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23-F, entre la realidad y la conjetura

No hay tarea más importante para un historiador que saber diferenciar entre las opiniones y los hechos. Como dijo el célebre periodista y parlamentario británico, C.P. Scott, “los hechos son sagrados, la opinión es libre”. Nada lo ilustra mejor que lo que se mueve en torno al 23-F, entonces y ahora.

Aquel día de 1981 hubo un golpe de Estado militar, detrás del cual se demostró en sede judicial que había tres tramas diferentes y débilmente hilvanadas, la que encabezaba Milans del Bosch, la que encarnaba Tejero y la que personificaba Armada, el auténtico coordinador del golpe. Tejero asaltó el Congreso al mando de un grupo de guardias civiles y secuestró a los procuradores durante 18 horas; Milans sacó los carros de combate a la calle y atemorizó a los valencianos con un bando de guerra, casi calcado del que hizo Mola en 1936; y Armada se ofreció para formar un gobierno provisional, lo que no gustó a Tejero y significó la primera quiebra del golpe. Antes ya había comenzado a fallar, cuando, uno tras otro, los generales fueron comprobando que el rey no encabezaba el “golpe de timón”, como les había asegurado Armada. Milans obedeció finalmente y retiró los carros de combate de las calles valencianas, la Acorazada no salió a la calle en Madrid y todos los generales se fueron a dormir o terminaron en las salas de banderas, dependiendo de su grado de implicación en el asunto. Estos son los hechos básicos y nada que pueda conocerse en el futuro podrá alterarlos sustancialmente.

La explicación del golpe tampoco se ve rodeada de mucha diatriba historiográfica. El mayor peso explicativo está en la permanencia del ejército franquista, que apenas había sufrido cambios desde la muerte del dictador. Por eso, el “ruido de sables” era una constante en todos aquellos años, aumentando ese ruido en circunstancias concretas, como pudo ser la legalización del PCE o la virulencia del terrorismo, especialmente del terrorismo etarra por su relación con el nacionalismo periférico, otro de los diablos para los militares franquistas. Este factor militar, junto a la inestabilidad del gobierno de UCD, que terminó con la dimisión de Suárez y, muy pronto, con la propia desintegración del partido, explica perfectamente lo que ocurrió el 23 de febrero de 1981, pudiéndose documentar cada uno de los pasos seguidos. Por cierto, esas mismas características del ejército, que hicieron viable un golpe de Estado, explican su fracaso, al aceptar disciplinadamente los generales con mando en tropa las órdenes de su comandante supremo, el rey de España. Cuando éste ordenó devolver las tropas a los cuarteles, así se hizo sin rechistar. El golpe había fracasado.

Ocurre, sin embargo, que, como resultado objetivo del fracaso del golpe de Estado, mejoró la imagen social del rey Juan Carlos, que hasta ese momento no había podido desembarazarse de la pesada carga de su nombramiento inicial por parte de Franco. Esto no constituyó ningún problema durante mucho tiempo para la sociedad española. Es más, esa imagen positiva del rey, en lugar de entorpecer, probablemente contribuyó a la estabilidad política que recorrió los siguientes veinticinco años, entre 1982 y 2007, con el bipartidismo turnándose en el poder.

La estabilidad política comenzó a turbarse con la llegada de la crisis financiera a España desde el año 2008. Será entonces cuando comience a hablarse despectivamente del “régimen del 78” y cuando aparezca en escena el republicanismo, insignificante hasta aquel momento. El nuevo giro político dio paso también al desarrollo de las conjeturas sobre el 23-F, particularmente sobre la tarea desempeñada por el rey en la organización del golpe de Estado. Estas conjeturas tenían sólidos fundamentos, pues todos los condenados por el golpe de Estado argumentaron en su defensa que creían obedecer a los deseos del rey, como así les había asegurado Armada. Además, éste había sido el instructor del príncipe, continuaba teniendo mucho ascendiente y relación con el rey y, sin duda, le había hablado más de una vez de la oportunidad de crear un gobierno técnico, presidido por él mismo y con la participación de todas las fuerzas políticas del Parlamento. De esto había hablado Armada a todo el mundo, incluyendo a los socialistas, en una reunión bien documentada, que se celebró en Lérida. Por cierto, lo que no conocemos es el informe que Mújica elevó a Felipe González de aquella reunión, cuya “desclasificación” seguramente arrojaría más luces que cualquier otro papel oficial. Era, por otra parte, de todos conocida la animadversión a la que había llegado el rey con respecto a Suárez. A pesar de que los hechos son tozudos, no fue difícil dar verosimilitud a la conjetura, más aún cuando el reino de las posverdad se instaló en el mundo y cuando determinadas circunstancias crearon un clima propicio para la expansión de posverdades, o sea, de bulos.

Dos elementos hay que añadir para entender la expansión y el triunfo de la conjetura en un amplio espacio de la sociedad. El primero, la adopción del republicanismo por parte de Izquierda Unida. El segundo y mucho más importante, la falta de ejemplaridad de la vida del rey, especialmente después de los sucesos de Bostwana.

No existe una fecha exacta en la que se instituyese el uso de la bandera republicana el seno de Izquierda Unida, aunque esa bandera fue haciéndose, poco a poco, numerosa en las manifestaciones celebradas en torno a la crisis económica desde 2008. Sí conocemos, en cambio, la fecha en la que Anguita elevó una propuesta sobre republicanismo al Comité Federal del PCE, fue en abril de 2008 y lo recogía el diario El País el día 22 de ese mes. Anguita proponía entonces al PCE que debía refundarse Izquierda Unida, cuya presencia en Las Cortes había quedado reducida a dos parlamentarios, uno de ellos del partido hermano en Cataluña. La refundación, según la propuesta de Anguita, debía contener dos notas esenciales, el federalismo y el republicanismo. Ese mes de abril comenzó la búsqueda de la Tercera República y en ese contexto comenzó a hablarse de los “puntos oscuros” que rodeaban al 23-F, el más oscuro de los cuales era la postura del rey ante el golpe. Ahora esa bandera se ha convertido también en un objetivo prioritario para Unidas Podemos. Dejo a un lado el análisis acerca de la utilidad y la eficacia de esa estrategia política aquí y ahora, pero no me privaré de enunciar lo que estos días de febrero de 2021 hemos podido comprobar en la prensa, la tozudez de la conjetura y la banalidad de los hechos, cuando se trata de defender una postura política.

El otro elemento explicativo del triunfo de la conjetura es la difusión de la vida desordenada del rey Juan Carlos. El 13 de abril de 2012 el rey se cayó y se rompió una cadera, después de abatir a un elefante en Boswana. Esa caída y ese elefante dejaron ver a Corina, su amante, y dejaron ver la distancia con la reina Sofía. De nada sirvió el “me he equivocado, no volverá a ocurrir”; apareció el caso Nóos, con la familia real de protagonista; comenzaron a conocerse las comisiones cobradas, las cuentas ocultas, los impuestos no pagados. En fin, el 2 de junio de 2014 el rey tuvo que abdicar. Ante esta realidad, cualquier sospecha sobre su comportamiento durante el 23-F se hizo verosímil.

En este contexto y con el procès sin resolver, tuvo lugar la celebración del cuadragésimo aniversario del 23-F. El objetivo del gobierno era rememorar aquel acontecimiento para dulcificar en lo posible el deterioro de la imagen de la monarquía. Bien se lo podían haber ahorrado, pues en estos manejos suele ser peor el remedio que la enfermedad, como así terminará siendo. Otros caminos son lo que debieran emprenderse, pero eso no obsta para que denunciemos con la misma energía la utilización del 23-F por parte de los creyentes en conspiraciones, guiados por conjeturas.

Marcelino Flórez

El debate sobre la “Ley Trans”

Estamos ante un debate acalorado y eso significa que alguna razón ha de haber. Estos días he podido leer opiniones de juristas con muy poco fundamento, que reducen el debate a un asunto de respeto o de falta de respeto a las “personas trans”; y, por el contrario, he leído opiniones de personas no juristas que plantean asuntos esenciales, como si la autodeterminación de género “es acorde a derecho” o si el lenguaje que utiliza el proyecto de ley es preciso.

Del lenguaje es de lo que quiero ocuparme yo, porque me parece que es una de las principales debilidades del proyecto de ley, comenzando por el título: “Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans”. ¿Qué significa trans? En principio, no es más que un prefijo de origen latino que significa al otro lado o más allá. En el activismo relacionado con los derechos humanos se comenzó a usar el término “trans” para incluir una diversidad de palabras referidas a manifestaciones sexuales de grupos minoritarios, como son transexual, transgénero, travesti, identidades no binarias y otras. Hay quien dice que se optó por esa expresión para evitar la mala imagen que padecen los conceptos asociados. En cualquier caso, mucha tarea encomienda esta ley a jueces y fiscales desde el mismo título.

Lo primero que advertimos al leer el proyecto de ley, dejando a un lado la imprecisión conceptual que recorre todo el texto, es la confusión entre sexo y género, llegando a identificar lo uno y lo otro: “identidad de género o sexual”, escriben. Pero no es lo mismo género y sexo. El sexo es la etiqueta que se nos asigna al nacer, atendiendo a algunos elementos fisiológicos, como los genitales, la combinación de los cromosomas X e Y, o determinadas hormonas. A la mayor parte de la población se le asigna sexo de hombre o de mujer, aunque hay una pequeña minoría en la que aparecen elementos fisiológicos de los dos sexos y se denomina intersexual. Con lo que tendríamos tres categorías, atendiendo al sexo asignado al nacer.

El género, en cambio, se refiere a las conductas y otras características que la sociedad atribuye a cada uno de los sexos, diferenciándose entre lo masculino y lo femenino. Esta asignación es también muy temprana. Todavía hay gente que sigue vistiendo a los recién nacidos de azul, si son niños, o de rosa, si son niñas. Y es mucho más habitual que a las niñas se les asignen tareas de cuidados en casa o se les induzca a jugar con muñecas y no con balones o a que estudien letras y no ciencias. Estás hecho un machote o eres una nenaza son expresiones que dibujan muy bien lo que llamamos género. Éste es un fenómeno cultural, construido y cambiante. Cuando una persona acepta o asume la identificación entre el sexo asignado y las conductas que la sociedad demanda, se denomina persona cisgénero, o sea, que está a este lado, en su sitio. Pero si una persona rechaza identificar su sexo con la conducta normativa vigente, se le denomina transgénero, es decir, que está al otro lado, en el sitio no previsto. Debe observarse que esta denominación de transgénero se aplica con toda exactitud a personas intersexuales, que no se reconocen en el sexo asignado y deciden cambiar su asignación, pero está llena de ambigüedad. Por ejemplo, yo reclamo esa adscripción, pues llevo muchos años cuestionándome mi masculinidad y he aprendido a cocinar, a fregar, a hacer la cama, a lavar, a cuidar a enfermos y ancianos, en fin, he aprendido muchas tareas asignadas a mi mujer, por las que he sido acreedor algunas veces del calificativo de nenaza.

Todas las personas, sean hombres, mujeres o intersexuales, y se sitúen a este lado o en la otra orilla, todas tienen una orientación sexual, lo que significa que sienten atracción hacia otras personas. Cuando la atracción es entre distintos sexos, hablamos de heterosexualidad; si es entre miembros del mismo sexo, hablamos de homosexualidad. Hay también personas que son bisexuales, o sea, que sienten atracción indistintamente hacia cualquier sexo. Y existe un pequeño número de personas que no sienten ninguna atracción, son asexuales. Siempre que se sale uno de la norma dominante, la sociedad lo recrimina, y las tendencias sexuales minoritarias o diversas han sido marginadas y maltratadas históricamente. La lucha contra esas discriminaciones dio lugar al activismo conocido como LGTBI+, gracias al cual se han alcanzado grandes avances en el respeto a la dignidad de estas minorías. En los razonamientos justificadores de la ley que comentamos se hace muchas veces referencia a este colectivo, como cuando se cita la Estrategia por la Igualdad LGTBIQ 2020-2025 de la Comisión Europea; pero siempre que se recurre a la jurisprudencia del Tribunal Supremo aparece el término transexualidad y no transgénero, mucho menos el de trans, todo lo cual crea mucha intranquilidad conceptual.

Hay otro concepto en el proyecto de ley que merece también una reflexión. Es el de “expresión de género”, que aparece en el artículo 4.4 y se refiere a las manifestaciones externas de la identidad de género. Aquí caben muy bien transexuales o transgénero, cuando deciden cambiar la forma de vestir o de maquillarse, pero también encontrarían un sitio travestis, Drag Queen o Drag King. Y ese concepto no debe ser una cosa menor, porque en el apartado III del Preámbulo aparece la expresión “adecuación de ademanes de género” junto a “transformaciones corporales, tratamientos hormonales, test médicos” y otros elementos, todos los cuales “victimizan a las personas trans”.

Este totum revolutum conceptual que comentamos aparece en la “Ley Trans”, por lo general mal descrito y con el peligro de generar confusiones. Por eso y siendo benévolos, lo primero que hay que decir de este proyecto de ley es que está muy verde y necesitado de un repaso. Y el problema es mayor por la identificación que hace de sexo y género, con el agravante de dar prioridad al género, o sea, a un elemento subjetivo y cambiante, llegando a desdibujar hasta ocultar el sexo. Los defensores del patriarcado deben estar encantados y no me extraña que las feministas estén enfadadas. No debe de ser así, pero da la impresión de que las redactoras se han guiado en exceso por la teoría queer. ¿Se ajustará todo ello a derecho?

Y esto es lo importante de la ley, porque las demandas reales de las “personas trans”, aparte de reclamar la dignidad de trato, que les corresponde como a cualquier otra persona y que ya está recogido en las leyes, se limitan a dos: poner tres casillas en el carnet de identidad, añadiendo una tercera a la de hombre y mujer, y facilitar trámites administrativos. Cosas bien fáciles de conseguir. Lo demás del proyecto de ley, como la adecuación de cárceles, colegios u otras dependencias, se resuelve con leves tareas de albañilería, sin necesidad de normativizar. Lo que digo, está muy verde.

Marcelino Flórez

De Trump a Casado, un paso

La lucha de clases ha terminado. El antiguo conflicto social ha sido sustituido por las guerras culturales y los Estados Unidos de América son el modelo. La nueva conflictividad huye de la razón y se refugia en sentimientos y sensaciones: la patria, la religión, la familia patriarcal, el consumo , la satisfacción individual. Las guerras culturales se libran en el terreno de la cultura, monopolizado casi por la televisión y las redes sociales. En esos espacios y en ausencia de la razón, ha terminado triunfando las posverdad, el relato de un líder o de cualquier personaje anónimo con muchos seguidores en Twitter o en YouTube. Lo que vale es el relato, se ajuste o no a la realidad. Acabamos de verlo: Trump ha logrado conducir a sus masas al asalto del Congreso con un relato simplón y completamente alejado de la realidad. Además, ha conseguido más de 74 millones de votantes, aunque eso precise otros matices explicativos, entre los cuales se encuentra la posición del Partido Republicano. ¡Qué lejanía de aquellos líderes y de aquellos discursos que enardecían a las masas obreras con ideas, con propuestas, con retórica, con lógica!

Después de cuatro años de gobierno, cultivando la posverdad y normalizando las pasiones supremacistas, ultrarreligiosas y neocapitalistas, Trump ha logrado aglutinar a suficiente gente para tomar el Congreso por asalto. Iban a defender sus votos y, sobre todo, a cortar el paso al comunismo que encarna el apacible Biden. Como ha sido televisado, no es necesario insistir en la descripción.

Trump tiene muchos seguidores en el mundo, también en Europa e, incluso, en España. Entre nosotros, las tres derechas han coincidido en justificar los sucesos del Día de Reyes en USA a través de la vía indirecta. Han reconocido que aquello no estaba bien hecho, pero igual o peor era lo que había hecho el movimiento Rodea el Congreso o las movilizaciones del procès catalán. Se acabó la discusión, porque las izquierdas españolas o los nacionalistas catalanes son la misma cosa que aquel búfalo disfrazado que ocupó la Presidencia del Congreso americano durante unos minutos.

El argumentario de las tres derechas está bien para el relato en el mundo de la posverdad y, sin duda, les reportará sus beneficios en la pelea interna, pero a nosotros no nos vale, porque no queremos renunciar a la razón, esa potencia del alma que tanto amaban ya los escolásticos. Lo primero que se observa en esta justificación indirecta del trumpismo que hacen las derechas españolas es que les molesta mucho lo que hemos visto televisado en América del Norte y pretenden echarlo a un lado lo antes posible. Y eso es así por las enormes similitudes que se muestran entre el relato de Trump y el relato de las tres derechas. Si Trump normalizó a los grupos supremacistas, ultrarreligiosos y capitalistas salvajes, las tres derechas hacen lo mismo con la ultraderecha española, con quien gobiernan, con el ultracatolicismo, al que sirven sea oponiéndose a la Ley Celaá sea a la despenalización de la eutanasia, o con el capitalismo salvaje, cuya obsesión primera es eliminar impuestos y privatizar bienes públicos, exactamente lo que hacen las tres derechas lideradas por la señora Ayuso en Madrid.

Pero hay una similitud que desborda todo lo imaginable: Trump no reconoce el resultado electoral del primer martes de noviembre de 2020 y eso es exactamente lo que vienen haciendo las tres derechas desde que el día 7 de enero las Cortes española dieron la confianza a Pedro Sánchez para formar gobierno. Ni un solo día han dejado la señora Arrimadas o los señores Abascal y Casado de afirmar la ilegitimidad del actual gobierno español.

Este relato de posverdad es un relato falso a todas luces, pero es el relato que las tres derechas repiten machaconamente desde que el día 4 de enero de 2020 se inició la investidura, cuando una manifestación, apoyada por esas tres derechas, aunque no convocada formalmente por ellas, salió a la calle en Madrid y terminó, por cierto, rodeando el Congreso. Basta ir a la hemeroteca para comprobarlo, aunque para muchos no será necesario, porque estarán ya convencidos de la posverdad.

Es tal la similitud entre las movilizaciones del 4 y del 6 de enero, en Madrid y en Wasington, que hay que hacer todos los esfuerzos para ocultarlo. Pero, por muchas vueltas que le den, de Trump a Casado, sólo hay un paso.

Marcelino Flórez

(Este no les gustó a los de elDiario.es. Espero que os guste a vosotros)

La Iglesia y la escuela

  • Nos extraña la falta de valentía de nuestros representantes políticos para defender una enseñanza al servicio de la sociedad y sin trampas ideológicas

Marcelino Flórez

30 de noviembre de 2020

El conflicto que vive España en torno a la escuela sólo es comprensible si se tiene en cuenta el factor católico. Sin el lobby católico no existirían ni el artículo 16 ni el artículo 27 de la Constitución, tampoco tendríamos un pacto internacional específico para una religión. Cada día que pasa, este factor se hace más anacrónico, pero sigue ahí inmutable y sirve para articular otros intereses, que van más allá del puro interés económico, con ser éste muy importante. La alianza de los poderes conservadores con el catolicismo español más que en el dinero, pone la vista en la formación ideológica de la ciudadanía bajo los determinados y particularísimos valores del sistema económico vigente: competencia entre personas y entidades, individualismo extremo, libertad personal sin límites sociales. Pero dejaremos esto a un lado y nos limitaremos a tratar de descubrir dónde nace y en qué se fundamenta ese factor católico.

Para comprender lo que está pasando hoy con la educación en España, tenemos que retrotraernos al Concilio Vaticano I de 1869-1870, el que decretó la infalibilidad del papado y condenó los “errores modernos” del pensamiento, recogidos en el Syllabus. El teólogo holandés Edward Schilebeeckx calificó a ese concilio como la “asamblea de una jeraquía feudal en un mundo moderno”; y pone en boca del Papa convocante del concilio, Pío IX, unas palabras que niegan la libertad de conciencia, algo que había reconocido siempre la tradición cristiana: ” De esta repugnante fuente del indiferentismo mana la afirmación absurda y errada o, más concretamente, la locura de que todos los hombres poseen libertad de conciencia y pueden reclamarla. El camino a este pernicioso error lo ha preparado la exigencia de completa e inmoderada libertad de opinión, que se propaga furiosa en la dirección de la aniquilación de lo sagrado y lo revelado”.

Los papas posteriores continuaron asentando la doctrina católica sobre la vida pública por medio de la actualización de los principios emanados de Trento. Así, Pío XI, en su encíclica Quas Primas, donde instaura la festividad de Cristo Rey, explica el origen y significado de la soberanía, en la que se fundamenta el pensamiento católico sobre las libertades: “Se comenzó por negar el imperio de Cristo sobre todas las gentes; se negó a la Iglesia el derecho, fundado en el derecho del mismo Cristo, de enseñar al género humano, esto es, de dar leyes, de dirigir los pueblos para conducirlos a la eterna felicidad. Después, poco a poco, la Religión Cristiana fue igualada a las demás religiones falsas, y rebajada indecorosamente al nivel de éstas. Se la sometió luego al poder civil y a la arbitraria permisión de los gobernantes y magistrados”. La encíclica repite insistentemente en qué consiste ese “imperio de Cristo”: se trata de la “soberanía de Jesucristo”, “la suave y salvadora soberanía de nuestro Rey”, “el imperio supremo y absolutísimo sobre todas las criaturas”. Por supuesto, el único y legítimo representante de esa soberanía es el Papa, ahora infalible, con su Iglesia, sociedad perfecta.

Los obispos españoles recogieron esta doctrina y la llevaron a la práctica puntualmente. En su último escrito colectivo anterior a la Guerra, “Con motivo de la Ley de Confesiones y Congregaciones religiosas”del 25 de mayo de 1933, que tiene por principal objetivo la enseñanza, explican detalladamente la aplicación del principio de soberanía eclesiástica: después de afirmar la independencia de la Iglesia respecto a todo poder, por ser una sociedad perfecta, y al tratarse de una institución infalible en la definición de la verdad religiosa, verdad que tiene “primacía sobre todo conocimiento”, los obispos concluyen que “toda formación cristiana de la juventud, en cualquier escuela pública o privada está sometida a su inspección”. Y aclaran, después de un punto y seguido, que esa formación “no abarca sólo a la enseñanza religiosa, sino que se extiende a toda otra disciplina y organización docente en cuanto se refiere a la religión y a la moral”. En consecuencia, recuerdan a los padres la obligación que tienen de optar por una enseñanza católica y de luchar hasta conseguir “toda la enseñanza católica para la juventud católica en escuelas católicas”.

Con el franquismo, estos principios se llevaron literalmente a la práctica, pero el Concilio Vaticano II desarmó aquellos fundamentos teocráticos, cuando decretó la libertad de conciencia, las autonomía humana para la gestión de la vida pública, la legitimidad de las demás religiones e, incluso, el respeto a la increencia. Los obispos españoles presentes en la asamblea conciliar lo entendieron perfectamente. Monseñor Pildain, “vasco, antifranquista y socialmente muy avanzado”, cuenta Hilari Raguer, exclamó ante la asamblea vaticana cuando se inició la votación sobre la libertad religiosa: “¡Que se desplome esta cúpula de San Pedro sobre nosotros antes de que aprobemos semejante documento!”. Y elevaron un escrito a Pablo VI, donde, en medio de la protesta, reconocían lo siguiente: “Si éste prospera en el sentido en que ha sido hasta ahora orientado, al terminar las tareas conciliares los obispos españoles volveremos a nuestras sedes desautorizados por el concilio y con la autoridad mermada ante los fieles”. Pero encontraron una salida, que gozó de la protección de la Dictadura. Mientras la Asamblea prorrumpía en aplausos, el mismo día 8 de diciembre de 1965 en que se publicaron los documentos conciliares, la Conferencia Episcopal en un documento sin firmas, titulado “Sobre acción en la etapa posconciliar”, redactado por Guerra Campos, justificaba el mantenimiento en España de la confesionalidad católica.

No había cesado aún ese manto protector del franquismo, cuando resultó elegido Papa Juan Pablo II, que hizo enmudecer el espíritu del Vaticano II y favoreció el regreso al pensamiento teocrático, ahora denominado fundamentalismo. Todos los teólogos progresistas y conciliares fueron despojados de sus cátedras en España: Castrillo y Estrada fueron los primeros; casi al mismo tiempo cayeron Pedro Miguel Lamet y Benjamín Forcano; después le llegó el turno a Marciano Vidal y finalmente a Juan José Tamayo. Al mismo tiempo se nombraban obispos conservadores, que daban apoyo incondicional a los movimientos integristas, que reclamaban un nuevo régimen de cristiandad: Opus Dei, Comunión y Liberación, Camino Neocatecumenal, Legionarios de Cristo y otros similares.

En estos contextos y bajo la presión de esos lobbys católicos se han hecho la Constitución y todas las leyes educativas, donde el factor católico ha sido tan importante, que ha llegado a condicionar el currículo, haciendo realidad aquel principio enunciado en 1933 de “toda la enseñanza católica para la juventud católica en escuelas católicas”.

Estos asuntos han dejado de ser un problema que preocupe a la opinión pública española, que mayoritariamente ha optado por la indiferencia respecto al factor católico. Pero resulta ensordecedor el silencio de los católicos seguidores del Concilio Vaticano II, si es que queda alguno en España; y, sobre todo, asombra el silencio de los cristianos lectores del Evangelio de Jesucristo, si es que alguien lo sigue leyendo. Reconozcamos que, sin la excusa católica, el movimiento de la escuela concertada no pasaría de ser una cosa de “niños pijos”, carente de asidero lógico alguno. También por eso, nos extraña la falta de valentía de nuestros representantes políticos para defender una enseñanza al servicio de la sociedad y sin trampas ideológicas.

(Publicado en eldiario.es)

La equidistancia, un mal moral

Primo Levi, una de las víctimas supervivientes de Auschwitz y de las más representativas, dejó escrito, en su obra Si esto es un hombre, que la equidistancia, cuando se habla de víctimas de crímenes contra la humanidad, es una perversión moral. Lo es, porque ese acto o esa actitud consigue, sea de forma consciente o no, evitar la reparación de las víctimas y garantiza la impunidad de los asesinos.

En España llevamos décadas conociendo esa actitud y ya muchos años, intentando combatirla. Con poco éxito, hasta el momento, como vamos a ver. El último ejemplo que tenemos entre manos es el que atañe a Largo Caballero. Es conocido el caso: VOX consigue que toda la derecha apoye en el Ayuntamiento de Madrid una proposición para eliminar el recuerdo institucional en la ciudad del dirigente político y sindical; y el Ayuntamiento comienza la ejecución con el derribo de una escultura en la casa donde nació el protagonista. Antes, las fuerzas clandestinas del fascismo habían vandalizado otra estatua de Largo Caballero, pintando en su pedestal las palabras “Asesino. Rojos no”. De manera que todo quedaba cada vez más claro.

Pues bien, en ese contexto, una televisión pregunta a la vicealcaldesa de Madrid, Begoña Villacís, si creía que las imágenes del derribo de la estatua (obra de un artista, por cierto, y, probablemente, un bien patrimonial) ayudaban a la convivencia. La vicealcaldesa respondió exactamente así: “Nada de lo que se está haciendo ayuda a la convivencia”. ¡Perfecto! No hay delito en el derribo, porque los otros hacen lo mismo -“nada de lo que se está haciendo”-; no hay culpables y, sobre todo, no hay víctima, pues forma parte de los otros, del “nada de lo que se está haciendo”, o sea, que es un verdugo. Casi sonroja tener que escribir estas cosas en estos tiempos, pero, como se dice, “es lo que hay”.

Sin embargo, en este caso, tenemos una prueba que demuestra la falta de inocencia de Villacís y, modélicamente, de los equidistantes. La proposición de VOX, aprobada el 29 de septiembre, utilizaba como apoyo legal una Resolución del Parlamento Europeo, que equipara el nazismo con el comunismo (Resolución 2019/2018, de 19 de septiembre de 2019). Es difícil que los socialistas españoles pudieran caber allí. Pero tres historiadores españoles propiamente dichos, es decir, historiadores, no historietógrafos, han descubierto un documento del 25 de septiembre, firmado por Andrea Levy y Begoña Villacís, que modificaba la proposición de VOX: “Debe decir ( en vez de la Resolución del Parlamento Europeo): en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 15 de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, y por aplicación de lo dispuesto en el apartado d) del artículo 3.1., de la Ordenanza Municipal Reguladora de la denominación y rotulación de vías del Ayuntamiento de Madrid, de 2013” (Sergio Gálvez Biesca, Fernando Hernández Sánchez y Julián Vadillo Muñoz: “La ‘estrategia del escorpión’: al respecto de la proposición de VOX sobre Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto”, en PÚBLICO, 2 de octubre de 2020). Es posible que este uso fraudulento de la conocida como Ley de Memoria Histórica tampoco dé cabida legal al revisionismo filofranquista, pero lo intenta.

Aparte del significado político de esta intervención del PP y de Cs, con la sumisión a la hegemonía de VOX que desvela, y aparte de muchos matices que se podrían hacer, la trafulla nos interesa ahora porque pone en evidencia que Begoña Villacís miente, cuando aparenta optar por la equidistancia. Su intervención en el arreglo de la proposición de VOX no deja margen para la duda: el recurso a la equidistancia es una estrategia comunicativa falseadora de la realidad. Ella ha tomado partido en este delicado asunto y lo trata de ocultar con eso de que todos son iguales.

No hace falta pillar con las manos en la masa, como en este caso, a esa caterva que repite como papagayos lo de “todos los políticos son iguales”. Lo oímos a cada instante, en los informativos, en las opiniones de prensa, en los debates. Hay gente aparentemente seria que se ha dejado contaminar por esa bárbara ideología. El que esté extendido no le resta ningún valor a la maledicencia que la expresión encierra. Es posible que alguna persona se sitúe ahí por ignorancia inocente, pero en la inmensa mayoría de los casos detrás de un “todos los políticos son iguales” se esconde un militante o un votante de VOX, del PP o de Cs. Son ellos, junto a los revisionistas históricos y a la turba mediática, quienes han creado el mantra y es el falso agarradero que les mantiene asidos a la justificación de los crímenes contra la humanidad del franquismo. Como dejó dicho Primo Levi, una perversión moral.

Marcelino Flórez