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Cambiar la bandera de España

Se hace urgente cambiar la bandera de España. La que ahora existe ha sido privatizada y ya no sirve para representar a todos los españoles. No es la primera vez que ocurre, pero ésta es definitiva.

La bandera actual, rojigualda, tiene su origen en un Real Decreto de Carlos III del año 1795, que resolvía un concurso para determinar la enseña de la Marina. La guerra contra los franceses de 1808 popularizó aquellos colores, amarillo y rojo, y las Cortes de Cádiz los consagraron como símbolo nacional. A lo largo del siglo XIX, las tres franjas, rojas y amarilla, se usaron con diversos escudos. Ni siquiera la Primera República prescindió de ese diseño rojigualda, limitándose a quitar la corona real del escudo, aunque no sería hasta 1908 cuando un decreto ordenase que esa bandera se colocase en los edificios públicos los días de fiesta nacional.

Sólo la Segunda República cambió la bandera, sustituyendo la franja roja inferior por una morada, pero manteniendo el mismo escudo, sin corona real. Esa bandera, como sabemos, sólo duró ocho años.

La primera privatización de la bandera, que el siglo XIX había convertido en nacional, la hizo el franquismo, que se apropió de los colores rojos y amarillo, añadiendo un escudo con el águila imperial y otros signos del Imperio castellano del siglo XVI. Pocas dudas caben hoy de que esa bandera, la franquista, no representa a todos los españoles y, por lo tanto, no puede ser bandera de España. Lo cierto es que esa primera privatización de la rojigualda hizo un daño perdurable al símbolo, haciendo sospechosos para siempre aquellos colores.

El artículo 4 de la Constitución de 1978 consagró de nuevo los colores y sus medidas, a los que una ley de 1981 incorporó el “escudo de España”. Esta es la bandera que ha sido de nuevo privatizada y, por ello, ha dejado de ser bandera nacional.

Conservo muy vivo el recuerdo de la invasión de la pradera de Villalar por las huestes de Alianza Popular enarbolando banderas rojigualdas para tratar de tapar los colores morados o rojo carmesí de los pendones comuneros, que poblaban aquella pradera en 1977. Aquel año todavía las fuerzas del orden protegían los colores rojigualda y vapuleaban al color morado del pendón, como ocurriría esa tarde del 23 de abril.

El partido de los ministros de Franco nunca cejaría en su afán por privatizar la bandera, pero ha sido su heredero, el Partido Popular quien ha consumado la apropiación con motivo de la crisis catalana actual. En la exhibición de banderas con un sentido nacional-españolista, a la que estamos asistiendo, hay un responsable. Es cierto que algunos ciudadanos, pocos, han colocado los colores rojos y amarillo en sus balcones; incluso, ayer mismo, pude ver a un estudiante en Palencia, que se colocaba una enseña con esos colores en el hombro y pecho izquierdos durante una conferencia, en la que yo participaba, en la Universidad; pero quien ha hecho suyo el uso particular de los colores de la bandera de España ha sido el Partido Popular. En mi pueblo, he podido comprobar que lucían en el balcón de la casa del alcalde, que es de ese partido; y en Valladolid, he podido ver que ondeaban en los balcones del grupo municipal popular del Ayuntamiento. No sé si habrá habido orden en los argumentarios de esta época para hacerlo así, siendo conscientes de que esa bandera podía llegar a ocultar las vergüenzas de la corrupción, pero no hay duda de que ha habido consenso entre la derecha de oscuros orígenes y de negros presentes para apropiarse de la bandera.

La rojigualda ya no es, por lo tanto, la bandera de todos los españoles. Por eso, ya no puede seguir siendo la bandera de España. Y ahora ya no vale con que se prohíba su uso privado, como hizo la República con la palabra nación, ahora hay que cambiarla.

Marcelino Flórez

Independencia simbólica

Para librarse de la cárcel, Carme Forcadell ha declarado ante el Tribunal Supremo que la DUI era una broma, que sólo tenía intención “deliberativa y simbólica”, para facilitar la negociación con el gobierno del Estado. Mientras la Presidenta del Parlament hacía estas declaraciones, Puigdemont reorganizaba el Gobierno de la República de Cataluña en el “exilio” de Bruselas. Y ponía a punto -esto es lo que nos interesa- el estado de la posverdad: “Forcadell hará noche en prisión por haber permitido el debate democrático. ¡Por permitir hablar y votar! Así es la democracia española”.

Esta vez, la trampa saducea tiene mal encaje, porque el Tribunal ha razonado con proporción y mesura su Auto: Forcadell no va a la cárcel “por permitir hablar”, sino por actuar contra la Constitución y por desobedecer reiteradamente al Tribunal Supremo y a otros jueces. Esta es la relación de los principales actos (no pensamientos u opiniones):

– Resolución 1/XI de 9 de noviembre de 2015, del Parlamento de Cataluña, donde se inicia “la apertura de un proceso constituyente no supeditado”.

. Sentencia del Tribunal Constitucional 259/2015, de 2 de diciembre, donde se establece que no le corresponde tal soberanía al Parlamento catalán.

– Resolución 5/XI, de 20 de enero de 2016, del PC, para crear una “Comisión de Estudio del Proceso Constituyente”.

. Auto TC 141/2016, de 19 de julio, declarando ilegal la anterior Resolución, con la advertencia de que se impedía cualquier acto subsiguiente.

– Resolución 263/XI, de 4 de octubre de 2016, donde se establece el referéndum vinculante y el proceso constituyente.

. ATC de 14 de febrero de 2017, donde se declara la nulidad de esa resolución.

– Ley 4/2017 de Presupuestos de Cataluña, donde se contemplan partidas para los actos declarados nulos.

. Sentencias TC 51/2017, de 10 de mayo, y 90/2017, de 5 de julio, donde se declara la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Ley Catalana de Consultas Populares y lo relativo a las partidas presupuestarias para el mismo fin.

– Proposiciones de Ley de 31 de julio y de 28 de agosto de 2017 del Parlamento de Cataluña, para el referéndum y la transitoriedad.

. Pese a la advertencia de ilegalidad por parte del Letrado Mayor del Parlament, se aprueban ambas leyes.

Después de esta relación, el Auto del magistrado Pablo Llarena Conde razona con mucha serenidad la presencia o no de violencia en el procès, así como la sedición y otros posibles delitos. Se inicia ahora un proceso judicial, que será lento y discutido, pero no es un proceso contra la libertad de expresión del pueblo catalán, sino contra posibles delitos constitucionales y de otro tipo de algunos políticos catalanes.

Y a pesar de las enormes consecuencias que esa actuación delictiva ha tenido y está teniendo, desde el ámbito personal o familiar hasta el macroeconómico, ahora nos dicen que era una broma. No sé si merecen más castigo por delinquir o por la irresponsabilidad, pero lo que no se puede admitir de ninguna manera es la reiteración en la posverdad. No estamos hablando de libertad de expresión, sino de gravísimos e irresponsables delitos que han fracturado irreversiblemente a la sociedad catalana. Y todo, por un 3 por 100. ¡Cómo recordamos a Coscubiela y sus veraces advertencias!

Se ha acabado la farsa y ahora vienen las urnas. Cada cual es libre de votar según su pensamiento y sus sentimientos, pero las trampas y las mentiras no tienen sitio en el pensamiento racional. Ya basta de posverdad.

Marcelino Flórez

El procès de la posverdad

He tenido la suerte de estar de viaje durante el último mes y, gracias a eso, me duele menos la cabeza que al común de la gente a causa del repiqueteo sobre Cataluña. Por fin, ha terminado el procès y podemos retomar el camino.

Quiero comenzar la nueva vida denunciando la falsedad, que ha sido la enseña de todo el proceso. Primero fue el eufemismo del “derecho a decidir”, que sustituyó, ocultándolo, al concepto de independencia. La falacia tuvo éxito y agrupó a mucha gente bienintencionada.

Después fue la actuación policial del 1-0, cuya indefendible acción sirvió para ocultar nuevamente la verdad: las leyes derogatorias de la Constitución y del Estatuto, así como la forma de elaborarlas. De eso no hemos tenido que hablar, gracias a los palos de la policía, ordenados por Rajoy.

Finalmente, el 155 acaparó la escena, sobre todo entre la gente que se ha situado de perfil durante todo el procès. Y así no hemos tenido que hablar de una producción etérea de independencia.

Reconozcámoslo: durante todo el procès no se ha hablado nada de lo real, la independencia. De su oportunidad, de los bienes o males derivados, de la solidaridad o insolidaridad aparejada, de su arcaísmo o modernidad, de su contribución a la paz social o a la guerra, de su inserción en el mundo globalizado, de la creación de más fronteras. No hemos hablado de nada, pura posverdad.

Y todo, tapado con las banderas, rojigualda para unos, estelada para los otros. ¿Qué bien han tapado las banderas las vergüenzas de la corrupción y del mal gobierno! Y qué difícil nos está resultado desvelar la falacia, más aún cuando una parte de la autodenominada izquierda se ha apuntado con todo su bagaje a la posverdad.

No quiero cejar en la denuncia de la falacia, la del 2 de marzo y la del procès, sin cuyo reconocimiento será imposible dar un paso adelante, pero el esfuerzo prefiero emplearlo en lo que ha de venir. Y mi opción es federalismo, para que, hechas transparentes las banderas, veamos a los “republicanos” y a los “españoles” desnudos: corruptos, unas veces, inútiles, siempre, e incapaces de dar una respuesta a las necesidades sociales de la vida real.

(Acababa de escribir esto, cuando me enteré de que Puigdemont, con otros cinco, habían huído a Bélgica. Es el perfecto certificado de la posverdad, esta vez en forma de comedia).

Marcelino Flórez

Federalismo

El 12 de abril de 1978 compré un libro de Francisco Pi y Margall, “El reinado de Amadeo de Saboya y la República de 1873”, pensando en mis clases. Cuarenta años después lo releo para repasar la idea federal de aquel catalán entrañable y rememoro aquella federación desde abajo que soñaba Pi, pero si surgía desde arriba, como surgió, pues se acomodaba uno y trataba de asentar sus ideas: “El procedimiento -no hay por qué ocultarlo- era abiertamente contrario al anterior: el resultado podía ser el mismo”. Pero, ya lo sabéis, la cosa se fue de las manos, Pi y Margall duró unas semanas en el gobierno y la República unos meses.

La federación desde abajo fue también un sueño de un sector del anarquismo, el que soñaba un mundo humano, hermanado, colaborativo, respetuoso. Lo consideraban algo natural: “La federación, lo he dicho ya, es la unidad en la variedad, la ley de la naturaleza, la ley del mundo”, en palabras de nuestro republicano federal. En 1973 no pudo ser, en 1931, tampoco. El paso de 1978 se ha quedado muy corto. La hora de la federación podría estar cerca: “No desmayen, sin embargo, los que sienten en sus almas el amor a la federación y a la República. Los hombres mueren, las ideas quedan”.

¿Qué federación sería posible ahora? No parece que sea posible construirla desde abajo, sino desde las soberanías ya compartidas, que incluyen municipios, comunidades autónomas, Estado, Unión Europea y pactos y asociaciones internacionales.

Deslindadas las competencias supraestatales, donde se hallan la moneda o los ejércitos, es decir, el control de la política económica y de la guerra, ¿qué le queda al Estado, sea unitario o federal? Dirigir las relaciones internacionales, desde luego, y tareas de protección y solidaridad. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, al ejército español hacer algo distinto de apagar fuegos o paliar inundaciones, salvo las acciones dentro de la OTAN y de la ONU? Recuerden la pantomima de la isla de Perejil y estará todo más claro. Recaudar impuestos tampoco es una tarea necesariamente. De hecho, el País Vasco ya los recauda por su cuenta. Si añadimos el control de carreteras, ferrocarriles y espacio aéreo, poco más quedaría para el Estado común, salvo lo que se desee voluntariamente coordinar para la solidaridad interterritorial.

A cada territorio federado habría que reservarle todo lo identitario. Y eso se concreta en lo que conocemos como educación y cultura. De hecho, ahí está buena parte del conflicto actual: tanto daño como la campaña contra el Estatuto, les hizo a los catalanes el olvidado ministro Wert con sus declaraciones centralizadoras. Esta es la reivindicación originaria de cualquier nacionalismo y no veo razón para que hoy no se pueda satisfacer. Otra cosa son los problemas que se le puedan generar a los nuevos estados-nación en este campo, donde seguirá habiendo identidades diferentes. Pero ese es asunto de nacionalistas, no de federalistas.

También se puede reservar a cada Estado federado la recaudación de impuestos y la elaboración de los presupuestos. Basta con que cumpla las normas de los responsables de la política económica, o sea, las normas europeas y con que aporte a la Federación lo que se haya acordado. Y, por supuesto, será de su competencia el orden público en su totalidad y la administración de la Justicia. Ni por asomo, soñaba Pi y Margall con unas competencias como éstas para su federación.

Con lo que sí soñaba él y con lo que sigo soñando yo es con el municipalismo. Es ahí donde se desarrolla la vida cotidiana de la ciudadanía y ahí es donde se necesita soberanía, que ahora está sustraída: para los edificios donde se educa al alumnado, los hospitales donde acuden los enfermos, los centros sociales de las personas dependientes, la atención social a parados, excluídos, transeúntes, ancianos, los campos de deportes donde se ejercita la juventud, los centros culturales que educan y entretienen a las personas jubiladas, las calles donde pasean unas y otras, las plazas donde se reúnen, las viviendas donde habitan, los mercados donde se abastecen. Queremos autonomía municipal y recursos para ejercerla. La soberanía tiene que ser de la gente, ya basta de administradores. Estado Federal, pues, pero como lo soñaron Pi y Margall y los ingenuos anarquistas, para los de abajo.

Marcelino Flórez

Soterramientos

Sólo los ecologistas más radicales se opusieron siempre al soterramiento del ferrocarril en Valladolid, a causa, en términos generales, del carácter especulativo que caracterizó al proyecto o Plan Rogers. A todos los demás, incluyendo a los ecologistas moderados, nos subyugó la idea de ocultar el ferrocarril en Valladolid, sin reparar en los costes y en otros elementos. La Sociedad Valladolid Alta Velocidad , quince años después de constituirse, no sólo no ha soterrado el ferrocarril, sino que ha generado 400 millones de deuda.

Después de muchas vueltas, el Ministerio de Fomento asumirá la deuda y Adif, con el Ayuntamiento y con la Junta, abandonarán la idea de soterramiento y optarán por permeabilizar la ciudad a ambos lados de la vía del tren con 17 actuaciones, que incluirán 25 pasos, de manera que la distancia máxima entre ellos no supere los 300 metros. Un carril bici y un paseo peatonal recorrerán, además, todo el largo de las vías, comunicándose con cada uno de los pasos. También se integrará la Estación de Autobuses, soterrada junto a la del ferrocarril. Todo esto no costará miles de millones, sino que el Ayuntamiento tendrá que gastar 78,19 millones en siete años, bastante menos que la deuda anteriormente contraída.

Quizá falte una explicación detallada del nuevo proyecto, especialmente en los barrios y, sobre todo, en los más afectados. Pero yo entiendo perfectamente el cambio que se ha adoptado. Lo entiendo y, a medida que lo veo y lo repaso, me gusta más y más. Entiendo también que no le guste al Partido Popular de Valladolid, por el mal lugar en el que queda, pero no logro comprender la oposición de algunos sectores sociales a la Integración en Superficie del Ferrocarril. Bien está que se siga luchando por un corredor de ferrocarril convencional entre Palencia y Medina del Campo, pero que se califique de especulativo al nuevo proyecto, creo que es coger el rábano por las hojas con tal de marcar alguna oposición al equipo de gobierno.

Por mi parte, agradezco mucho tener un concejal como Manuel Saravia y un equipo de arquitectos y urbanistas como el que está diseñando el nuevo Valladolid, de rostro amable. Es un regalo a todas luces inmerecido, si miramos alrededor.

Marcelino Flórez

El Referéndum

Lo que vaya a ocurrir el 1-O no es un referéndum. Lo que viene ocurriendo desde hace varios septiembres es una movilización social, que tiene varios rostros. El principal es el rostro nacionalista y son sus organizaciones las que capitalizan la movilización. Pero hay otras facetas. Una muy principal es la de la indignación. En Cataluña hay muchas personas indignadas, como en el resto del mundo, a causa de los efectos de la crisis global del capitalismo: desempleo, precarización, destrucción del medio natural, desigualdad social, represión política. A esa indignación común se suma en Cataluña la indignación por el ataque al sentimiento identitario que organizó el Partido Popular con motivo de la reforma del Estatuto de Autonomía. Este hecho es la clave para entender todo lo demás.

Como el Partido Popular no esta en condiciones de reconocer ese enorme error político, no se puede hacer nada mientras ese partido conserve el control del poder. Y si no es capaz de reconocer como error lo que hizo, que es la causa determinante en la situación que vivimos, no hay alternativa posible al 1-O por ahora.

Este enredo explica que no se haya hablado casi nada de independencia, sino de otros eufemismos mixtificadores, como es “el derecho a decidir” o, en esta última fase del procés, el cumplimiento de la legalidad. La red es tan tupida, que ahora mismo todas las fuerzas políticas están atrapadas en ella; y sólo dos obtienen ventaja: el nacionalismo catalán y el nacionalismo español.

Esperemos que la prudencia de los menos enfangados sea capaz de conducir la movilización hacia salidas menos malas, aunque el desastre del procés ya sea irreparable. Pero esto ha ocurrido ya y lo que importa es el día después.

Todo el mundo tiene que hacerse a la idea de que hay que organizar un referéndum sobre la independencia en Cataluña. Es ciertamente una victoria del nacionalismo catalán y así hay que reconocerlo. Sean cuales sean las causas, hoy día más del 80 por 100 de la población catalana quiere votar en ese referéndum. Punto.

Otra cosa es quién habrá de organizarlo. Sin duda, tendrá que ser un acuerdo del gobierno catalán con el gobierno español. Pero no los gobiernos que hay ahora, bajo cuyo mandato se ha organizado el desastre actual, sino los que surjan de unas nuevas elecciones, catalanas y españolas. Y esta será probablemente la primera consecuencia del 1-O.

Tendrá que haber un debate, sereno y serio, con equidad en el acceso a los medios de comunicación, sin prisas. Habrá que pactar una pregunta clara, que no tiene por qué ser independencia, sí o no. Con gobiernos nuevos se puede oponer la independencia no a la situación actual, sino a un incremento de la autonomía bajo fórmulas consensuadas en todo el Estado. Es el reconocimiento de otro triunfo del nacionalismo catalán, sí, pero la realidad es la que es.

Con unas premisas así, yo no desearía la independencia de Cataluña, por razones como éstas:

1. Porque me gusta una España con catalanes, con vascos, con gallegos, con andaluces y con tantas nacionalidades como se quiera cada cual atribuir. Algo así como lo que cantaba Miguel Hernández en sus versos.

2. Porque la identidad nacional, como nos enseñó Eric Hobsbawm, es siempre construída, inventada. Y hoy es una, pero mañana puede ser otra. Los tiempos cambian.

3. Porque soy partidario de ir borrando fronteras, no de ir construyendo otras nuevas.

4. También, porque el coste de la escisión es muy superior al valor de cualquier bandera.

Pero sí desearía que Cataluña incrementase su autonomía en el máximo pensable, sea bajo formas de Estado federal, confederal o del que se pueda inventar, por varias razones, que se resumen en una:

Que no quiero para nadie lo que no deseo para mí, sentirme oprimido y sin derechos. Esto es, que me dejen construir libremente mi identidad, incluyendo la lengua materna, la creencia o la increencia, las costumbres ancestrales y las más recientes. Siempre, respetando a las demás personas, como quiero que me respeten a mí.

Mi opinión, por lo tanto, es que el 1-O ya ha sucedido, aunque no haya llegado la Diada de 2017 aún. Lo que ha de seguir es una convocatoria de elecciones regionales y generales en un plazo más bien corto. Tanto en unas como en otras, los partidos han de llevar en sus programas las propuestas sobre reforma de la Constitución en lo que se refiere al Título Preliminar y al Título VIII. Habrá otras propuestas, claro, como puede ser la forma de Estado, pero sería deseable que cada cosa se situase en su departamento, sin mixtificaciones, sin trampas, también sin ambigüedades.

Marcelino Flórez

Independencia: comenzar por las palabras

El desarrollo del ‘procés’ está marcado enteramente por el uso de eufemismos con la intención de ocultar las propuestas. Es un ejemplo casi perfecto de posverdad, comenzando por la denominación del hecho: ‘proceso’, así, sin aditivos. Se quiere decir proceso para alcanzar la independencia, pero se dice ‘procés’, que puede ser el camino hacia cualquier parte o hacia ninguna parte. ‘Procés’.

Ese camino, que podía comenzar con debates y propuestas diversas, comienza por el final: referéndum de independencia. Sin conocer las condiciones legales, sin conocer las consecuencias económicas, sin reparar en las fracturas sociales, se plantea alegremente un referéndum de independencia. Eso sí, no se nombra la independencia, sino un supuesto ‘derecho a decidir’. Y, como es lógico, la inmensa mayoría se apunta al derecho a decidir sobre cualquier cosa que afecte a la persona. ¿Quién puede estar en contra de decidir, de planificar su futuro? Este eufemismo tramposo es el que ha atrapado a la izquierda, una parte de la cual sigue enredada en él. Pero no estamos hablando de presupuestos participativos, ni de elecciones municipales o autonómicas, ni de asambleas de fábrica o de vecindad, donde tomar decisiones. Hablamos de decidir la independencia y eso, aparte de otras implicaciones, afecta a Cataluña, a España, a Europa y a las organizaciones internacionales. No es una broma, ni una abstracción: derecho a decidir. Es algo más serio y está sujeto a leyes, pero como vamos de broma, proponemos saltarnos las leyes para decidir.

Ahora estamos ahí, en la desobediencia. Y cuando el gobierno del Estado pone a actuar a los gestores de las leyes, la gente del ‘procés’ dice que no hay democracia, que no se permite la democracia, o sea, el referéndum, es decir, la desobediencia de las leyes. Posverdad en estado puro.

Hasta hace unos días yo estaba convencido de que, más pronto que tarde, tendría que haber un referéndum en Cataluña, en el que se preguntase por la independencia. Lo pensaba así, porque estaba seguro de que una mayoría de gente deseaba ese referéndum, independientemente de cual fuera a ser su voto. Pero estoy cambiando de parecer. No sé si va a ser necesario ese referéndum. Veamos qué depara el ‘proceso’ y las elecciones que le seguirán. Estas ya no van a ser plebiscitarias, como las anteriores, a las que se ha desatendido. Las próximas puede que terminen siendo de castigo. Cada día estoy más intrigado.

Marcelino Flórez