Federalismo

El 12 de abril de 1978 compré un libro de Francisco Pi y Margall, “El reinado de Amadeo de Saboya y la República de 1873”, pensando en mis clases. Cuarenta años después lo releo para repasar la idea federal de aquel catalán entrañable y rememoro aquella federación desde abajo que soñaba Pi, pero si surgía desde arriba, como surgió, pues se acomodaba uno y trataba de asentar sus ideas: “El procedimiento -no hay por qué ocultarlo- era abiertamente contrario al anterior: el resultado podía ser el mismo”. Pero, ya lo sabéis, la cosa se fue de las manos, Pi y Margall duró unas semanas en el gobierno y la República unos meses.

La federación desde abajo fue también un sueño de un sector del anarquismo, el que soñaba un mundo humano, hermanado, colaborativo, respetuoso. Lo consideraban algo natural: “La federación, lo he dicho ya, es la unidad en la variedad, la ley de la naturaleza, la ley del mundo”, en palabras de nuestro republicano federal. En 1973 no pudo ser, en 1931, tampoco. El paso de 1978 se ha quedado muy corto. La hora de la federación podría estar cerca: “No desmayen, sin embargo, los que sienten en sus almas el amor a la federación y a la República. Los hombres mueren, las ideas quedan”.

¿Qué federación sería posible ahora? No parece que sea posible construirla desde abajo, sino desde las soberanías ya compartidas, que incluyen municipios, comunidades autónomas, Estado, Unión Europea y pactos y asociaciones internacionales.

Deslindadas las competencias supraestatales, donde se hallan la moneda o los ejércitos, es decir, el control de la política económica y de la guerra, ¿qué le queda al Estado, sea unitario o federal? Dirigir las relaciones internacionales, desde luego, y tareas de protección y solidaridad. ¿Han visto ustedes, por ejemplo, al ejército español hacer algo distinto de apagar fuegos o paliar inundaciones, salvo las acciones dentro de la OTAN y de la ONU? Recuerden la pantomima de la isla de Perejil y estará todo más claro. Recaudar impuestos tampoco es una tarea necesariamente. De hecho, el País Vasco ya los recauda por su cuenta. Si añadimos el control de carreteras, ferrocarriles y espacio aéreo, poco más quedaría para el Estado común, salvo lo que se desee voluntariamente coordinar para la solidaridad interterritorial.

A cada territorio federado habría que reservarle todo lo identitario. Y eso se concreta en lo que conocemos como educación y cultura. De hecho, ahí está buena parte del conflicto actual: tanto daño como la campaña contra el Estatuto, les hizo a los catalanes el olvidado ministro Wert con sus declaraciones centralizadoras. Esta es la reivindicación originaria de cualquier nacionalismo y no veo razón para que hoy no se pueda satisfacer. Otra cosa son los problemas que se le puedan generar a los nuevos estados-nación en este campo, donde seguirá habiendo identidades diferentes. Pero ese es asunto de nacionalistas, no de federalistas.

También se puede reservar a cada Estado federado la recaudación de impuestos y la elaboración de los presupuestos. Basta con que cumpla las normas de los responsables de la política económica, o sea, las normas europeas y con que aporte a la Federación lo que se haya acordado. Y, por supuesto, será de su competencia el orden público en su totalidad y la administración de la Justicia. Ni por asomo, soñaba Pi y Margall con unas competencias como éstas para su federación.

Con lo que sí soñaba él y con lo que sigo soñando yo es con el municipalismo. Es ahí donde se desarrolla la vida cotidiana de la ciudadanía y ahí es donde se necesita soberanía, que ahora está sustraída: para los edificios donde se educa al alumnado, los hospitales donde acuden los enfermos, los centros sociales de las personas dependientes, la atención social a parados, excluídos, transeúntes, ancianos, los campos de deportes donde se ejercita la juventud, los centros culturales que educan y entretienen a las personas jubiladas, las calles donde pasean unas y otras, las plazas donde se reúnen, las viviendas donde habitan, los mercados donde se abastecen. Queremos autonomía municipal y recursos para ejercerla. La soberanía tiene que ser de la gente, ya basta de administradores. Estado Federal, pues, pero como lo soñaron Pi y Margall y los ingenuos anarquistas, para los de abajo.

Marcelino Flórez

Soterramientos

Sólo los ecologistas más radicales se opusieron siempre al soterramiento del ferrocarril en Valladolid, a causa, en términos generales, del carácter especulativo que caracterizó al proyecto o Plan Rogers. A todos los demás, incluyendo a los ecologistas moderados, nos subyugó la idea de ocultar el ferrocarril en Valladolid, sin reparar en los costes y en otros elementos. La Sociedad Valladolid Alta Velocidad , quince años después de constituirse, no sólo no ha soterrado el ferrocarril, sino que ha generado 400 millones de deuda.

Después de muchas vueltas, el Ministerio de Fomento asumirá la deuda y Adif, con el Ayuntamiento y con la Junta, abandonarán la idea de soterramiento y optarán por permeabilizar la ciudad a ambos lados de la vía del tren con 17 actuaciones, que incluirán 25 pasos, de manera que la distancia máxima entre ellos no supere los 300 metros. Un carril bici y un paseo peatonal recorrerán, además, todo el largo de las vías, comunicándose con cada uno de los pasos. También se integrará la Estación de Autobuses, soterrada junto a la del ferrocarril. Todo esto no costará miles de millones, sino que el Ayuntamiento tendrá que gastar 78,19 millones en siete años, bastante menos que la deuda anteriormente contraída.

Quizá falte una explicación detallada del nuevo proyecto, especialmente en los barrios y, sobre todo, en los más afectados. Pero yo entiendo perfectamente el cambio que se ha adoptado. Lo entiendo y, a medida que lo veo y lo repaso, me gusta más y más. Entiendo también que no le guste al Partido Popular de Valladolid, por el mal lugar en el que queda, pero no logro comprender la oposición de algunos sectores sociales a la Integración en Superficie del Ferrocarril. Bien está que se siga luchando por un corredor de ferrocarril convencional entre Palencia y Medina del Campo, pero que se califique de especulativo al nuevo proyecto, creo que es coger el rábano por las hojas con tal de marcar alguna oposición al equipo de gobierno.

Por mi parte, agradezco mucho tener un concejal como Manuel Saravia y un equipo de arquitectos y urbanistas como el que está diseñando el nuevo Valladolid, de rostro amable. Es un regalo a todas luces inmerecido, si miramos alrededor.

Marcelino Flórez

El Referéndum

Lo que vaya a ocurrir el 1-O no es un referéndum. Lo que viene ocurriendo desde hace varios septiembres es una movilización social, que tiene varios rostros. El principal es el rostro nacionalista y son sus organizaciones las que capitalizan la movilización. Pero hay otras facetas. Una muy principal es la de la indignación. En Cataluña hay muchas personas indignadas, como en el resto del mundo, a causa de los efectos de la crisis global del capitalismo: desempleo, precarización, destrucción del medio natural, desigualdad social, represión política. A esa indignación común se suma en Cataluña la indignación por el ataque al sentimiento identitario que organizó el Partido Popular con motivo de la reforma del Estatuto de Autonomía. Este hecho es la clave para entender todo lo demás.

Como el Partido Popular no esta en condiciones de reconocer ese enorme error político, no se puede hacer nada mientras ese partido conserve el control del poder. Y si no es capaz de reconocer como error lo que hizo, que es la causa determinante en la situación que vivimos, no hay alternativa posible al 1-O por ahora.

Este enredo explica que no se haya hablado casi nada de independencia, sino de otros eufemismos mixtificadores, como es “el derecho a decidir” o, en esta última fase del procés, el cumplimiento de la legalidad. La red es tan tupida, que ahora mismo todas las fuerzas políticas están atrapadas en ella; y sólo dos obtienen ventaja: el nacionalismo catalán y el nacionalismo español.

Esperemos que la prudencia de los menos enfangados sea capaz de conducir la movilización hacia salidas menos malas, aunque el desastre del procés ya sea irreparable. Pero esto ha ocurrido ya y lo que importa es el día después.

Todo el mundo tiene que hacerse a la idea de que hay que organizar un referéndum sobre la independencia en Cataluña. Es ciertamente una victoria del nacionalismo catalán y así hay que reconocerlo. Sean cuales sean las causas, hoy día más del 80 por 100 de la población catalana quiere votar en ese referéndum. Punto.

Otra cosa es quién habrá de organizarlo. Sin duda, tendrá que ser un acuerdo del gobierno catalán con el gobierno español. Pero no los gobiernos que hay ahora, bajo cuyo mandato se ha organizado el desastre actual, sino los que surjan de unas nuevas elecciones, catalanas y españolas. Y esta será probablemente la primera consecuencia del 1-O.

Tendrá que haber un debate, sereno y serio, con equidad en el acceso a los medios de comunicación, sin prisas. Habrá que pactar una pregunta clara, que no tiene por qué ser independencia, sí o no. Con gobiernos nuevos se puede oponer la independencia no a la situación actual, sino a un incremento de la autonomía bajo fórmulas consensuadas en todo el Estado. Es el reconocimiento de otro triunfo del nacionalismo catalán, sí, pero la realidad es la que es.

Con unas premisas así, yo no desearía la independencia de Cataluña, por razones como éstas:

1. Porque me gusta una España con catalanes, con vascos, con gallegos, con andaluces y con tantas nacionalidades como se quiera cada cual atribuir. Algo así como lo que cantaba Miguel Hernández en sus versos.

2. Porque la identidad nacional, como nos enseñó Eric Hobsbawm, es siempre construída, inventada. Y hoy es una, pero mañana puede ser otra. Los tiempos cambian.

3. Porque soy partidario de ir borrando fronteras, no de ir construyendo otras nuevas.

4. También, porque el coste de la escisión es muy superior al valor de cualquier bandera.

Pero sí desearía que Cataluña incrementase su autonomía en el máximo pensable, sea bajo formas de Estado federal, confederal o del que se pueda inventar, por varias razones, que se resumen en una:

Que no quiero para nadie lo que no deseo para mí, sentirme oprimido y sin derechos. Esto es, que me dejen construir libremente mi identidad, incluyendo la lengua materna, la creencia o la increencia, las costumbres ancestrales y las más recientes. Siempre, respetando a las demás personas, como quiero que me respeten a mí.

Mi opinión, por lo tanto, es que el 1-O ya ha sucedido, aunque no haya llegado la Diada de 2017 aún. Lo que ha de seguir es una convocatoria de elecciones regionales y generales en un plazo más bien corto. Tanto en unas como en otras, los partidos han de llevar en sus programas las propuestas sobre reforma de la Constitución en lo que se refiere al Título Preliminar y al Título VIII. Habrá otras propuestas, claro, como puede ser la forma de Estado, pero sería deseable que cada cosa se situase en su departamento, sin mixtificaciones, sin trampas, también sin ambigüedades.

Marcelino Flórez

Independencia: comenzar por las palabras

El desarrollo del ‘procés’ está marcado enteramente por el uso de eufemismos con la intención de ocultar las propuestas. Es un ejemplo casi perfecto de posverdad, comenzando por la denominación del hecho: ‘proceso’, así, sin aditivos. Se quiere decir proceso para alcanzar la independencia, pero se dice ‘procés’, que puede ser el camino hacia cualquier parte o hacia ninguna parte. ‘Procés’.

Ese camino, que podía comenzar con debates y propuestas diversas, comienza por el final: referéndum de independencia. Sin conocer las condiciones legales, sin conocer las consecuencias económicas, sin reparar en las fracturas sociales, se plantea alegremente un referéndum de independencia. Eso sí, no se nombra la independencia, sino un supuesto ‘derecho a decidir’. Y, como es lógico, la inmensa mayoría se apunta al derecho a decidir sobre cualquier cosa que afecte a la persona. ¿Quién puede estar en contra de decidir, de planificar su futuro? Este eufemismo tramposo es el que ha atrapado a la izquierda, una parte de la cual sigue enredada en él. Pero no estamos hablando de presupuestos participativos, ni de elecciones municipales o autonómicas, ni de asambleas de fábrica o de vecindad, donde tomar decisiones. Hablamos de decidir la independencia y eso, aparte de otras implicaciones, afecta a Cataluña, a España, a Europa y a las organizaciones internacionales. No es una broma, ni una abstracción: derecho a decidir. Es algo más serio y está sujeto a leyes, pero como vamos de broma, proponemos saltarnos las leyes para decidir.

Ahora estamos ahí, en la desobediencia. Y cuando el gobierno del Estado pone a actuar a los gestores de las leyes, la gente del ‘procés’ dice que no hay democracia, que no se permite la democracia, o sea, el referéndum, es decir, la desobediencia de las leyes. Posverdad en estado puro.

Hasta hace unos días yo estaba convencido de que, más pronto que tarde, tendría que haber un referéndum en Cataluña, en el que se preguntase por la independencia. Lo pensaba así, porque estaba seguro de que una mayoría de gente deseaba ese referéndum, independientemente de cual fuera a ser su voto. Pero estoy cambiando de parecer. No sé si va a ser necesario ese referéndum. Veamos qué depara el ‘proceso’ y las elecciones que le seguirán. Estas ya no van a ser plebiscitarias, como las anteriores, a las que se ha desatendido. Las próximas puede que terminen siendo de castigo. Cada día estoy más intrigado.

Marcelino Flórez

Y Miguel Ángel Blanco dejó de ser víctima

Una víctima es una persona que sufre un daño por efecto de acciones humanas moralmente execrables. La víctima tiene siempre dos cualidades inherentes, la inocencia y la universalidad, es decir, carece de culpa y podría haberle ocurrido a cualquiera ese daño.

Pero no todos los sufrimientos producen víctimas. El daño puede tener una causa y quien la padece merecer el calificativo de caído, de héroe o de mártir, pero no de víctima. Lo ha expresado muy bien la Conferencia Episcopal Española: “Las guerras tienen caídos en uno u otro bando. Las represiones políticas tienen víctimas, sean de uno u otro signo. Sólo las persecuciones religiosas tienen mártires …”.

Miguel Ángel Blanco fue una víctima de ETA el día 12 de julio de 1997 y lo fue hasta el día en que el Partido Popular le arrebató esa condición de universal inocencia, para convertirlo en un instrumento al servicio de su causa, pasando a ser un caído de su estrategia sobre el terrorismo etarra. Eso ocurrió en el mes de septiembre de ese mismo año, cuando el Partido Popular anatematizó a toda persona no perteneciente a su causa, con motivo del homenaje que ofreció a Miguel Ángel Blanco en la plaza de Las Ventas.

Desde ese día, 12 de septiembre, Miguel Ángel Blanco pasó a ser mitad héroe, mitad caído y también un poco mártir en las marchas que el Partido Popular, arropado en las asociaciones de víctimas a las que financiaba vigorosamente, comenzó a programar, especialmente cuando perdieron el gobierno y, sobre todo, siempre que parecía aproximarse el cese de la violencia terrorista. La hemeroteca está llena de ejemplos de esto.

El día 12 de julio de 2017 hemos asistido al último espectáculo de esta estrategia. Sólo que este 12 ya no es igual que diez años antes o viente años antes, con ETA activa y con Zapatero en el gobierno. La estrategia, esta vez, ha resultado ridícula, además de desenmascarar definitivamente a sus artífices: no rememoran a las víctimas, sino que sirven a otros intereses, algunos inconfesables, como nos van haciendo ver la policía y los jueces.

Todo lo que no es PP y su muleta ciudadana ha estado a punto de desmarcarse de la pantomima, aunque les faltó el valor en el último momento. Pero los insultos a Carmena, víctima de ETA, del franquismo y de la extrema derecha, sólo caben ser interpretados como injustos, aparte de inoportunos. Son esos insultos, agitados por los concejales populares madrileños y por la hermana de Miguel Ángel Blanco, los que cerrarán definitivamente el ciclo de la estrategia del PP con el terrorismo etarra. En adelante, la oposición ya se va a atrever a dejarlos solos.

Marcelino Flórez

Confusiones en torno a la Transición

El día 26 de julio de 2017, eldiario.es ilustraba un reportaje sobre las primeras apariciones del movimiento homosexual y transexual del año 1977 con una pancarta firmada por LCR, que reivindicaba “amnistía total”. Esta reivindicación firmada por la Liga Comunista Revolucionaria me anima a hacer una pequeña reflexión sobre uno de los errores, que tanto proliferan, acerca de la Transición.

La amnistía de 1977, la última y definitiva amnistía, fue una reclamación de la izquierda y de la extrema izquierda, que necesitaban sacar de las cárceles a sus presos, algunos de los cuales aún permanecían en prisión por las características de sus condenas. Por eso, aparece la reclamación en una pancarta de la LCR o, por eso, es el senador Xirinach el que permanece de pie en cada sesión del Senado hasta que se aprueba la “amnistía total” o, por eso, Francisco Letamendía se ve obligado a pedir disculpas a la bancada de la izquierda al optar por la abstención por no estar contempladas todas las propuestas de ETA en la ley.

Y son los franquistas los que se oponen a esa amnistía, porque ni se les pasaba por la imaginación que sus crímenes contra la humanidad pudieran ser denunciados jamás. Nada lo ilustra mejor que las palabras del representante de Alianza Popular, Carro Martínez, que, con el pensamiento puesto en ETA, justificaba así la abstención a la que optaban, para diferenciarse de Fuerza Nueva, ante la Ley de Amnistía de 1977: “y nos abstendremos porque una democracia responsable no puede estar amnistiando continuamente a sus propios destructores”. Es evidente que no pensaba en las responsabilidades penales de sus correligionarios.

Por otra parte, el pensamiento dominante bajo el que se hizo la Transición y que no fue contestado entonces por nadie se asentaba en la reclamación del olvido, que se razonaba así: la Guerra fue una “catástrofe colectiva”, con víctimas en una y otra parte, que “nunca más” debería repetirse. Santiago Carrillo, en una rueda de prensa celebrada en París en 1974 lo decía así de claro: “no debe volver a haber una guerra civil en España”. Y el PCE, destacado defensor de este pensamiento, adaptó al momento su propuesta de reconciliación nacional de 1956. Esta, que en su inicio planteaba unir a todos los demócratas contra la Dictadura, abandonando la anterior estrategia de izquierda contra derecha, pasa a referirse ahora a la reconciliación de vencedores y vencidos o, como decía Carrillo en la misma rueda de prensa, “que no debe haber ningún espíritu de revancha, ninguna política de revancha”. Más claramente lo expresó Marcelino Camacho en las Cortes: “Nosotros considerábamos que la pieza capital de esta política de reconciliación nacional tenía que ser la amnistía. ¿Cómo podíamos reconciliarnos los que nos habíamos estado matando los unos a los otros, si no borrábamos ese pasado de una vez para siempre?”. Y lo mismo corroborarían en aquella sesión de Cortes Xabier Arzallus y todo lo que había sido oposición al franquismo.

Ahora sabemos que aquella decisión determinó la impunidad para los crímenes franquistas, pero no se les puede achacar la responsabilidad a ellos, sino que fue la izquierda la responsable de aquella amnistía. Así son los hechos, se cuenten como se cuenten.

Algo bien distinto es la valoración que ahora queramos hacer de los hechos. Hay mucha gente que continúa pensando que se hizo lo que se debía hacer y que bien hecho está. Pero hay cada día más gente que considera que no se hizo lo debido y, en todo caso, que se dejaron de hacer cosas y otras, que se hicieron más o menos bien, están agotadas. Es legítimo y necesario criticar el régimen nacido en la Transición, pero sin confundirse. La amnistía de 1977 la hizo la izquierda con su presión en la calle y en el Parlamento, no la hicieron los franquistas, que no la necesitaban ni sospechaban que pudieran necesitarla. Y eso se corrige no denunciando la Ley de 1977, sino reformando la tímida “ley de memoria histórica” de 2007. Lo mismo vale para la Constitución, para la Monarquía, para las naciones y para todo el régimen del 78. No confundirse.

Marcelino Flórez

Cataluña independiente

Más pronto o más tarde, tendrá que hacerse un referéndum en Cataluña. Ese día la gente tomará una decisión en un acto en el que conviene diferenciar, al menos, dos motivaciones: una se relaciona con el sentimiento identitario, es decir, si alguien se siente sólo catalán y no español; la otra es un elemento práctico, la partición de bienes en el momento de la separación.

La identidad es casi inamovible. Se va adquiriendo desde el nacimiento, mediante la transmisión cultural, donde la lengua tiene una importancia máxima, y el resultado es lo que los sociólogos llaman la memoria colectiva, que también se denomina la tradición. Como nos enseñó Hobsbawm, la tradición es una “invención”, es decir, no es algo eterno y permanente, aunque trate de presentarse así, sino algo adquirido, construído y mutable. En cualquier caso, es un sentimiento muy arraigado y poderosísimo a la hora de tomar decisiones.

El otro elemento, el práctico, trata del reparto de bienes entre Cataluña y España. ¿Con qué se queda cada uno al producirse la separación? En esto, el brexit ha comenzado a darnos lecciones desde el primer día. En la primera reunión para establecer el calendario y los temas a tratar, Europa ha impuesto al Reino Unido que se hablará primero de la ciudadanía y sus derechos, de la frontera y de finanzas. Los acuerdos comerciales y de otro tipo quedan relegados para el tiempo que siga a la firma de la separación.

Si la población catalana decidiese constituirse en Estado independiente, habría que llegar a un acuerdo de fronteras (con España y con Francia) y de especificación de bienes pertenecientes a Cataluña y a España. Es posible que no fuese difícil llegar a esos acuerdos, teniendo buena voluntad ambas partes, pero se me presentan más dudas en la solución de los problemas de la ciudadanía y sus derechos. Primero, habría que resolver la cuestión de la nacionalidad. ¿Qué ocurrirá con aquella gente que se siente más española que catalana, es decir, que quiere seguir siendo española? Descartada cualquier solución de limpieza étnica, como las que se llevaron a cabo en la antigua Yugoslavia, ¿se facilitará la marcha de aquellas personas que lo deseen y de sus bienes y posesiones? Esto vale también para las empresas, en el caso de que deseen seguir en la Unión Europea. Y no pienso en soluciones particulares, como el señor Lara, que ha anunciado que trasladará Planeta, sino en propuestas de conjunto y negociadas. Habría que definir también con mucha precisión los derechos y condiciones de los españoles que continuasen residiendo en Cataluña, así como de los catalanes que residiesen en España.

El día que se plantee en serio el hecho de la independencia, no con el espurio eufemismo del “derecho a decidir”, éstas y muchas cuestiones semejantes tiene que ponerse sobre la mesa y hacerlas llegar al conocimiento de la gente. Por ahora estamos jugando, porque así les va bien a los nacionalismos español y catalán, pero sería bueno que terminase ya el juego y se comenzase a hablar en serio.

Marcelino Flórez

Memoria de las víctimas, Historia y Política

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