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En el instante de un peligro

¡Cómo agradezco haber releído las tesis de Walter Benjamin Sobre el concepto de historia durante el confinamiento! Me han posibilitado entender mejor lo que está ocurriendo en los Estados Unidos de América y en Europa Occidental tras el asesinato de George Floyd. Racismo y asesinatos de negros ha habido muchos, pero este crimen traza un límite: hasta aquí hemos llegado.

Dice Benjamin en la tesis sexta que la reconstrucción del pasado no consiste en la tarea que se asignan los positivistas de “conocerlo como verdaderamente ha sido”, refiriéndose con ello al relato yuxtapuesto de los hechos que se han conservado, sino que la historia se completa sólo si el historiador es capaz de “adueñarse de un recuerdo tal y como brilla en el instante de un peligro”. Para entender esto, tenemos que saber que Benjamin había explicado antes que un buen número de hechos históricos no han sobrevivido, sino que han sido relegados al olvido, de manera que sólo hemos llegado a conocer lo que los vencedores de la historia han ido dejando en sus estanterías, mientras el subsuelo permanece repleto de ruinas y cadáveres olvidados. Esta es una constatación indiscutible: todo el relato de la historia de la humanidad es un relato de vencedores, siendo los vencidos ocultados y guardadas, con sus cadáveres bajo siete llaves, las ideas y proyectos que tenían. Es la muerte hermenéutica que se ha destinado siempre a las víctimas.

Recuperar ese pasado oculto sólo es posible si somos capaces de rememorar a las víctimas, a los perdedores de la historia y eso, dice Benjamin, está reservado al historiador que, teniendo puesta la mirada en los perdedores con los que convive, logra captar “la imagen que se presenta sin avisar al sujeto histórico en el instante de peligro”. George Floyd es la figura donde ha aparecido esta vez la imagen fugaz.

No es el primer muerto, asesinado por la policía estadounidense. George Floyd no es la primera víctima. Pero esta vez algo había madurado y en un hombre negro asesinado en Virginia se han manifestado todos los esclavos africanos del colonialismo europeo y se ha producido una rebelión. La memoria de las víctimas ha salido a la calle y ha derribado las estatuas de los esclavistas: Wiliams Carter Wickham en Richmond (Virginia), el general defensor de los propietarios de esclavos del Sur, ha sido bajado de su pedestal por la multitud y el gobernador ha tenido que guardar la estatua de Robert E. Lee, otro general confederado, para que no corriese la misma suerte. El movimiento revolucionario ha pasado a Europa, donde los afrodescendientes han ocupado las calles, reclamando su dignidad. La estatua de Edward Colston, un comerciante de esclavos del siglo XVII, ha sido arrastrada hasta el río Avon en Bristol, ciudad del Reino Unido que le tenía reconocido como benefactor. Una estatua de Colón ha sido decapitada en Boston y otras varias han sido bajadas de sus pedestales en varias ciudades norteamericanas. El instante de un peligro, avistado en el asesinato de George Floyd, ha servido para contemplar los efectos del supremacismo blanco, cuyo fundamento es el esclavismo, probablemente el mayor crimen contra la humanidad jamás cometido. Lo que no habían logrado décadas de declaraciones de derechos humanos ha sido posible en este instante de un peligro.

Veo en diversos medios de prensa españoles la calificación de estas noticias con el término “vandalización” de las estatuas. Y me viene el recuerdo de Luis de Grandes, calificando de “olor a naftalina” la rememoración de las víctimas del franquismo en el ya lejano año de 2002; o las despreciables palabras, mucho más recientes, de Rafael Hernando o las no menos despreciables afirmaciones de Mariano Rajoy en una entrevista televisiva, reiterando que su gobierno no había presupuestado “ni una peseta” para la memoria histórica. Es el supremacismo franquista, que humilla incesantemente a sus víctimas, sin ser conscientes de que, también a ellos, les llegará algún día “el instante de un peligro” que se los lleve definitivamente por delante. Porque la rebelión con la muerte de George Floyd ha venido para quedarse y en ella están incluidas todas las víctimas de la historia sobre las que se sustenta nuestro bienestar. Cuando los supremacistas económicos de aquí, los de las cacerolas, se niegan a compartir una pequeña parte de su inmensa riqueza con los vecinos desheredados, están pidiendo a gritos que se rebelen contra ellos. En Norteamérica, el presidente Trump ya ha tenido noticia; en Madrid podría haberla cualquier día.

Marcelino Flórez

Los campos de concentración de Franco

Carlos Hernández de Miguel escribió hace un año un libro con ese título sobre los campos de concentración. El autor es periodista y el libro es una crónica del sufrimiento humano innecesario y provocado. Es una crónica por su valor literario, que le hace merecedor de esa denominación. Lo es igualmente por la motivación que guía al autor y que confiesa en la introducción, el memorialismo, más que la reconstrucción histórica. Y lo es, finalmente, por el método, nacido de la construcción y de la narración periodística. Digo esto, porque el autor no es historiador de profesión, aunque las primeras historias fueron siempre crónicas de los reyes y de los poderosos. E insisto en ello, porque estoy cansado de ver cómo algunos historiadores de profesión descalifican a quienes no lo son, llamándoles aficionados, casi como un insulto. Pues bien, este libro de Hernández de Miguel es un excelente libro de historia, además de ser una crónica.

A falta de estadísticas y de fuentes para poder confeccionarlas, el investigador tiene que buscar otros elementos para la reconstrucción de la historia. En casos relacionados con la represión es difícil que puedan existir documentos escritos para llegar a conocer el alcance de la misma. Un sustituto de esos documentos son los testimonios. Y un uso adecuado de los testimonios puede dar a conocer hechos históricos con excelente aproximación. Eso es lo que ha logrado Carlos Hernández. Ahora podemos saber hasta qué punto fue cruel el traslado de los prisioneros, podemos saber que lo primero que hacían los guardias de los campos era saquear a los presos, robándoles hasta los calzoncillos, que era casi imposible soportar el hambre y el frío, que la suciedad llenaba los cuerpos de enfermedades, que todo junto conducía inexorablemente a la muerte. Que eso es lo que ocurrió en los campos de concentración de Franco a un millón de españoles entre 1936 y 1941 y a otros cuantos más hasta 1970 y, si apuramos, hasta 1983 o hasta 1995, cuando el Código Penal dio fin definitivamente a la explotación del trabajo de los presos.

Podemos saber también que los más de 300 campos eran un lugar de tortura permanente, sin justificación, por puro sadismo o por odio inmenso; y un lugar de sacas constantes. Y conocemos a los protagonistas, entre los que destacan “los falangistas”, como aseguran de forma unánime los testimonios.

El libro de Carlos Hernández aporta también excelentes explicaciones y aclaraciones sobre la tipología de los campos, sobre el número, sobre la ubicación, porque, además de los testimonios, el autor ha usado con mucho tino los archivos. Aclara, sobre todo, que el sistema concentracionario franquista estuvo regido, de principio a fin, por la improvisación, el desorden y el caos. Son aclaraciones muy precisas, que no habíamos podido ver hasta ahora.

Guiado por un espíritu memorialista, el autor ha hecho un estupendo libro de historia, una de las mejores cosas que se han escrito sobre la represión franquista, donde el relato construye los hechos, sin necesidad de recurrir a la opinión. Contrasta este libro con otros de historiadores profesionales, que, repitiendo hasta la saciedad su afán de objetividad, lo que hacen realmente es “memorialismo” en el sentido malo del término, es decir, opinión personal y no fundamentada sobre un hecho o sobre un periodo histórico.

Por todo ello, Carlos Hernández no ha necesitado calificar los hechos que narra de genocidio o de cualquier otra forma, para que resulte ostensible que nos hallamos ante un enorme crimen contra la humanidad, que la fundamentación del franquismo no sólo es ilegal e ilegítima, sino que es esencialmente criminal. Cuando se termina de leer este libro, la ausencia de justicia y la impunidad es tan visible, que reclama de toda la sociedad su denuncia. Por eso, este libro, de indudable valor historiográfico, se convierte también en un memorial. Además, se lee bien.

Marcelino Flórez

Retaguardia roja, un fiasco

Encargué a mi librero la obra de Fernando Rey, Retaguardia roja, cuando vi que la Universidad de Salamanca anunciaba la presentación, acompañada de un debate, como suele hacer. Leí alguna reseña que iba con el anuncio, casi todas de prensa conservadora y, por lo tanto, elogiosa, pero hice el encargo. Todavía sin romper el plástico que lo envolvía, parecía que iba a leer un libro sobre la Retaguardia roja. Violencia y revolución en la guerra civil española, que tal era el título.

La primera decepción estaba en el prólogo. No era un libro sobre la retaguardia roja, sino sobre la provincia de Ciudad Real durante la guerra. El autor explica que el título es una decisión de la editorial. Sin duda, el aspecto comercial ha sido exitoso, pues yo no habría comprado el libro de no haber tenido un título engañoso. Bien es verdad que, aunque la investigación es local, las explicaciones de los hechos tienden a la generalización y se refieren a todo el territorio español. Y es que, en realidad, el libro es una especie de ensayo sobre la visión que el autor tiene acerca de la retaguardia roja, aprovechando, en este caso, que el Guadiana recorre la provincia de Ciudad Real, ya que allí no tienen al Pisuerga.

Reconozco, antes de nada, que la investigación tiene un mérito indudable, haber hecho el recuento nominal de los asesinados y de los asesinos. Lástima que ese recuento aparezca tan disperso y no se haya registrado en un cuadro, que no sumaría más del uno o el dos por ciento al contenido del libro, unas quince páginas a sumar a las seiscientas cincuenta y cuatro.

Pero ese no era el objetivo del libro, aunque lo fuese de la investigación, sino que era precisar las cuestiones sobre las que “no hay un consenso establecido” -p. 21-. Particularmente, el autor se propone demostrar que los asesinatos no fueron espontáneos, sino organizados y a ello dedica expresamente el capítulo 14. “Mucho se ha escrito sobre las intenciones exterminadoras de los guías que inspiraron el golpe de Estado”, escribe, citando a Reig Tapia, Moreno Gómez y Espinosa en una nota genérica, que es, por lo demás, la forma más habitual de citar en todo el libro. Y continúa: “Muy poco se ha reparado sobre el hecho de que en el campo contrario, bastante antes de que estallara el conflicto bélico, muchos entendieron la situación exactamente en los mismos términos, abrigando la esperanza de erradicar a sus enemigos de la faz de la tierra” -377-. En este caso no cita a nadie, pero todos sabemos que se refiere a sus Palabras como puños, que ya comentamos en este blog (cuidado-con-los-historiadores). Dejo a un lado la inmoralidad que encierra este planteamiento de la equidistancia en sí mismo y que ya denunciara Primo Levi, para fijarme en lo esencial, en el núcleo argumental.

En lugar de los historiadores citados, podría Fernando del Rey haber acudido al Auto de 16 de octubre de 2008, del Juzgado Central de Instrucción nº 005 de la Audiencia Nacional, firmado por Baltasar Garzón Real, donde las “intenciones exterminadoras de los guías” están certificadas en sede judicial, lo que da una garantía de veracidad: las Instrucciones de Mola, los Bandos de Guerra y los subsiguientes Juicios Sumarísimos de Urgencia. Se trata de normas “ilegales” e “ilegítimas“, como dice el propio Auto, pero con pleno valor normativo. Esas normas son las que hicieron posible el asesinato de miles de personas en Badajoz a partir del día 14 de agosto o el juicio contra 448 vallisoletanos, detenidos en la mañana del día 19 de julio en la Casa del Pueblo y juzgados el día 2 de septiembre en Valladolid, de los cuales 40 fueron condenados a muerte y ejecutados antes de terminar el mes, 362 fueron condenados a 30 años, 27 a 20 años; y 19 resultaron absueltos, alguno por ser menos de edad. Se trata de crímenes acordes con la norma y que, por lo tanto, han permanecido impunes hasta el momento.

En vano buscará el lector un solo documento comparable no ya a los Bandos de Guerra, ni siquiera algo parecido a las Instrucciones de Mola. Verá el lector que se habla de “red de contactos interlocales”; “no actuaron de forma aislada”; “vínculos con el exterior, perceptibles sobre todo a escala comarcal”; “a cubierto de los llamamientos -públicos o privados- del Gobierno”, pero no hallará una prueba, por mucho que se esfuerce en buscarla. Las “pruebas” no pasan de sospechar que llamarían por teléfono o la coincidencia de los mismos nombres en unos lugares y otros, hasta llegar al máximo nivel de demostración: “Pero los individuos sólo se encargaban de cumplimentar las sacas, porque en realidad las órdenes procedían de más arriba, de las ‘autoridades rojas'”-348-. Prueba contundente, que se basa en el Informe del Director de la Prisión Provincial de Ciudad Real, del 31 de enero de 1941 … para la Causa General, evidentemente.

En el capítulo siguiente, La conexión con Madrid, uno espera encontrar lo que no aparecía en el capítulo 14, pero no hallará más prueba que el hecho de que alguno de los habitantes de Ciudad Real fueron asesinados en Madrid, probablemente al ser denunciados por sus propios paisanos. Esa es la conexión, nada de órdenes o indicaciones del gobierno o, al menos, de los dirigentes de los partidos o sindicatos responsables de las milicias. Nada, desde luego, de “las autoridades rojas”.

El objetivo, por lo tanto, del libro resulta un fiasco. No sólo no demuestra relación alguna de los Comités territoriales con las autoridades rojas, sino que constantemente se observa en el relato la presencia de “la multitud anónima, ‘las turbas’, ‘las masas’, actuando aparentemente movidas por la ‘ira popular’, el ‘odio de clase’ o ‘la justicia del pueblo'” -451-, expresiones, por cierto, que aparecen reiteradamente en la síntesis“La Dominación Roja en España. Causa General instruida por el Ministerio Fiscal, 1943”. Y no es que esa interpretación de los asesinatos haya “seducido a no pocos historiadores”, es que es lo que se deduce de la lectura de Retaguardia roja. Justo lo contrario de lo que pretendía demostrar, aunque es difícil que pudiera llegar a otro lugar con las fuentes utilizadas; y parece que ese déficit no ha logrado resolverlo el método, que no es otro que “el olfato del buen historiador” -25-.

Por razones de interés personal, he dedicado más empeño a la lectura del capítulo 18, Clerofobia, que trata del “problema de la persecución religiosa y los impulsos liquidadores que se manifestaron en torno a ella” -23-. En lo que se refiere a los hechos, hace un recuento pormenorizado de víctimas y destaca la rapidez en su ejecución. Fueron las primeras y más numerosas víctimas de todos los grupos sociales analizados. Pero lo que guiaba mi interés era la calificación de “persecución religiosa”, un concepto teológico, que merecería un riguroso análisis historiográfico. Mi esperanza en esto también fue vana. El autor lo resuelve asumiendo la interpretación eclesiástica que arranca de Pío XI: es un proyecto del comunismo -el autor dice marxismo-, que tiene dos precedentes en la revolución rusa y en la cristiada mexicana. Una hoja y dos citas generales de estudiosos del anticlericalismo constituyen todo el bagaje para asentar el concepto de persecución religiosa.

Si todo el libro está cargado de prejuicios ideológicos, este capítulo 18 supera al resto con diferencia. Ocurre, además, que resulta muy contradictorio, pues la interpretación que más reitera para entender la clerofobia es la disputa del poder, no una supuesta persecución religiosa: “Sin duda, es en el terreno de la lucha por el poder donde pueden encontrarse las principales claves del fenómeno anticlerical de 1936” -441-. Podíamos estar de acuerdo, pero es una pena que no se haya esforzado en probar esa hipótesis y se haya limitado a una recopilación de relatos ya publicados en los martirologios o en la obra del obispo Montero. Termina siendo uno de los capítulos más inútiles del libro, aunque sea también uno de los más significativos ideológicamente, pues certifica que, efectivamente, el libro trata de la visión que el autor tiene de la retaguardia roja, algo de sobra conocido por su obra anterior.

Marcelino Flórez

Selectividad y Ministerio para la Universidad

El presidente de la CRUE Universidades Españolas, José Carlos Villamandos, reclama el El País del día 10 de julio de 2019 que se cree un Ministerio exclusivo para los asuntos universitarios, de manera que se separe de la enseñanza obligatoria para poder dedicar todo su tiempo a la Ciencia y a la Universidad.

Un mes antes se celebraron las pruebas de acceso a la Universidad, que estuvieron rodeadas de una importante polémica. La protesta había comenzado hace un año y la había protagonizado el Consejero de Educación de la Junta de Castilla y León, quien reclamaba una prueba única de acceso para toda España, de manera que se evitasen exámenes y resultados diferentes, con la consiguiente desigualdad entre los territorios. A esta protesta se ha unido este año una rebelión específica en la Universidad de Valencia a causa de un examen incorrecto de Matemáticas. El resultado ha sido una ampliación y casi unánime demanda de una prueba única o, al menos, de una revisión de la prueba de acceso a la Universidad.

Estos dos hechos que enuncio no tienen apariencia de estar relacionados, sin embargo demostraré que tienen una relación completa, porque la Universidad está presente en la prueba de acceso, cuya preparación corresponde en exclusiva a la Educación Secundaria Postobligatoria. Aquí está la clave del conflicto que afecta a la selectividad. Para entenderlo mejor, vayamos al origen del asunto.

El origen real de la selectividad como prueba necesaria para acceder a la Universidad, es la Ley de Reforma Universitaria (LRU) de 1983, donde se instituyó dicha prueba. Bien es verdad que tiene unos antecedentes: La Ley para la Reforma Educativa, de Villar Palasí, del año 1969, y, más concretamente, la prueba de selectividad que legisló Cruz Martínez Esteruelas en 1974. Estas dos leyes y estas fechas son esenciales para comprender el fenómeno.

El contexto es el final del franquismo, donde uno de los elementos desestabilizadores, además del movimiento obrero que dirigían las Comisiones Obreras, era el movimiento estudiantil, hegemoneizado por el PCE, aunque con presencia de los partidos comunistas minoritarios y donde empezaba a aparecer el PSOE. Uno de los elementos movilizadores de estudiantes era la selectividad que entonces se practicaba y que se hacía en el primer curso de las carreras universitarias. Al masificarse la Universidad en los primeros años sesenta, la selectividad empezó a notarse también masivamente y la protesta se hizo imparable. El gobierno decadente de Arias Navarro, además de cerrar las universidades, tuvo que imaginar una alternativa a la selectividad universitaria y así se inventó la prueba de acceso, que seguiría al nuevo Curso de Orientación Universitaria (COU).

1975 fue el primer año de implantación de la prueba, aunque hasta el curso de 1983 no fue obligatoria para acceder a la Universidad. Desde entonces, ha sufrido muchas variaciones, en parte como consecuencia de los cambios de leyes educativas, que han sido constantes, y, en parte, para mejorar su propio reglamento, pero la esencia sigue siendo la misma: Las Universidades hacen una prueba selectiva al alumnado de Bachillerato, de la que obtienen unas notas, a través de las cuales dan acceso al alumnado a la Facultades universitarias de toda España.

Toda mi vida docente la he pasado luchando contra esa selectividad por dos razones: la primera, por lo desajustada, ineficaz e injusta que siempre ha sido la prueba; la segunda, por la humillación que representaba para el profesorado de Bachillerato, que era examinado cada año a través de su alumnado, sin posibilidad alguna de intervenir, ni siquiera para protestar.

Ahora, cuando ya llevo casi diez años jubilado, comienzan a generalizarse las protestas contra la prueba, que es objetivamente injusta para todo el alumnado y discriminatoria para algunos territorios. Se da la circunstancia de que la prueba ha de cambiar en el inmediato futuro, porque así lo exige la vigente ley educativa, la LOMCE del ministro Wert, una ley que ya debería estar derogada, por otra parte.

Es el momento de dar fin a la selectividad. Primero, porque fue una mala solución académica para un problema político del franquismo (a ver si, de paso, vamos dando definitivamente fin al franquismo). Segundo, porque es una mala solución organizativa para la Universidad. Tercero, porque no respeta la dignidad del Profesorado de Educación Secundaria, a quienes que rebaja de su condición de funcionarios a la de profesores privados de academia. Y, sobre todo, porque no sirve para mejorar el sistema educativo.

Así que cuando vi al presidente de la Conferencia de Rectores reclamar un Ministerio para incrementar la autonomía universitaria, me puse muy contento. Que la Universidad incremente su autonomía, también para seleccionar a su alumnado; y que se recupere la autonomía del sistema educativo no universitario para organizar la enseñanza con criterios pedagógicos, democráticos y sociales, éstos últimos en la medida en que seamos capaces de ir restaurándolos, después del deterioro que vienen sufriendo.

Marcelino Flórez

López Obrador y el 12 de octubre

El presidente de México ha enviado sendas cartas al Rey de España y al Papa de Roma solicitándoles que pidan perdón “a los pueblos originarios por las violaciones a lo que ahora se conoce como derechos humanos”, según ha comunicado públicamente. Y ha añadido: “Es el tiempo de decir vamos a reconciliarnos, pero primero pedimos perdón”. No se ha quedado ahí, ha reconocido también la culpa de los propios mexicanos: “Yo lo voy a hacer también porque después de la Colonia hubo mucha represión a los pueblos originarios”.

Es difícil estar en desacuerdo con las palabras de López Obrador, pero la derecha extrema ha salido en bloque nuevamente a descalificar al presidente mexicano, dando muestras de muy poco conocimiento y de un almacén inacabable de odio. Ni una palabra para ellos y para su adlátere, Pérez Reverte.

Tampoco hay que contestar al gobierno, que cumple su función diciendo que “la llegada, hace 500 años, de los españoles a las actuales tierras americanas no puede juzgarse a la luz de consideraciones contemporáneas”. De acuerdo.

Pero vayamos al asunto del fondo. La conquista y la colonización castellanas fueron muy crueles, se explotó hasta el límite el trabajo indígena con el fin de enriquecerse y los pueblos originarios quedaron marginados para siempre. Es cierto que el Consejo de Indias y los reyes españoles legislaron a favor de los indígenas, tratando de aliviar los tratos más crueles. Ningún eximente, sin embargo, podemos aducir en favor del trato recibido por los negros. Para ellos reservó la Colonia el último lugar, incluyendo su caza y la esclavitud. Es cierto también que, cuando sobrevino la independencia, los pueblos originarios se situaron a menudo en el lado de los reyes de España y no de los criollos independentistas. Pero eso no resta nada a lo que hoy sería considerado un crimen contra la humanidad y, sobre todo, no resta nada a sus consecuencias, esas sí, duraderas. Los pueblos originarios de América, los afrodescendientes y todos sus mestizajes siguen siendo hoy los últimos y eso tiene su origen en la Colonia. Pedir perdón no es más que reconocer a las víctimas como víctimas, aunque ello obligue a poner medios para remediar la injusticia que permanece. Nada distinto, por otra parte, de lo que vienen haciendo las asociaciones de cooperación y el propio Estado desde hace algún tiempo.

¿Por qué, entonces, tanto escándalo con las palabras moderadas y plausibles del presidente mexicano? No hay otra explicación que la pervivencia de la ideología colonial en buena parte de la sociedad española, como demuestra día tras día la trinidad extrema de la derecha y sus apoyos sociales, que no es sólo el innombrable escritor de novelas coloniales, sino el propio gobierno socialista, cuando sigue celebrando la conquista cada 12 de octubre. Mantener esa fecha como Fiesta Nacional no sólo es el gran error de la democracia actual, sino la prueba de que el sentido colonizador pervive y eso explica el enfado del nacionalismo español. Bienvenidas sean, pues, las palabras de López Obrador, tan necesarias como liberadoras. Y bienvenida la actitud del Papa, que reconoció aquella barbaridad y pidió perdón hace bien poco tiempo.

Marcelino Flórez