentos son los testimonios. Y un uso adecuado de los testimonios puede dar a conocer hechos históricos con excelente aproximación. Eso es lo que ha logrado Carlos Hernández. Ahora podemos saber hasta qué punto fue cruel el traslado de los prisioneros, podemos saber que lo primero que hacían los guardias de los campos era saquear a los presos, robándoles hasta los calzoncillos, que era casi imposible soportar el hambre y el frío, que la suciedad llenaba los cuerpos de enfermedades, que todo junto conducía inexorablemente a la muerte. Que eso es lo que ocurrió en los campos de concentración de Franco a un millón de españoles entre 1936 y 1941 y a otros cuantos más hasta 1970 y, si apuramos, hasta 1983 o hasta 1995, cuando el Código Penal dio fin definitivamente a la explotación del trabajo de los presos.

Podemos saber también que los más de 300 campos eran un lugar de tortura permanente, sin justificación, por puro sadismo o por odio inmenso; y un lugar de sacas constantes. Y conocemos a los protagonistas, entre los que destacan “los falangistas”, como aseguran de forma unánime los testimonios.

El libro de Carlos Hernández aporta también excelentes explicaciones y aclaraciones sobre la tipología de los campos, sobre el número, sobre la ubicación, porque, además de los testimonios, el autor ha usado con mucho tino los archivos. Aclara, sobre todo, que el sistema concentracionario franquista estuvo regido, de principio a fin, por la improvisación, el desorden y el caos. Son aclaraciones muy precisas, que no habíamos podido ver hasta ahora.

Guiado por un espíritu memorialista, el autor ha hecho un estupendo libro de historia, una de las mejores cosas que se han escrito sobre la represión franquista, donde el relato construye los hechos, sin necesidad de recurrir a la opinión. Contrasta este libro con otros de historiadores profesionales, que, repitiendo hasta la saciedad su afán de objetividad, lo que hacen realmente es “memorialismo” en el sentido malo del término, es decir, opinión personal y no fundamentada sobre un hecho o sobre un periodo histórico.

Por todo ello, Carlos Hernández no ha necesitado calificar los hechos que narra de genocidio o de cualquier otra forma, para que resulte ostensible que nos hallamos ante un enorme crimen contra la humanidad, que la fundamentación del franquismo no sólo es ilegal e ilegítima, sino que es esencialmente criminal. Cuando se termina de leer este libro, la ausencia de justicia y la impunidad es tan visible, que reclama de toda la sociedad su denuncia. Por eso, este libro, de indudable valor historiográfico, se convierte también en un memorial. Además, se lee bien.

Marcelino Flórez

Retaguardia roja, un fiasco

Encargué a mi librero la obra de Fernando Rey, Retaguardia roja, cuando vi que la Universidad de Salamanca anunciaba la presentación, acompañada de un debate, como suele hacer. Leí alguna reseña que iba con el anuncio, casi todas de prensa conservadora y, por lo tanto, elogiosa, pero hice el encargo. Todavía sin romper el plástico que lo envolvía, parecía que iba a leer un libro sobre la Retaguardia roja. Violencia y revolución en la guerra civil española, que tal era el título.

La primera decepción estaba en el prólogo. No era un libro sobre la retaguardia roja, sino sobre la provincia de Ciudad Real durante la guerra. El autor explica que el título es una decisión de la editorial. Sin duda, el aspecto comercial ha sido exitoso, pues yo no habría comprado el libro de no haber tenido un título engañoso. Bien es verdad que, aunque la investigación es local, las explicaciones de los hechos tienden a la generalización y se refieren a todo el territorio español. Y es que, en realidad, el libro es una especie de ensayo sobre la visión que el autor tiene acerca de la retaguardia roja, aprovechando, en este caso, que el Guadiana recorre la provincia de Ciudad Real, ya que allí no tienen al Pisuerga.

Reconozco, antes de nada, que la investigación tiene un mérito indudable, haber hecho el recuento nominal de los asesinados y de los asesinos. Lástima que ese recuento aparezca tan disperso y no se haya registrado en un cuadro, que no sumaría más del uno o el dos por ciento al contenido del libro, unas quince páginas a sumar a las seiscientas cincuenta y cuatro.

Pero ese no era el objetivo del libro, aunque lo fuese de la investigación, sino que era precisar las cuestiones sobre las que “no hay un consenso establecido” -p. 21-. Particularmente, el autor se propone demostrar que los asesinatos no fueron espontáneos, sino organizados y a ello dedica expresamente el capítulo 14. “Mucho se ha escrito sobre las intenciones exterminadoras de los guías que inspiraron el golpe de Estado”, escribe, citando a Reig Tapia, Moreno Gómez y Espinosa en una nota genérica, que es, por lo demás, la forma más habitual de citar en todo el libro. Y continúa: “Muy poco se ha reparado sobre el hecho de que en el campo contrario, bastante antes de que estallara el conflicto bélico, muchos entendieron la situación exactamente en los mismos términos, abrigando la esperanza de erradicar a sus enemigos de la faz de la tierra” -377-. En este caso no cita a nadie, pero todos sabemos que se refiere a sus Palabras como puños, que ya comentamos en este blog (cuidado-con-los-historiadores). Dejo a un lado la inmoralidad que encierra este planteamiento de la equidistancia en sí mismo y que ya denunciara Primo Levi, para fijarme en lo esencial, en el núcleo argumental.

En lugar de los historiadores citados, podría Fernando del Rey haber acudido al Auto de 16 de octubre de 2008, del Juzgado Central de Instrucción nº 005 de la Audiencia Nacional, firmado por Baltasar Garzón Real, donde las “intenciones exterminadoras de los guías” están certificadas en sede judicial, lo que da una garantía de veracidad: las Instrucciones de Mola, los Bandos de Guerra y los subsiguientes Juicios Sumarísimos de Urgencia. Se trata de normas “ilegales” e “ilegítimas“, como dice el propio Auto, pero con pleno valor normativo. Esas normas son las que hicieron posible el asesinato de miles de personas en Badajoz a partir del día 14 de agosto o el juicio contra 448 vallisoletanos, detenidos en la mañana del día 19 de julio en la Casa del Pueblo y juzgados el día 2 de septiembre en Valladolid, de los cuales 40 fueron condenados a muerte y ejecutados antes de terminar el mes, 362 fueron condenados a 30 años, 27 a 20 años; y 19 resultaron absueltos, alguno por ser menos de edad. Se trata de crímenes acordes con la norma y que, por lo tanto, han permanecido impunes hasta el momento.

En vano buscará el lector un solo documento comparable no ya a los Bandos de Guerra, ni siquiera algo parecido a las Instrucciones de Mola. Verá el lector que se habla de “red de contactos interlocales”; “no actuaron de forma aislada”; “vínculos con el exterior, perceptibles sobre todo a escala comarcal”; “a cubierto de los llamamientos -públicos o privados- del Gobierno”, pero no hallará una prueba, por mucho que se esfuerce en buscarla. Las “pruebas” no pasan de sospechar que llamarían por teléfono o la coincidencia de los mismos nombres en unos lugares y otros, hasta llegar al máximo nivel de demostración: “Pero los individuos sólo se encargaban de cumplimentar las sacas, porque en realidad las órdenes procedían de más arriba, de las ‘autoridades rojas'”-348-. Prueba contundente, que se basa en el Informe del Director de la Prisión Provincial de Ciudad Real, del 31 de enero de 1941 … para la Causa General, evidentemente.

En el capítulo siguiente, La conexión con Madrid, uno espera encontrar lo que no aparecía en el capítulo 14, pero no hallará más prueba que el hecho de que alguno de los habitantes de Ciudad Real fueron asesinados en Madrid, probablemente al ser denunciados por sus propios paisanos. Esa es la conexión, nada de órdenes o indicaciones del gobierno o, al menos, de los dirigentes de los partidos o sindicatos responsables de las milicias. Nada, desde luego, de “las autoridades rojas”.

El objetivo, por lo tanto, del libro resulta un fiasco. No sólo no demuestra relación alguna de los Comités territoriales con las autoridades rojas, sino que constantemente se observa en el relato la presencia de “la multitud anónima, ‘las turbas’, ‘las masas’, actuando aparentemente movidas por la ‘ira popular’, el ‘odio de clase’ o ‘la justicia del pueblo'” -451-, expresiones, por cierto, que aparecen reiteradamente en la síntesis“La Dominación Roja en España. Causa General instruida por el Ministerio Fiscal, 1943”. Y no es que esa interpretación de los asesinatos haya “seducido a no pocos historiadores”, es que es lo que se deduce de la lectura de Retaguardia roja. Justo lo contrario de lo que pretendía demostrar, aunque es difícil que pudiera llegar a otro lugar con las fuentes utilizadas; y parece que ese déficit no ha logrado resolverlo el método, que no es otro que “el olfato del buen historiador” -25-.

Por razones de interés personal, he dedicado más empeño a la lectura del capítulo 18, Clerofobia, que trata del “problema de la persecución religiosa y los impulsos liquidadores que se manifestaron en torno a ella” -23-. En lo que se refiere a los hechos, hace un recuento pormenorizado de víctimas y destaca la rapidez en su ejecución. Fueron las primeras y más numerosas víctimas de todos los grupos sociales analizados. Pero lo que guiaba mi interés era la calificación de “persecución religiosa”, un concepto teológico, que merecería un riguroso análisis historiográfico. Mi esperanza en esto también fue vana. El autor lo resuelve asumiendo la interpretación eclesiástica que arranca de Pío XI: es un proyecto del comunismo -el autor dice marxismo-, que tiene dos precedentes en la revolución rusa y en la cristiada mexicana. Una hoja y dos citas generales de estudiosos del anticlericalismo constituyen todo el bagaje para asentar el concepto de persecución religiosa.

Si todo el libro está cargado de prejuicios ideológicos, este capítulo 18 supera al resto con diferencia. Ocurre, además, que resulta muy contradictorio, pues la interpretación que más reitera para entender la clerofobia es la disputa del poder, no una supuesta persecución religiosa: “Sin duda, es en el terreno de la lucha por el poder donde pueden encontrarse las principales claves del fenómeno anticlerical de 1936” -441-. Podíamos estar de acuerdo, pero es una pena que no se haya esforzado en probar esa hipótesis y se haya limitado a una recopilación de relatos ya publicados en los martirologios o en la obra del obispo Montero. Termina siendo uno de los capítulos más inútiles del libro, aunque sea también uno de los más significativos ideológicamente, pues certifica que, efectivamente, el libro trata de la visión que el autor tiene de la retaguardia roja, algo de sobra conocido por su obra anterior.

Marcelino Flórez

Selectividad y Ministerio para la Universidad

El presidente de la CRUE Universidades Españolas, José Carlos Villamandos, reclama el El País del día 10 de julio de 2019 que se cree un Ministerio exclusivo para los asuntos universitarios, de manera que se separe de la enseñanza obligatoria para poder dedicar todo su tiempo a la Ciencia y a la Universidad.

Un mes antes se celebraron las pruebas de acceso a la Universidad, que estuvieron rodeadas de una importante polémica. La protesta había comenzado hace un año y la había protagonizado el Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, quien reclamaba una prueba única de acceso para toda España, de manera que se evitasen exámenes y resultados diferentes, con la consiguiente desigualdad entre los territorios. A esta protesta se ha unido este año una rebelión específica en la Universidad de Valencia a causa de un examen incorrecto de Matemáticas. El resultado ha sido una ampliación y casi unánime demanda de una prueba única o, al menos, de una revisión de la prueba de acceso a la Universidad.

Estos dos hechos que enuncio no tienen apariencia de estar relacionados, sin embargo demostraré que tienen una relación completa, porque la Universidad está presente en la prueba de acceso, cuya preparación corresponde en exclusiva a la Educación Secundaria Postobligatoria. Aquí está la clave del conflicto que afecta a la selectividad. Para entenderlo mejor, vayamos al origen del asunto.

El origen real de la selectividad como prueba necesaria para acceder a la Universidad, es la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, donde se instituyó dicha prueba. Bien es verdad que tiene unos antecedentes: La Ley para la Reforma Educativa, de Villar Palasí, del año 1969, y, más concretamente, la prueba de selectividad que legisló Cruz Martínez Esteruelas en 1974. Estas dos leyes y estas fechas son esenciales para comprender el fenómeno.

El contexto es el final del franquismo, donde uno de los elementos desestabilizadores, además del movimiento obrero que dirigían las Comisiones Obreras, era el movimiento estudiantil, hegemoneizado por el PCE, aunque con presencia de los partidos comunistas minoritarios y donde empezaba a aparecer el PSOE. Uno de los elementos movilizadores de estudiantes era la selectividad que entonces se practicaba y que se hacía en el primer curso de las carreras universitarias. Al masificarse la Universidad en los primeros años sesenta, la selectividad empezó a notarse también masivamente y la protesta se hizo imparable. El gobierno decadente de Arias Navarro, además de cerrar las universidades, tuvo que imaginar una alternativa a la selectividad universitaria y así se inventó la prueba de acceso, que seguiría al nuevo Curso de Orientación Universitaria (COU).

1975 fue el primer año de implantación de la prueba, aunque hasta el curso de 1983 no fue obligatoria para acceder a la Universidad. Desde entonces, ha sufrido muchas variaciones, en parte como consecuencia de los cambios de leyes educativas, que han sido constantes, y, en parte, para mejorar su propio reglamento, pero la esencia sigue siendo la misma: Las Universidades hacen una prueba selectiva al alumnado de Bachillerato, de la que obtienen unas notas, a través de las cuales dan acceso al alumnado a la Facultades universitarias de toda España.

Toda mi vida docente la he pasado luchando contra esa selectividad por dos razones: la primera, por lo desajustada, ineficaz e injusta que siempre ha sido la prueba; la segunda, por la humillación que representaba para el profesorado de Bachillerato, que era examinado cada año a través de su alumnado, sin posibilidad alguna de intervenir, ni siquiera para protestar.

Ahora, cuando ya llevo casi diez años jubilado, comienzan a generalizarse las protestas contra la prueba, que es objetivamente injusta para todo el alumnado y discriminatoria para algunos territorios. Se da la circunstancia de que la prueba ha de cambiar en el inmediato futuro, porque así lo exige la vigente ley educativa, la LOMCE del ministro Wert, una ley que ya debería estar derogada, por otra parte.

Es el momento de dar fin a la selectividad. Primero, porque fue una mala solución académica para un problema político del franquismo (a ver si, de paso, vamos dando definitivamente fin al franquismo). Segundo, porque es una mala solución organizativa para la Universidad. Tercero, porque no respeta la dignidad del Profesorado de Educación Secundaria, a quienes que rebaja de su condición de funcionarios a la de profesores privados de academia. Y, sobre todo, porque no sirve para mejorar el sistema educativo.

Así que cuando vi al presidente de la Conferencia de Rectores reclamar un Ministerio para incrementar la autonomía universitaria, me puse muy contento. Que la Universidad incremente su autonomía, también para seleccionar a su alumnado; y que se recupere la autonomía del sistema educativo no universitario para organizar la enseñanza con criterios pedagógicos, democráticos y sociales, éstos últimos en la medida en que seamos capaces de ir restaurándolos, después del deterioro que vienen sufriendo.

Marcelino Flórez

López Obrador y el 12 de octubre

El presidente de México ha enviado sendas cartas al Rey de España y al Papa de Roma solicitándoles que pidan perdón “a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos”, según ha comunicado públicamente. Y ha añadido: “Es el tiempo de decir vamos a reconciliarnos, pero primero pedimos perdón”. No se ha quedado ahí, ha reconocido también la culpa de los propios mexicanos: “Yo lo voy a hacer también porque después de la Colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios”.

Es difícil estar en desacuerdo con las palabras de López Obrador, pero la derecha extrema ha salido en bloque nuevamente a descalificar al presidente mexicano, dando muestras de muy poco conocimiento y de un almacén inacabable de odio. Ni una palabra para ellos y para su adlátere, Pérez Reverte.

Tampoco hay que contestar al gobierno, que cumple su función diciendo que “la llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras americanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”. De acuerdo.

Pero vayamos al asunto del fondo. La conquista y la colonización castellanas fueron muy crueles, se explotó hasta el límite el trabajo indígena con el fin de enriquecerse y los pueblos originarios quedaron marginados para siempre. Es cierto que el Consejo de Indias y los reyes españoles legislaron a favor de los indígenas, tratando de aliviar los tratos más crueles. Ningún eximente, sin embargo, podemos aducir en favor del trato recibido por los negros. Para ellos reservó la Colonia el último lugar, incluyendo su caza y la esclavitud. Es cierto también que, cuando sobrevino la independencia, los pueblos originarios se situaron a menudo en el lado de los reyes de España y no de los criollos independentistas. Pero eso no resta nada a lo que hoy sería considerado un crimen contra la humanidad y, sobre todo, no resta nada a sus consecuencias, esas sí, duraderas. Los pueblos originarios de América, los afrodescendientes y todos sus mestizajes siguen siendo hoy los últimos y eso tiene su origen en la Colonia. Pedir perdón no es más que reconocer a las víctimas como víctimas, aunque ello obligue a poner medios para remediar la injusticia que permanece. Nada distinto, por otra parte, de lo que vienen haciendo las asociaciones de cooperación y el propio Estado desde hace algún tiempo.

¿Por qué, entonces, tanto escándalo con las palabras moderadas y plausibles del presidente mexicano? No hay otra explicación que la pervivencia de la ideología colonial en buena parte de la sociedad española, como demuestra día tras día la trinidad extrema de la derecha y sus apoyos sociales, que no es sólo el innombrable escritor de novelas coloniales, sino el propio gobierno socialista, cuando sigue celebrando la conquista cada 12 de octubre. Mantener esa fecha como Fiesta Nacional no sólo es el gran error de la democracia actual, sino la prueba de que el sentido colonizador pervive y eso explica el enfado del nacionalismo español. Bienvenidas sean, pues, las palabras de López Obrador, tan necesarias como liberadoras. Y bienvenida la actitud del Papa, que reconoció aquella barbaridad y pidió perdón hace bien poco tiempo.

Marcelino Flórez

Marcos Ana y los presos políticos

La Fundación Jesús Pereda, de las Comisiones Obreras de Castilla y León, ha presentado en Valladolid la exposición en homenaje a Marcos Ana, que se titula “Marcos Ana, hacia mis libres años”. Con ese motivo, organizó el día 5 de noviembre una mesa redonda sobre “Presos políticos en el franquismo”, en la que participaron Willy Meyer, Carles Vallejo y José Luis Cancho, coordinados por Gonzalo Franco Blanco.

Más importante que las palabras que han dicho los miembros de la mesa, es el testimonio que representan. Escuchar a Carles Vallejo decir que sabía que apoyar la creación de comisiones obreras en SEAT era causa segura para terminar en la cárcel en dos o tres años, después de pasar unos días en comisaría, días que no tenían límite si había estado de excepción; escuchar eso, digo, emociona. Más aún, sabiendo que así se cumplía.

Willy Meyer nos contó que la cárcel era una liberación, después de pasar por comisaría. Allí terminaban las torturas y allí había un amplio espacio de acogida, los numerosos presos políticos, la mayoría del partido, como se decía entonces, o de las Comisiones Obreras. La cárcel era, además, un aula universitaria, donde cada persona experta enseñaba sus saberes.

Cancho leyó unas letras suyas y otras de algún amigo, que le habían enviado para la ocasión. Corroboró el testimonio de acogida en la cárcel, donde el alumno coincidió con su profesor de lingüística, Carlos Castro, y donde se aprendía marxismo con los más expertos o sindicalismo con el mismísimo Camacho. Afirmó también el espacio de libertad que allí se ganaba, donde uno no tenía ya que ocultar su pensamiento y podía decir con tranquilidad que era comunista. Pero su testimonio sobrecogió por dos detalles: el primero, que no había vuelto a pisar la Cárcel Nueva, donde estuvo encerrado, y que desde hace varios lustros es el Centro Cívico, en el que ahora se hallaba. Y esto a pesar de que su familia vive muy cerca. Me recordó a György Konrád, que escribía: “Resulta desagradable que los testigos salgan de repente de las fosas comunes”, para expresar así su desazón al contar que era uno de los solo siete niños, entre los doscientos niños judíos de su pueblo, que lograron sobrevivir al nazismo; y me recordaba a Amèry, a Antelme, a Primo Levi, a Jorge Semprún, que tardaron años en volver al lugar de la opresión o que no fueron capaces de seguir viviendo con su testimonio. El otro detalle es la caída por la ventana de la comisaría de la calle Felipe II. No puede recordar si se tiró o le tiraron, sólo recuerda los largos días de hospital y la pierna quebrada para siempre y necesitada de un zapato sobrealzado.

Esta mesa de presos del franquismo ha puesto de manifiesto que es necesario prodigar el testimonio, ahora que aún es posible. Hacen falta más charlas y difundir la noticia, para que no seamos cuatro gatos y todos de la casa, como ayer.

Casi al margen de la actividad, hubo otro detalle, para mí del máximo interés, sobre la forma de nombrar a los presos del franquismo. Yo dije víctimas; Carles rechazó esa denominación y reclamó la de represaliados. Pero eso se merece otro artículo, más ahora que Nicolás Sartorius acaba de recordarnos con su último libro la importancia de las palabras para designar lo que se pretende.

Marcelino Flórez

Los “expertos” ante la Comisión de la Verdad

El País del domingo 2 de septiembre de 2018 presentaba un pequeño reportaje de Ignacio Zafra, que recogía la opinión de cuatro historiadores acerca de la iniciativa de Pedro Sánchez de crear una Comisión de la Verdad sobre el franquismo. Paul Preston decía que ya es tarde para crear esa Comisión, porque los verdugos ya no pueden pedir perdón a las víctimas; Santos Juliá decía que eso tiene sentido “cuando los testigos de los sucedido están vivos” y que aquí ya se conoce casi todo; Moradiellos decía que “no va a sentar una verdad oficial”; y José Álvarez Junco añadía que está en contra de esa verdad oficial.

Otro historiador, Julián Casanova, replicaba en su muro de Facebook el día 3 de septiembre una entrevista que le hizo Infolibre y tampoco se mostraba partidario de una Comisión de la Verdad, en este caso por extemporánea. Reconocía, sin embargo, lo siguiente: “Hay que sacar toda la verdad histórica, toda la información, pero no soy partidario de una comisión ad hoc”.

Nos faltaba Antonio Elorza, que pontificó finalmente el día 5 de septiembre, también en El País. Decía que la “verdad histórica” ya está establecida en cuanto a las responsabilidades. Faltaría una nimiedad: el resarcimiento de las víctimas. Y terminaba manifestando sus dudas sobre si los líderes políticos herederos de las ideologías presentes en la Guerra asumirían los crímenes. Citaba, incluso, tres de esos crímenes, sólo tres: García Oliver y su amparo de la FAI; los comunistas en Paracuellos; y el PNV con Santoña.

Finalmente, Álvaro Soto, el día 6, escribía otro artículo en el que no veía con agrado una Comisión de la Verdad, después de tanto tiempo y porque “ya tenemos ‘verdades’ históricas rigurosas y reconocidas”. Pero su artículo se titulaba “Contra el olvido”. ¿En qué quedamos?

Vaya por delante mi desprecio sin paliativos a estas opiniones por una primera razón: casi ninguna demuestra saber lo que es una Comisión de la Verdad y todas desconocen el papel y el significado de las víctimas. Además, confunden una Comisión de la Verdad con una tesis doctoral. Y, en el fondo, lo que se manifiesta es la preocupación por que una Comisión de la Verdad ponga sobre la mesa su papel historiográfico, su autoridad en tanto que historiadores “oficiales”. Estos historiadores pueden ser “expertos” en historia, pero no lo son en comisiones de la verdad . Su palabra, por lo tanto, no vale más que la de cualquier otra persona; y el valor de esa palabra dependerá de la sabiduría que demuestren. En este caso, poca.

Las asociaciones de víctimas del franquismo, sin embargo, y las asociaciones de defensa de los derechos humanos llevan varios años reclamando la creación de una Comisión de la Verdad. ¿Qué quieren estas asociaciones? Desde luego, no quieren otro libro de historia, ni siquiera otro libro para combatir a negacionistas y revisionistas, cosa que siempre hace falta.

Quieren conocer todos los nombres de las víctimas, las circunstancias de su muerte, los autores de la misma, quién dio la orden, quién la ejecutó, si fue el gobierno, si el ejército, si unos paramilitares, si cuadrillas de bandoleros, si se ajustaba al derecho nacional e internacional vigente.

Quieren localizar todas y cada una de las fosas (las del campo republicano y las del campo franquista; eso sí, sin mezclarlas, cada una en su departamento), sacar los huesos, identificarlos, entregarlos a los familiares o a las asociaciones de defensa de los derechos humanos. Y esto en público, no como mero “honor de los muertos” en la privacidad familiar.

Quieren conocer si, además de matarlos, los torturaron, si les robaron sus bienes, si les obligaron a trabajar como esclavos; quién los contrataba para esos trabajos; quién se adueñó de sus bienes.

Quieren saber si esos crímenes han conocido ya alguna reparación.

Quieren conocer la verdad, que lleva oculta más de ochenta años. Una comisión “contra el olvido” precisamente.

Y cuando conozcan la verdad, reclamarán justicia y reparación, claro. Pondrán en manos de los jueces la información. Y si los jueces no hacen nada, como ahora, pedirán reparación al gobierno. Pedirán una ley que dignifique a las víctimas, que las diferencie de los asesinos, que las honre. Una ley que condene la apología del crimen y que expulse de la sociedad a los apologetas, que limpie los escenarios de contertulios solidarios con los asesinos, lo sean por mala fe o por ignorancia.

No necesitamos un nuevo libro de historia, por eso no necesitamos una comisión de historiadores. Por cierto, el Pacto de Santoña podrá merecer el juicio político que se desee, pero no es responsable de ningún tipo de crímenes contra la humanidad, por lo que no forma parte de los objetivos de estudio de una Comisión de la Verdad.

Tampoco necesitamos recuperar la Segunda República o, como dicen algunos, la “memoria democrática”, por eso tampoco necesitamos una comisión de republicanos. A este respecto, sí queremos conocer la responsabilidad de García Oliver, pero no en abstracto, sino ante asesinatos concretos, con todas sus circunstancias; como también queremos saber el papel de Carrillo en Paracuellos, que éste ocultó hasta en sus memorias póstumas, pero no se busca un análisis e interpretación del anarquismo y del comunismo durante la República. De eso sí van hablando los historiadores y tendrán que hacerlo, quizá, los “herederos políticos”, pero no es tarea de ninguna Comisión de la Verdad.

Sólo necesitamos conocer la verdad oculta: los nombres de las víctimas, los de sus asesinos, el lugar del ocultamiento del cadáver, todo lo que se ocultó hace cuarenta años, a pesar de la Constitución. Para eso necesitamos una Comisión de la Verdad.

Después vendrán otras cosas por añadidura: nuevos libros de historia, que interpelarán a los “expertos”; nueva imagen de la política republicana, que redefinirá los rostros de unos y de otros; nueva imagen del franquismo, que hará posible culminar la Transición, ahora ya sin espadones y sin los otros poderes fácticos con sus diversos aliados, que nos subyugaron desde 1975 hasta aquí.

Marcelino Flórez

Memoria de qué

En España se ha instalado el concepto de memoria histórica, por lo que parece, para quedarse. Este verano de 2018 unos socialistas segovianos han creado una asociación memorialista con la denominación ARMH. Pero esas siglas ya tienen dueño, la asociación creada por Santiago Macías y Emilio Silva en el año 2000, y el dueño ha hecho saber a los socialistas segovianos que no pueden utilizar esas siglas con sentido partidista. Los socialistas segovianos tendrán que rectificar, pero el inductor de la nueva asociación, un médico mallorquín asentado en la provincia segoviana al jubilarse, asegura que las palabras “memoria histórica” figurarán en todo caso en su asociación, porque esa denominación no es patrimonio de nadie. El caso me recuerda la anécdota que contaba Francisco Espinosa en uno de sus libros sobre el editor periodístico que le invitaba a introducir la palabra memoria en los titulares, porque cotiza al alza.

Estoy releyendo estos días veraniegos el libro de Rafael Escudero Alday, Memoria histórica y democracia en España, y constato una vez más la mala elección que el movimiento memorialista hizo cuando adoptó la expresión “memoria histórica”. Reconoce este autor que esa expresión significa, al menos, dos cosas: una, la idea de rememorar a las víctimas olvidadas; y otra, la idea de recuperar los valores de la Segunda República. En verdad, son dos cosas bien diferentes y con misiones también diferentes. La una busca activar la justicia transicional; la otra piensa en fortalecer a un grupo ciudadano afín a una política defensora de los derechos humanos o, en términos más generales, a una ciudadanía progresista.

Recuerdo también el conflicto que se generó en los comienzos del movimiento memorialista por la relación entre los conceptos de memoria y de historia. Esta relación afectó a dos vertientes del pensamiento. Algunos historiadores redujeron el concepto de memoria histórica al sentido primigenio de la idea, tal como la formuló Pierre Nora, quien, a su vez, lo tomó de la sociología, donde Halbwachs había establecido el concepto de memoria colectiva. Para la sociología, memoria colectiva significaba la imagen que una sociedad se hace de sí misma con referencia en su pasado o memoria transmitida. Esta imagen contribuye de forma determinante a construir la identidad de las sociedades humanas o, como se decía a principios del siglo XX, la identidad de los “pueblos”.

Como el movimiento memorialista se sirvió mucho de los recuerdos de las personas vivas, lo que a partir de Ronald Frasser se conocía como “historia oral”, otro grupo de historiadores reaccionó despreciando esa historia oral y reivindicando la historia académica. Asombra hoy ver el grado de corporativismo de este grupo de historiadores, que reclamaba la titularidad del oficio frente a los intrusos o “aficionados” del movimiento memorialista. Casi nadie deja de reconocer ahora que las fuentes orales son una fuente más para la reconstrucción del relato histórico, eso sí, debidamente tratadas, como ha de hacerse, por otra parte, con todo tipo de fuentes. La confusión aquí se produjo al identificar el término memoria con las “memorias”, biografías, autobiografías o recuerdos que las personas tienen de sus vivencias pasadas.

Sería bueno, por lo tanto, reservar el nombre adecuado para cada cosa, aunque ésta sea ya una batalla perdida:

Historia, para la ciencia o saber construido sobre el pasado. Una de sus fuentes puede ser la memoria oral, pero el relato histórico se construye con fuentes diversas.

Memoria colectiva, para la imagen de su pasado que una sociedad determinada tiene, con la que afianza una identidad. Esta memoria e identidad cambian con el tiempo y su estudio evolutivo admitiría el concepto de memoria histórica, como hacía la Escuela de los Anales y, en particular, Pierre Nora en Les Lieux de Mémoire.

En este espacio se inserta ese deseo de algunos memorialistas por recuperar los “valores de la República”. Por cierto, esos “valores” son diferentes para anarquistas, comunistas, socialistas y simples republicanos. Ahí lo dejo.

Y memoria de las víctimas, para el recuerdo consciente de los crímenes pasados y no reparados. Aquí no se pueden mezclar churras con merinas: ni víctimas con victimarios, ni víctimas con identidades políticas. Cada cosa, en su departamento.

Este es el campo donde se inserta la justicia transicional, según el proceso que va del recuerdo a la verdad y termina en la justicia y en la reparación, porque, como escribía Rainer Huhle, “si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, de culpas enormes, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”.

El movimiento memorialista ha conseguido en España que la rememoración de las víctimas del franquismo ocupe un lugar destacado en la agenda política. Falta ahora que se establezca la verdad y eso pide a gritos la creación de una Comisión de la Verdad. Esperamos que el recién nombrado Director General de Memoria Histórica, Fernando Martínez López, que es historiador y sabe de lo que se trata aquí, no nos defraude en esto, porque ya está tardando en crear esa Comisión de la Verdad, principal elemento para desarrollar la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y dictadura. Establecida la verdad, caerá como fruta madura la justicia reparadora y se completará la transición de la dictadura a la democracia.

Marcelino Flórez