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Marcos Ana y los presos políticos

La Fundación Jesús Pereda, de las Comisiones Obreras de Castilla y León, ha presentado en Valladolid la exposición en homenaje a Marcos Ana, que se titula “Marcos Ana, hacia mis libres años”. Con ese motivo, organizó el día 5 de noviembre una mesa redonda sobre “Presos políticos en el franquismo”, en la que participaron Willy Meyer, Carles Vallejo y José Luis Cancho, coordinados por Gonzalo Franco Blanco.

Más importante que las palabras que han dicho los miembros de la mesa, es el testimonio que representan. Escuchar a Carles Vallejo decir que sabía que apoyar la creación de comisiones obreras en SEAT era causa segura para terminar en la cárcel en dos o tres años, después de pasar unos días en comisaría, días que no tenían límite si había estado de excepción; escuchar eso, digo, emociona. Más aún, sabiendo que así se cumplía.

Willy Meyer nos contó que la cárcel era una liberación, después de pasar por comisaría. Allí terminaban las torturas y allí había un amplio espacio de acogida, los numerosos presos políticos, la mayoría del partido, como se decía entonces, o de las Comisiones Obreras. La cárcel era, además, un aula universitaria, donde cada persona experta enseñaba sus saberes.

Cancho leyó unas letras suyas y otras de algún amigo, que le habían enviado para la ocasión. Corroboró el testimonio de acogida en la cárcel, donde el alumno coincidió con su profesor de lingüística, Carlos Castro, y donde se aprendía marxismo con los más expertos o sindicalismo con el mismísimo Camacho. Afirmó también el espacio de libertad que allí se ganaba, donde uno no tenía ya que ocultar su pensamiento y podía decir con tranquilidad que era comunista. Pero su testimonio sobrecogió por dos detalles: el primero, que no había vuelto a pisar la Cárcel Nueva, donde estuvo encerrado, y que desde hace varios lustros es el Centro Cívico, en el que ahora se hallaba. Y esto a pesar de que su familia vive muy cerca. Me recordó a György Konrád, que escribía: “Resulta desagradable que los testigos salgan de repente de las fosas comunes”, para expresar así su desazón al contar que era uno de los solo siete niños, entre los doscientos niños judíos de su pueblo, que lograron sobrevivir al nazismo; y me recordaba a Amèry, a Antelme, a Primo Levi, a Jorge Semprún, que tardaron años en volver al lugar de la opresión o que no fueron capaces de seguir viviendo con su testimonio. El otro detalle es la caída por la ventana de la comisaría de la calle Felipe II. No puede recordar si se tiró o le tiraron, sólo recuerda los largos días de hospital y la pierna quebrada para siempre y necesitada de un zapato sobrealzado.

Esta mesa de presos del franquismo ha puesto de manifiesto que es necesario prodigar el testimonio, ahora que aún es posible. Hacen falta más charlas y difundir la noticia, para que no seamos cuatro gatos y todos de la casa, como ayer.

Casi al margen de la actividad, hubo otro detalle, para mí del máximo interés, sobre la forma de nombrar a los presos del franquismo. Yo dije víctimas; Carles rechazó esa denominación y reclamó la de represaliados. Pero eso se merece otro artículo, más ahora que Nicolás Sartorius acaba de recordarnos con su último libro la importancia de las palabras para designar lo que se pretende.

Marcelino Flórez

Los “expertos” ante la Comisión de la Verdad

El País del domingo 2 de septiembre de 2018 presentaba un pequeño reportaje de Ignacio Zafra, que recogía la opinión de cuatro historiadores acerca de la iniciativa de Pedro Sánchez de crear una Comisión de la Verdad sobre el franquismo. Paul Preston decía que ya es tarde para crear esa Comisión, porque los verdugos ya no pueden pedir perdón a las víctimas; Santos Juliá decía que eso tiene sentido “cuando los testigos de los sucedido están vivos” y que aquí ya se conoce casi todo; Moradiellos decía que “no va a sentar una verdad oficial”; y José Álvarez Junco añadía que está en contra de esa verdad oficial.

Otro historiador, Julián Casanova, replicaba en su muro de Facebook el día 3 de septiembre una entrevista que le hizo Infolibre y tampoco se mostraba partidario de una Comisión de la Verdad, en este caso por extemporánea. Reconocía, sin embargo, lo siguiente: “Hay que sacar toda la verdad histórica, toda la información, pero no soy partidario de una comisión ad hoc”.

Nos faltaba Antonio Elorza, que pontificó finalmente el día 5 de septiembre, también en El País. Decía que la “verdad histórica” ya está establecida en cuanto a las responsabilidades. Faltaría una nimiedad: el resarcimiento de las víctimas. Y terminaba manifestando sus dudas sobre si los líderes políticos herederos de las ideologías presentes en la Guerra asumirían los crímenes. Citaba, incluso, tres de esos crímenes, sólo tres: García Oliver y su amparo de la FAI; los comunistas en Paracuellos; y el PNV con Santoña.

Finalmente, Álvaro Soto, el día 6, escribía otro artículo en el que no veía con agrado una Comisión de la Verdad, después de tanto tiempo y porque “ya tenemos ‘verdades’ históricas rigurosas y reconocidas”. Pero su artículo se titulaba “Contra el olvido”. ¿En qué quedamos?

Vaya por delante mi desprecio sin paliativos a estas opiniones por una primera razón: casi ninguna demuestra saber lo que es una Comisión de la Verdad y todas desconocen el papel y el significado de las víctimas. Además, confunden una Comisión de la Verdad con una tesis doctoral. Y, en el fondo, lo que se manifiesta es la preocupación por que una Comisión de la Verdad ponga sobre la mesa su papel historiográfico, su autoridad en tanto que historiadores “oficiales”. Estos historiadores pueden ser “expertos” en historia, pero no lo son en comisiones de la verdad . Su palabra, por lo tanto, no vale más que la de cualquier otra persona; y el valor de esa palabra dependerá de la sabiduría que demuestren. En este caso, poca.

Las asociaciones de víctimas del franquismo, sin embargo, y las asociaciones de defensa de los derechos humanos llevan varios años reclamando la creación de una Comisión de la Verdad. ¿Qué quieren estas asociaciones? Desde luego, no quieren otro libro de historia, ni siquiera otro libro para combatir a negacionistas y revisionistas, cosa que siempre hace falta.

Quieren conocer todos los nombres de las víctimas, las circunstancias de su muerte, los autores de la misma, quién dio la orden, quién la ejecutó, si fue el gobierno, si el ejército, si unos paramilitares, si cuadrillas de bandoleros, si se ajustaba al derecho nacional e internacional vigente.

Quieren localizar todas y cada una de las fosas (las del campo republicano y las del campo franquista; eso sí, sin mezclarlas, cada una en su departamento), sacar los huesos, identificarlos, entregarlos a los familiares o a las asociaciones de defensa de los derechos humanos. Y esto en público, no como mero “honor de los muertos” en la privacidad familiar.

Quieren conocer si, además de matarlos, los torturaron, si les robaron sus bienes, si les obligaron a trabajar como esclavos; quién los contrataba para esos trabajos; quién se adueñó de sus bienes.

Quieren saber si esos crímenes han conocido ya alguna reparación.

Quieren conocer la verdad, que lleva oculta más de ochenta años. Una comisión “contra el olvido” precisamente.

Y cuando conozcan la verdad, reclamarán justicia y reparación, claro. Pondrán en manos de los jueces la información. Y si los jueces no hacen nada, como ahora, pedirán reparación al gobierno. Pedirán una ley que dignifique a las víctimas, que las diferencie de los asesinos, que las honre. Una ley que condene la apología del crimen y que expulse de la sociedad a los apologetas, que limpie los escenarios de contertulios solidarios con los asesinos, lo sean por mala fe o por ignorancia.

No necesitamos un nuevo libro de historia, por eso no necesitamos una comisión de historiadores. Por cierto, el Pacto de Santoña podrá merecer el juicio político que se desee, pero no es responsable de ningún tipo de crímenes contra la humanidad, por lo que no forma parte de los objetivos de estudio de una Comisión de la Verdad.

Tampoco necesitamos recuperar la Segunda República o, como dicen algunos, la “memoria democrática”, por eso tampoco necesitamos una comisión de republicanos. A este respecto, sí queremos conocer la responsabilidad de García Oliver, pero no en abstracto, sino ante asesinatos concretos, con todas sus circunstancias; como también queremos saber el papel de Carrillo en Paracuellos, que éste ocultó hasta en sus memorias póstumas, pero no se busca un análisis e interpretación del anarquismo y del comunismo durante la República. De eso sí van hablando los historiadores y tendrán que hacerlo, quizá, los “herederos políticos”, pero no es tarea de ninguna Comisión de la Verdad.

Sólo necesitamos conocer la verdad oculta: los nombres de las víctimas, los de sus asesinos, el lugar del ocultamiento del cadáver, todo lo que se ocultó hace cuarenta años, a pesar de la Constitución. Para eso necesitamos una Comisión de la Verdad.

Después vendrán otras cosas por añadidura: nuevos libros de historia, que interpelarán a los “expertos”; nueva imagen de la política republicana, que redefinirá los rostros de unos y de otros; nueva imagen del franquismo, que hará posible culminar la Transición, ahora ya sin espadones y sin los otros poderes fácticos con sus diversos aliados, que nos subyugaron desde 1975 hasta aquí.

Marcelino Flórez

Memoria de qué

En España se ha instalado el concepto de memoria histórica, por lo que parece, para quedarse. Este verano de 2018 unos socialistas segovianos han creado una asociación memorialista con la denominación ARMH. Pero esas siglas ya tienen dueño, la asociación creada por Santiago Macías y Emilio Silva en el año 2000, y el dueño ha hecho saber a los socialistas segovianos que no pueden utilizar esas siglas con sentido partidista. Los socialistas segovianos tendrán que rectificar, pero el inductor de la nueva asociación, un médico mallorquín asentado en la provincia segoviana al jubilarse, asegura que las palabras “memoria histórica” figurarán en todo caso en su asociación, porque esa denominación no es patrimonio de nadie. El caso me recuerda la anécdota que contaba Francisco Espinosa en uno de sus libros sobre el editor periodístico que le invitaba a introducir la palabra memoria en los titulares, porque cotiza al alza.

Estoy releyendo estos días veraniegos el libro de Rafael Escudero Alday, Memoria histórica y democracia en España, y constato una vez más la mala elección que el movimiento memorialista hizo cuando adoptó la expresión “memoria histórica”. Reconoce este autor que esa expresión significa, al menos, dos cosas: una, la idea de rememorar a las víctimas olvidadas; y otra, la idea de recuperar los valores de la Segunda República. En verdad, son dos cosas bien diferentes y con misiones también diferentes. La una busca activar la justicia transicional; la otra piensa en fortalecer a un grupo ciudadano afín a una política defensora de los derechos humanos o, en términos más generales, a una ciudadanía progresista.

Recuerdo también el conflicto que se generó en los comienzos del movimiento memorialista por la relación entre los conceptos de memoria y de historia. Esta relación afectó a dos vertientes del pensamiento. Algunos historiadores redujeron el concepto de memoria histórica al sentido primigenio de la idea, tal como la formuló Pierre Nora, quien, a su vez, lo tomó de la sociología, donde Halbwachs había establecido el concepto de memoria colectiva. Para la sociología, memoria colectiva significaba la imagen que una sociedad se hace de sí misma con referencia en su pasado o memoria transmitida. Esta imagen contribuye de forma determinante a construir la identidad de las sociedades humanas o, como se decía a principios del siglo XX, la identidad de los “pueblos”.

Como el movimiento memorialista se sirvió mucho de los recuerdos de las personas vivas, lo que a partir de Ronald Frasser se conocía como “historia oral”, otro grupo de historiadores reaccionó despreciando esa historia oral y reivindicando la historia académica. Asombra hoy ver el grado de corporativismo de este grupo de historiadores, que reclamaba la titularidad del oficio frente a los intrusos o “aficionados” del movimiento memorialista. Casi nadie deja de reconocer ahora que las fuentes orales son una fuente más para la reconstrucción del relato histórico, eso sí, debidamente tratadas, como ha de hacerse, por otra parte, con todo tipo de fuentes. La confusión aquí se produjo al identificar el término memoria con las “memorias”, biografías, autobiografías o recuerdos que las personas tienen de sus vivencias pasadas.

Sería bueno, por lo tanto, reservar el nombre adecuado para cada cosa, aunque ésta sea ya una batalla perdida:

Historia, para la ciencia o saber construido sobre el pasado. Una de sus fuentes puede ser la memoria oral, pero el relato histórico se construye con fuentes diversas.

Memoria colectiva, para la imagen de su pasado que una sociedad determinada tiene, con la que afianza una identidad. Esta memoria e identidad cambian con el tiempo y su estudio evolutivo admitiría el concepto de memoria histórica, como hacía la Escuela de los Anales y, en particular, Pierre Nora en Les Lieux de Mémoire.

En este espacio se inserta ese deseo de algunos memorialistas por recuperar los “valores de la República”. Por cierto, esos “valores” son diferentes para anarquistas, comunistas, socialistas y simples republicanos. Ahí lo dejo.

Y memoria de las víctimas, para el recuerdo consciente de los crímenes pasados y no reparados. Aquí no se pueden mezclar churras con merinas: ni víctimas con victimarios, ni víctimas con identidades políticas. Cada cosa, en su departamento.

Este es el campo donde se inserta la justicia transicional, según el proceso que va del recuerdo a la verdad y termina en la justicia y en la reparación, porque, como escribía Rainer Huhle, “si la verdad queda establecida, y si esta verdad es una verdad terrible, una verdad de crímenes atroces, de culpas enormes, la falta de justicia queda aún más visible y más sentida”.

El movimiento memorialista ha conseguido en España que la rememoración de las víctimas del franquismo ocupe un lugar destacado en la agenda política. Falta ahora que se establezca la verdad y eso pide a gritos la creación de una Comisión de la Verdad. Esperamos que el recién nombrado Director General de Memoria Histórica, Fernando Martínez López, que es historiador y sabe de lo que se trata aquí, no nos defraude en esto, porque ya está tardando en crear esa Comisión de la Verdad, principal elemento para desarrollar la Ley 52/2007 de 26 de Diciembre por la que se reconocen y amplían los derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y dictadura. Establecida la verdad, caerá como fruta madura la justicia reparadora y se completará la transición de la dictadura a la democracia.

Marcelino Flórez

Cambiar la bandera de España

Se hace urgente cambiar la bandera de España. La que ahora existe ha sido privatizada y ya no sirve para representar a todos los españoles. No es la primera vez que ocurre, pero ésta es definitiva.

La bandera actual, rojigualda, tiene su origen en un Real Decreto de Carlos III del año 1795, que resolvía un concurso para determinar la enseña de la Marina. La guerra contra los franceses de 1808 popularizó aquellos colores, amarillo y rojo, y las Cortes de Cádiz los consagraron como símbolo nacional. A lo largo del siglo XIX, las tres franjas, rojas y amarilla, se usaron con diversos escudos. Ni siquiera la Primera República prescindió de ese diseño rojigualda, limitándose a quitar la corona real del escudo, aunque no sería hasta 1908 cuando un decreto ordenase que esa bandera se colocase en los edificios públicos los días de fiesta nacional.

Sólo la Segunda República cambió la bandera, sustituyendo la franja roja inferior por una morada, pero manteniendo el mismo escudo, sin corona real. Esa bandera, como sabemos, sólo duró ocho años.

La primera privatización de la bandera, que el siglo XIX había convertido en nacional, la hizo el franquismo, que se apropió de los colores rojos y amarillo, añadiendo un escudo con el águila imperial y otros signos del Imperio castellano del siglo XVI. Pocas dudas caben hoy de que esa bandera, la franquista, no representa a todos los españoles y, por lo tanto, no puede ser bandera de España. Lo cierto es que esa primera privatización de la rojigualda hizo un daño perdurable al símbolo, haciendo sospechosos para siempre aquellos colores.

El artículo 4 de la Constitución de 1978 consagró de nuevo los colores y sus medidas, a los que una ley de 1981 incorporó el “escudo de España”. Esta es la bandera que ha sido de nuevo privatizada y, por ello, ha dejado de ser bandera nacional.

Conservo muy vivo el recuerdo de la invasión de la pradera de Villalar por las huestes de Alianza Popular enarbolando banderas rojigualdas para tratar de tapar los colores morados o rojo carmesí de los pendones comuneros, que poblaban aquella pradera en 1977. Aquel año todavía las fuerzas del orden protegían los colores rojigualda y vapuleaban al color morado del pendón, como ocurriría esa tarde del 23 de abril.

El partido de los ministros de Franco nunca cejaría en su afán por privatizar la bandera, pero ha sido su heredero, el Partido Popular quien ha consumado la apropiación con motivo de la crisis catalana actual. En la exhibición de banderas con un sentido nacional-españolista, a la que estamos asistiendo, hay un responsable. Es cierto que algunos ciudadanos, pocos, han colocado los colores rojos y amarillo en sus balcones; incluso, ayer mismo, pude ver a un estudiante en Palencia, que se colocaba una enseña con esos colores en el hombro y pecho izquierdos durante una conferencia, en la que yo participaba, en la Universidad; pero quien ha hecho suyo el uso particular de los colores de la bandera de España ha sido el Partido Popular. En mi pueblo, he podido comprobar que lucían en el balcón de la casa del alcalde, que es de ese partido; y en Valladolid, he podido ver que ondeaban en los balcones del grupo municipal popular del Ayuntamiento. No sé si habrá habido orden en los argumentarios de esta época para hacerlo así, siendo conscientes de que esa bandera podía llegar a ocultar las vergüenzas de la corrupción, pero no hay duda de que ha habido consenso entre la derecha de oscuros orígenes y de negros presentes para apropiarse de la bandera.

La rojigualda ya no es, por lo tanto, la bandera de todos los españoles. Por eso, ya no puede seguir siendo la bandera de España. Y ahora ya no vale con que se prohíba su uso privado, como hizo la República con la palabra nación, ahora hay que cambiarla.

Marcelino Flórez

Confusiones en torno a la Transición

El día 26 de julio de 2017, eldiario.es ilustraba un reportaje sobre las primeras apariciones del movimiento homosexual y transexual del año 1977 con una pancarta firmada por LCR, que reivindicaba “amnistía total”. Esta reivindicación firmada por la Liga Comunista Revolucionaria me anima a hacer una pequeña reflexión sobre uno de los errores, que tanto proliferan, acerca de la Transición.

La amnistía de 1977, la última y definitiva amnistía, fue una reclamación de la izquierda y de la extrema izquierda, que necesitaban sacar de las cárceles a sus presos, algunos de los cuales aún permanecían en prisión por las características de sus condenas. Por eso, aparece la reclamación en una pancarta de la LCR o, por eso, es el senador Xirinach el que permanece de pie en cada sesión del Senado hasta que se aprueba la “amnistía total” o, por eso, Francisco Letamendía se ve obligado a pedir disculpas a la bancada de la izquierda al optar por la abstención por no estar contempladas todas las propuestas de ETA en la ley.

Y son los franquistas los que se oponen a esa amnistía, porque ni se les pasaba por la imaginación que sus crímenes contra la humanidad pudieran ser denunciados jamás. Nada lo ilustra mejor que las palabras del representante de Alianza Popular, Carro Martínez, que, con el pensamiento puesto en ETA, justificaba así la abstención a la que optaban, para diferenciarse de Fuerza Nueva, ante la Ley de Amnistía de 1977: “y nos abstendremos porque una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores”. Es evidente que no pensaba en las responsabilidades penales de sus correligionarios.

Por otra parte, el pensamiento dominante bajo el que se hizo la Transición y que no fue contestado entonces por nadie se asentaba en la reclamación del olvido, que se razonaba así: la Guerra fue una “catástrofe colectiva”, con víctimas en una y otra parte, que “nunca más” debería repetirse. Santiago Carrillo, en una rueda de prensa celebrada en París en 1974 lo decía así de claro: “no debe volver a haber una guerra civil en España”. Y el PCE, destacado defensor de este pensamiento, adaptó al momento su propuesta de reconciliación nacional de 1956. Esta, que en su inicio planteaba unir a todos los demócratas contra la Dictadura, abandonando la anterior estrategia de izquierda contra derecha, pasa a referirse ahora a la reconciliación de vencedores y vencidos o, como decía Carrillo en la misma rueda de prensa, “que no debe haber ningún espíritu de revancha, ninguna política de revancha”. Más claramente lo expresó Marcelino Camacho en las Cortes: “Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podíamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?”. Y lo mismo corroborarían en aquella sesión de Cortes Xabier Arzallus y todo lo que había sido oposición al franquismo.

Ahora sabemos que aquella decisión determinó la impunidad para los crímenes franquistas, pero no se les puede achacar la responsabilidad a ellos, sino que fue la izquierda la responsable de aquella amnistía. Así son los hechos, se cuenten como se cuenten.

Algo bien distinto es la valoración que ahora queramos hacer de los hechos. Hay mucha gente que continúa pensando que se hizo lo que se debía hacer y que bien hecho está. Pero hay cada día más gente que considera que no se hizo lo debido y, en todo caso, que se dejaron de hacer cosas y otras, que se hicieron más o menos bien, están agotadas. Es legítimo y necesario criticar el régimen nacido en la Transición, pero sin confundirse. La amnistía de 1977 la hizo la izquierda con su presión en la calle y en el Parlamento, no la hicieron los franquistas, que no la necesitaban ni sospechaban que pudieran necesitarla. Y eso se corrige no denunciando la Ley de 1977, sino reformando la tímida “ley de memoria histórica” de 2007. Lo mismo vale para la Constitución, para la Monarquía, para las naciones y para todo el régimen del 78. No confundirse.

Marcelino Flórez

En este 20 N de 2016

Las confesiones de Adolfo Suárez a Victoria Prego, dadas a conocer en La Sexta Columna, han levantado una gran polvareda con el asunto de la monarquía, pero ha pasado casi desapercibida una de las condiciones que pusieron los jefes militares para tolerar la reforma. El 8 de septiembre de 1976 los altos jefes militares le pusieron dos condiciones a Suárez, una era no legalizar al Partido Comunista, que, como todo el mundo sabe, terminaría incumpliendo. La otra fue “que nunca se juzgarían sus crímenes cometidos durante el franquismo”, dice el documental de La Sexta en el minuto 38.

Ha pasado desapercibida esta condición, que, ¡vaya casualidad!, no sólo cumplió íntegramente Suárez con la Ley de Amnistía de 1977, sino que sigue cumpliéndose día a día y sólo va dejando víctimas entre las víctimas del franquismo, simbolizadas en el juez Garzón.

Es cierto que se ha avanzado mucho en los últimos años, tanto que Carlos Hernández en ELDIARIO.ES se atreve a decir en este 20-N que ha llegado “el momento de exhumar a Franco” y sugiere que ya no es necesario explicar los motivos, porque la tarea de las asociaciones memorialistas, de las familias de las víctimas y de los gobiernos del cambio en algunos ayuntamientos ha culminado la tarea de deslegitimación de la Dictadura.

Es verdad que al funeral de Madrid no acudieron este año más de 200 personas y que no sería mucho mayor el número de falangistas que desfiló por la capital, camino del Valle de los Caídos. Es verdad. Pero el franquismo silencioso es mucho mayor y cuenta con el aval del Partido Popular y de Ciudadanos. Por eso, la tarea no ha terminado.

Las víctimas tienen una cosa excelente a su favor, que se difunde poco y en la que yo insisto a tiempo y a destiempo: la calificación de crímenes contra la humanidad que el Tribunal Supremo hizo en la sentencia 102/2012 de la Sala de lo penal para los crímenes del franquismo (“los hechos anteriormente descritos … son … delitos contra la humanidad”).

El franquismo ya no goza de apoyo social público, salvo los 200 de cada provincia, pero conserva mucho apoyo oculto. Por eso, falta elevar jurídica y políticamente a normal lo que en la calle es normal, que diría Suárez. Y esto lo tiene que hacer una Comisión de la Verdad, que asiente los hechos y facilite la tarea para hacer una ley de condena expresa de los crímenes, que limpie la calle de apoyos al crimen contra la humanidad, de lo que no son capaces los jueces españoles. Este vuelve a ser mi deseo en el año 2016 y no entiendo a qué está esperando ese Congreso de Diputados tan progresista que tenemos.

Marcelino Flórez

La Guerra Civil en color … sepia

El 25 de octubre se ha estrenado, en la 61ª SEMINCI, el documental titulado España en dos trincheras. La Guerra Civil en color, de Francesc Escribano y Luis Carrizo. El estreno es una opción personal del director del festival, que así lo manifestó en la presentación de la película, y forma parte de una sección autónoma, dentro de Tiempo de Historia, para conmemorar el 80º aniversario de la Guerra Civil. El acontecimiento tiene todos los visos de ser una ocurrencia, por si pudiera tener algún valor mediático, ya que el documental no tiene más interés que la tarea técnica de poner en color imágenes de blanco y negro. No va más allá su justificación para exhibirse aquí.

Sin embargo, esta aparente banalidad presenta otros motivos para el análisis, pues el documental tiene dos relatos paralelos: por una parte, las imágenes coloreadas, que reconstruyen los frentes de guerra y su evolución; y, por otra, una voz en off que va explicando las imágenes y la Guerra Civil en su conjunto.

Dejo a un lado las imágenes, o sea, el documental, donde la asesoría de Antony Beevor ha sido eficaz para la reconstrucción de los frentes desde el punto de vista militar, y me fijaré exclusivamente en el relato oral. Todo el conjunto, no obstante, está construído buscando la equidistancia entre las partes enfrentadas, como ya expresa el título y como confesó Francesc Escribano en la presentación de la película: igual de asesinos, igual de responsables, una catástrofe colectiva. Como ya hemos criticado hasta la saciedad la trampa de la equidistancia, me limito ahora a aplicarle la calificación que de la misma hizo Primo Levi: “una enfermedad moral”. Y a otra cosa.

El relato oral conserva todos los “mitos del 18 de julio”, como si hubiese sido escrito en pleno franquismo o de la mano del revisionismo actual más fervoroso. Esto podría parecer normal hace diez o quince años, pero después de la aparición de En el combate por la historia, coordinado por Ángel Viñas (2012) y de Los mitos del 18 de julio, coordinado por Francisco Sánchez Pérez (2013), ya no es tan normal. Veamos algún ejemplo.

Conserva, en primer lugar, el mito del asesinato de Calvo Sotelo, entendido como desencadenante del golpe de Estado, cuando, como es sabido, el golpe venía organizándose desde el 9 de marzo de forma sistemática y la fecha de su ejecución estaba tomada antes e independientemente de ese asesinato, concretamente desde el 1 de julio, cuando Goicoechea negoció con los fascistas italianos el contrato de compra de armas, que firmó Pedro Saínz Rodríguez.

Da a entender, además, que ese mismo asesinato es el que hace que Franco se decida a actuar. Este es el mito más cultivado por el franquismo, pero hoy sabemos que eran otros los problemas de Franco para tomar la decisión del comienzo del golpe. El primero de ellos era la dificultad de comunicación con Mola, El Director, una vez que el gobierno dispersó a los golpistas. Un segundo problema era la forma de trasladarse a territorio marroquí desde Canarias. Para resolver este problema, los monárquicos alfonsinos asumieron la tarea de contratar un avión en Inglaterra. Fue el Dragon Rapide, que el 11 de julio aterrizaba en Burdeos, camino de Las Palmas, haciendo otra parada en Portugal. Desde el día 12 el avión estaba disponible y no era esa, evidentemente, la razón por la que Franco le dice a Mola “geografía poco extensa”, expresando así que no había llegado el momento. Su tercer problema era el general Balmes, mando en jefe de las islas y no adherido a la conspiración. Ese problema se resolvió el día 16 con el “accidente” que costó la vida al general, sin duda el primer asesinato de los golpistas, como ha demostrado sobradamente Ángel Viñas. Nada de esto lo escucharán en la película, donde sólo está presente el mito de Calvo Sotelo.

Más insólita, si cabe, es la presencia del mito del oro de Moscú. De eso ya no hablan ni los revisionistas, pues va quedando reservado a la ignorancia. Pero en el documental se escucha que Negrín, siendo ministro de Hacienda, gestionó el traslado del oro del Banco de España a Moscú. Este tema está tan diseccionado en la historiografía, que es innecesario decir nada, a no ser que queramos contribuir a aliviar un poco esa ignorancia. Recordemos que Negrín lo que hizo desde su ministerio fue proteger el oro del Banco de España, trasladándolo a Cartagena. Una buena parte de ese oro, eso sí, terminó en la URSS, porque se utilizó para pagar las armas del único país que se las vendía a la República española. ¡Qué diferente es esto de lo que escuchamos en el documental!

Pero el mito más peligroso, el más falaz y el más persistente es el de la inevitabilidad de la Guerra. Esta viene a ser algo así como el resultado del cainismo de los españoles, que venían enfrentados desde el comienzo del siglo y agudizaron su enfrentamiento durante la República, culminando con las violencias de la primavera de 1936. Este mito está inyectado en vena y es más difícil de combatir, porque es cierto que en la primavera del Frente Popular hubo mucha violencia, aunque es preciso colocar cada cosa en su departamento, lo que ya es posible después de las últimas investigaciones, especialmente de los trabajos de Eduardo González Calleja.

Así, sabemos que la trama civil del golpe, dirigida por los monárquicos alfonsinos y ejecutada por los falangistas, asumió la misión de crear un estado de necesidad, que justificase la intervención militar. Para ello, construyeron, primero, la leyenda de la revolución comunista que se preparaba, de la cual ya desveló E. H. Southworth todos los pormenores y falsedades. Pero, sobre todo, organizaron una compañía de pistoleros con la tarea de ganar la calle al movimiento obrero y asesinar a sus dirigentes, cosa que ejecutaron al pie de la letra (el asesinato de Calvo Sotelo se sitúa en esa lógica, como respuesta al asesinato anterior del teniente Castillo). Mientras la Primera Línea de Falange cumplía su misión asesina, Calvo Sotelo y Gil Robles vociferaban en Las Cortes los crímenes de la calle, sin diferenciar violencia común, violencia social y violencia organizada por ellos mismos. La prensa derechista se encargaba de trasladar la tensión a la calle y así se creaba el ambiente propicio para justificar un golpe de Estado.

Hoy disponemos de las investigaciones y de la historiografía que demuestran este relato, por eso no se justifica que un documental como La Guerra Civil en color se sirva de colorear testimonios para continuar justificando a los únicos responsables del enorme crimen contra la humanidad, como lo ha denominado el propio Tribunal Supremo , que fueron los ejecutores del golpe de Estado. Y se justifica menos que estos contravalores se exhiban en un certamen que nació y creció con el fin de defender los valores que fundamentan los Derechos Humanos.

Marcelino Flórez